Conversamos con Roberto Sapiains Rodriguez sobre la Resolución Nº 60/147 de Naciones Unidas

Hace varios años que comenzamos este ejercicio por el Rescate de la Memoria y el análisis de los procesos por violaciones a los derechos humanos. Diálogos con un Sobreviviente tuvo como voz testimonial a Roberto Sapiains Rodríguez, ex-prisionero de guerra, cuya tesis fue ampliamente difundida a partir de su blog Luchando por mis Derechos. La visión principal fue sostener con lógica jurídica y hechos históricos irrefutables, que en Chile hubo un Estado Jurídico de Guerra y hubo Prisioneros de Guerra entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, fechas oficiales en que rigió el Estado de Guerra Interna, declarado por el DL Nº 5, dictado por la Junta Militar el 12 de septiembre de 1973.

Hoy ha culminado una larga brega por el reconocimiento internacional de esta situación. Naciones Unidas, a través de su Asamblea General, ha aprobado en la sesión sexagésima del 21 de marzo de 2006, la Resolución 60/147 que reconoce las violaciones graves a los Convenios de Ginebra en Chile y ha definido un procedimiento estatutario para que los órganos de Justicia y los organismos de gobierno de los Estados que han ratificado específicamente el Convenio de Ginebra relativo al Trato de Prisioneros de Guerra, apliquen dicha norma internacional a los procesos por violaciones graves a esas convenciones.

En el caso chileno, esta Resolución bloquea la Ley de Amnistía que se autoconcedió el régimen de facto y que se aplicó masivamente hasta el año 2005 por parte de la Corte Suprema.

En este contexto, es válido preguntar a Roberto Sapiains, lo que ha sucedido desde la Comisión Valech, sobre Prisión Política y Tortura, hasta lo que está sucediendo en el ámbito judicial actualmente.

Periodismo Independiente: Roberto, ¿còmo puede explicarse que el gobierno del Presidente Lagos haya fijado un silencio por cincuenta años a los resultados de la Comisión Valech, si ello es contrario a las normas internacionales sobre violaciones graves a los derechos humanos?

Roberto Sapiains: Para responderte, hay que poner en contexto los acuerdos políticos logrados entre la Concertación y la Alianza por Chile, respecto a la investigación de las violaciones de Derechos Humanos y de los crímenes de guerra cometidos por la dictadura de Pinochet. Recordemos que se comprometió con la derecha política que no se iba a investigar judicialmente nada de lo ocurrido antes del año 90, tanto en lo económico como en lo criminal. Cuando el ex Presidente Patricio Aylwin formó la Comisión Rettig y recibió sus resultados, al hablar al país por cadena nacional se le salieron las lágrimas de arrepentimiento por el terrorismo de Estado. Sin embargo, no hubo instrucción del Presidente para que el Consejo de Defensa del Estado presentara querella alguna por estos hechos criminales con resultado de muerte.

Así se cumplía el compromiso: se lamentaba verbalmente por los desaparecidos y ejecutados, pero no se accionaba en el plano judicial. Esta actitud pasa y se reafirma en el gobierno de Frei Ruiz Tagle, quien pone fin a la investigación por los pinocheques por razones de Estado. Ricardo Lagos, que había pregonado en su campaña la Verdad y la Justicia y había entregado la promesa de que se iban a investigar todos los crímenes, tanto los de lesa humanidad como los crímenes de guerra, ordenó la creación de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. El resultado fue el extenso Informe Valech, pero sobre la marcha se estableció la mordaza del silencio por cincuenta años y la imposibilidad de usar los testimonios entregados a la Comisión como antecedentes en un proceso judicial. Ese silencio sólo favorecía a los torturadores y estaba en línea con el compromiso político de no investigar ni los delitos económicos ni los crímenes de guerra cometidos durante la dictadura de Pinochet.

Periodismo Independiente: ¿Cómo reaccionaron los sectores afectados, es decir las víctimas y sus familias, frente a esto que se dio en llamar "reparaciones austeras y simbólicas" ?

Roberto: Lamentablemente no hubo un rechazo uniforme,sino que hubo divisiones marcadas por las militancias en partidos y grupos. Esto afecto la creación de una tesitura compacta y apoyada socialmente. Por ejemplo, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, que ya tenía interpuestas varias querellas criminales en contra de miembros de la dictadura, argumentando violaciones a los derechos humanos, se da cuenta finalmente que el argumento jurídico correcto era invocar la aplicación del Convenio de Ginebra relativo al Trato de Prisioneros de Guerra. Pero, importantes personeros de esa organización que adherían a la Concertación, se opusieron a ese argumento y se declararon satisfechos con la reparación austera y simbólica. Estas personas estaban de acuerdo en que se buscara mejorar los términos reparatorios a las víctimas, pero no estaban de acuerdo en denunciar e investigar hacia atrás, antes del noventa. Sin embargo, la misma Comisión Valech había reconocido en su informe final la existencia del Estado de Guerra Interno en Chile y había criticado duramente la actuación de los Consejos de Guerra. Otras organizaciones de ex Prisioneros Políticos se inclinaron por el argumento de ser presos de conciencia y no prisioneros de guerra, por lo tanto participaron de la estrategia de mejoramiento a las reparaciones.

Periodismo Independiente: Esta situación tiene una inflexión en este momento, a raìz de dictámenes de la Justicia que hacen suyos los argumentos jurídicos de la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra. ¿Consideras esto un avance hacia una verdad completa de lo ocurrido y a una Justicia que, aunque tardía, dejará un cimiento para una convivencia futura más sana en Chile?

Roberto: Sí, absolutamente, pero quiero dejar en claro que esta decisión que hoy día aplaudimos ha sido fruto de una larga lucha. Nosotros, en el Círculo de Ex-Prisioneros de Guerra de Valparaíso, estamos de acuerdo en que la gran mayoría de las personas detenidas lo fueron por persecución ideológica y no eran combatientes en contra de quienes pretendían derrocar al gobierno constitucional del Presidente Allende. Fueron víctimas de una represión indiscriminada y sangrienta que violó sus derechos humanos y que constituyen crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, es preciso aclarar que los Prisioneros de Guerra somos aquellos que fueron asì catalogados por las fuerzas armadas insurgentes y que, en tal sentido, fueron procesados por Tribunales Militares en tiempo de guerra y condenados a años de prisión por los Consejos de Guerra. Somos ese grupo de Ex-Prisioneros de Guerra los que sostenemos que cuando las fuerzas armadas rebeldes violaron gravemente el Convenio de Ginebra relativo al Trato de Prisioneros de Guerra, estaban cometiendo CRIMENES DE GUERRA sancionados en el Derecho Internacional Humanitario. Aquí cae la Caravana de la Muerte, los Fusilamientos indiscriminados, la aplicación de la Ley de Fuga y, sobre todo, la violación de los derechos procesales de los prisioneros de guerra, cuando debieron enfrentar a los Consejos de Guerra que se publicitaban en el régimen militar, denostando o calumniando a víctimas sin derecho al debido proceso.

Periodismo Independiente: Esta visión de los Ex-Prisioneros de Guerra abarcaría hechos criminales acaecidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978. A efectos de una mejor comprensión jurídica, si después de esa fecha concluyó el decretado Estado de guerra interna, ¿quiere esto decir que los crímenes posteriores sí podrían acogerse a prescripción. Cuáles serían las causas emblemáticas donde esta Resolución 60/147 de la ONU abriría espacios para una reapertura y juicio efectivo?

Roberto: Lamentablemente, cuando se aplica el Convenio de Ginebra, sólo puede ser considerado durante la vigencia del Estado Jurídico de Guerra Interna declarado por la Junta Militar. Esa misma dictadura emitió el DL 2191, mal conocido como Ley de Amnistía, y es este Decreto el que pone fin al Estado de Sitio vigente a partir del 11 de septiembre de 1973 y que el DL Nº 5 en su artículo 1º declaraba que debía considerarse como Estado o Tiempo de Guerra en Chile. En esta lógica, los crímenes cometidos por los organismos de seguridad de la Junta militar después de esa fecha, solamente constituyen crímenes de lesa humanidad. Sin embargo esta Resolución 60 que estamos comentando, obliga a los Estados a asegurar el respeto y la implementación tanto de la Ley Internacional sobre Derechos Humanos como el Derecho Humanitario Internacional, que rige los casos de crímenes de guerra.

Periodismo Independiente: Esta obligación, entonces, alcanza a todas las convenciones que establecen la protección de los derechos humanos y del derecho humanitario. Esta diferenciación que recoge la Resolución de la ONU viene a clarificar un tema de fondo, pues los Derechos Humanos se aplican en tiempo de paz y el Derecho Humanitario solamente en tiempo de guerra y respecto a los enemigos reconocidos como tales. Estas dos situaciones se dan en nuestra historia y siendo clásica la lucha por los derechos humanos en Chile, es importante reconocer ese estatus jurídico que se dio en la apertura del régimen militar, cuando todo el poder lo concentraba la Junta Militar y los enemigos eran los ex funcionarios del régimen constitucional derrocado.¿Como crees que impactará esta Resolución de la ONU?

Roberto: Si los abogados a cargo de las querellas criminales, como ya lo hizo Nelson Caucoto, solicitan a la Corte Suprema la aplicación del Convenio de Ginebra Relativo al Trato de Prisioneros de Guerra para los casos de crímenes ocurridos en el período referido, es altamente probable que se reabran todos los procesos y se derogue tácitamente la mal llamada ley de Amnistía.

United Nations A/RES/60/147

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United Nations A/RES/60/147
General Assembly Distr.: General
21 March 2006
Sixtieth session
Agenda item 71 (a)
05-49642
Resolution adopted by the General Assembly
[on the report of the Third Committee (A/60/509/Add.1)]
60/147. Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation
for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious
Violations of International Humanitarian Law

The General Assembly,

Guided by the Charter of the United Nations, the Universal Declaration of Human Rights, 1 the International Covenants on Human Rights, 2 other relevant
human rights instruments and the Vienna Declaration and Programme of Action,3

Affirming the importance of addressing the question of remedies and reparation for victims of gross violations of international human rights law and serious
violations of international humanitarian law in a systematic and thorough way at the national and international levels,

Recognizing that, in honouring the victims' right to benefit from remedies and reparation, the international community keeps faith with the plight of victims,
survivors and future human generations and reaffirms international law in the field,

Recalling the adoption of the Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human
Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law by the Commission on Human Rights in its resolution 2005/35 of 19 April 20054 and by
the Economic and Social Council in its resolution 2005/30 of 25 July 2005, in which the Council recommended to the General Assembly that it adopt the Basic Principles and Guidelines,

1. Adopts the Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and
Serious Violations of International Humanitarian Law annexed to the present resolution;

2. Recommends that States take the Basic Principles and Guidelines into account, promote respect thereof and bring them to the attention of members of the
executive bodies of government, in particular law enforcement officials and military and security forces, legislative bodies, the judiciary, victims and their
representatives, human rights defenders and lawyers, the media and the public in general;

3. Requests the Secretary-General to take steps to ensure the widest possible dissemination of the Basic Principles and Guidelines in all the official languages of the United Nations, including by transmitting them to Governments and intergovernmental and non-governmental organizations and by including the Basic Principles and Guidelines in the United Nations publication entitled Human Rights: A Compilation of International Instruments.

64th plenary meeting
16 December 2005

Annex

Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law

Preamble

The General Assembly,

Recalling the provisions providing a right to a remedy for victims of violations of international human rights law found in numerous international instruments, in
particular article 8 of the Universal Declaration of Human Rights,1 article 2 of the International Covenant on Civil and Political Rights, 2 article 6 of the International
Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 5 article 14 of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 6 and article 39 of the Convention on the Rights of the Child, 7 and of international humanitarian law as found in article 3 of the Hague Convention respecting the Laws and Customs of War on Land of 18 October 1907 (Convention IV), 8 article 91 of the Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I) of 8 June 1977, 9 and articles 68 and 75 of the Rome Statute of the International Criminal Court, 10

Recalling the provisions providing a right to a remedy for victims of violations of international human rights found in regional conventions, in particular article 7 of
the African Charter on Human and Peoples' Rights,11 article 25 of the American Convention on Human Rights, 12 and article 13 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 13

Recalling the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power emanating from the deliberations of the Seventh United Nations
Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders and General Assembly resolution 40/34 of 29 November 1985 by which the Assembly adopted the text recommended by the Congress,

Reaffirming the principles enunciated in the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, including that victims should be
treated with compassion and respect for their dignity, have their right to access to justice and redress mechanisms fully respected, and that the establishment,
strengthening and expansion of national funds for compensation to victims should be encouraged, together with the expeditious development of appropriate rights and remedies for victims,

Noting that the Rome Statute of the International Criminal Court requires the establishment of "principles relating to reparations to, or in respect of, victims,
including restitution, compensation and rehabilitation", requires the Assembly of States Parties to establish a trust fund for the benefit of victims of crimes within the
jurisdiction of the Court, and of the families of such victims, and mandates the Court "to protect the safety, physical and psychological well-being, dignity and
privacy of victims" and to permit the participation of victims at all "stages of the proceedings determined to be appropriate by the Court",

Affirming that the Basic Principles and Guidelines contained herein are directed at gross violations of international human rights law and serious violations
of international humanitarian law which, by their very grave nature, constitute an affront to human dignity,

Emphasizing that the Basic Principles and Guidelines contained herein do not entail new international or domestic legal obligations but identify mechanisms,
modalities, procedures and methods for the implementation of existing legal obligations under international human rights law and international humanitarian law
which are complementary though different as to their norms,

Recalling that international law contains the obligation to prosecute perpetrators of certain international crimes in accordance with international obligations of States and the requirements of national law or as provided for in the applicable statutes of international judicial organs, and that the duty to prosecute reinforces the international legal obligations to be carried out in accordance with national legal requirements and procedures and supports the concept of complementarity,

Noting that contemporary forms of victimization, while essentially directed against persons, may nevertheless also be directed against groups of persons who
are targeted collectively,

Recognizing that, in honouring the victims' right to benefit from remedies and reparation, the international community keeps faith with the plight of victims,
survivors and future human generations and reaffirms the international legal principles of accountability, justice and the rule of law,

Convinced that, in adopting a victim-oriented perspective, the international community affirms its human solidarity with victims of violations of international
law, including violations of international human rights law and international humanitarian law, as well as with humanity at large, in accordance with the
following Basic Principles and Guidelines,

Adopts the following Basic Principles and Guidelines:

I. Obligation to respect, ensure respect for and implement international human rights law and international humanitarian law

1. The obligation to respect, ensure respect for and implement international human rights law and international humanitarian law as provided for under the
respective bodies of law emanates from:
(a) Treaties to which a State is a party;
(b) Customary international law;
(c) The domestic law of each State.

2. If they have not already done so, States shall, as required under international law, ensure that their domestic law is consistent with their international legal
obligations by:

(a) Incorporating norms of international human rights law and international humanitarian law into their domestic law, or otherwise implementing them in their
domestic legal system;

(b) Adopting appropriate and effective legislative and administrative procedures and other appropriate measures that provide fair, effective and prompt access to justice;

(c) Making available adequate, effective, prompt and appropriate remedies, including reparation, as defined below;

(d) Ensuring that their domestic law provides at least the same level of protection for victims as that required by their international obligations.

II. Scope of the obligation

3. The obligation to respect, ensure respect for and implement international human rights law and international humanitarian law as provided for under the
respective bodies of law, includes, inter alia, the duty to:

(a) Take appropriate legislative and administrative and other appropriate measures to prevent violations;

(b) Investigate violations effectively, promptly, thoroughly and impartially and, where appropriate, take action against those allegedly responsible in accordance with domestic and international law;

(c) Provide those who claim to be victims of a human rights or humanitarian law violation with equal and effective access to justice, as described below,
irrespective of who may ultimately be the bearer of responsibility for the violation; and

(d) Provide effective remedies to victims, including reparation, as described below.

III. Gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law that constitute crimes under international law

4. In cases of gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law constituting crimes under international
law, States have the duty to investigate and, if there is sufficient evidence, the duty to submit to prosecution the person allegedly responsible for the violations and, if found guilty, the duty to punish her or him. Moreover, in these cases, States should, in accordance with international law, cooperate with one another and assist
international judicial organs competent in the investigation and prosecution of these violations.

5. To that end, where so provided in an applicable treaty or under other international law obligations, States shall incorporate or otherwise implement within
their domestic law appropriate provisions for universal jurisdiction. Moreover, where it is so provided for in an applicable treaty or other international legal
obligations, States should facilitate extradition or surrender offenders to other States and to appropriate international judicial bodies and provide judicial assistance and other forms of cooperation in the pursuit of international justice, including assistance to, and protection of, victims and witnesses, consistent with international
human rights legal standards and subject to international legal requirements such as those relating to the prohibition of torture and other forms of cruel, inhuman or
degrading treatment or punishment.

IV. Statutes of limitations

6. Where so provided for in an applicable treaty or contained in other international legal obligations, statutes of limitations shall not apply to gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law which constitute crimes under international law.

7. Domestic statutes of limitations for other types of violations that do not constitute crimes under international law, including those time limitations applicable
to civil claims and other procedures, should not be unduly restrictive.

V. Victims of gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law

8. For purposes of the present document, victims are persons who individually or collectively suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that constitute gross violations of international human rights law, or serious violations of international humanitarian law. Where appropriate, and in accordance with domestic law, the term "victim" also includes the immediate family or dependants of the direct victim and persons who have suffered harm in intervening to assist victims in distress or to prevent victimization.

9. A person shall be considered a victim regardless of whether the perpetrator of the violation is identified, apprehended, prosecuted, or convicted and regardless of the familial relationship between the perpetrator and the victim.

VI. Treatment of victims

10. Victims should be treated with humanity and respect for their dignity and human rights, and appropriate measures should be taken to ensure their safety,
physical and psychological well-being and privacy, as well as those of their families. The State should ensure that its domestic laws, to the extent possible ,
provide that a victim who has suffered violence or trauma should benefit from special consideration and care to avoid his or her re-traumatization in the course of
legal and administrative procedures designed to provide justice and reparation.

VII. Victims' right to remedies

11. Remedies for gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law include the victim's right to the
following as provided for under international law:

(a) Equal and effective access to justice;

(b) Adequate, effective and prompt reparation for harm suffered;

(c) Access to relevant information concerning violations and reparation mechanisms.

VIII. Access to justice

12. A victim of a gross violation of international human rights law or of a serious violation of international humanitarian law shall have equal access to an effective
judicial remedy as provided for under international law. Other remedies available to the victim include access to administrative and other bodies, as well as mechanisms, modalities and proceedings conducted in accordance with domestic law. Obligations arising under international law to secure the right to access justice and fair and impartial proceedings shall be reflected in domestic laws. To that end, States should:

(a) Disseminate, through public and private mechanisms, information about all available remedies for gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law;

(b) Take measures to minimize the inconvenience to victims and their representatives, protect against unlawful interference with their privacy as appropriate and ensure their safety from intimidation and retaliation, as well as that of their families and witnesses, before, during and after judicial, administrative, or other proceedings that affect the interests of victims;

(c) Provide proper assistance to victims seeking access to justice;

(d) Make available all appropriate legal, diplomatic and consular means to ensure that victims can exercise their rights to remedy for gross violations of
international human rights law or serious violations of international humanitarian law.

13. In addition to individual access to justice, States should endeavour to develop procedures to allow groups of victims to present claims for reparation and to receive reparation, as appropriate.

14. An adequate, effective and prompt remedy for gross violations of international human rights law or serious violations of international humanitarian law should
include all available and appropriate international processes in which a person may have legal standing and should be without prejudice to any other domestic remedies.

IX. Reparation for harm suffered

15. Adequate, effective and prompt reparation is intended to promote justice by redressing gross violations of international human rights law or serious violations of international humanitarian law. Reparation should be proportional to the gravity of the violations and the harm suffered. In accordance with its domestic laws and international legal obligations, a State shall provide reparation to victims for acts or omissions which can be attributed to the State and constitute gross violations of international human rights law or serious violations of international humanitarian law. In cases where a person, a legal person, or other entity is found liable for reparation to a victim, such party should provide reparation to the victim or compensate the State if the State has already provided reparation to the victim.

16. States should endeavour to establish national programmes for reparation and other assistance to victims in the event that the parties liable for the harm suffered
are unable or unwilling to meet their obligations.

17. States shall, with respect to claims by victims, enforce domestic judgements for reparation against individuals or entities liable for the harm suffered and
endeavour to enforce valid foreign legal judgements for reparation in accordance with domestic law and international legal obligations. To that end, States should
provide under their domestic laws effective mechanisms for the enforcement of reparation judgements.

18. In accordance with domestic law and international law, and taking account of individual circumstances, victims of gross violations of international human rights
law and serious violations of international humanitarian law should, as appropriate and proportional to the gravity of the violation and the circumstances of each case, be provided with full and effective reparation, as laid out in principles 19 to 23, which include the following forms: restitution, compensation, rehabilitation,
satisfaction and guarantees of non-repetition.

19. Restitution should, whenever possible, restore the victim to the original situation before the gross violations of international human rights law or serious
violations of international humanitarian law occurred. Restitution includes, as appropriate: restoration of liberty, enjoyment of human rights, identity, family life
and citizenship, return to one's place of residence, restoration of employment and return of property.

20. Compensation should be provided for any economically assessable damage, as appropriate and proportional to the gravity of the violation and the circumstances of each case, resulting from gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law, such as:

(a) Physical or mental harm;

(b) Lost opportunities, including employment, education and social benefits;

(c) Material damages and loss of earnings, including loss of earning potential;

(d) Moral damage;

(e) Costs required for legal or expert assistance, medicine and medical services, and psychological and social services.

21. Rehabilitation should include medical and psychological care as well as legal and social services.

22. Satisfaction should include, where applicable, any or all of the following:

(a) Effective measures aimed at the cessation of continuing violations;

(b) Verification of the facts and full and public disclosure of the truth to the extent that such disclosure does not cause further harm or threaten the safety and
interests of the victim, the victim's relatives, witnesses, or persons who have intervened to assist the victim or prevent the occurrence of further violations;

(c) The search for the whereabouts of the disappeared, for the identities of the children abducted, and for the bodies of those killed, and assistance in the recovery, identification and reburial of the bodies in accordance with the expressed or presumed wish of the victims, or the cultural practices of the families and
communities;

(d) An official declaration or a judicial decision restoring the dignity, the reputation and the rights of the victim and of persons closely connected with the victim;

(e) Public apology, including acknowledgement of the facts and acceptance of responsibility;

(f) Judicial and administrative sanctions against persons liable for the violations;

(g) Commemorations and tributes to the victims;

(h) Inclusion of an accurate account of the violations that occurred in international human rights law and international humanitarian law training and in educational material at all levels.

23. Guarantees of non-repetition should include, where applicable, any or all of the following measures, which will also contribute to prevention:
(a) Ensuring effective civilian control of military and security forces;

(b) Ensuring that all civilian and military proceedings abide by international standards of due process, fairness and impartiality;

(c) Strengthening the independence of the judiciary;

(d) Protecting persons in the legal, medical and health-care professions, the media and other related professions, and human rights defenders;

(e) Providing, on a priority and continued basis, human rights and international humanitarian law education to all sectors of society and training for
law enforcement officials as well as military and security forces;

(f) Promoting the observance of codes of conduct and ethical norms, in particular international standards, by public servants, including law enforcement,
correctional, media, medical, psychological, social service and military personnel, as well as by economic enterprises;

(g) Promoting mechanisms for preventing and monitoring social conflicts and their resolution;

(h) Reviewing and reforming laws contributing to or allowing gross violations of international human rights law and serious violations of international
humanitarian law.

X. Access to relevant information concerning violations and reparation mechanisms

24. States should develop means of informing the general public and, in particular, victims of gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law of the rights and remedies addressed by these Basic Principles and Guidelines and of all available legal, medical, psychological, social, administrative and all other services to which victims may have a right of access. Moreover, victims and their representatives should be entitled to seek and obtain information on the causes leading to their victimization and on the causes and conditions pertaining to the gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law and to learn the truth in regard to these violations.

XI. Non-discrimination

25. The application and interpretation of these Basic Principles and Guidelines must be consistent with international human rights law and international
humanitarian law and be without any discrimination of any kind or on any ground, without exception.

XII. Non-derogation

26. Nothing in these Basic Principles and Guidelines shall be construed as restricting or derogating from any rights or obligations arising under domestic and
international law. In particular, it is understood that the present Basic Principles and Guidelines are without prejudice to the right to a remedy and reparation for victims of all violations of international human rights law and international humanitarian law. It is further understood that these Basic Principles and Guidelines are without prejudice to special rules of international law.

XIII. Rights of others

27. Nothing in this document is to be construed as derogating from internationally or nationally protected rights of others, in particular the right of an accused person to benefit from applicable standards of due process.

Notes____________________

1 Resolution 217 A (III).

2 Resolution 2200 A (XXI), annex.

3 A/CONF.157/24 (Part I), chap. III.

4 See Official Records of the Economic and Social Council, 2005, Supplement No. 3 and corrigendum (E/2005/23 and Corr.1), chap. II, sect. A.

5 Resolution 2106 A (XX), annex.

6 United Nations, Treaty Series, vol. 1465, No. 24841.

7 Ibid., vol. 1577, No. 27531.

8 See Carnegie Endowment for International Peace, The Hague Conventions and Declarations of 1899 and 1907 (New York, Oxford University Press, 1915).

9 United Nations, Treaty Series, vol. 1125, No. 17512.

10 Official Records of the United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court, Rome, 15 June–17 July 1998, vol. I: Final documents (United Nations publication, Sales No. E.02.I.5), sect. A.

11 United Nations, Treaty Series, vol. 1520, No. 26363.

12 Ibid., vol. 1144, No. 17955.

13 Ibid., vol. 213, No. 2889.

IMPORTANTE RESOLUCIÓN 60/147 DE LA ONU

Estimados señores (as):

Debe darse la mayor difusión al documento adjunto, Resolución 60/147 de la Asamblea General de Naciones Unidas, de 2006. En nuestro Chile, todavía es "letra muerta"

Allí está el fundamento de nuestras reivindicaciones.

Nuestra propuesta de reforma procesal civil para juicios de reparación de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos tiene amplio respaldo en esos Princios y directrices básicos de la ONU.

Fraternales saludos

Víctor Rosas Vergara

ONG "UNExPP de Chile"

Nota: Incluyo otro documento adjunto. Sobre importante sentencia de la Corte Suprema contra el DL de auto amnistía y rechazo a la cosa juzgada o prescripción en crímenes de de guerra o de lesa humanidad

DURO FALLO DE LA CORTE SUPREMA EN CONTRA DE LA AMNISTÍA

Jorge Escalante

La Nación, jueves 15 de marzo de 2007

El ex director del Cuerpo de Inteligencia del Ejército y condenado por el asesinato de Tucapel Jiménez, se encontraba procesado por el homicidio del reservista Manuel Rojas, pero la jueza María Estela Elgarrista lo sobreseyó por amnistía.

En uno de los más directos y críticos fallos a los métodos de la represión y haciendo prevalecer la legislación internacional que protege los derechos humanos, incluso “por sobre la Constitución”, la Sala Penal de la Corte Suprema, acogió una casación del abogado Nelson Caucoto, y revocó el sobreseimiento definitivo por amnistía con que en marzo de 2004 una jueza favoreció al brigadier (R) de Ejército Víctor Pinto Pérez, procesado por el homicidio del reservista de la Escuela de Infantería, Manuel Rojas Fuentes.

Este hecho se enmarca en el episodio de Cerro Chena, al sur de Santiago, una de las etapas de los crímenes de Paine cometidos por oficiales y suboficiales de esa escuela después del golpe militar de 1973.

Pinto Pérez, ex subdirector del Cuerpo de Inteligencia del Ejército, DINE, está además condenado a ocho años de presidio por el asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez.

Por unanimidad de sus cinco miembros, la Sala Penal dijo en su resolución que un “delito de lesa humanidad” cuya “característica principal es la forma cruel y bestial” con que estos crímenes se cometen, no puede ser amnistiado ni prescribe por el paso del tiempo, porque así lo establecen los tratados internacionales que protegen los derechos humanos y que están por sobre la ley chilena.

Explicando por qué en el caso del reservista prevalecen los Convenios de Ginebra respecto de prisioneros de guerra, los magistrados recordaron que el régimen militar decretó el 12 de septiembre de 1973 el “estado de guerra interno”.

Aludiendo a la argumentación de la jueza María Estela Elgarrista que sobreseyó a Pinto Pérez, los ministros expusieron que “No es dable que los mismos que se asilaron en las ventajas que les concedía la referida declaración de estado de guerra (...) pretendan desconocer su valor para ignorar las sanciones que imponen los tratados de Ginebra”.

Calificando la conducta de la dictadura en materia de represión, la sala sostuvo que “por graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables los responsables de determinados ilícitos, no cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno, o que el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin sujeción al derecho o a la moral”.

Refiriéndose a la amnistía, los magistrados afirmaron que este beneficio se orienta en el fin de un conflicto interno de un país “a favorecer a los vencidos en manos de quienes controlan el poder del Estado, facilitando el reestablecimiento de la paz social”. Por el contrario, manifestaron que “la amnistía no puede ser utilizada en casos de delitos de guerra ejecutados por agentes oficiales u oficiosos del Estado, al amparo del ejercicio de un poder incontrolado”.

Por último, la sala sostuvo que toda la legislación internacional en materia de derechos fundamentales de las personas “goza de primacía constitucional en Chile”.

De esta manera, Víctor Pinto vuelve a ser sujeto penal activo en el proceso que ahora instruye la jueza Virginia Rivera, la misma que busca a los desaparecidos de Paine. LN

Fallo por muerte de reservista

Suprema ratifica criterio en derechos humanos no aplicar Ley de Amnistía

Por Héctor Cruzatt

Dictamen unánime del máximo tribunal, que ordenó reabrir la investigación por la muerte de Manuel Rojas Fuentes, fija el criterio en los casos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de la dictadura militar, al acoger plenamente la Convención de Ginebra y desechar cualquier posibilidad de prescripción para estos hechos.

Una derogación tácita de la Ley de Amnistía de 1978 es la que está llevando a cabo la Corte Suprema en los casos comprobados de detenidos desaparecidos o ejecutados políticos durante la dictadura militar, al acoger plenamente la aplicación de los Convenios de Ginebra en nuestro país y establecer que este tipo de hechos son crímenes de lesa humanidad.

El fallo de la Sala Penal que de manera unánime anuló el sobreseimiento total aplicado en el caso del conscripto Manuel Rojas Fuentes es la última muestra de un nuevo criterio del máximo tribunal, que se expresó por primera vez en la condena a la cúpula de la DINA por el caso del mirista Miguel Ángel Sandoval Rodríguez, en noviembre de 2005; y que se amplió luego del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que pidió la anulación del decreto exculpatorio de 1978 en la investigación del profesor Luis Almonacid Arellano, en octubre de 2006.

En fuentes de tribunales trascendió que los integrantes Segunda Sala del máximo tribunal acordaron aplicar un criterio común en los casos de violaciones a los derechos humanos que llegan a su conocimiento, con la idea de crear jurisprudencia en el tema, razón por la cual es muy poco probable que se vuelva a aplicar la Ley de Amnistía de 1978 para exculpar a los involucrados en violaciones a los derechos humanos.

El criterio también desestimaría la aplicación de las figuras de la cosa juzgada y la prescripción, ya que se consideran que los Convenios de Ginebra están plenamente vigentes en el país, pese a que no se han incorporado formalmente a la legislación chilena, al formar parte del denominado “derechos de las gentes”, establecido por Naciones Unidas a nivel internacional y que no requiere el consentimiento formal de los Estados miembros de la organización internacional.

"La indicada consagración del derecho de gentes y su aceptación permite considerar que existía a la época del hecho criminoso de autos, un sistema de protección de derechos obligatorio para el Estado de Chile, independientemente del consentimiento expreso de las naciones vinculadas y que se conoce como reglas imperativas de derecho internacional o “ius cogens”. Tales patrones se imponen a los Estados y prohíben los crímenes de lesa humanidad, incluso durante el desarrollo de conflictos de carácter internacional o internos. Este derecho perentorio internacional implica el rechazo “in limine” por las naciones civilizadas de injustos que repugnan a la conciencia humana y que constituyen crímenes contra la humanidad”, asegura el fallo redactado por el ministro Jaime Rodríguez Espoz.

Amnistía inaplicable

Respecto de la aplicación de la Ley de Amnistía, el fallo es claro al asegurar que no se puede aplicar en el país, ya que la propia dictadura militar reconoció la vigencia de los Convenios de Ginebra al establecer en el país el Estado de Guerra, luego del golpe militar de 1973.

“En esta perspectiva, la llamada ley de amnistía puede ser claramente incardinada como un acto de autoexoneración de responsabilidad criminal por graves violaciones a los derechos humanos, pues se dictó con posterioridad a ellos, por quienes detentaban el poder durante y después de los hechos, garantizando de esta manera, la impunidad de sus responsables. Conculcando así el artículo 148 del IV Convenio de Ginebra. (...) Que, por ende, el Decreto Ley N° 2.191, de mil novecientos setenta y ocho, debe ser interpretado en un sentido conforme con los Convenios de Ginebra, por lo que es inexequible respecto a las contravenciones graves contra los derechos esenciales determinados en ellos y cometidos en nuestro país durante su vigencia”.

Con la aplicación de este criterio por el máximo tribunal prácticamente se haría innecesaria la dictación de una ley que derogue o anule la Ley de Amnistía de 1978, ya que los magistrados no están aplicando estas normas y juzgando los hechos de acuerdos a los preceptos del Derecho Internacional sobre graves violaciones a los derechos humanos.

El fallo del reservista Manuel Rojas Fuentes llama la atención que no estuvo presente el ministro Alberto Chaigneau del Campo y firme partidario de los Convenios de Ginebra e impulsor del criterio favorable a los derechos humanos en el máximo tribunal del país; y que además los ministros Nibaldo Segura Peña y Rubén Ballesteros Cárcamo que anteriormente se han manifestado a favor de la Ley de Amnistía modificaron su criterio.

NVITACIÓN: CON MEMORIA Y ALEGRÍA, ADELANTE POR LA VIDA

De: Manuel Guerrero [mailto: mguerrero@uchile.cl]
Enviado el:* Miércoles, 14 de Marzo de 2007 15:34
Asunto:
INVITACIÓN: CON MEMORIA Y ALEGRÍA, ADELANTE POR LA VIDA

Hace 22 marzos, dos Manueles de poco más de treinta años de edad se encontraron a la entrada del Colegio Latinoamericano de
Integración, el "Latino", ubicado en Avenida Los Leones con el El Vergel, en la comuna de Providencia. La mañana de ese viernes de 1985 era ruidosa por las micros que se detenían ante el frontis de la escuela para dejar a los niños y niñas que Manuel Guerrero y José Manuel Parada recibían sonrientes mientran intercambiaban noticias sobre los esfuerzos por mejorar la educación que se hacían desde la Agrupación Gremial de Educadores de Chile y la
manera en que se podían proteger mejor los derechos de los oprimidos desde la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago. Muchas cosas sucedían aquellos días, meses y años, pero ese viernes lucía normal, todo indicaba que el comienzo del año escolar daba la bienvenida a tiempos mejores.

Sin embargo, no habían alcanzado a despedirse los Manueles cuando un silencio abismal se descargó sobre este pedazo de la ciudad, y como por arte de magia ya no pasaron más vehículos ni peatones. Por segundos se escucharon los pájaros como cuando la ciudad aún no despierta y por instantes el Latino quedó solo, desacoplado de la urbe, y los profesores tuvieron que bajar la voz al dirigirse a sus estudiantes, pues no había bulla exterior que vencer. Pero no fue magia lo ahí ocurrido, sino la fugaz aparición de la verdadera naturaleza del tiempo histórico dictatorial que, en Avenida Los Leones con El Vergel, mostró por segundos su verdadero rostro, el real fundamento de la "revolución silenciosa" que conduciría a Chile a la Modernidad a través de la generosa combinación del know-how de la Escuela de Chicago y
los manuales de "extracción de información" de la Escuela de las Américas.

Pues fueron Carabineros de Chile quienes interrumpieron el tránsito a plena luz del día para que sus funcionarios pasaran raudos a secuestrar a los Manueles sin ninguna orden de detención de Tribunales ni nada que se parezca al mínimo común múltiplo de un Estado de Derecho. Y fueron Carabineros los que sobrevolaron en helicóptero el Latino, que a ojos de los agentes estatales no era un establecimiento educacional, sino un teatro de operaciones militar, donde a la hora 08:50 una pareja de enemigos de
extrema peligrosidad para el orden público intercambiaban información fundamental para desbaratar la subversión, mientras dejaban pasar hacia el interior de la escuela de cuadros marxista, de nombre de fachada "Colegio Latinoamericano de Integración", a los futuros guerrilleros que iban ingresando de uno a uno en uniforme escolar con mochilas portadoras de material incendiario, para reunirse en salas con capacidad de 30 antisociales cada una, a cargo de un instructor que en ese momento pasaba lista. "Halcón llamando a Cóndor"; "Afirmativo, le copio"; "Observe cómo a Guerrero se le acerca un menor subversivo"; "Sí, afirmativo";
"Infórmeme qué le dice al oído, debe ser el próximo punto del Frente Manuel Rodríguez"; "Entendido, ahora lo oigo Ya mi teniente, lo pude oír perfectamente, lo registro e informo"; "No registre, comuníqueme de inmediato, que mis superiores requieren la información para procesarla"; "De acuerdo, teniente: no le dijo nada, el menor que camina como pingüino, que se parece
extremadamente a Guerrero, solo le dio un beso en la mejilla, debe
ser una clave"; "No se preocupe sargento, le consultaremos al Fanta, él decodifica y sabe de estas cosas"...

Sí, José Miguel Estay Reino, tú debes saber. Fue el último beso que le di a mi padre. Porque como si se tratara de una novela policial se lo llevaron junto a José Manuel, a pesar de la oposición del Tío Leo que ustedes balearon en la calle. Y los buscamos todo el día, toda la noche, toda la mañana. Y tú los condujiste a la "Firma" en la calle 18, donde trabajabas de agente en la Dirección de Comunicaciones de Carabineros de Chile.

En el mismo lugar donde en 1976 ya habías participado de las torturas a mi padre. Y tenías más profesores encadenados. Y luego de aplicarles tormentos que no te condujeron a nada los trasladaste en vehículos estatales a Quilicura, donde nuevamente Carabineros de Chile detuvo el tránsito de madrugada para que el degüello fuese en silencio y se pudiesen oír claritos los gritos apagados de tres seres despojados de cualquier atributo ciudadano, tres "nn" a quienes, a nombre de la cruzada de la civilización occidental en
contra del comunismo internacional, la Modernidad neoliberal dejó caer a la tierra húmeda tres "paquetes" para que se desangraran.

No es una historia bella, pero creo que debemos preservar la
memoria de estas vidas y hechos. Porque, ¿cómo olvidar lo ridículo y burdo que fue el destino de tantas personas sencillas, valiosas, algunas destacadísimas en sus ámbitos, en manos de un Estado ramplón y matonesco que nos tenía reducidos a hablar bajo, a mentir como clave para sobrevivir, a aceptar la destrucción de la unidad familiar a través de la prisión, la relegación, el exilio o la desaparición, por causa de pensar diferente? Pero, por sobre todo, ¿cómo olvidar el presente? Porque no es un ejercicio melancólico
señalar que éste está construido en buena parte sobre la barbarie
digerida rápidamente como si ya estuviese superada, mientras decenas de miles de personas que aplicaron profesionalmente tortura circulan libres, sin juicios ni castigos, sin prácticas de resocialización ni rehabilitación, "como si" aquí no hubiese pasado nada. No es que no se hayan hecho cosas, pero claramente lo hecho es insuficiente ante lo acontecido.

Y esta insistencia en recordar no tiene que ver con la presencia de
un odio acumulado, con un mal de archivo, con la compulsión excesiva a la repetición, con creer en el primado ontológico del testimonio de la comunidad de las víctimas y la cacha de la espada. Simplemente se trata de exigir y practicar nuestro derecho ciudadano a construir memoria social, a no dejar nunca de conmovernos con lo ocurrido, a repensarlo una y otra vez para redescubrirnos, y desde allí asentar nuestros compromisos e invitar a tal experiencia a nuestros hijos. Y todo ello sin necesidad de
cantar odas inconducentes al dolor e inventar héroes y mártires de bronce. Más bien al contrario.
Recordamos porque no queremos olvidar lo que fuimos y somos:
Personas que vamos a dejar a nuestros hijos al colegio para hablar sobre qué más hacemos para superar los problemas de la educación y la manera en que podemos defender y mejorar la vida de y con los oprimidos, aunque en eso se nos vaya la nuestra. Como los Manueles. Sonrientes sembrando ante el absurdo de la ilusión de poder de los helicópteros y los expertos decodificadores de la humanidad. Adelante por la vida porque simplemente vale la pena.

TE INVITO A HACERTE PARTE DE ESTE EJERCICIO DE MEMORIA VIVA, ASISTIENDO CON TUS HIJOS E HIJAS EL DÍA SÁBADO 31 DE MARZO, DE 16:00 A 20:00, EN
AVENIDA LOS LEONES CON EL VERGEL, A COMPARTIR UNA TARDE FAMILIAR, EN LA QUE JUNTO CON ESCUCHAR DIVERSOS GRUPOS MUSICALES, APRENDEREMOS A ARMAR Y DESARMAR BICICLETAS, JUGAREMOS AJEDREZ, COMPARTIREMOS CON CHINCHINEROS, EN FIN, DEMOSTRAREMOS QUE CON MEMORIA SEGUIMOS ALEGRES POR LA VIDA.

Un abrazo, los hijos e hijas de los Manueles estaremos ahí juntos a
nuestros hijos.

Manuel Guerrero Antequera.

PD: Si puedes, ayúdame a difundir esta invitación entre tus contactos. Gracias!