Tribunal Penal Internacional

Chile reitera compromiso para ratificar TPI y niega presiones de EEUU
Fuente: El Mostrador, 28 junio 2006

Canciller subrogante dijo que se barajan algunas inciativas parlamentarias para que Chile no reciba represalias por parte de Washington, especialmente en el campo de defensa, si ratifica esta corte.

El ministro (s) de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, reiteró que Chile ratificará el Tribunal Penal Internacional (TPI) y negó que existan presiones de Estados Unidos para suscribir un acuerdo bilateral que excluya a los ciudadanos norteamericanos de ese tribunal.

"El Gobierno de Chile está decidido a ratificar el TPI. Hay un problema con una ley, que tiene efecto automático en Estados Unidos, y lo que estamos viendo con ese país son las vías para evitar la aplicación de esa ley”, afirmó Van Klaveren

Explicó que se barajan algunas alternativas para que Chile no sea sancionado con restricciones en campo de la defensa por no firmar el acuerdo bilateral con el gobierno de George W. Bush, como lo sugirió el embajador estadounidense en Santiago, Craig Kelly.

"Hay muy buen ambiente. La Presidenta cuando estuvo en Washington conversó con representantes del Congreso norteamericano y hay varias posibilidades que se están explorando en estos momentos”, indicó.

Entre ellas se encuentran algunas "iniciativas parlamentarias que se estarían adoptando en Estados Unidos. Nosotros fuimos informados sobre esa posibilidad y ha algunas otras vías que estamos evaluando en estos momentos".

Agregó que "hay una serie de países muy cercanos a Estados Unidos que han aprobado el TPI y no han establecido una excepción especial para las tropas americanas y no han sido objeto de sanciones. La aspiración de Chile es tener el mismo tratamiento".

Embajador advierte con recortes

El Gobierno estadounidense rechaza la TPI con el argumento de que el podría ser usado para abrir investigaciones con motivos políticos de funcionarios y militares estadounidenses.

Por ello, ha planteado que los países que firmen el tratado sin aceptar que sus fuerzas militares queden excluidas de sus acciones legales y normativas serán excluidos o castigados en el ámbito de la colaboración bilateral en defensa.

En entrevista con El Mercurio, Kelly explicó que la no adhesión al acuerdo de inmunidad "requiere el corte de cierto tipo de ayuda militar, del tipo que tenemos con Chile, como entrenamiento militar y financiamiento para cierto tipo de compra de equipamiento militar".

El diplomático recalcó que su país quiere evitar aplicar estas sanciones a Chile y están "explorando maneras de resolver este problema".

Sin embargo, el pasado 27 de junio Adolfo Franco, gerente adjunto de la Agencia de Desarrollo Internacional de EEUU, reconoció que su país estudia suspender las sanciones impuestas a algunos países de América Latina por no eximir a los ciudadanos de EEUU de la jurisdicción del TPI.

Venezuela

En otra materia, Van Klevern, requerido por el viaje que realizarán algunos legisladores a Venezuela, sostuvo que “están en su pleno derecho de viajar, nosotros no nos preocupa que los parlamentarios viajen a los países de América Latina, la situación de Bolivia es puntual, por la sensibilidad que tienen las relaciones bilaterales, eso no se entiende a otros países”.

Consultado por la situación de Israel, precisó que “estamos muy preocupados por los territorios ocupados específicamente en Gaza, esperamos que termine la violencia ya tanto palestinos como israelíes puedan vivir en paz”.

Guantánamo: duro golpe a George Bush desde Corte Suprema

Guantánamo: duro golpe a George Bush desde Corte Suprema

Máximo tribunal norteamericano estableció que la Casa Blanca violó los principios de la convención de Ginebra al decidir la institución de una justicia militar especial para los detenidos en el enclave en la isla de Cuba.

ANSA

La Corte Suprema de Estados Unidos dijo hoy que el presidente George W. Bush sobrepasó los límites de su poder al ordenar la utilización de tribunales militares para juzgar a los detenidos en la prisión de Guantánamo, lo que constituye -dijo el tribunal- una violación de las leyes norteamericanas y de la convención de Ginebra.

Los jueces se expresaron con un voto de 5-3 sobre el caso del yemenita Salim Ahmed Hamdan, un detenido en Guantánamo que actuó como chofer de Osama bin Laden, el líder del grupo extremista al Qaeda, considerado responsable de los atentados del 11 de setiembre del 2001 contra el Pentágono y las torres gemelas de Nueva York.

Los abogados de Hamdan desafiaron la legitimidad de las "comisiones militares" creadas por la administración Bush, en un caso que llegó a la Corte Suprema, que ahora ordenó que el asunto pase a una corte de apelaciones federal.

Según el fallo de la Corte Suprema, al decidir la institución de una justicia militar especial para los detenidos en Guantánamo, en la isla de Cuba, el gobierno de Bush violó los principios de la convención de Ginebra.

Los argumentos de la sentencia fueron escritos por el juez John Paul Stevens, considerado entre los más progresistas de la Corte Suprema estadounidense. Se estima que el fallo tendrá poca influencia directa en la existencia misma de Guantánamo, la prisión montada en la base naval norteamericana en territorio cubano, en la mira de innumerables críticas por los maltratos que allí se cometerían.

Hamdan, de 36 años, se encuentra detenido desde hace cuatro años en Guantánamo bajo la acusación de haber conspirado contra ciudadanos estadounidenses entre 1996 y el 2001.

PROYECTOS RESCATABLES PARA VALPARAISO

PROYECTOS QUE FORMULÓ PARA VALPARAÍSO EL GOBIERNO DE SALVADOR ALLENDE

En este espacio de Rescate de la Memoria, dejamos a un lado el problema ideológico y el problema mismo del golpe militar de 1973, para conversar sobre las obras y proyectos del gobierno del Presidente Allende en su corto periodo, concretamente para lo que es hoy la V Región de Valparaíso.

Conversaremos para rescatar proyectos emblemáticos, válidos hasta el día de hoy, ya que creemos que es necesario informar la verdad de los esfuerzos desplegados en esa época, en términos de hacer justicia respecto a la descalificación histórica que hizo la dictadura de ese período. Además, por la vigencia de los proyectos, buscamos ponerlos en el tapete y debatir sobre ellos en perspectiva de futuro.

Roberto Sapiains Rodríguez fue Director General de Administración y Finanzas de la Corporación de Desarrollo de Valparaíso y Aconcagua, CORDVAC, creada por Ley especial para la reconstrucción de la zona, a raíz del terremoto de 1971. En esa función tuvo a cargo proyectos relevantes para el desarrollo de las provincias de Valparaíso y Aconcagua.

HNV: Roberto, ¿podrías ubicarnos en el ámbito funcional de la Corporación CORDVAC?

RSR: Teníamos con función financiar proyectos de desarrollo tanto de la provincia de Aconcagua como de la de Valparaíso. Para ese efecto, contábamos con un presupuesto estatal, como empresa autónoma del Estado, y con capacidad de comprometernos tomando créditos internacionales en moneda extranjera. Es decir, teníamos más capacidad que la CORFO respecto a obtención de recursos financieros, ya que CORFO no podía endeudarse internacionalmente. Estos fondos se asignaban a proyectos específicos que se formulaban en la CORDVAC bajo estrictas normas de evaluación.

HNV: Díme, cómo surgían los proyectos…

RSR: Existía un equipo técnico que se ocupaba de formular los requerimientos para el desarrollo global de la región. Una vez detectadas las necesidades de las dos provincias, se procedía a encargar un estudio de factibilidad, el cual se podía delegar en otras instituciones o bien realizarse dentro de la Corporación. Seguidamente, se revisaba la factibilidad financiera y comenzaba el trabajo de contactar a las empresas que pudieran llevar a cabo la realización del proyecto.

HNV: ¿Qué proyectos se formularon para Valparaíso?

RSR: Se trabajó en dos proyectos fundamentales para Valparaíso. El primero consistía en la ampliación y mejoramiento de las instalaciones portuarias en nuestra ciudad. El segundo significaba integrar Astilleros Las Habas y Astillero Naval, para proceder a adquirir un nuevo dique u entregarle la capacidad de construir buques de media altura.

HNV: Vayamos revisando, veamos el que visualizaba la expansión portuaria…

RSR: El diagnóstico sobre el puerto de Valparaíso en esa época, era que sus instalaciones no podían desarrollarse sin hacer una inversión para expandir la infraestructura costera. Esta ampliación debía abarcar desde el muelle Barón hasta la Roca la Baja, ubicada en la Avenida Altamirano, a la altura del paseo Rubén Darío y mucho antes de la playa las Torpederas, patrimonio turístico de Valparaíso. El estudio de factibilidad lo desarrolló el Instituto Hidrográfico de la Armada con financiamiento de la Corporación, en un proyecto que se llamó “Estudio del Oleaje del Molo Roca la Baja”.

HNV: Entiendo que esto significaba doblar el área abrigada del puerto…

RSR: El proyecto contemplaba la construcción de un molo sobre la Roca la Baja, que se internara en brazo recto un kilómetro de la orilla y en brazo curvo 500 metros adicionales. Las instalaciones de la Primera Zona de 1000 metros contemplaban una construcción a nivel submarino de 3 pisos, expandiéndose mar afuera y tres pisos sobre el nivel del mar, con un ancho de 6 pistas, reduciendo a 4 antes de la curva. La segunda área a partir de la curva, contemplaba una construcción que se adelgazaba con la típica estructura de un molo de abrigo. En el análisis del proyecto, pudimos enterarnos que los japoneses habían desarrollado una tecnología de construcción submarina en la cual implementaban distintos tipos de actividad múltiple. Para el caso en comento, ellos podían construir dentro de las instalaciones del molo una planta desalinizadora de agua y una usina generadora eléctrica con la energía de las mareas. Esto significaba que podíamos endeudarnos con las empresas japonesas, vía aval del Estado de Chile y del Estado nipón y pedirles que desarrollaran el proyecto de construcción de acuerdo a las normas de seguridad contra tsumanis desarrolladas por Japón.

HNV: Japón siempre ha sido líder en tecnología portuaria, por su propia realidad geográfica y las amenazas telúricas y de tsunamis, por lo que aparece como un buen socio. Díme como contactaron en ese tiempo y en el clima político que se vivía, a los japoneses…

RSR: Por medio de la embajada japonesa, ya que es ese tiempo Japón estaba expandiendo su área de interés a toda la cuenca del Pacífico. Obviamente en el área comercial lo que a ellos les interesaba era obtener algún tipo de concesiones portuarias en instalaciones confiables de la costa pacífico sudamericana. De ahí entonces, el interés que manifestaron tanto el gobierno como la marítima Kawasaki por el proyecto. La implementación técnica propiamente tal quedaba en manos de industrias japonesas con crédito blando a largo plazo, de fuente estatal, con garantía de organismos internacionales como el BID.

HNV: ¿Cómo era la relación con la Armada? Estas relaciones de trabajo técnico son inéditas, porque en la historia siempre se ha marcado la confrontación que se vivía en ese período, pero jamás nadie había comentado estos espacios en donde había intereses de Estado y un trabajo serio con diversas instituciones públicas y privadas…

RSR: Tanto así, que el propio Almirante José Toribio Merino, miembro del Consejo Superior de la CORDVAC, era el más interesado en la concreción de este proyecto, estimando que iban a quedar disponibles sector borde costero, tanto para la Escuela Naval como para los buques de la Escuadra Nacional. Todo lo que es actualmente el molo ocupado por la Armada, habría quedado para sitios portuarios, ya que se consideraba ensanchar el actual molo para hacerlo operativo. La Armada iba a tener un rol protagónico en el proyecto.

HNV: Vayamos ahora al segundo proyecto que mencionaste, el de los astilleros integrados. ¿De qué se trataba?

RSR: El objetivo era integrar en un proyecto conjunto al Astillero Naval de la Armada de Chile con el Astillero Las Habas, que había pasado a propiedad de CORFO. El estudio de factibilidad desarrollado por el equipo técnico de la Corporación, contemplaba la adquisición de un dique moderno, con tecnología de punta, que iba a permitir realizar el overall de los buques de la escuadra, con un gran ahorro de divisas para el país.

HNV: ¿Ese dique era mucho más moderno que el que está actualmente en funcionamiento como SOCIBER?

RSR: Comparativamente, la diferencia era entre un LADA y un Rolls Royce. La tecnología era de última generación y de fabricación checoslovaca, una de la industrias más fuertes de la Europa Oriental de ese tiempo. Nos hubiera dejado liderando en la tecnología de carenado de naves en Sudamérica.

HNV: Estos dos proyectos de envergadura, principalmente el primero, son de gran peso ¿de qué volúmenes de inversión pública se trataba?

RSR: El punto es que la inversión pública inicial fue de 1 millón ochocientos mil escudos, moneda de la época, que significó el costo total del estudio realizado por el entonces Instituto Hidrográfico de la Armada y todo el proyecto de habilitación del molo que se construiría en la Roca la Baja, quedaría financiado con un crédito internacional, de un monto aproximado de 200 millones de dólares del año 1973, pero que, considerando la relación favorable con respecto al yen japonés, tenía un mayor poder adquisitivo si se orientaba a la industria pesada japonesa. La Corporación había gestionado el empréstito en el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, un crédito atado, que significaba que el organismo internacional avalaba el proyecto y pagaba directamente al fabricante proveedor japonés. Esta metodología financiera era la única que estaba disponible para Chile, ya que estaban bloqueados los créditos de libre disponibilidad (abiertos).

HNV: En ese tiempo no se configuraba aún el tipo de contratos BOT, Building, Operate and Transfer, que permite que la inversión la haga el privado a cambio de una concesión de largo plazo. Pero, la figura de participación de la industria japonesa permitía que el gobierno japonés gestionara con Chile ante el Banco Mundial, lo cual viabilizaba el proyecto. Como tú señalaste, Japón quedaría con determinadas preferencias portuarias como compensación de su inversión y gestión.

Es interesante comprobar que se pudo construir una ingeniería financiera desde un organismo autónomo del Estado con esta proyección, pues demuestra que la gestión pública, estigmatizada por el régimen militar, puede ser una importante alternativa de desarrollo.

RSR: Te cuento algo anecdótico, que en su momento llegó a ser dramático. Este proyecto de la Corporación fue informado al Banco Central, organismo que lo codificó abreviadamente como OLAS, referido al Estudio del Oleaje que significó la base para fundamentar el proyecto de factibilidad. Esa palabra OLAS tuvo después del golpe la connotación política de Organización Latinoamericana de Solidaridad con Cuba, que fue una instancia presidida por Salvador Allende. El drama personal que viví fue que me acusaron públicamente a través del Mercurio de estar financiando la OLAS, por los pagos efectuados y registrados según el nombre abreviado puesto por el Banco Central. De lo cual se derivaron acciones violentas, largas sesiones de tortura, donde inútilmente trataba de explicar de qué se trataba el proyecto de Estudio del Oleaje realizado por la propia Armada de Chile.

HNV: Son las paradojas de ese tiempo. Alguna vez me contaste de las muchas veces que tuviste reuniones con Merino, a propósito de estos proyectos. Cuéntame cómo fue tu relación con el Almirante Merino.

RSR: En ese tiempo Don Toribio Merino era el jefe de la Primera Zona Naval de Valparaíso y como el oficial militar de más alto grado de la zona, le correspondía participar en el Consejo de la Corporación, que era el organismo superior de la misma. En este carácter, él me pedía que le presentara anticipadamente todos los proyectos que iban a ser discutidos en ese Consejo. Esto nos llevó a una estrecha relación de carácter personal, ya que como él había desempeñado el puesto de Director de Presupuesto de la Armada, le interesaban las explicaciones técnicas, financieras del presupuesto de la Corporación, además del interés directo que tenía en el proyecto de ampliación portuaria y muy especialmente en el proyecto de integración de los astilleros. En este último proyecto, la Armada iba a tener un cargo específico en el Directorio de la Empresa que se formaría para administrar su ejecución y era probable que él mismo fuera ese designado.

HNV: En el aspecto humano, él debía saber que tú eras dirigente provincial de la Unidad Popular. ¿cómo se relacionaron en el plano personal?

RSR: Como dirigente de la UP en Valparaíso, teníamos reuniones todos los integrantes del Comité Provincial con el Almirante Merino, durante el período en que él se desempeñó como Jefe de Zona de Emergencia cuando el Presidente Allende decretó este Estado de excepción para la provincia de Valparaíso, a raíz del paro nacional de Octubre de los camioneros y comerciantes. Él sabía quién era yo, de mi militancia política, pero, en el aspecto profesional, nos entendíamos con respeto y alto nivel técnico. Era un tipo que sabía, hacía preguntas al hueso. Lo que pasó posteriormente, después del once de septiembre, se debió a la propaganda que me vinculó como directivo del supuesto plan zeta, lo cual la historia ha desvirtuado completamente.

HNV: Yo ratifico la misma percepción sobre Toribio Merino, a quien conocí una vez que fuimos con Alejandro Patillo y Sergio Saldivia a presentarle en su despacho en el Diego Portales, un plan maestro para San Antonio, que habíamos diseñado en la Escuela de Ingeniería en Transportes de la UCV. Fue una reunión cercana al terremoto de 1985 y pude apreciar que el tipo era inteligente y muy motivado por este tipo de proyectos de proyección oceánica. Roberto, creo que debemos seguir comentando estos episodios. Creo que esa expansión del puerto, es mucho más lógica y estratégica que lo que se ha hecho en estos treinta y cinco años. Por lo mismo, vale la pena rescatar estas buenas iniciativas y revisarlas al trasluz de la proyección de plataforma de servicios con que Chile se proyecta actualmente al mundo. Valparaíso como puerto está asfixiado espacialmente y esta alternativa merece ser estudiada.

REFLEXIONES SOBRE LA REVOLUCIÓN DE LOS PINGÜINOS

Conversamos sobre la Revolución de los Pingüinos. Lo hacemos partiendo de la propia experiencia académica y a la luz de la Reforma del 68, que vivimos de manera activa en la Universidad de Chile.

La lucha por una reforma real se produjo 1968, alcanzándose la participación de los estudiantes y los administrativos en el gobierno universitario. Desde esta visión que es parte de la historia, nos aproximamos a esta nueva revolución para establecer con el mayor respeto, algunas reflexiones.

Nos formulamos las siguientes preguntas:

1. ¿Qué significa reconocer constitucionalmente el derecho a la educación?
2. ¿Cómo conciliar el estado docente con la libertad de enseñanza?
3. ¿Qué hacer con la municipalización?
4. ¿Qué hacer con las subvenciones a sostenedores?

¿Qué significa reconocer constitucionalmente el Derecho a la Educación?

- Lo primero es reconocer que hoy día estamos insertos en un sistema económico totalmente diferente al que existía el año 1968. Por lo tanto, debemos identificar con claridad los elementos básicos que dan forma al nuevo sistema y evitar caer en las comparaciones típicas de la nostalgia, a la que algunos están tan acostumbrados que la utilizan como fundamento de sus posiciones críticas.

- El derecho a la educación consagrado en la Constitución no sería suficiente si no se modifica el tema de fondo, es decir se asegura que exista voluntad política de tomar esto como un deber de Estado. En caso contrario podemos caer en un enunciado típico en el sistema chilensis, es decir, “se dice pero no se cumple”, como lo era el enunciado de las Leyes de Indias en la época de la Colonia cuando, para defender el interés de los encomenderos, los gobernadores recibían las Leyes de Indias del Rey de España, se la colocaban sobre la cabeza y recitaban la fórmula “se obedece pero no se cumple”.

- Con este mismo criterio se puede analizar el caso de la ley indígena y de la ley del medio ambiente. Ambas son excelentes leyes, pero simplemente no se cumplen, porque prima por sobre ellas el derecho a la propiedad privada consagrada constitucionalmente. Y este es el problema fundamental de nuestro sistema económico y, por ende, de nuestro sistema educacional: “lo más importante es el derecho a la propiedad privada en lugar del derecho a una buena educación”.

¿Cómo conciliar el Estado Docente con la Libertad de Enseñanza?

Creo que no debemos confundir la propiedad privada de los establecimientos de enseñanza con la libertad de enseñanza. Hay libertad y debe haber libertad de enseñanza, si hay sectores dispuestos a financiar dicha libertad, por ejemplo: sectores religiosos que proporcionan una buena educación y cuyo financiamiento depende de los recursos privados de sus propios miembros, ya sea de los educadores o de los padres de los educandos.

El problema educacional se concentra en el principio de igualdad de oportunidades, ya que afecta a los sectores sociales que no tienen los recursos para financiar una buena educación. Y en este aspecto, tanto los “sostenedores de establecimientos subvencionados” como los “establecimientos municipalizados”, enfrentan una situación similar: “no disponen de los recursos necesarios para entregar una buena educación”.

Las razones para ello son diferentes, ya que en el caso de los “subvencionados” de alguna parte debe provenir la utilidad que perciben los sostenedores y lógicamente, esa utilidad es inversamente proporcional a la calidad de la enseñanza, debido a los bajos sueldos que se paga a la “mano de obra”, que son a fin de cuentas los profesores en este sistema.

¿Qué hacer con la municipalización?

En el caso de los “municipalizados”, el problema se concentra en la carencia de experticia del personal municipal en el área de educación, en que se les trasladó una función que no saben cómo administrar. Se entiende que los expertos en la materia están en el Ministerio de Educación y por supuesto en las Secretarías Regionales del ramo. Me parece un descriterio lo expresado por el actual Ministro de Educación respecto a la centralización, como si la posibilidad de que su Ministerio recuperara el control de la educación en el país significara necesariamente un proceso de centralización, sin tener en cuenta la necesaria regionalización que implican las secretarías regionales ya existentes. Las municipalidades no pueden ejercer el rol de “educadores”, ni siquiera considerando las actuales normas de la administración capitalista, ya que su negocio principal no es la educación. Se necesita que un organismo central estandarice las normas, los nuevos contenidos. Recién ahí se podrá empezar a hablar de calidad.

¿Qué hacer con las subvenciones a sostenedores?

Las subvenciones a los sostenedores, tal como ha sido concebida, a tanto por alumno presente en clases, no tiene utilidad alguna respecto a la igualdad de oportunidades. El hecho indiscutible es que los sostenedores están en el negocio de la educación para obtener “utilidades”, que son legítimas desde el punto de vista de la actividad privada, pero que son “insostenibles” para un proceso educacional que debe entregar la máxima calidad precisamente a los sectores más pobres que no pueden financiar una educación privada. El sistema de sostenedores difícilmente podrá proveer una buena educación si el fin es el lucro. No se trata de fiscalizar lo mismo, sino cambiar los parámetros de funcionamiento, exigiendo buenos resultados y sacando del sistema a los corruptos.

HNV-RSR junio 10/2006