Conversamos con Héctor Cataldo, dirigente de la Agrupación de Ex-Presos Políticos

- Actualmente eres miembro de la Asociación de Presos Políticos y del Movimiento Confianza. La tesis de Verdad, Justicia y Reparación es la bandera de lucha de los Presos Políticos. ¿Podrías explicar sus alcances? ¿Qué avances, retrocesos, logros y frustraciones podrías marcar en estos tres ámbitos de lucha?

Efectivamente soy miembro de la Agrupación de ex Presas y ex Presos Políticos de la V Región, conocida en el medio con el rótulo de AexPP V Región. También pertenezco a la recién formada Asociación de ex Presos Políticos y ex Prisioneros de Guerra de Valparaíso entre los años 1973 y 1975, cuyo objetivo principal es trabajar en el tema de la Memoria Histórica. El Movimiento Confianza que mencionas es una iniciativa de otra naturaleza, vinculada más a la participación ciudadana y a la contingencia política, que reunió a algunos ex simpatizantes de la UP en torno a una percepción valórica de dichos temas y como una manera de apoyar la opción levantada por diversos referentes en el Juntos Podemos.

No sólo los ex PP plantearon esta plataforma de Verdad, Justicia y Reparación. Ya antes lo habían hecho los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Sin embargo estas últimas organizaciones pusieron el acento en Verdad y Justicia en la búsqueda de información sobre el paradero de sus seres queridos. En adición, casi como una cuestión de justicia o sentido común, el gobierno legisló a favor de los familiares algunos aspectos de la reparación.

Para los exPP fue distinto el escenario. Hubo que partir por hacerse reconocer como víctimas también de la represión dictatorial, la lucha se dio primero por conquistar el público reconocimiento de que la dictadura practicó una política de terrorismo de estado y que en ese marco es que se producen las desapariciones, ejecuciones, las torturas y la prisión política. Acuñamos el concepto de sobrevivientes a la tortura y generamos un escenario en el que el Estado debía sumir la responsabilidad por las violaciones a los DD HH, obligado por la ética y por la jurisprudencia internacional al respecto, un escenario en el que las víctimas estaban vivas y reclamando personal y urgentemente Reparación.

- Explícanos qué entienden Uds. por Reparación Integral.

La Declaración Universal de los DDHH, la Convención Contra La Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y otros acuerdos firmados por Chile, se transformaron en armas importantes para poner el acento en una reparación ética, social, judicial y material. La llamamos reparación integral.

Los primeros intentos de los exPP para obtener reparación fue demandar al Estado por daño moral y sicológico, lo que se hizo por primera vez en Valparaíso. La AexPP

V Región alcanzó a presentar tres demandas masivas, las que fueron objetadas por el Consejo de Defensa del Estado y rechazadas en la forma, sin entrar nunca al fondo del problema. El camino natural de esta vía fue una presentación, por denegación de justicia, ante la corte interamericana de DD HH, con asiento en Costa Rica.

Ya en el año 2001 vislumbramos que la “judicialización” de las demandas de los exPP era un esfuerzo más simbólico que práctico, que nos oponía al Estado democrático en lugar de procurar su apoyo y que la solución, por ser política, pasaba por una ley de reparación.

Este camino permitía abrir discusión en el Parlamento y con el Ejecutivo; poner a instituciones de gran peso moral como las Iglesias a favor nuestro; permitía concitar apoyo internacional tanto social como político. Por esta razón elaboramos, no sin dificultades internas debidas a los diferentes enfoques, un pre proyecto de ley de reparación, con el que conseguimos el apoyo en el Parlamento, primero de algunos senadores y diputados más sensibles al tema y después de los plenos de ambas Cámaras que aprobaron sendos acuerdos solicitando al ejecutivo legislar a favor de los exPP. Otra fue la actitud del gobierno. En septiembre del 2002 le hicimos llegar a Ricardo Lagos nuestra solicitud acompañada de la propuesta de Ley. Sin embargo hasta abril de 2003 nada había respondido.

- ¿ Cómo consideran la respuesta que dio el gobierno de Ricardo Lagos a sus demandas?

Recién el 22 de junio de ese año y debido a nuestra insistencia, nos respondió el secretario general de la presidencia Francisco Huenchumilla, en una carta llena de errores conceptuales y que denunciaba la ignorancia de dicho funcionario sobre el tema. Tanto fue así que básicamente nos comunicaba que todo lo referente a reparación por violaciones a los DD HH estaba hecho y que el gobierno rechazaba nuestra solicitud. Sin embargo, el 12 de agosto del mismo año, tras la insistencia nuestra, de la Comisión Etica contra la Tortura y de una Comisión internacional integrada por el obispo luterano Helmut Frenz, la trabajadora social belga Francoise Visée y el ex embajador noruego en Chile Frode Nilsen, Lagos da a conocer su propuesta “No hay mañana sin ayer” sin haberse reunido ni una sola vez con las organizaciones de ex PP, confirmando la concepción autocrática de gobierno que caracterizó su administración.

- ¿Fue positiva la Comisión Valech?

Como quiera que sea, después de la Comisión sobre prisión política y la ley 19992, conocida como ley Valech, se podría decir que terminó un ciclo en la lucha de los exPP por la reparación. El resultado fue efectivamente austero y simbólico, como lo anticipara Lagos, pero también fue incompleto. El universo de beneficiarios reconocidos por la Comisión alcanzó mas o menos al 10 % de lo estimado por diversas fuentes como la Vicaría de la Solidaridad o el Colegio Médico de Chile, no se concedió la Indemnización por tiempo de reclusión, el beneficio habitacional se redujo a 100 puntos extras en la postulación, no se anularon los juicios incoados por declaraciones obtenidas bajo tortura, aún no se restituyen los derechos civiles y políticos conculcados a los ex PP, no se consideró la situación de los menores detenidos o que nacieron bajo prisión, la pensión por tortura es incompatible con la de exonerado o cualquier otro beneficio vinculado a las violaciones a los DD HH, aún cuando se motivan en razones distintas. Todas las insuficiencias indicadas antes conforman la plataforma reivindicativa de los ex PP en el plano de la Reparación Integral.

- ¿Qué aspectos pendientes quedan por abordar?

En el tema de Verdad, en cambio, me parece que los exPP no hemos hecho todo lo que podríamos y lo que el compromiso social con las generaciones futuras nos conmina a realizar. Ha habido esfuerzos individuales por contar la historia de algunos centros de prisión y tortura a través de libros, películas y documentales, pero no hemos hecho el trabajo sistemático de vaciar los testimonios en un esfuerzo conjunto y recomponer los hechos desde la mayor cantidad de ángulos que la diversidad de afectados implican y para la mayor parte de los centros de detención y tortura que existieron. Un par de tibios intentos se realizaron, en Valparaíso por ejemplo incluso con apoyo de sicólogos del PRAIS, pero no pasaron de ser oportunidades para la catarsis personal, lo que de suyo no es malo pero que requiere de apoyo, análisis y metodologías más elaborados.

En cuanto a la Justicia, todos sabemos que los procesos incoados por individuos y organizaciones de DD HH se han enfrentado a un murallón de impunidad construido por los acusados, por las FF AA, por los pinochetistas, por las autoridades de los gobiernos post dictadura y por los propios jueces que han recurrido a dilaciones injustificadas y con mano rápida a la Amnistía cada vez que pueden.

Pese a todo los exPP han participado como testigos en los juicios por desapariciones y ejecuciones, se querellaron masivamente contra Pinochet, en la Fuerza Aérea se logró procesar y condenar a varios torturadores y actualmente la AexPP de la V Región, con el patrocinio del abogado de DD HH Hiram Villagra, tiene procesos vigentes por tortura en el Lebu, en la Academia de Guerra y en el cuartel Silva Palma, todos ellos contra los que resulten responsables en la Armada naturalmente.

- En el tema Justicia ¿cuál es la percepción de tu organización?

Para que en Chile se pueda hacer Justicia de forma efectiva sobre las violaciones a los DD HH es preciso que se logre la Anulación de la Ley de Amnistía – no su simple derogación – para eliminar cualquier efecto de esta antidemocrática regulación. Pero también es necesario cambiar el criterio de prescindencia, cuando no de decidida colaboración con la impunidad, que han mantenido los gobiernos hasta ahora, esto significa instruir al Consejo de Defensa del Estado (CDE), por ejemplo, para que se haga parte en favor de los querellantes.

Incluso sería una buena señal de voluntad política crear una oficina para el patrocinio de causas vinculadas con violaciones a los DD HH, financiada por el Estado, o la creación de un fondo para financiar las costas de los juicios y a los abogados que hoy patrocinan estas causas y las que en el futuro se inicien con el objetivo de identificar a los responsables y de aclarar las circunstancias de dichas violaciones.

Hasta aquí todo está bien teniendo a la vista el pasado y el presente, la plataforma de Verdad, Justicia y Reparación obedece a una visión de los DD HH desde el punto de vista de las violaciones de que fueron objeto. Corresponde a una etapa necesaria e ineludible. Hoy hace falta dar un paso más y poner la vista en el futuro, en cómo aprovechar la experiencia del pasado para prevenir la reiteración de tales desgracias. Se trata de abordar desde una perspectiva propositiva la idea del Nunca Más. Este no es, en términos de los conceptos, un tema nuevo pero si requiere de nuevas prioridades y, tal vez, de nuevas organizaciones sociales.

Porque no se garantiza el respeto a los DD HH sin el conocimiento de ellos, de su significado histórico y social, de su impacto en el desarrollo de las fuerzas productivas y de las relaciones económicas entre los individuos y de estos con el Estado. Y el conocimiento se puede transmitir por una especie de osmosis intelectual, pero es mucho más asertivo hacerlo a través del sistema educacional, con profesionales idóneos, con planes y programas en permanente evaluación de su efectividad y que abarquen todas las esferas de la educación- formación en Chile. Me refiero a que no puede excluir a las FF AA sino más bien tiene que poner el acento en ellas.

A propósito de FF AA, está pendiente también el asunto de la superintendencia de la Corte Suprema sobre la justicia militar, de cómo ésta se limita a las causas no comunes que involucren exclusivamente a militares. Nunca más podrán, los tribunales militares, procesar a civiles. Me imagino que esto puede cambiar en situación de conflicto militar, pero eso implicaría que la autoridad civil decretaría estado de emergencia y tendría que asumir los efectos de éste en todos los planos. No es posible que a un estudiante al que la policía le ha tirado agua pestilente, le ha lanzado gases lacrimógenos, le ha echado los perros, lo han agarrado a palos, le han tirado el pelo, se lo lleven preso porque le tira una patada o un combo a uno de ellos y encima lo procesen en la justicia militar. No hay justicia, igualdad ni sentido común en eso. ¿Quién puede garantizar que el abuso de poder, el uso de fuerza desproporcionada, la desobediencia a instrucciones expresas de la autoridad civil se ventilen y castiguen en los tribunales militares con la misma objetividad que en un tribunal civil?

- Por supuesto, la democracia se fortalece con la independencia real de los poderes públicos y en el marco judicial el hecho que jueces militares conozcan causas en que estén involucrados uniformados genera una relación cuestionable, donde el que juzga puede ser juez y parte…

Por otra parte, y a propósito de garantías para el ciudadano libre y con plenos derechos, también está pendiente la instauración en Chile del Defensor del Pueblo. Aquí nos ha faltado ñeque a las organizaciones populares para seguir impulsando el debate de ideas sobre el tema. Es de esperar que el estilo menos autocrático y más interesado en los problemas de la vida cotidiana de las mayorías que parece tener la actual presidenta, facilite el avance de un proyecto verdaderamente democrático y que en un tiempo razonable se transforme en ley.

Valparaíso, Diálogos con un Sobreviviente, 5 de enero de 2007.