Naciones Unidas emite un No a la Impunidad

Naciones Unidas emite un No a la Impunidad

Culmina una campaña libertaria del Periodismo Independiente.

Haber abordado el Rescate de la Memoria en el blog Diálogos con un Sobreviviente, constituyó una forma de transmitir a las nuevas generaciones un testimonio realista de una época que ha estado cruzada por intereses, ideologías y presiones. La historia requiere de la verdad y ella se construye colectivamente, con las visiones de todos los que fueron actores, principales o secundarios, de los escenarios políticos y sociales de un período de convulsión.

En este orden de ideas, a mediados del año 2005, abrimos este blog para ir dejando nuestra voz y la de protagonistas del período más violento de la historia reciente, a partir del golpe de Estado hasta la década de los ochenta, cuando se vivieron los procesos de transición que culminaron con el traspaso del gobierno a fuerzas democráticas, en una realidad política que no ha alcanzado aún a transparentarse, aunque sus efectos y consecuencias sociales se hacen cada vez más visibles en la realidad de un sistema concentrador de la riqueza y de exclusión metódica de la disidencia al modelo neoliberal.

Colocar esta temática en el tapete, dando tribuna a quienes no pueden acceder a los medios oficiales, resultó una acción contestataria y libertaria. Roberto Sapiains fue el primer interlocutor de estos Diálogos y él, a su vez, abrió el blog Luchando por mis Derechos. El tema es que la persistencia y convicción sobre la realidad jurídica de los Ex Prisioneros de Guerra significó colocar sobre la mesa un aspecto crucial para que se haga verdad y justicia en Chile.

Vamos a conversar con Roberto sobre la cronología de acciones que él fue desplegando, a través de Internet, para tocar distintas instancias de la institucionalidad nacional e internacional, hasta lograr que sus argumentos fuesen oídos y recogidos por la Resolución 60/147 de Naciones Unidas.

Periodismo Independiente: ¿Por qué se creó el Círculo de Ex Prisioneros de Guerra?

Roberto Sapiains: La razón es simple, porque cuando se declaró el Estado de Guerra en Chile, el mando militar que se había rebelado en contra del gobierno constitucional del Presidente Allende, comenzó a actuar contra un enemigo interno que ellos mismos definieron, esto es, los ex miembros del gobierno del Presidente Allende y los dirigentes de la Unidad Popular. Para fundamentar su represión realizaron operaciones militares de tiempo de guerra, capturaron prisioneros, establecieron campos de concentración y establecieron los tribunales militares de tiempo de guerra. Esta fue su lógica de ocupación militar de la institucionalidad. Disolvieron el Parlamento, ocuparon la Justicia y negaron los derechos civiles.

Podemos discutir si nosotros, los militantes de la UP, estábamos de acuerdo o no con esa lógica, y la mayoría estamos en desacuerdo. Pero no se puede negar ni la realidad del golpe de estado ni la realidad de que se declaró un estado jurídico de guerra interna, porque no sea de nuestro agrado el que ello ocurriera. Así fueron las cosas y fuimos etiquetados como los enemigos y detenidos como prisioneros de guerra.

Quienes tuvimos Consejos de Guerra y fuimos condenados por la falsa acusación de haber cometido crímenes de guerra, podemos escoger perfectamente nuestra opción de declararnos ex prisioneros de guerra y reclamar las violaciones que respecto a ese estatus jurídico se cometieron en infracción al Convenio de Ginebra relativo al Trato de Prisioneros de Guerra.

Estamos de acuerdo sí, en que esta categoría no calza a todos los detenidos que fueron calificados en Comisión Valech, pues la gran mayoría fueron prisioneros de conciencia y se declaran legítimamente Prisioneros Políticos.

Periodismo Independiente:¿Cuál fue la estrategia que han seguido Uds. para ser oídos por la clase política, por las instituciones nacionales e internacionales?

Roberto Sapiains: Para contestarte debo referirme a lo que no hicieron los gobiernos de la Concertación hasta la fecha, respecto a Verdad y Justicia. Se trató por todos los medios de acallar a todos quienes estaban planteando la necesidad de Reparación de las víctimas de la represión, tanto Prisioneros Políticos como Prisioneros de Guerra. Ante esto, el año 1997 sacamos a la luz pública una declaración del Círculo de Ex Prisioneros de Guerra, que distribuimos entre la clase política.

Por supuesto que no hubo reacción alguna, incluso nos negaron el derecho a convertirnos en una organización con personalidad jurídica. En algún cajón del Ministerio del Interior quedó nuestra petición en tal sentido. Lo único que nos favoreció fue el arresto de Pinochet en Londres y la necesidad que tuvo el Presidente Frei de rescatarlo con su enviado especial, el Ministro Insulza. De allí se originó la Mesa de Diálogo que culmina con el reconocimiento público y oficial de los crímenes cometidos por los organismos de seguridad de la dictadura de Pinochet. Nosotros en nuestra declaración pública del año 1997 habíamos denunciado todos los crímenes que se reconocieron posteriormente en esa mesa de diálogo.

Pero, continuando con su política de encubrimiento, el Presidente Frei no instruyó querella alguna para hacer justicia y castigar a los responsables de aquellos crímenes. Fue el gobierno de Lagos, obligado por su promesa electoral, el que creó la Comisión sobre Prisión Política y Tortura. Nosotros presentamos todas nuestras denuncias ante esa Comisión, que en su informe final reconoce el Estado Jurídico de Guerra Interna y la infame actuación de los Consejos de Guerra. La tortura masiva, el asesinato de prisioneros, la desaparición de los cuerpos, la sepultación ilegal y la posterior exhumación para arrojar sus restos al mar, han quedado claramente constatados por el Informe Valech, como crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad.

Es aquí cuando el Presidente lagos debería haber accionado judicialmente en contra de quienes resultaren responsables por tales atropellos, pero, muy por el contrario, se decretó el silencio de los testimonios de ese informe por 50 años.

Frente a todo esto, mi lucha fue difundir una denuncia de incumplimiento de las normas del Convenio de Ginebra por parte del Estado de Chile, en todos sus poderes.

Periodismo Independiente: Recordemos para el lector que fue el momento en que desde tu blog Luchando por mis Derechos iniciaste una serie de cartas públicas, dirigidas al Presidente de la República, al Senado, a la Cámara de Diputados y al Poder Judicial, invocando el derecho de petición que fija el art.19 de la Constitución. Además, tus documentos comenzaron a ser leídos por todas las organizaciones de derechos humanos, en Chile y en el extranjero. Entiendo que también se hizo llegar esta información al Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza. Ahora, es sorprendente que todos los argumentos desplegados hayan sido recogidos por Naciones Unidas. ¿Cómo es que se llega a esta instancia internacional y se logra ser oído?

Roberto Sapiains: Al mismo tiempo de publicar las cartas en el blog preparé una solicitud de comisión investigadora de las infracciones graves al Convenio de Ginebra, que presenté ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el día 15 de diciembre de 2005. Yo sabía, como me lo ratificó el abogado de la Comisión que no se iba a acceder a nuestras peticiones, debido al acuerdo político imperante con la oposición. Pero esta presentación, con su acuse de recibo, nos permitió acudir a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a fines del año 2005.

Obviamente, nuestra comunicación influyó en algo para que la ONU adoptara en su sexagésima Sesión de la Asamblea General esta Resolución 60/147 del 21 de marzo de 2006.

Periodismo Independiente: Es un hecho político de innegable trascendencia histórica. Porque en esa Resolución se reconoce el derecho de los Prisioneros Políticos, de acuerdo a las convenciones de Derechos Humanos, y el derecho de los Prisioneros de Guerra, de acuerdo a la Convención de Ginebra relativa al Trato de Prisioneros de Guerra.

Esta campaña que has cumplido con tesón y convicción, abre puertas a la revelación histórica de aquellos hechos que fueron amnistiados en un acto que viola la esencia de las mencionadas convenciones internacionales. La imprescriptibilidad de esos crímenes permite una esperanza cierta de que se hará justicia y que el derecho internacional se aplique de una vez por todas en contra de los intentos de impunidad y amnesia política.

El hecho de que haya sido una campaña que se generó a partir de estos Diálogos con un Sobreviviente, tiene el valor agregado de lo que significa el Periodismo Independiente y la existencia de la plataforma de Internet, que permite alternativas directas de comunicación, que no pueden ser impedidas por los sistemas oficiales. Es una lección de la efectividad de las redes solidarias del civismo internacional, por la paz y por la dignidad humana y de ello nos congratulamos como medio alternativo y libertario.

Conversamos con Roberto Sapiains Rodriguez sobre la Resolución Nº 60/147 de Naciones Unidas

Hace varios años que comenzamos este ejercicio por el Rescate de la Memoria y el análisis de los procesos por violaciones a los derechos humanos. Diálogos con un Sobreviviente tuvo como voz testimonial a Roberto Sapiains Rodríguez, ex-prisionero de guerra, cuya tesis fue ampliamente difundida a partir de su blog Luchando por mis Derechos. La visión principal fue sostener con lógica jurídica y hechos históricos irrefutables, que en Chile hubo un Estado Jurídico de Guerra y hubo Prisioneros de Guerra entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, fechas oficiales en que rigió el Estado de Guerra Interna, declarado por el DL Nº 5, dictado por la Junta Militar el 12 de septiembre de 1973.

Hoy ha culminado una larga brega por el reconocimiento internacional de esta situación. Naciones Unidas, a través de su Asamblea General, ha aprobado en la sesión sexagésima del 21 de marzo de 2006, la Resolución 60/147 que reconoce las violaciones graves a los Convenios de Ginebra en Chile y ha definido un procedimiento estatutario para que los órganos de Justicia y los organismos de gobierno de los Estados que han ratificado específicamente el Convenio de Ginebra relativo al Trato de Prisioneros de Guerra, apliquen dicha norma internacional a los procesos por violaciones graves a esas convenciones.

En el caso chileno, esta Resolución bloquea la Ley de Amnistía que se autoconcedió el régimen de facto y que se aplicó masivamente hasta el año 2005 por parte de la Corte Suprema.

En este contexto, es válido preguntar a Roberto Sapiains, lo que ha sucedido desde la Comisión Valech, sobre Prisión Política y Tortura, hasta lo que está sucediendo en el ámbito judicial actualmente.

Periodismo Independiente: Roberto, ¿còmo puede explicarse que el gobierno del Presidente Lagos haya fijado un silencio por cincuenta años a los resultados de la Comisión Valech, si ello es contrario a las normas internacionales sobre violaciones graves a los derechos humanos?

Roberto Sapiains: Para responderte, hay que poner en contexto los acuerdos políticos logrados entre la Concertación y la Alianza por Chile, respecto a la investigación de las violaciones de Derechos Humanos y de los crímenes de guerra cometidos por la dictadura de Pinochet. Recordemos que se comprometió con la derecha política que no se iba a investigar judicialmente nada de lo ocurrido antes del año 90, tanto en lo económico como en lo criminal. Cuando el ex Presidente Patricio Aylwin formó la Comisión Rettig y recibió sus resultados, al hablar al país por cadena nacional se le salieron las lágrimas de arrepentimiento por el terrorismo de Estado. Sin embargo, no hubo instrucción del Presidente para que el Consejo de Defensa del Estado presentara querella alguna por estos hechos criminales con resultado de muerte.

Así se cumplía el compromiso: se lamentaba verbalmente por los desaparecidos y ejecutados, pero no se accionaba en el plano judicial. Esta actitud pasa y se reafirma en el gobierno de Frei Ruiz Tagle, quien pone fin a la investigación por los pinocheques por razones de Estado. Ricardo Lagos, que había pregonado en su campaña la Verdad y la Justicia y había entregado la promesa de que se iban a investigar todos los crímenes, tanto los de lesa humanidad como los crímenes de guerra, ordenó la creación de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. El resultado fue el extenso Informe Valech, pero sobre la marcha se estableció la mordaza del silencio por cincuenta años y la imposibilidad de usar los testimonios entregados a la Comisión como antecedentes en un proceso judicial. Ese silencio sólo favorecía a los torturadores y estaba en línea con el compromiso político de no investigar ni los delitos económicos ni los crímenes de guerra cometidos durante la dictadura de Pinochet.

Periodismo Independiente: ¿Cómo reaccionaron los sectores afectados, es decir las víctimas y sus familias, frente a esto que se dio en llamar "reparaciones austeras y simbólicas" ?

Roberto: Lamentablemente no hubo un rechazo uniforme,sino que hubo divisiones marcadas por las militancias en partidos y grupos. Esto afecto la creación de una tesitura compacta y apoyada socialmente. Por ejemplo, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, que ya tenía interpuestas varias querellas criminales en contra de miembros de la dictadura, argumentando violaciones a los derechos humanos, se da cuenta finalmente que el argumento jurídico correcto era invocar la aplicación del Convenio de Ginebra relativo al Trato de Prisioneros de Guerra. Pero, importantes personeros de esa organización que adherían a la Concertación, se opusieron a ese argumento y se declararon satisfechos con la reparación austera y simbólica. Estas personas estaban de acuerdo en que se buscara mejorar los términos reparatorios a las víctimas, pero no estaban de acuerdo en denunciar e investigar hacia atrás, antes del noventa. Sin embargo, la misma Comisión Valech había reconocido en su informe final la existencia del Estado de Guerra Interno en Chile y había criticado duramente la actuación de los Consejos de Guerra. Otras organizaciones de ex Prisioneros Políticos se inclinaron por el argumento de ser presos de conciencia y no prisioneros de guerra, por lo tanto participaron de la estrategia de mejoramiento a las reparaciones.

Periodismo Independiente: Esta situación tiene una inflexión en este momento, a raìz de dictámenes de la Justicia que hacen suyos los argumentos jurídicos de la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra. ¿Consideras esto un avance hacia una verdad completa de lo ocurrido y a una Justicia que, aunque tardía, dejará un cimiento para una convivencia futura más sana en Chile?

Roberto: Sí, absolutamente, pero quiero dejar en claro que esta decisión que hoy día aplaudimos ha sido fruto de una larga lucha. Nosotros, en el Círculo de Ex-Prisioneros de Guerra de Valparaíso, estamos de acuerdo en que la gran mayoría de las personas detenidas lo fueron por persecución ideológica y no eran combatientes en contra de quienes pretendían derrocar al gobierno constitucional del Presidente Allende. Fueron víctimas de una represión indiscriminada y sangrienta que violó sus derechos humanos y que constituyen crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, es preciso aclarar que los Prisioneros de Guerra somos aquellos que fueron asì catalogados por las fuerzas armadas insurgentes y que, en tal sentido, fueron procesados por Tribunales Militares en tiempo de guerra y condenados a años de prisión por los Consejos de Guerra. Somos ese grupo de Ex-Prisioneros de Guerra los que sostenemos que cuando las fuerzas armadas rebeldes violaron gravemente el Convenio de Ginebra relativo al Trato de Prisioneros de Guerra, estaban cometiendo CRIMENES DE GUERRA sancionados en el Derecho Internacional Humanitario. Aquí cae la Caravana de la Muerte, los Fusilamientos indiscriminados, la aplicación de la Ley de Fuga y, sobre todo, la violación de los derechos procesales de los prisioneros de guerra, cuando debieron enfrentar a los Consejos de Guerra que se publicitaban en el régimen militar, denostando o calumniando a víctimas sin derecho al debido proceso.

Periodismo Independiente: Esta visión de los Ex-Prisioneros de Guerra abarcaría hechos criminales acaecidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978. A efectos de una mejor comprensión jurídica, si después de esa fecha concluyó el decretado Estado de guerra interna, ¿quiere esto decir que los crímenes posteriores sí podrían acogerse a prescripción. Cuáles serían las causas emblemáticas donde esta Resolución 60/147 de la ONU abriría espacios para una reapertura y juicio efectivo?

Roberto: Lamentablemente, cuando se aplica el Convenio de Ginebra, sólo puede ser considerado durante la vigencia del Estado Jurídico de Guerra Interna declarado por la Junta Militar. Esa misma dictadura emitió el DL 2191, mal conocido como Ley de Amnistía, y es este Decreto el que pone fin al Estado de Sitio vigente a partir del 11 de septiembre de 1973 y que el DL Nº 5 en su artículo 1º declaraba que debía considerarse como Estado o Tiempo de Guerra en Chile. En esta lógica, los crímenes cometidos por los organismos de seguridad de la Junta militar después de esa fecha, solamente constituyen crímenes de lesa humanidad. Sin embargo esta Resolución 60 que estamos comentando, obliga a los Estados a asegurar el respeto y la implementación tanto de la Ley Internacional sobre Derechos Humanos como el Derecho Humanitario Internacional, que rige los casos de crímenes de guerra.

Periodismo Independiente: Esta obligación, entonces, alcanza a todas las convenciones que establecen la protección de los derechos humanos y del derecho humanitario. Esta diferenciación que recoge la Resolución de la ONU viene a clarificar un tema de fondo, pues los Derechos Humanos se aplican en tiempo de paz y el Derecho Humanitario solamente en tiempo de guerra y respecto a los enemigos reconocidos como tales. Estas dos situaciones se dan en nuestra historia y siendo clásica la lucha por los derechos humanos en Chile, es importante reconocer ese estatus jurídico que se dio en la apertura del régimen militar, cuando todo el poder lo concentraba la Junta Militar y los enemigos eran los ex funcionarios del régimen constitucional derrocado.¿Como crees que impactará esta Resolución de la ONU?

Roberto: Si los abogados a cargo de las querellas criminales, como ya lo hizo Nelson Caucoto, solicitan a la Corte Suprema la aplicación del Convenio de Ginebra Relativo al Trato de Prisioneros de Guerra para los casos de crímenes ocurridos en el período referido, es altamente probable que se reabran todos los procesos y se derogue tácitamente la mal llamada ley de Amnistía.

United Nations A/RES/60/147

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United Nations A/RES/60/147
General Assembly Distr.: General
21 March 2006
Sixtieth session
Agenda item 71 (a)
05-49642
Resolution adopted by the General Assembly
[on the report of the Third Committee (A/60/509/Add.1)]
60/147. Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation
for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious
Violations of International Humanitarian Law

The General Assembly,

Guided by the Charter of the United Nations, the Universal Declaration of Human Rights, 1 the International Covenants on Human Rights, 2 other relevant
human rights instruments and the Vienna Declaration and Programme of Action,3

Affirming the importance of addressing the question of remedies and reparation for victims of gross violations of international human rights law and serious
violations of international humanitarian law in a systematic and thorough way at the national and international levels,

Recognizing that, in honouring the victims' right to benefit from remedies and reparation, the international community keeps faith with the plight of victims,
survivors and future human generations and reaffirms international law in the field,

Recalling the adoption of the Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human
Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law by the Commission on Human Rights in its resolution 2005/35 of 19 April 20054 and by
the Economic and Social Council in its resolution 2005/30 of 25 July 2005, in which the Council recommended to the General Assembly that it adopt the Basic Principles and Guidelines,

1. Adopts the Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and
Serious Violations of International Humanitarian Law annexed to the present resolution;

2. Recommends that States take the Basic Principles and Guidelines into account, promote respect thereof and bring them to the attention of members of the
executive bodies of government, in particular law enforcement officials and military and security forces, legislative bodies, the judiciary, victims and their
representatives, human rights defenders and lawyers, the media and the public in general;

3. Requests the Secretary-General to take steps to ensure the widest possible dissemination of the Basic Principles and Guidelines in all the official languages of the United Nations, including by transmitting them to Governments and intergovernmental and non-governmental organizations and by including the Basic Principles and Guidelines in the United Nations publication entitled Human Rights: A Compilation of International Instruments.

64th plenary meeting
16 December 2005

Annex

Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law

Preamble

The General Assembly,

Recalling the provisions providing a right to a remedy for victims of violations of international human rights law found in numerous international instruments, in
particular article 8 of the Universal Declaration of Human Rights,1 article 2 of the International Covenant on Civil and Political Rights, 2 article 6 of the International
Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 5 article 14 of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 6 and article 39 of the Convention on the Rights of the Child, 7 and of international humanitarian law as found in article 3 of the Hague Convention respecting the Laws and Customs of War on Land of 18 October 1907 (Convention IV), 8 article 91 of the Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I) of 8 June 1977, 9 and articles 68 and 75 of the Rome Statute of the International Criminal Court, 10

Recalling the provisions providing a right to a remedy for victims of violations of international human rights found in regional conventions, in particular article 7 of
the African Charter on Human and Peoples' Rights,11 article 25 of the American Convention on Human Rights, 12 and article 13 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 13

Recalling the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power emanating from the deliberations of the Seventh United Nations
Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders and General Assembly resolution 40/34 of 29 November 1985 by which the Assembly adopted the text recommended by the Congress,

Reaffirming the principles enunciated in the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, including that victims should be
treated with compassion and respect for their dignity, have their right to access to justice and redress mechanisms fully respected, and that the establishment,
strengthening and expansion of national funds for compensation to victims should be encouraged, together with the expeditious development of appropriate rights and remedies for victims,

Noting that the Rome Statute of the International Criminal Court requires the establishment of "principles relating to reparations to, or in respect of, victims,
including restitution, compensation and rehabilitation", requires the Assembly of States Parties to establish a trust fund for the benefit of victims of crimes within the
jurisdiction of the Court, and of the families of such victims, and mandates the Court "to protect the safety, physical and psychological well-being, dignity and
privacy of victims" and to permit the participation of victims at all "stages of the proceedings determined to be appropriate by the Court",

Affirming that the Basic Principles and Guidelines contained herein are directed at gross violations of international human rights law and serious violations
of international humanitarian law which, by their very grave nature, constitute an affront to human dignity,

Emphasizing that the Basic Principles and Guidelines contained herein do not entail new international or domestic legal obligations but identify mechanisms,
modalities, procedures and methods for the implementation of existing legal obligations under international human rights law and international humanitarian law
which are complementary though different as to their norms,

Recalling that international law contains the obligation to prosecute perpetrators of certain international crimes in accordance with international obligations of States and the requirements of national law or as provided for in the applicable statutes of international judicial organs, and that the duty to prosecute reinforces the international legal obligations to be carried out in accordance with national legal requirements and procedures and supports the concept of complementarity,

Noting that contemporary forms of victimization, while essentially directed against persons, may nevertheless also be directed against groups of persons who
are targeted collectively,

Recognizing that, in honouring the victims' right to benefit from remedies and reparation, the international community keeps faith with the plight of victims,
survivors and future human generations and reaffirms the international legal principles of accountability, justice and the rule of law,

Convinced that, in adopting a victim-oriented perspective, the international community affirms its human solidarity with victims of violations of international
law, including violations of international human rights law and international humanitarian law, as well as with humanity at large, in accordance with the
following Basic Principles and Guidelines,

Adopts the following Basic Principles and Guidelines:

I. Obligation to respect, ensure respect for and implement international human rights law and international humanitarian law

1. The obligation to respect, ensure respect for and implement international human rights law and international humanitarian law as provided for under the
respective bodies of law emanates from:
(a) Treaties to which a State is a party;
(b) Customary international law;
(c) The domestic law of each State.

2. If they have not already done so, States shall, as required under international law, ensure that their domestic law is consistent with their international legal
obligations by:

(a) Incorporating norms of international human rights law and international humanitarian law into their domestic law, or otherwise implementing them in their
domestic legal system;

(b) Adopting appropriate and effective legislative and administrative procedures and other appropriate measures that provide fair, effective and prompt access to justice;

(c) Making available adequate, effective, prompt and appropriate remedies, including reparation, as defined below;

(d) Ensuring that their domestic law provides at least the same level of protection for victims as that required by their international obligations.

II. Scope of the obligation

3. The obligation to respect, ensure respect for and implement international human rights law and international humanitarian law as provided for under the
respective bodies of law, includes, inter alia, the duty to:

(a) Take appropriate legislative and administrative and other appropriate measures to prevent violations;

(b) Investigate violations effectively, promptly, thoroughly and impartially and, where appropriate, take action against those allegedly responsible in accordance with domestic and international law;

(c) Provide those who claim to be victims of a human rights or humanitarian law violation with equal and effective access to justice, as described below,
irrespective of who may ultimately be the bearer of responsibility for the violation; and

(d) Provide effective remedies to victims, including reparation, as described below.

III. Gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law that constitute crimes under international law

4. In cases of gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law constituting crimes under international
law, States have the duty to investigate and, if there is sufficient evidence, the duty to submit to prosecution the person allegedly responsible for the violations and, if found guilty, the duty to punish her or him. Moreover, in these cases, States should, in accordance with international law, cooperate with one another and assist
international judicial organs competent in the investigation and prosecution of these violations.

5. To that end, where so provided in an applicable treaty or under other international law obligations, States shall incorporate or otherwise implement within
their domestic law appropriate provisions for universal jurisdiction. Moreover, where it is so provided for in an applicable treaty or other international legal
obligations, States should facilitate extradition or surrender offenders to other States and to appropriate international judicial bodies and provide judicial assistance and other forms of cooperation in the pursuit of international justice, including assistance to, and protection of, victims and witnesses, consistent with international
human rights legal standards and subject to international legal requirements such as those relating to the prohibition of torture and other forms of cruel, inhuman or
degrading treatment or punishment.

IV. Statutes of limitations

6. Where so provided for in an applicable treaty or contained in other international legal obligations, statutes of limitations shall not apply to gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law which constitute crimes under international law.

7. Domestic statutes of limitations for other types of violations that do not constitute crimes under international law, including those time limitations applicable
to civil claims and other procedures, should not be unduly restrictive.

V. Victims of gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law

8. For purposes of the present document, victims are persons who individually or collectively suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that constitute gross violations of international human rights law, or serious violations of international humanitarian law. Where appropriate, and in accordance with domestic law, the term "victim" also includes the immediate family or dependants of the direct victim and persons who have suffered harm in intervening to assist victims in distress or to prevent victimization.

9. A person shall be considered a victim regardless of whether the perpetrator of the violation is identified, apprehended, prosecuted, or convicted and regardless of the familial relationship between the perpetrator and the victim.

VI. Treatment of victims

10. Victims should be treated with humanity and respect for their dignity and human rights, and appropriate measures should be taken to ensure their safety,
physical and psychological well-being and privacy, as well as those of their families. The State should ensure that its domestic laws, to the extent possible ,
provide that a victim who has suffered violence or trauma should benefit from special consideration and care to avoid his or her re-traumatization in the course of
legal and administrative procedures designed to provide justice and reparation.

VII. Victims' right to remedies

11. Remedies for gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law include the victim's right to the
following as provided for under international law:

(a) Equal and effective access to justice;

(b) Adequate, effective and prompt reparation for harm suffered;

(c) Access to relevant information concerning violations and reparation mechanisms.

VIII. Access to justice

12. A victim of a gross violation of international human rights law or of a serious violation of international humanitarian law shall have equal access to an effective
judicial remedy as provided for under international law. Other remedies available to the victim include access to administrative and other bodies, as well as mechanisms, modalities and proceedings conducted in accordance with domestic law. Obligations arising under international law to secure the right to access justice and fair and impartial proceedings shall be reflected in domestic laws. To that end, States should:

(a) Disseminate, through public and private mechanisms, information about all available remedies for gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law;

(b) Take measures to minimize the inconvenience to victims and their representatives, protect against unlawful interference with their privacy as appropriate and ensure their safety from intimidation and retaliation, as well as that of their families and witnesses, before, during and after judicial, administrative, or other proceedings that affect the interests of victims;

(c) Provide proper assistance to victims seeking access to justice;

(d) Make available all appropriate legal, diplomatic and consular means to ensure that victims can exercise their rights to remedy for gross violations of
international human rights law or serious violations of international humanitarian law.

13. In addition to individual access to justice, States should endeavour to develop procedures to allow groups of victims to present claims for reparation and to receive reparation, as appropriate.

14. An adequate, effective and prompt remedy for gross violations of international human rights law or serious violations of international humanitarian law should
include all available and appropriate international processes in which a person may have legal standing and should be without prejudice to any other domestic remedies.

IX. Reparation for harm suffered

15. Adequate, effective and prompt reparation is intended to promote justice by redressing gross violations of international human rights law or serious violations of international humanitarian law. Reparation should be proportional to the gravity of the violations and the harm suffered. In accordance with its domestic laws and international legal obligations, a State shall provide reparation to victims for acts or omissions which can be attributed to the State and constitute gross violations of international human rights law or serious violations of international humanitarian law. In cases where a person, a legal person, or other entity is found liable for reparation to a victim, such party should provide reparation to the victim or compensate the State if the State has already provided reparation to the victim.

16. States should endeavour to establish national programmes for reparation and other assistance to victims in the event that the parties liable for the harm suffered
are unable or unwilling to meet their obligations.

17. States shall, with respect to claims by victims, enforce domestic judgements for reparation against individuals or entities liable for the harm suffered and
endeavour to enforce valid foreign legal judgements for reparation in accordance with domestic law and international legal obligations. To that end, States should
provide under their domestic laws effective mechanisms for the enforcement of reparation judgements.

18. In accordance with domestic law and international law, and taking account of individual circumstances, victims of gross violations of international human rights
law and serious violations of international humanitarian law should, as appropriate and proportional to the gravity of the violation and the circumstances of each case, be provided with full and effective reparation, as laid out in principles 19 to 23, which include the following forms: restitution, compensation, rehabilitation,
satisfaction and guarantees of non-repetition.

19. Restitution should, whenever possible, restore the victim to the original situation before the gross violations of international human rights law or serious
violations of international humanitarian law occurred. Restitution includes, as appropriate: restoration of liberty, enjoyment of human rights, identity, family life
and citizenship, return to one's place of residence, restoration of employment and return of property.

20. Compensation should be provided for any economically assessable damage, as appropriate and proportional to the gravity of the violation and the circumstances of each case, resulting from gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law, such as:

(a) Physical or mental harm;

(b) Lost opportunities, including employment, education and social benefits;

(c) Material damages and loss of earnings, including loss of earning potential;

(d) Moral damage;

(e) Costs required for legal or expert assistance, medicine and medical services, and psychological and social services.

21. Rehabilitation should include medical and psychological care as well as legal and social services.

22. Satisfaction should include, where applicable, any or all of the following:

(a) Effective measures aimed at the cessation of continuing violations;

(b) Verification of the facts and full and public disclosure of the truth to the extent that such disclosure does not cause further harm or threaten the safety and
interests of the victim, the victim's relatives, witnesses, or persons who have intervened to assist the victim or prevent the occurrence of further violations;

(c) The search for the whereabouts of the disappeared, for the identities of the children abducted, and for the bodies of those killed, and assistance in the recovery, identification and reburial of the bodies in accordance with the expressed or presumed wish of the victims, or the cultural practices of the families and
communities;

(d) An official declaration or a judicial decision restoring the dignity, the reputation and the rights of the victim and of persons closely connected with the victim;

(e) Public apology, including acknowledgement of the facts and acceptance of responsibility;

(f) Judicial and administrative sanctions against persons liable for the violations;

(g) Commemorations and tributes to the victims;

(h) Inclusion of an accurate account of the violations that occurred in international human rights law and international humanitarian law training and in educational material at all levels.

23. Guarantees of non-repetition should include, where applicable, any or all of the following measures, which will also contribute to prevention:
(a) Ensuring effective civilian control of military and security forces;

(b) Ensuring that all civilian and military proceedings abide by international standards of due process, fairness and impartiality;

(c) Strengthening the independence of the judiciary;

(d) Protecting persons in the legal, medical and health-care professions, the media and other related professions, and human rights defenders;

(e) Providing, on a priority and continued basis, human rights and international humanitarian law education to all sectors of society and training for
law enforcement officials as well as military and security forces;

(f) Promoting the observance of codes of conduct and ethical norms, in particular international standards, by public servants, including law enforcement,
correctional, media, medical, psychological, social service and military personnel, as well as by economic enterprises;

(g) Promoting mechanisms for preventing and monitoring social conflicts and their resolution;

(h) Reviewing and reforming laws contributing to or allowing gross violations of international human rights law and serious violations of international
humanitarian law.

X. Access to relevant information concerning violations and reparation mechanisms

24. States should develop means of informing the general public and, in particular, victims of gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law of the rights and remedies addressed by these Basic Principles and Guidelines and of all available legal, medical, psychological, social, administrative and all other services to which victims may have a right of access. Moreover, victims and their representatives should be entitled to seek and obtain information on the causes leading to their victimization and on the causes and conditions pertaining to the gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law and to learn the truth in regard to these violations.

XI. Non-discrimination

25. The application and interpretation of these Basic Principles and Guidelines must be consistent with international human rights law and international
humanitarian law and be without any discrimination of any kind or on any ground, without exception.

XII. Non-derogation

26. Nothing in these Basic Principles and Guidelines shall be construed as restricting or derogating from any rights or obligations arising under domestic and
international law. In particular, it is understood that the present Basic Principles and Guidelines are without prejudice to the right to a remedy and reparation for victims of all violations of international human rights law and international humanitarian law. It is further understood that these Basic Principles and Guidelines are without prejudice to special rules of international law.

XIII. Rights of others

27. Nothing in this document is to be construed as derogating from internationally or nationally protected rights of others, in particular the right of an accused person to benefit from applicable standards of due process.

Notes____________________

1 Resolution 217 A (III).

2 Resolution 2200 A (XXI), annex.

3 A/CONF.157/24 (Part I), chap. III.

4 See Official Records of the Economic and Social Council, 2005, Supplement No. 3 and corrigendum (E/2005/23 and Corr.1), chap. II, sect. A.

5 Resolution 2106 A (XX), annex.

6 United Nations, Treaty Series, vol. 1465, No. 24841.

7 Ibid., vol. 1577, No. 27531.

8 See Carnegie Endowment for International Peace, The Hague Conventions and Declarations of 1899 and 1907 (New York, Oxford University Press, 1915).

9 United Nations, Treaty Series, vol. 1125, No. 17512.

10 Official Records of the United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court, Rome, 15 June–17 July 1998, vol. I: Final documents (United Nations publication, Sales No. E.02.I.5), sect. A.

11 United Nations, Treaty Series, vol. 1520, No. 26363.

12 Ibid., vol. 1144, No. 17955.

13 Ibid., vol. 213, No. 2889.