Diálogos con un Sobreviviente

Entrevista a Héctor Cataldo Agrupación de ExPP

2010-02-15T14:28:00.000-08:00

http://vimeo.com/4768630
Publicado en Blog Crímenes de Guerra.

Su apoyo a Frei entrega la Agrupación de Ex Prisioneros Políticos

2010-01-10T08:20:00.000-08:00

AGRUPACIÓN NACIONAL DE EX PRISIONEROS POLÍTICOS DE CHILE APOYA A EDUARDO FREI

AGRUPACIÓN NACIONAL DE EX PRISIONEROS

POLÍTICOS DE CHILE - ANEXPP CHILE

HISTÓRICA
Personalidad Jurídica Nº 753 del 4 de mayo de 2009

www.anexppchile.com

DECLARACIÓN PÚBLICA

La Dirección Nacional Ampliada de la Agrupación Nacional de ex Prisioneras y ex Prisioneros Políticos de Chile, reunida en la Escuela República Mexicana de la Comuna de Pedro Aguirre Cerda, ha resuelto, por la mayoría de los delegados asistentes, que apoyará la candidatura de Eduardo Frei a la Presidencia de la República.

Sus razones son las de la gran mayoría democrática del país: Parar a la derecha, porque no quiere una nueva dictadura, esta vez legal.

A pesar de que la Candidatura de Frei no dio respuesta al emplazamiento por medidas concretas ahora y a pesar de que la experiencia reciente es que las promesas de la Concertación son de bajísima credibilidad, la ANEXPP – CHILE HISTÓRICA se compromete a interpelar - desde el mismo 18 de enero - al nuevo gobierno para que cumpla con las obligaciones que le impone el Derecho Internacional Humanitario.

POR EL MÁS IRRESTRICTO RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS

HOY Y MAÑANA

Dirección Nacional Ampliada

ANEXPP –CHILE

HISTÓRICA

Santiago, sábado 9 de enero de 2010.-

--
Agrupación Nacional EXPP de Chile
Dirección Nacional
www.anexppchile.com

FUTUROS PASADOS PRESENTES...

2009-09-15T13:32:00.000-07:00

Amigos:

Me parece notable el argumento de don Manuel Guerrero Antequera y creo que tiene toda la razon. Las Memorias Historicas siempre han sido, son y seguiran siendo una cuestion de debate social, que como todo debate historico se prolongara en el tiempo y los "bandos" que interpretan tanto el "hecho historico" como las "actuaciones" de quienes se vieron involucrados en ellos, se disputaran sus versiones para tratar de reafirmarlas como las "unicas" y "verdaderas", criticando de paso, las versiones de los demas.

Concuerdo que en este debate historico NO pueden excluirse ninguna de las "versiones" ni "tendencias". El intentar anular una vision es declarar terminado el proceso de analisis historico, tanto como lo es el tratar de imponer una sola version. De manera que lo que queda absolutamente claro es que todos deben concurrir al debate, aportando cada cual o cada grupo o partido, lo que les parece es una version correcta que NO anule otras versiones.

Muchas personas intentan el analisis historico desde sus versiones personales o grupales, pero lamentablemente, colocan como prioritaria la "conclusion" en lugar del "proceso analitico", que es lo realmente importante. Por ejemplo, el debate de si en Chile hubo o no hubo, un "estado juridico de guerra interna".

Al plantearse el tema algunos reaccionan sosteniendo que "si reconocemos que hubo un estado juridico de guerra interna le estamos dando la razon y de paso, justificando todo el accionar de los militares golpistas". Otros sostienen que "si reconocemos que juridicamente hubo un estado de guerra interno en Chile le estamos regalando argumentos al Dictador o a sus esbirros". Me parece legitima la discrepancia, pero no me parece que ese tipo de argumentos sean los correctos para atacar, destructivamente, a esas otras personas que si piensan que en Chile hubo un estado juridico de guerra interna, tal como reconociera la Comision Valech, y que los militares que violaron las normas del Convenio de Ginebra Relativo al Trato de Prisioneros de Guerra cometieron Crimenes de Guerra.

Asi las cosas, las personas que fueron "actores" en esa epoca, ya sea obedeciendo las ordenes de sus Comandantes en las Fuerzas Armadas Chilenas, o "resistiendo" a la Autoridad Militar de Facto, y tuvieron que enfrentarse durante ese periodo historico, NO pueden asumir libre y legitimamente su identidad de "combatientes" durante el periodo historico que fuera definido como estado juridico de guerra interna. Este periodo abarco desde el mismo 11 de septiembre de 1973 al 10 de marzo de 1978, y su base legal y juridica se encuentra en el Decreto Ley N 5, de fecha 12 de septiembre de 1973, y en el Decreto Ley 2191, de fecha 18 de abril de 1978.

Por lo tanto, comparto plenamente lo expresado en su articulo por don Manuel Guerrero Antequera respecto a quienes el denomina "luchadores sociales". Muchos de ellos se convirtieron en Prisioneros de Guerra de la Dictadura porque resistieron no solo el ataque militar de las Fuerzas Armadas Golpistas, sino tambien la "represion ideologica" que instalo en Chile la Dictadura Pinochetista. Otros debieron enfrentar a los Tribunales Militares de Tiempo de Guerra que realizaron "procesos" en los cuales se violaron todas las normas relativas al "debido proceso", y finalmente, enfrentaron Consejos de Guerra que los sentenciaron a penas de muerte o a largo tiempo en prision, sin que tuvieran derecho alguno a la "legitima defensa" o a la "apelacion de sus sentencias".

Ante la historia, considerada como actividad cientifica, debemos analizar los hechos, lo que realmente ocurrio, nos guste o no no guste, nos "convenga" o no nos convenga. Cuando los hechos esten claramente asentados podemos avanzas a los por ques, a las razones que tuvo cada cual para actuar como actuo, exigiendo siempre VERDAD, JUSTICIA Y REPARACION.

Roberto Sapiains Rodriguez

Ex-prisionero de Guerra de Valparaiso.

FUTUROS PASADOS PRESENTES

por Manuel Guerrero Antequera

Publicado en Revista Analisis, 10 de diciembre de 2007.

Si hay algo que caracteriza nuestra contemporaneidad es la proliferación de memorias. En plena época en que, al decir de Marx, todo lo sólido se desvanece en el aire, una multitud de memorias vinculadas a la violencia política pasada circulan en formatos de prensa, mecanismos institucionales, soportes culturales y búsquedas personales. Acontecimientos ocurridos hace décadas sobrevienen al presente por medio de libros testimoniales, documentales, leyes y comisiones, reportajes especiales. Lo que antes parecía ser la actividad exclusiva de los directamente afectados -sobrevivientes, madres, viudas, hijos, nietos-, hoy se ha transformado en un imperativo categórico colectivo de las sociedades modernas: recordar para no repetir el pasado.

Y esto no solo en un ámbito de izquierdas. "De nuevo estamos mirando el futuro por retrovisor" se ha quejado el empresario y comentarista político conservador Sergio Melnick. "Siguen haciendo arqueología política", sentenció el timonel de Renovación Nacional con ocasión de la promulgación del Día del Detenido Desaparecido. Pareciera que a la derecha no le interesara la memoria, no obstante cada vez que el debate político se agudiza el argumento de autoridad que ésta más acostumbra esgrimir es el recuerdo del "caos" que habría caracterizado al gobierno de la Unidad Popular y la acción "rectificadora" de Augusto Pinochet que inició el "nuevo Chile". El recurso al pasado, los usos y abusos de la memoria están a la orden del día, justificando el presente, determinando un curso específico para el futuro.

Claramente no es un fenómeno que se mantenga en las fronteras nacionales. El "deber de memoria" global hace actualmente convivir a Auschwitz, el Gulag, la Operación Cóndor y el 11 de septiembre de 2001 como lo que se debe recordar para que no vuelva a suceder. El "nunca más" ya forma parte del sentido común.

¿Hay motivos para alegrarse ante tal despliegue de la memoria? Se trata sin duda de un avance frente a los "negacionistas" del pasado, quienes sostienen que no hubo cámaras de gas en los campos de exterminio nazis o que los detenidos desaparecidos de las dictaduras militares del Cono Sur son personas que se fugaron con sus amantes o fueron muertos por sus propios camaradas. Sin embargo, la marejada de memoria de la cual somos autores, testigos o simplemente consumidores no constituye, por sí misma, un motivo de tranquilidad para quienes han emprendido, durante distintos ciclos de vida, prácticas de memoria comprometida con causas sociales que trascienden el hecho mismo de recordar. Y en esto hay que hilar fino.

¿Qué es lo que recuerdan las distintas memorias, quiénes recuerdan, para qué recuerdan? Las memorias son un campo en disputa, señala la socióloga argentina Eizabeth Jelin. Se trata de procesos subjetivos, anclados en experiencias simbólicas y materiales, que luchan por otorgar sentido, desde el presente, al pasado. La memoria no es unívoca. No existe una única memoria, de ahí el plural: memorias, en conflicto. El propio consenso en torno al "nunca más" esconde procesos complejos de significación, en el que determinados sentidos asociados se han vuelto dominantes, silenciando otras posibilidades de representar el pasado desde el presente, que no obstante pugnan por aparecer. Y esto no es trivial, pues de las lecturas que se tengan del pasado se juega el futuro que desde el presente se construye como
expectativa de lo realizable.

Por ello cabe interrogarse reflexiva y críticamente: ¿"Nunca más"? ¿Nunca más qué? Nunca más el horror, sin duda. ¿Pero no será que el "nunca más" de contrabando se ha hecho extensivo al conjunto del pasado, esto es, también a la militancia política revolucionaria de quienes fueron objeto del Terrorismo de Estado? Y es que la memoria tiene también sus propios olvidos, involuntarios, pero también políticos. Como en Chile: el concepto de "víctima" ha sido la forma predominante en que se ha estabilizado una lectura presente del pasado, donde la descripción de las personas desaparecidas, ejecutadas y torturadas fija su existencia en un rol pasivo ante las circunstancias. Ello colabora a invisibilizar su identidad política revolucionaria, sus prácticas de resistencia y cambio. Por ello, si bien es del todo justo que exista un Memorial a los Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos, cabe preguntarse porqué se le ubicó en el Cementerio y no en un lugar público abierto, y si no habría que erigir un Monumento a los Luchadores y Luchadoras Sociales, con ese título, reivindicando simbólicamente a quienes intentaron una transformación radical de la sociedad con la expectativa de generar un nuevo orden con mayor grado de justicia y participación social que el actual. Se trata en la mayoría de los casos de las mismas personas, pero el sentido asociado a ellas cambia sus vidas y muertes en forma decisiva. ¿Conspiraciones de la memoria? Tal vez. Lo seguro es que hay distintas formas de ejercerla, pues se trata de un derecho. Y en esto no se puede ser neutro. Inclusive la indiferencia es una forma de relación al pasado, que es siempre una relación al y desde el presente. Hace falta mayor discusión pública en torno a las memorias, de modo que éstas realmente puedan ser plurales. Carecemos de tal espacio de resonancia en el que las distintas visiones puedan darse a conocer con algún grado mayor de igualdad, dejándose afectar las memorias unas a otras, logrando triunfos provisorios, abriendo de este modo la imaginación social hacia pasados y futuros diversos.

Basta de nostalgia. Podemos tomar distancia crítica. Que el Yo del otro, del objeto perdido no caiga sobre el nuestro. Somos más que eso. Respiremos, no pasado presente, sino futuros pasados que se abren en el presente hacia nuevos rumbos. Elaboremos. Pero desde el hoy. No desde el ayer. Recordar sí, pero nunca congelarse. Esa es la trampa mortal, el disciplinamiento esperado. Salgamos de ahí, llevemos el ritmo asumiendo de lleno la actualidad, derivando desde aquí a otros latidos. No nos quedemos fijados en un nombre junto a una fecha en un mármol frío. Desatémonos desatando las memorias a la vida. Sigamos buscando recuerdos, olvidos, nuevos deseos.

MANUEL GUERRERO ANTEQUERA.

IMPACTANTE TESTIMONIO DAN LOS EX PRESOS POLITICOS

2009-05-18T23:31:00.001-07:00

La ANEXPP CHILE organizó con éxito una marcha hacia el palacio de La Moneda el jueves 14 de Mayo recién pasado.

Unos 300 ex prisioneros y ex prisioneras, junto con familiares de los ex pp fallecidos, marchamos por la Alameda, desde la sede de la CUT y nos agrupamos en la Plaza Bulnes, frente a la Moneda.

Desde allí en grupos de 15 cros y cras, con los ojos vendados y en fila india, cada uno siguiendo al otro con una mano en el hombro, como nos llevaban a las cámaras de tortura fuimos atravesando la Alameda, escoltados por carabineros, a la ida y a la vuelta, para entregar nuestra carta la presidenta Bachelet.

Esperábamos dar una señal y los transeúntes y vehículos, tuvieron el privilegio de ver este espectáculo conmovedor, desde las 12.30 hrs hasta pasadas las 14.30, en que el último grupo entregó su misiva.

Las fotos que adjuntamos dan cuenta de esta marcha inédita frente al palacio de la Moneda.

Simultáneamente en Punta Arenas, Chillán, Concepción, San Antonio, Iquique, Arica y otras ciudades que no han confirmado aún, se hizo lo mismo.

News Alert: A.I.G. to Pay $100 Million in Bonuses After Huge Bailout

2009-03-15T08:51:00.000-07:00

News Alert: A.I.G. to Pay $100 Million in Bonuses After Huge Bailout

Esta es la PRUEBA DEL DELITO, se les paga BONUSES a las mismas personas que crearon un PRODUCTO totalmente FALSO y que lo vendieron en el Mercado Financiero sabiendo
perfectamente QUE ESOS PRODUCTOS NO TENÍAN UN RESPALDO SÓLIDO, ya que provenían de MORTGAGES cuyos Valores habían sido Exagerados.

Este negociado de la llamada SUBPRIME fue el que "CONTAMINÓ EL MERCADO FINANCIERO INTERNACIONAL" y atrajo la Especulación Desenfrenada de los Hedge Funds, que a toda costa buscaban una GANANCIA FÁCIL Y RÁPIDA. Lo mismo ocurrió con los Bancos Internacionales Europeos que invirtieron fuertemente en estos "productos de alta rentabilidad emitidos por AIG".

La diferencia es que esos Bancos ya han hecho provisiones contables y han declarado esa DEUDA IRRECUPERABLE al darse cuenta que literalmente FUERON ESTAFADOS. La pregunta es entonces obvia: ¿ Por qué el Gobierno de USA insiste en ENTREGAR DINERO DE LOS TAX PAYERS PARA EVITAR QUE AIG QUIEBRE POR SUS PÉRDIDAS? y peor aún es la siguiente pregunta: ¿POR QUÉ EL GOBIERNO DE USA PREMIA A LOS RESPONSABLES DE ESTA ESTAFA FINANCIERA ACEPTANDO PAGAR MILLONARIOS BONUSES?

Si comparamos estos BONUSES con la situación de los miles de "homeless" cuyos hogares han sido reposeídos porque no han podido cancelar sus MORTGAGES, ENTENDEMOS LA CRISIS MORAL QUE VIVE U.S.A.... LOS POLÍTICOS LE REGALAN EL DINERO DE TODOS LOS TAX PAYERS, A SUS AMIGOS LOS ESTAFADORES DE WALL STREET Y LE NIEGAN "AYUDA" A TODOS AQUELLOS COMPATRIOTAS AMERICANOS QUE ESTÁN HOY DÍA VIVIENDO EN TIENDAS DE CAMPAÑA PORQUE SUS CASAS HAN SIDO "REPOSEIDAS".

Continuemos con la Campaña de Denuncia de la Corrupción (CDDC) y reenviemos estos mails con adiciones, modificaciones o comentarios, POR FAVOR HAGA ALGO AL RESPECTO...

Saludos

Roberto Sapiains Rodriguez

---------- Forwarded message ----------
From: NYTimes. com News Alert <nytdirect@nytimes.com>
Date: Sat, Mar 14, 2009 at 8:27 PM
Subject: News Alert: A.I.G. to Pay $100 Million in Bonuses After Huge Bailout
To: robertosapiainsrodriguez@gmail.com

Breaking News Alert
The New York Times
Saturday, March 14, 2009 -- 8:23 PM ET
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A.I.G. to Pay $100 Million in Bonuses After Huge Bailout

Despite being bailed out with more than $170 billion from the
Treasury and Federal Reserve, the American International
Group is preparing to pay about $100 million in bonuses to
executives in the same business unit that brought the company
to the brink of collapse last year.

Read More:
http://www.nytimes.com/?emc=na

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¿POR QUÉ DEBEN SER LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA DE OTROS PAISES (ITALIA, FRANCIA, GRAN BRETAÑA, ESPAÑA) LOS QUE JUZGUEN A LOS CRIMINALES DE GUERRA CHILE

2008-08-25T08:12:00.000-07:00

De: roberto.sapiains (Mensaje original)

Enviado: 19/08/2008 22:50

Este artículo ha sido publicado en el diario La Nación de Chile y da a conocer lo que actualmente está ocurriendo con el ex fiscal militar Alfonso Podlech Michaud, que fue detenido en Madrid para ser enviado a Italia, donde enfrentará juicio para aclarar su responsabilidad en los Consejos de Guerra que se organizaron bajo el Estado Jurídico de Guerra Interna declarado por la Dictadura en el Decreto Ley 5, a partir del 11 de septiembre de 1973. LA REFLEXIÓN ES OBVIA: ¿POR QUÉ DEBEN SER LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA DE OTROS PAISES (ITALIA, FRANCIA, GRAN BRETAÑA, ESPAÑA) LOS QUE JUZGUEN A LOS CRIMINALES DE GUERRA CHILENOS ? ¿ES QUE EL GOBIERNO DE CHILE PRESIDIDO POR LA DOCTORA MICHELLE BACHELET, NO ESTÁ CUMPLIENDO CON LO QUE ESTABLECE LA LEY INTERNACIONAL SOBRE LOS CRÍMENES DE GUERRA? ¿POR QUÉ EL ACTUAL GOBIERNO DE CHILE SIGUE VIOLANDO LAS NORMAS DEL CONVENIO DE GINEBRA RELATIVO AL TRATO DE PRISIONEROS DE GUERRA, TAL COMO LAS VIOLÓ MASIVAMENTE LA DICTADURA PINOCHETISTA ENTRE EL 11-09-73 Y EL 10-03-78 ?

Domingo 10 de agosto de 2008

Por Paula Guerra (Madrid) y Luis Narváez (Santiago) / La Nación Domingo
Suerte del ex fiscal militar se conocerá en septiembre
Alfonso Podlech Michaud, ex fiscal militar tiene estaba de vacaciones cuando fue detenido en Madrid.
Encerrado en una pequeña celda que comparte con un mexicano, y bajo fuertes medidas de seguridad, el abogado de 83 años acusado de organizar consejos de guerra que costaron la vida a decenas de personas tras el golpe militar intenta evitar que lo envíen a Italia para ser juzgado.

Una cárcel de alta seguridad con un estricto régimen interno, que incluye uniforme, tres comidas diarias, visitas únicamente los domingos y sólo cuatro horas de patio. Allí, entre murallas altas y gruesas, espera Alfonso Podlech Michaud, el ex fiscal militar de Temuco detenido en España por su responsabilidad en la desaparición del ex sacerdote italiano-chileno Omar Venturelli Leonelli. El Centro Penitenciario Madrid V, donde se encuentra recluido el abogado chileno, es una moderna prisión construida hace menos de diez años para absorber la alta demanda que ha generado el aumento de la población penal en la Comunidad Autónoma de Madrid, la extensa región metropolitana que alberga a la capital española.

Podlech, de 83 años, se encuentra en ese lugar desde el 26 de julio, día en que la delegación hispana de Interpol descubrió su presencia en ese país. Allí comparte una celda de ocho por diez metros (con wc y ducha) con un joven mexicano que también se encuentra a la espera de una petición de extradición. No tiene televisión, radio ni ningún otro aparato electrónico. Tiene acceso, como el resto de los internos, a material de lectura. Pudo recuperar, sólo hace unos pocos días, los anteojos ópticos que le habían sido incautados durante su detención, mientras se resolvía su situación inmediata.

Tras visitar a su padre este sábado, el hijo del ex fiscal, Alfonso Podlech Delarze adelantó a LND que "por una cuestión de plazos legales, la próxima semana deberíamos tener alguna noticia sobre la permanencia de mi padre en Madrid o su ida a Italia". Esto, ante la posibilidad de adelantar su declaración ante la justicia italiana.

"Preferiría que el juez italiano vieniera a interrogarlo a Madrid o que lo hiciera a través del juez Garzón. Acá lo han tratado bien, han tenido un trato súper deferente con él y además allá está el problema del idioma", sostuvo Podlech Delarze.

ESTACIÓN MADRID

La defensa de Podlech pasó a la ofensiva el martes último, al presentar una acción judicial que pretende anular el procedimiento utilizado por el juez de instrucción español Baltasar Garzón, quien determinó su arresto acogiéndose a las disposiciones de la Unión Europea. El propio abogado de Podlech en Chile, Luis Valentín Ferrada, admite que la actuación del mentado juez, el mismo que entre 1998 y 2000 tuvo detenido durante 503 días al dictador Augusto Pinochet, fue casual, ya que a él le corresponde la función de ejecutar en España todas las peticiones de "búsqueda y traslado" que se ponen en marcha cuando una persona que es buscada por la justicia de un país comunitario es identificada en otro Estado de la UE.

La norma que regula la tramitación de personas requeridas por la justicia entre países europeos permite acelerar el procedimiento de entrega, sin necesidad de recurrir a un proceso de extradición que podría dilatar casi indefinidamente este trámite. De ahí que el octogenario abogado fuera internado en la mencionada prisión, ubicada en la localidad de Soto del Real; de no ser por la acción presentada el martes, Podlech debiera haber sido trasladado esta misma semana en Roma, para comparecer en la investigación que lleva el fiscal Giancarlo Capaldo acerca de la desaparición de Venturelli, integrante del movimiento Cristianos por el Socialismo, y otros tres ciudadanos ítalo-chilenos víctimas de la represión política de la dictadura.

Esta semana, el juez Garzón apenas apareció en público. Sólo el viernes se apersonó en los pasillos de la Audiencia Nacional, en Madrid, para notificar de su condena a un miembro del grupo separatista ETA. Sin embargo, no quiso referirse al caso del abogado chileno.

"No hablo sobre ese tema", fue lo único que explicó el magistrado, mientras salía a trote del edificio, protegido por un guardaespaldas. Funcionarios del Quinto Juzgado de Instrucción, sin embargo, señalaron que "el proceso de extradición hacia Italia está en curso; la defensa de Podlech presentó un 'incidente de nulidad' para demorar esta extradición y el juez Garzón derivó esto a la fiscalía para que lo estudien".

ESTRATEGIA DE DEFENSA

Desde el minuto en que el ex fiscal el mismo que organizó los consejos de guerra en la Araucanía tras el golpe militar de 1973 fue detenido, su familia se dirigió al abogado Luis Valentín Ferrada para que organizara su defensa.

El penalista, a su vez, contactó en España a la joven abogada Inés Cáceres Carretero, de 34 años, quien presentó la documentación que en pocas horas la convirtió en defensora privada del preso chileno. Un punto que complica a la defensa es que Alfonso Podlech, al ser notificado de la petición de la justicia italiana, aceptó la jurisdicción de los tribunales y normas, un requisito esencial (contemplado en la Ley Nº 3, del año 2003) para que el trámite sea válido.

Pese a ello, la defensa optó por redactar y presentar el incidente de nulidad. Según Ferrada, la explicación de dicha estrategia judicial es que "no hay manera de que eso haya ocurrido de manera libre y consciente, porque mi cliente no conoce la ley europea. Él es un hombre anciano, venía cansado de un viaje y fue detenido de tal forma que es muy difícil que se tome esa decisión".

El abogado defensor explica también que "es una obligación expresa del juez de instrucción adoptar todas las medidas que aseguren y garanticen de un modo pleno que la persona, cuando acepta la jurisdicción extranjera y el requerimiento, lo haya hecho libre y conscientemente. Hemos podido probar que don Alfonso no tuvo ese grado de conciencia necesario, después de una detención sorpresiva e inusual, que se le realiza recién bajado del avión".

LEY DE TERRITORIO

Luego que Garzón declaró admisible la acción, el futuro de Podlech quedó en manos del fiscal Fernando Burgos, quien debe emitir un informe recomendando a una de las salas de la Audiencia Nacional (integrada cada una por cinco jueces) si hay mérito para anular la petición. Para Ferrada, lo más grave de este escenario es que la misma ley española "dice que sólo se puede ocupar este procedimiento cuando el delito se ha cometido en el territorio del país y cuando la jurisdicción española pudiera conocer esos mismos delitos".

Una opinión distinta a la que tiene Hugo Gutiérrez, abogado querellante del caso en Chile. "Cuando uno sale del país lo hace aceptando someterse a las leyes del territorio en que se encuentra. Si un peruano esta en Chile acepta las leyes chilenas. No es posible que un abogado no sepa que la ley es territorial", señala. Gutiérrez también defiende la competencia de los tribunales españoles, teniendo como precedente el mismo caso Pinochet. "La legislación en España le dio competencia a sus tribunales para conocer delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, aunque sean cometidos más allá de sus fronteras. Si está en su país debe ser juzgado. Lo mismo que sucedió con Pinochet", explica.

ASISTENCIA DIPLOMÁTICA

Con los termómetros superando largamente los 35 grados, buena parte de Europa disfruta hoy de sus vacaciones. Agosto es el mes del feriado judicial, y por ello es que todas las partes admiten que difícilmente la suerte de Podlech se resolverá antes de septiembre.

Sin embargo, la diplomacia chilena no ha dejado al octogenario abogado abandonado a su suerte. El cónsul chileno en Madrid, Mario Quiroga, explicó a LND que la representación diplomática está brindándole el "apoyo consular" que corresponde a cualquier ciudadano chileno envuelto en una situación similar.

El propio Quiroga ha visitado un par de veces al detenido y se preocupa por su bienestar. El domingo pasado estuvo con él durante media hora y, según contó, Podlech le dijo que se sentía bien y tranquilo. El funcionario también mantiene un fluido contacto con los defensores, tanto con Ferrada como con la abogada Cáceres Carretero.

Una asistente social del Centro Penitenciario Madrid V ha sido encargada de velar por la atención médica y la provisión de medicamentos para el ex fiscal. Según Ferrada, éste sufre de un cáncer a la próstata avanzado, aunque controlado, y padece además de hipertensión arterial, aunque para ambas cosas ha recibido oportunamente sus medicamentos.

De hecho, una de las opciones que busca la defensa es que la Audiencia Nacional otorgue a Podlech la llamada "libertad alternativa", considerando su avanzada edad y su compromiso a permanecer a disposición de los tribunales.

Hasta la fecha, ningún otro organismo gubernamental o humanitario ha presentado alguna acción en contra de Podlech.

Respecto a la posibilidad de que Francia pudiera accionar Ferrada aseveró que "nunca se ha mencionado el nombre de Podlech, hasta hoy".

NO somos "un grupo de personas que sólo llevan el RENCOR en su corazón y dedican su vida a la VENGANZA"

2008-07-20T09:37:00.000-07:00

Estimados Corresponsales:
Quienes estamos interesados en la Verdad Histórica y lógicamente en la necesidad de Justicia que esa Verdad conlleva, no somos "un grupo de personas que sólo llevan el RENCOR en su corazón y dedican su vida a la VENGANZA", como parecen pensar muchos en Chile, incluyendo a importantes personeros de la Iglesia Católica. Por el contrario, el situar y definir el Contexto Histórico de los Hechos, a partir del 11 de septiembre de 1973, ha permitido que muchas personas acusadas de crímenes puedan analizar y explicar su conducta de acuerdo a los deberes que les correspondía cumplir en ese período histórico, ya sea obedeciendo órdenes superiores o habiéndose negado a cumplirlas.

Creemos que aun se piensa que el Análisis Histórico es un PELIGRO PARA LA RECONCILIACIÓN QUE EL PAÍS NECESITA y lógicamente, en respuesta, argumentamos que ESTE ANÁLISIS ES INDISPENSABLE PARA LOGRAR UNA EFECTIVA RECONCILIACIÓN, ya que se logrará la Verdad y la Justicia para todas las víctimas de cualquier lado que sean, porque en mi humilde opinión también fueron víctimas quienes se vieron FORZADOS A OBEDECER ÓRDENES SUPERIORES EN EL "ESTADO DE GUERRA INTERNA" QUE SE DECLARÓ A PARTIR DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1973 POR EL DECRETO LEY Nº 5, DICTADO POR LA JUNTA MILITAR DE GOBIERNO INSTALADA DESPUES DE LA MUERTE DEL PRESIDENTE ALLENDE.

Personalmente, como Cristiano de toda una vida, no tengo FE en la Justicia Punitiva sino en la Justicia Reparativa y habiendo sido un PRISIONERO DE GUERRA QUE CUMPLIO MAS DE CINCO AÑOS DE PRISIÓN, no creo en que la solución sea que quienes fueron MIS ENEMIGOS DEBAN SER ENCARCELADOS, en cambio SÍ CREO EN LA NECESIDAD DE QUE QUIENES FUERON RESPONSABLES DE LOS CRÍMENES DE GUERRA COMETIDOS ENTRE EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1973 Y EL 10 DE MARZO DE 1978, PERÍODO DECLARADO COMO ESTADO DE GUERRA INTERNA EN CHILE, DIGAN "TODA LA VERDAD" Y FACILITEN ASÍ EL LOGRAR JUSTICIA Y REPARACIÓN ADECUADA A QUIENES SE LES VIOLARON TODOS SUS DERECHOS COMO PRISIONEROS DE GUERRA PROTEGIDOS POR EL CONVENIO DE GINEBRA RELATIVO AL TRATO DE PRISIONEROS DE GUERRA. ESTA LEY INTERNACIONAL RATIFICADA POR EL ESTADO DE CHILE EL AÑO 1951, PLENAMENTE VIGENTE EL AÑO 1973 Y APLICABLE A LA SITUACIÓN DE GUERRA INTERNA, NO FUE RESPETADA POR LOS TRIBUNALES MILITARES DE TIEMPO DE GUERRA Y LOS "CONSEJOS DE GUERRA" QUE CONDENARON A PRISIONEROS DE GUERRA LO HICIERON EN UNA TOTAL ILEGALIDAD.

Algunos de nosotros aun estamos pagando los costos de esas "condenas" y los actuales detentores del Poder Político se niegan a ordenar al Consejo de Defensa del Estado, que inicie procesos judiciales para lograr Verdad y Justicia en crímenes que ya están comprobados en la investigación realizada por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Así se está nuevamente INFRACCIONANDO EL ARTÍCULO 129 DEL CONVENIO DE GINEBRA, esta vez por los Presidentes de la Concertación Patricio Aylwin A., Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos E. y la Doctora Michelle Bachelet, actual Presidente de la República de Chile.

No queremos VENGANZA ni tenemos ODIO en nuestros corazones, al contrario muchos de nosotros queremos PERDONAR, pero también aspiramos a un Derecho Humano básico que es el lograr Verdad, Justicia y una Reparación Efectiva a nuestros derechos violados. Esto NO ES SOLAMENTE EL LOGRAR COMPENSACIONES ECONÓMICAS SINO EL PODER LIMPIAR NUESTROS ANTECEDENTES MANCHADOS POR CONDENAS ILEGALES DICTADAS POR LOS CONSEJOS DE GUERRA Y OTROS TRIBUNALES AL SERVICIO DE LA DICTADURA DE ESE PERÍODO HISTÓRICO. Como Cristiano estoy cumpliendo con el Mensaje Evangélico, realmente tengo "hambre y sed de Justicia" y lo que busco es LA VERDAD, TRISTE Y DOLOROSA, PERO VERDAD AL FIN Y AL CABO.

Sé que éste es el Camino correcto:EL LUCHAR POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA, Y TENGO CERTEZA EN MI CORAZÓN QUE QUIENES AYUDEN A LOGRAR ESA VERDAD, FACILITARÁN LA JUSTICIA REPARATIVA Y LOGRARÁN EL PERDÓN, NO SÓLO EL MÍO SINO EL MÁS IMPORTANTE "EL PERDÓN DE DIOS"...

Con Fraternales Saludos
ROBERTO SAPIAINS RODRIGUEZ

MAX MARAMBIO, RECONOZCA SU COBARDÍA

2008-07-14T07:36:00.000-07:00

Estimados miembros de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en La Moneda:
Soy un admirador incondicional de los miembros del GAP que resistieron junto al Presidente Allende, el ataque de las Fuerzas Armadas Rebeldes que se alzaron a mano armada contra el Gobierno Constitucional del país. Fue una resistenica heroica y el debido homenaje a esa acción es una deuda que todos tenemos hacia los miembros del GAP. Además comparto totalmente las opiniones entregadas por ustedes sobre Max Marambio, ex Jefe del GAP, quien no sólo NO defendió al Presidente Allende sino que se asiló el mismo día 11 de septiembre de 1973, en un acto de cobardía que jamás ha reconocido ni pedido perdón por ello.
La carta que ustedes enviaron sobre Max Marambio ha sido publicada en este grupo que se llama "Crímenes de Guerra en Chile", ya que se refiere a la situación de los miembros del GAP que dieron testimonio de defensa del Gobierno legalmente constituido del Presidente Allende, desde el Palacio de La Moneda. La Junta Militar de Gobierno que se constituyó después de la Muerte del Presidente Allende, el día 11 de septiembre de 1973, dictó el Decreto Ley Nº 5, de fecha 12 de septiembre de 1973, en el cual declaró el Estado de Guerra Interno en todo el país a contar del día anterior, o sea, el mismo 11 de septiembre de 1973, por lo tanto "todas las operaciones militares de las Fuerzas Armadas Rebeldes fueron realizadas en Tiempo de Guerra, también el ataque al Palacio de La Moneda, sede del Gobierno Constitucional". En este contexto de Guerra Interna todos los Prisioneros de Guerra capturados por esas Fuerzas Armadas Rebeldes debían haber sido tratados de acuerdo al Convenio de Ginebra Relativo al Trato de Prisioneros de Guerra, Ley Internacional que el Estado de Chile había ratificado el año 1951 y que estaba plenamente vigente al 11 de septiembre de 1973. La violación flagrante de este Convenio de Ginebra en el caso de los miembros del GAP capturados en la batalla de La Moneda, que fueron torturados y asesinados, y posteriormente "desaparecidos" para NO dejar huella del crimen cometido, constituye un Crímen de Guerra de Lesa Humanidad de acuerdo a las leyes de la Guerra y una Infracción Grave al Convenio de Ginebra ya señalado, que ha sido declarado imprescriptible e inamnistiable por los artículos 129, 130 y 131 de ese mismo Convenio de Ginebra Relativo al Tarto de Prisioneros de Guerra, Ley Internacional que tiene prioridad de aplicación sobre las leyes chilenas de acuerdo a la Constitución Política vigente en nuestro país en la actualidad.
Con fraternales saludos.

Roberto Sapiains Rodríguez
Ex prisionero de guerra de Valparaíso.
Nota: Les envío copia de la publicación de su Carta en el Grupo Crímenes de Guerra en Chile.
---------- Mensaje reenviado ----------
De: MSN Grupos <notifications@groups.msn.com>
Fecha: 13 de julio de 2008 9:42
Asunto: Esta semana en Crímenes de Guerra en Chile
Para: "\"Crímenes de Guerra en Chile\"" <groupreports@groups.msn.com>

Comunicado de Patricia Woodward: INCULPACIÓN Y DETENCIÓN DE CULPABLES

2008-04-19T12:52:00.000-07:00

18 de abril de 2008-04-18

PADRE MIGUEL WOODWARD:

INCULPACIÓN Y DETENCIÓN DE CULPABLES

Comunicado de Patricia Woodward:

Estoy muy contenta con la noticia de que el caso de mi hermano Miguel Woodward ha dado un paso muy importante para adelante y que hay personas de la Armada procesadas que jugaron un papel relevante en las torturas que le fueron infligidas en 1973. Espero que esto significa que estamos llegando a la verdad y la justicia para Miguel y para las victimas de la Armada.

Antecedentes del Procesamiento:

34 años después del golpe de estado, y tras 6 años de investigación judicial, se ha llegado hoy a una resolución de la causa del Padre Miguel Woodward.

La Ministro Eliana Quezada ha declarado reos a:

Vicealmirante (R) Adolfo Walbaum Wieber

Vicealmirante (R) Guillermo Aldoney Hansen

Vicealmirante (R) Juan Mackay Barriga

Capitán de Navio (R) Sergio Barra Von Kretschmann

Capitán de Navio (R) Ricardo Riesgo Cornejo

Dr. Carlos Costa Canessa

Para cinco de los procesados se ha decretado la detención preventiva en las instalaciones de la Armada en Las Salinas. El sexto, para razones de salud, está detenido en su domicilio.

Se ha comprobado que fuerzas navales, siguiendo un plan y unos procedimientos preparados meses atrás por la Armada, llevaron a Miguel desde su casa en Placeres a la Universidad Federico Santa María y de allí a la Academia de Guerra Naval, donde fue torturado sin piedad. Luego, en una furgoneta manchada con su propia sangre, le llavaron al molo donde le obligaron a subir a bordo de la Esmeralda. Posteriormente fue llevado al Hospital Naval donde se pierde su rastro físicamente.

El procesamiento de los Almirantes Walbaum y Aldoney es particularmente significativo dado que, por entonces, eran respectivamente Jefe de la I Zona Naval y Jefe del Estado Mayor de la I Zona Naval. Este hecho deja en evidencia las declaraciones de sucesivos Comandantes en Jefe de la Armada, incluido el actual Almirante Rodolfo Codina: alegaron que las responsabilidades de los crímenes eran individuales, no institucionales, y que, en todo caso, ningún alto mando habría intervenido en ellos.

El Alm. Walbaum, además de su cargo naval, era el primer Intendente de Valparaíso nombrado por la junta militar. El Alm. (R) Guillermo Aldoney, tras retirarse de la Armada, empezó una exitosa carrera en el mundo empresarial. Es miembro del Directorio de la Mutual de Seguros de Chile, entidad fundada por la Armada de Chile, entre cuyos otros miembros consta el actual Comandante en Jefe de la Armada, Alm. Rodolfo Codina. En 1982, se hizo Presidente del poderoso holding Compañia de Aceros del Pacífico (CAP), por entonces controlado por CORFO; unos años más tarde consiguió privatizarlo por medio de una curiosa operación financiera.

Estrechamente vinculado a la jerarquía católica – que nunca reclamó la muerte de Miguel Woodward - el Alm. Aldoney fue nombrado responsable de la seguridad del Papa durante su visita a Chile en 1986. Su primo Jaime desapareció tras ser detenido por las fuerzas navales que estaban bajo su mando.

El Almirante Juan Mackay es Vicepresidente del Consejo de Almirantes y Generales en Retiro de Valparaíso. En 1973 asistió a las sesiones de tortura en las instalaciones navales de Valparaíso acompañado por un joven sobrino suyo, Rafael Mackay Backler. El Capitán Barra era Jefe de Inteligencia Naval en 1973 y ascendió más tarde a 2° Jefe de la DINA. El Capitán Riesco trabajó a sus órdenes. El Dr. Costa Canessa, siendo medico en el Hospital Naval, extendió un certificado de defunción en nombre de Miguel Woodward sin ver cadáver alguno.

La Jueza Quezada, una mujer dedicada y valiente, seguirá sus investigaciones, con la ayuda de la Brigada de Derechos Humanos y Asuntos Especiales. Su fin será buscar los demás autores de la muerte de Miguel junto con los encubridores y cómplices de ese crimen. Entre los testimonios específicos que serán investigadas están los entierros clandestinos por la Armada de varios detenidos desaparecidos en el Cuartel 14 del Cementerio Playa Ancha de Valparaíso.

Sin embargo, la jueza, quien ha recibido amenazas de muerte, enfrenta además la hostilidad de sus pares en la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Hace poco, por unanimidad, trataron de imponer plazos a la investigación de los cuatro casos de violaciones de derechos humanos que son de su responsabilidad. Tuvo que intervenir el Tribunal Supremo, declarando la ilegalidad de esta práctica

A pesar de que el Tribunal Supremo recomendó, además, que la Jueza diera prioridad. a sus investigaciones, el Presidente de la Corte de Apelaciones determinó, acto seguido, que, por el contrario, debía dar prioridad a integrar Sala. Esta persona, Manuel Silva Ibáñez, era muy conocido por sus resoluciones favorables a la dictadura durante los años ´80, incluido causas tales como “el caso pasaportes” y el caso de degollados que incluyó al periodista Paredes.

En cuanto a la Armada de hoy, lejos de colaborar con la justicia, la ha obstaculizado. El Alm. Cristían Millar, cuando ocupaba el cargo de Secretario General de la Armada, admitió descaradamente que un Almirante en servicio pudo haber visitado a la Ministro Gabriela Corti en el año 2004 “por su cuenta” para persuadirle que debía aplazar una prevista reconstitución de escena a bordo de la Esmeralda. Por esos mismos años el Auditor General de la Armada, Alm. Juan Antonio Galván Bernabeu, con ocasión de la entrega de la bitácora de la Esmeralda a la jueza, informó a los marinos referidos en el mismo que serían el objeto de interrogatorios judiciales. Anteriormente, un alto cargo de la Armada sin identificar había reunido a varios testigos que habían sido citados por la Ministro Corti: se pusieron de acuerdo sobre sus testimonios de antemano.

La Armada sigue igual. El Código de Justicia Militar sigue obligando a los marinos obedecer las órdenes criminales de sus jefes. Están en el primer ranking mundial en la compra de armamentos y sucesivos gobiernos han tolerado sus pretensiones “democráticas”. El 4 de mayo próximo, cuando zarpa la Esmeralda en su crucero anual por el mundo, será, como siempre, con el título de “embajador de Chile” y será la Presidenta Bachelet quien la despida..

Demandas al Estado de Chile desde Estados donde han residido las victimas demandantes

2008-02-26T07:37:00.000-08:00

Hola:

Aquí está la clave del asunto...Los tribunales franceses consideran pertinente someter a proceso a quienes aparecen como responsables de los asesinatos, en Chile y durante el Estado Jurídico de Guerra Interna declarado por la Junta Militar de Gobierno, de cuatro personas protegidas por la Potencia firmante del Convenio de Ginebra Relativo al Trato de Prisioneros de Guerra, esto es, el Estado Francés. De la misma forma, podrán reclamar jurisdicción para someter a proceso a los responsables de las Infracciones Graves al Convenio de Ginebra, cometidas en Chile durante el período 11 de septiembre de 1973 al 10 de marzo de 1978, período definido como Estado de Guerra Interna declarado legalmente en el Decreto Ley Nº 5 de la Dictadura, TODOS los demás países que hayan firmado y ratificado el Convenio de Ginebra, SIEMPRE QUE LAS PERSONAS QUE RECLAMEN LA VIOLACION DE SUS DERECHOS COMO PRISIONEROS DE GUERRA, TENGAN UNA RELACIÓN CON EL RESPECTIVO ESTADO (por ejemplo, haber sido aceptado como REFUGIADO por ese Estado o haber adquirido la nacionalidad de ese mismo país).

Recuerden que las Infracciones Graves están mencionadas en los artículos 129, 130 y 131 del Convenio de Ginebra Relativo al Trato de Prisioneros de Guerra, los cuales declaran que estas Infracciones Graves NO PUEDEN SER AMNISTIADAS NI PRESCRIBIR EN EL TIEMPO, LO QUE SE HACE EQUIVALENTE A UNA AUTOEXONERACION DE LAS RESPONSABILIDADES CRIMINALES EN TIEMPO DE GUERRA. Los Tribunales de Justicia han estado aplicando la mal llamada Ley de Amnistia, que es el desconocido Decreto Ley 2191, dictado por la Junta Militar de Gobierno el 18 de abril de 1978, QUE PUSO FIN AL ESTADO DE GUERRA EN CHILE. Y cuando se encuentran con dificultades juridicas en la aplicacion de la Amnistia contenida en este Decreto Ley 2191, que constituye una AUTOEXONERACION DE RESPONSABILIDADES CRIMINALES DE LA DICTADURA PINOCHETISTA, recurren a la "prescripcion por tiempo", la cual es inaceptable bajo los terminos de la Ley Internacional ratificada por el Estado de Chile.

LA FORMA EN QUE LOS TRIBUNALES CHILENOS HAN "MANIOBRADO" PARA DEJAR SIN EFECTO LA LEY INTERNACIONAL ES CONTRARIA A LA PROPIA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE CHILE, VIGENTE EN LA ACTUALIDAD, QUE DECLARA EXPRESAMENTE LA PREEMINENCIA DE ESA LEY INTERNACIONAL POR SOBRE LAS NORMAS DEL DERECHO NACIONAL CHILENO. Asi, tanto los Tribunales de Justicia dirigidos por la Corte Suprema Chilena, como el Poder Legislativo que ejerce el Congreso Nacional y con ellos, el Poder Ejecutivo, representado por los sucesivos presidentes elegidos por la Concertacion: don Patricio Aylwin Azocar, don Eduardo Frei Ruiz-Tagle, don Ricardo Lagos Escobar y la doctora Michelle Bachelet, SE HAN CONVERTIDO EN: "ENCUBRIDORES DE LOS CRIMENES DE GUERRA COMETIDOS POR LA DICTADURA PINOCHETISTA, DURANTE EL ESTADO DE GUERRA JURIDICO DECLARADO POR LA PROPIA JUNTA MILITAR DE GOBIERNO EN SU DECRETO LEY 5, DE 12-09-1973.

Saludos

Roberto

La otra historia de la izquierda revolucionaria

2008-02-03T05:14:00.000-08:00

El Mostrador, 3 de Febrero de 2008

''De la Brigada Secundaria al Cordón Cerrillos''
Guillermo Rodríguez y la otra historia de la izquierda revolucionaria

por Claudia Urquieta Chavarría

Autor de ''Hacia el Final de la Partida'' incursiona con un nuevo texto que busca ceñirse a los procesos históricos tal como los vivió mientras militaba en el MIR. Un relato que busca ''desmitificar'' ciertas versiones que, por ejemplo, señalan que la violencia política de la UP correspondió sólo a la izquierda. O que tienden a victimizar a los ex miristas.

Una voz rasposa, como de resfrío mal tratado o de fumador empedernido, es una de las consecuencias que el ex mirista Guillermo Rodríguez sufrió luego del envenenamiento con toxina botulínica que sufrió en diciembre de 1981 en la ex Cárcel Pública, donde estaba recluido como preso político.

El “Ronco”, como lo llaman ahora, fue uno de los cuatro sobrevivientes a este episodio, vinculado, entre otros casos, con los asesinatos del químico de la DINA Eugenio Berríos, y del diplomático español Carmelo Soria y, posiblemente, a la muerte del ex Presidente Eduardo Frei Montalva.

El año y medio que pasó en los hospitales, la soledad carcelaria y la melancolía que lo rodeaba, sumado a varios procesos por los que era probable lo condenaran a pena de muerte, influyeron enormemente en su ánimo. Y también en su pluma, que empezó ejercitar con mucha frecuencia y que lo llevó a escribir poesía “casi coloquial”, como la define él mismo, dedicada a sus compañeros muertos, amigos y familiares.

De la poesía pasaría a los cuentos y finalmente a las novelas, siendo la más conocida “Hacia el Final de la Partida”, texto inspirado en sus propias vivencias y publicado en 2006 por la editorial LOM.

Pero su último libro, que lanzará en marzo de este año, es distinto a sus anteriores publicaciones, ya que a pesar de que considera que las novelas “están bien” como creación literaria, “también hay la necesidad de disfrutar los espacios de la historia”. Y bajo este prisma, nació ''De la Brigada Secundaria al Cordón Cerrillos", que define como un testimonio real directo y que relata su militancia desde la Brigada Secundaria en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), su desempeño y retiro del grupo de amigos personales (GAP) del ex presidente Salvador Allende y el ingreso al Cordón Cerrillos, que considera una de las experiencias más importantes de su vida.

¿Por qué decidiste escribir sobre este tema quitándole el carácter novelado y ciñéndote sólo a los hechos?
- Lo escribo porque hay una disputa respecto a la historia y por lo menos tengo que decir algo sobre una serie de sucesos que muchas veces se han olvidado, ocultado, tergiversado. Y lo que estoy tratando de introducir, es la lectura que tenía la izquierda revolucionaria de la época, pero como quedamos hecho pebre obviamente esa lectura fue barrida.

¿Qué lectura es esa?
- Por ejemplo se viene instalando en la sociedad el hecho de que la violencia política en la Unidad Popular correspondió exclusivamente a la izquierda. ¡Mentira! A mí me tocó participar de la estructura de información del MIR donde hacíamos trabajo de inteligencia y veíamos cómo la derecha junto a la DC y el Partido Nacional actuaban para impedir el triunfo de Allende y todos los hechos de violencia que eso generaba: atentados, descarrilamiento de trenes, bombas.

Además, está el mito instalado por la izquierda de que los del MIR somos víctimas, el mito de los pobrecitos. Eso no es cierto. Nosotros nos preparábamos y la mayoría de las organizaciones tenía un desarrollo de una línea militar específica y no éramos pobrecitos. Estábamos conscientes de lo que estábamos viviendo.

¿Y hay otro tipo de mitos?
- Sí. Hay mitos que también conllevan al fetichismo. Por ejemplo, está el fetichismo de que los responsables de toda la violencia y lo que ocurrió son las Fuerzas Armadas de Pinochet. Claro, son los que hicieron la tarea, pero los que estaban detrás eran la clase dominante, los verdaderos dueños de este país. De esta forma, se construye una lectura de la historia unilateral fácil para digerirla rapidito donde hay buenos y malos. Y se acabó. Además, se habla del golpe de Estado como un proceso de quiebre del modelo de la UP y, por lo menos yo, afirmo que desde junio ya estaba dado, con un retroceso de masas, con una ley de control armas, con allanamiento en los cuarteles, en las industrias.

¿Y te diriges a algún sector específico para haga eco de este libro?
- A los constructores de hoy. Cuando relato la historia voy narrando las fases de desarrollo que tuvo el MIR. Explico cómo es posible que haya crecido de 20 pelagatos a 10 mil o 15 mil integrantes en un par de años. Qué problemas de conducción existieron, qué problema con la línea estratégica, con la conducción orgánica.

Por ejemplo, a través de la historia el relato se torna de repente casi kafkiano, como cuando no podíamos permitir que hubiera una disputa violenta entre una facción de la UP reformista que acusaba al MIR de contrarrevolucionario… O hechos que son casi desconocidos, como cuando el MIR se retiró del GAP y nos llevamos todo el armamento con un grupo de compañeros, entonces por algunos días el Chicho (Allende) estuvo sin ninguna seguridad.

Otro punto es cómo enfrentó el poder militar el MIR, disputa que puede parecer medio en abstracto, pero que en ese momento tenía que ver con la realidad. La discusión era ¿cómo se responde un golpe militar? ¿Con insurrección de masas, con repliegue, a qué apuestas tú? Disputas que tienen que ver con la praxis política, y finalmente el relato de por qué no pasó nada cuando llegó el golpe. Porque si has hecho tanta cosa para prepararte y cuando finalmente viene no se produce un enfrentamiento, hay que tener una explicación.

¿Y cuál sería la explicación
-Había dos o tres cosas que ya estaban instaladas en la sociedad, como el retroceso de masas, que era profundo y venía de dos o tres meses antes del golpe. Segundo, que la noción de defensa de la UP era una noción de respuesta mediante la insurrección, cuando desde el punto de vista teórico en ninguna parte del mundo la insurrección ha sido una estrategia defensiva, sino que ofensiva.

Y en tercer lugar hay un tema que tiene que ver con la información: Allende ya había acordado abdicar, ya que había decidido convocar un plebiscito y por lo tanto la apuesta que hace el MIR en ese momento es que “ya sonó este período prerevolucionario, vamos a entrar en una nueva fase, recojamos todo”.

Así, se asumió que entraríamos a un período nuevo dado por esta nueva realidad. Aunque ese no era el pensamiento de la totalidad del MIR, nosotros decíamos que el golpe era irreversible pero donde manda capitán no manda marinero. Y la decisión política erró. De hecho, ya no estábamos acuartelados ni esperando nada.

Restos de primera detenida desaparecida identificada llegan a Chile el próximo viernes

2007-12-22T12:37:00.000-08:00

Política, La Tercera
Restos de primera detenida desaparecida identificada llegan a Chile el próximo viernes

Cristina Carreño es la primera víctima chilena en la denominada Operación Cóndor.

22/12/2007 14:53

El viernes 28 de diciembre serán repatriados desde Argentina, lo restos de la dirigente de las Juventudes Comunistas, Cristina Carreño, la primera víctima chilena en la denominada Operación Cóndor, y cuyas osamentas fueron identificadas recién este año.

La disidente al régimen militar de Augusto Pinochet fue arrestada en Buenos Aires en 1978, en el marco de este plan de inteligencia de las dictaduras imperantes en ese entonces en el cono sur, y para neutralizar a los grupos de izquierda.

Los restos de la dirigente de la JJ.CC. fueron encontrados en 2005, en las costas de La Plata y recién el año pasado, hubo plena certeza de que el cadáver correspondía al de Cristina Carreño, lo que hizo acelerar su traslado a Chile luego de casi 30 años de búsqueda por parte de sus familiares.

Sobre este caso, y fustigando el accionar del Gobierno en esta materia, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, expresó que "en este país ha habido nula voluntad política para enfrentar el tema y la pronta llegada de Cristina será una bofetada en el rostro al Gobierno y a las autoridades".

A renglón seguido, recordó fallidas instancias como la Mesa de Diálogo promovida por La Moneda y los errores del Servicio Médico Legal (SML) en torno a la individualización de restos de detenidos desaparecidos exhumados en el Patio 29 del Cementerio General.

Por su parte y complementando las afirmaciones de Pizarro, el secretario general del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, añadió que "esperemos que esta aparición, que fue un gran campanazo para el Estado argentino, lo sea también para nuestro país", recalcando que "la llegada de Cristina Carreño es un símbolo de significación muy grande y marca fuerte y completamente a nuestro partido".

CRISTINA CARREÑO

Cristina Carreño, dirigente de las Juventudes Comunistas (JJ.CC.), murió a los 33 años luego de haber sido detenida en Buenos Aires en el marco de la `Operación Cóndor`, plan de carácter políticomilitar conformado entre los diversos regímenes autoritarios latinoamericanos.

Agradeciendo a la EAAF las gestiones para identificar el cadáver encontrado como el de su hermana, Dora Carreño, aseguró que "todavía falta lo más importante que es la justicia, sin eso no hay ni habrá reparación, sin embargo es importante lograr algo de paz luego de años de angustia".

Siempre aludiendo al concepto de justicia, Lorena Pizarro aseveró que "nuestra agrupación siempre ha sido de una línea y la actividad que tenemos planificada para recibir los restos de Cristina también es una convocatoria para decir claramente que no queremos más impunidad", recordando que en Chile todavía quedan 78 cuerpos de mujeres en que no existe claridad sobre su paradero.

Más explícito aún, Lautaro Carmona dijo que "esta llegada es un símbolo para todos quienes dan pelea por ideales justos y la aparición de Cristina habla por sí sola respecto a cuánta razón hemos tenido con nuestra lucha a lo largo de los años", remarcando que la fallecida militante de su colectividad "fue víctima de una verdadera operación terrorista denominada Operación Cóndor".
UPI

Impactante reportaje evidencia papel de Cheyre en hechos del 73

2007-12-22T11:40:00.000-08:00

Jueves 20 de diciembre de 2007 Por Jorge Escalante / La Nación
Condenados militares autores del crimen de sus padres que se disfrazó de “suicidio”
La historia del niño huérfano que Cheyre entregó a las monjas
Corte de Santiago sentenció a diez años a los autores materiales de los asesinatos en 1973 en la IV Región. El entonces teniente Juan Emilio Cheyre entregó a las monjas al hijo de dos años que sobrevivió, con la versión falsa del suicidio de sus padres.
Ernesto quedó sólo en la mina abandonada en la Quebrada de Gualliguaica, en el valle del Elqui, cerca de la frontera con Argentina. Tenía dos años de edad, y vio morir a sus padres acribillados por los militares del regimiento Arica, de La Serena, el 8 de diciembre de 1973.
No sabe cómo, pero horas después fue entregado al convento de las religiosas de La Providencia, en La Serena, para que se encargaran del huérfano. Llegó en los brazos del teniente Juan Emilio Cheyre.
El destino sentenció que 30 años después, el portador del infante fuera ungido comandante en jefe del Ejército. La falsa versión oficial que también se entregó a las religiosas, fue que los padres de Ernesto "se suicidaron dinamitándose".
Pero el niño del convento creció y hoy, a los 37 años, Ernesto Ledjerman Ávalos, ciudadano argentino residente en Buenos Aires, e incansable buscador de justicia para el crimen de sus padres, se convirtió en el querellante que a partir de ayer dormirá más tranquilo, acompañado por la sensación de que se reparó en parte el daño causado.
Ayer, la Novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago condenó a la pena de diez años y un día a los autores materiales de los homicidios calificados del ciudadano argentino Bernardo Ledjerman Konujowska, y la mexicana María Ávalos Castañeda, los padres de Ernesto. Estos son el brigadier (R) que no llegó de ascender a general, Fernando Polanco Gallardo, y los suboficiales (R) Luis Fernández Monje y Héctor Vallejos Birtiola.
NUNCA CONTARON LA VERDAD
El ex jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre y el entonces comandante del regimiento Arica, de La Serena, coronel Ariosto Lapostol, del cual Cheyre era su ayudante, no resultaron condenados pues el tribunal consideró que no tuvieron participación en el delito. Sin embargo, ninguno de ellos reveló nunca a la justicia la verdad de cómo murieron los padres de Ernesto, alegando desconocerla.
En calificación de la parte querellante, con su dictamen la sala reparó así "la tremenda injusticia" cometida por el juez Joaquín Billard redactor de la sentencia de primera instancia y último instructor de la causa, que absolvió a los autores del crimen considerando que el delito se encontraba prescrito por el transcurso del tiempo.
Desde hace tiempo Billard es criticado por abogados querellantes y organismos de derechos humanos porque -a su juicio- "no investiga y exculpa a los autores de crímenes de lesa humanidad".
"Estamos muy contentos por esta sentencia", declaró Ernesto Ledjerman a La Nación desde la capital argentina, representado en Santiago por el abogado Héctor Salazar.
Recordó con emoción que, además de la pérdida de sus padres cuando recién se asomaba al borde de la vida, luego de abandonar el convento entregado a las autoridades argentinas, "debí trabajar duro desde los once años porque mis abuelos con los que viví en Argentina recibían una pensión muy baja, Pero luché y me hice técnico electrónico, a pesar de todas las privaciones que enfrenté".
La Novena Sala condenó además al fisco a pagar 300 millones de pesos a Ernesto Ledjerman, como acción reparatoria material por el daño moral y síquico ocasionado.
En opinión de Ernesto, la sala dictó también justicia "porque de manera incomprensible, el Consejo de Defensa del Estado chileno se opuso a esta reparación, aduciendo algo increíble: que la acción civil reparatoria prescribe a los cuatro años, lo que quiere decir que yo, el único hijo, debí interponer esa demanda cuando tenía seis años, y cuando en Chile se vivía el tiempo más duro de la represión".
Ahora las condenas pasarán el filtro de la Sala Penal de la Corte Suprema, que sistemáticamente viene rebajando las penas a los violadores de derechos humanos.

Asesinato con una larga historia

2007-12-22T11:28:00.000-08:00

Por Jorge Escalante / Lanacion.cl
Mujer asesinada cierra círculo de violentas muertes en familia militar

El brutal crimen de María Soledad Lapostol Luco se vincula a la trágica relación de su tío Ariosto Lapostol con la Caravana de la Muerte, y de su hermano Patricio Lapostol Amo, su primo hermano, quien sirvió de testigo en ese caso judicial.

El brutal asesinato de María Soledad Lapostol Luco cierra el círculo de una familia militar marcada por muertes violentas. El padre de la víctima es Alfredo Lapostol Orrego, un coronel de la Fach en retiro. Su tío, Ariosto Lapostol Orrego, es el coronel retirado del Ejército que en el regimiento de La Serena discutió con el general Sergio Arellano Stark la orden de asesinar 15 prisioneros en octubre de 1973, pero al final la acató. Y su prima hermana, María Eliana Lapostol Amo, hija de Ariosto, que ayer estuvo junto al cuerpo hallado en Ñuñoa, es teniente coronel de Ejército en servicio activo y se desempeña en la subsecretaría de Guerra del Ministerio de Defensa.

Ariosto Lapostol no llegó a ser procesado por los 15 asesinatos de la Caravana de la Muerte el 16 de octubre de 1973 al interior del regimiento “Arica” de la Serena, del cual era su comandante, pero sí lo fue por los homicidios del ciudadano argentino Bernardo Ledjerman y la mexicana María Avalos, padres de Ernesto, el niño huérfano que el entonces teniente Juan Emilio Cheyre entregó en 1973 a las monjas de La Serena para que se hicieran cargo de él.

Pero la Corte de Apelaciones de Santiago salvó esta semana a Ariosto Lapostol y Juan Emilio Cheyre, porque no les consideró responsabilidad en los asesinatos de los padres de Ernesto Ledjerman, aunque dijeron a las monjas y a todos que la pareja extranjera “se suicidó dinamitándose”.

El ayudante de Ariosto Lapostol en el regimiento “Arica” de La Serena, era el entonces teniente Juan Emilio Cheyre. Años después llegó a ser el comandante en jefe del Ejército y hoy es un general retirado y director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica.

En la oficina

Ariosto Lapostol entró aquel 16 de octubre de 1973 a la reunión con Arellano Stark en su oficina del regimiento. También estaban Cheyre y el “Ronco” Marcelo Moren Brito, conocido también como “El Chacal” de la Caravana por la crueldad con que actuó contra los prisioneros.

Lapostol resistió brevemente esa mañana la orden que Arellano traía del dictador Pinochet para asesinar detenidos en el sur y norte del país para “acelerar los juicios” que nunca existieron. Después, disfrazaron los crímenes de “intentos de fuga” o de falsos consejos de guerra, como en el caso de La Serena.

Pero al final de la breve reunión, Ariosto Lapostol y Cheyre no volvieron a chistar y bajaron la cabeza ante la orden. Quince prisioneros fueron sacados por Moren Brito y el pelotón de la Caravana desde la cárcel. Algunos ya cumplían condenas bajas dictadas igualmente por irregulares consejos de guerra realizados por Lapostol y sus oficiales. Todo quedó acreditado en el proceso por el episodio de La Serena de la Caravana de la Muerte.

Los quince prisioneros acribillados por los hombres de Arellano quedaron tendidos en el piso del polígono de pistola del cuartel. Entonces, Arellano ordenó a Lapostol que juntara a sus oficiales más jóvenes, incluido su ayudante Cheyre, para que remataran a los detenidos con un tiro en la cabeza. Así ocurrió, de acuerdo al testimonio judicial del capitán de aquel regimiento, Pedro Rodríguez Bustos, aportado en el proceso al juez Juan Guzmán.

Según Rodríguez, el tiro de gracia lo dieron Cheyre, y los también jóvenes oficiales: Jaime Ojeda Torrent, Hernán Valdebenito Bugman, Mario Larenas Carmona (fue después director de la Escuela Militar), Guillermo Raby Arancibia, Julio Lafourcade Jiménez, y el médico militar Guido Díaz Pacci.

El comandante Lapostol decidió no entregar los cuerpos a los familiares y ordenó que éstos se ocultaran en una fosa sin nombres en el cementerio de La Serena. Así se hizo.

Después mandó al teniente Cheyre a que publicaran en el diario El Día de La Serena del 17 de octubre de 1973, un bando en que se informó que los quince prisioneros murieron “ejecutados conforme a lo dispuesto por los Tribunales Militares en tiempo de guerra”.

Cuando el 11 de noviembre de 1998 recién fueron encontrados y exhumados desde la fosa clandestina en el cementerio de La Serena los restos de los quince prisioneros, los protocolos de autopsia practicados posteriormente a las osamentas en el Servicio Médico Legal de Santiago, confirmaron la revelación del capitán Rodríguez Bustos, que muchos calificaron en un comienzo de falsa.

Además de los múltiples impactos de disparos en distintas partes del cuerpo, todos presentaban un orificio de bala en el cráneo, con dirección desde arriba hacia abajo. Era la prueba científica de que efectivamente fueron rematados en el suelo, como se registró en los documentos medicolegales.

Encuentro en Calama

Tres días después de su paso por La Serena, la Caravana de la Muerte volvió a asesinar en Calama a 26 prisioneros políticos. Aquel 19 de octubre de 1973, Moren Brito se cruzó en el regimiento de Calama con un joven subteniente y lo insultó. “¡Miren quién aparece aquí, espero que no te comportes como el maricón y cobarde de tu padre en La Serena!”

El joven oficial era Patricio Lapostol Amo, hermano de María Eliana, ambos hijos de Ariosto. Al joven subteniente le tocó ver aquel 19 de octubre los 26 cuerpos masacrados a metralla y corvo en la pampa. Murieron a manos de los hombres de Arellano y oficiales del regimiento Calama escogidos por El Lobo, como llamaban a Arellano. Lapostol Amo no formó parte de aquel grupo escogido por Arellano.

En 1998, Patricio Lapostol relató al juez Juan Guzmán su encuentro con Moren Brito en Calama, incluidos los insultos. Contó que por todo lo ocurrido se truncó su carrera militar y debió renunciar al Ejército en 1975.

Fiscalía indaga “secuestro con resultado de muerte”

Mientras deudos pidieron “justicia” por el “siniestro” crimen de María Lapostol durante su velatorio, en tribunales se confirmó la hipótesis de un mortal plagio.La negativa oficial de hablar de plagio luego del hallazgo del cadáver de María Soledad Lapostol, pese a que todas las evidencias apuntaban a ese concepto, terminó hoy cuando la Fiscalía que investiga el caso asumió que la tesis es de “secuestro con resultado de muerte”.

Esas palabras fueron utilizadas por el fiscal Jorge Reyes esta mañana durante la audiencia de control de detención del hasta ahora único aprehendido por el crimen, Leonel Esteban García Álvarez (42), capturado por el uso de una tarjeta que perteneció a la víctima.

De acuerdo al representante del Ministerio Público, "lo que tenemos claro es que la persona, la víctima, estuvo privada de libertad desde las 18:20 horas hasta las siete de la mañana del día siguiente, cuando fue ubicada".

Si bien la hipótesis de la Fiscalía debe ser confirmada por el tribunal, los antecedentes en que se afirma que hubo llamadas de la víctima a amigos y a su esposo anunciando que estaba retenida y un mensaje de texto en que se fija en $50 millones su rescate, fundamentan esa línea investigativa.

La familia, que tenía programado para esta tarde el funeral de la corredora de propiedades de 55 años en el Cementerio Parque del Recuerdo, sostuvo desde un comienzo dicha tesis.

Esta mañana, el féretro con el cuerpo de la fallecida llegó para su velatorio a la parroquia Santa María de Las Condes, en donde a las 14 horas comenzó una misa para luego trasladarla al campo santo de la comuna de Huechuraba.

En el lugar, los deudos relataron su tristeza y pidieron justicia. “Sentimos dolor porque esté pasando esto en el país, la familia está muy afectada queremos justicia y que se encuentren a los culpables”, “es un momento muy doloroso, siniestro y que no tiene explicación”, “esperamos que encuentren luego al culpable y que reciba el castigo que merece”, fueron algunas de las expresiones que se escucharon antes del sepelio.

Inspección histórica a bordo del buque escuela Esmeralda

2007-12-13T07:11:00.000-08:00

Jueves 13 de diciembre de 2007.



Por Jorge Escalante / La Nación
Jueza Quezada indagó torturas junto a ex prisioneros, oficiales (R) y hermana de Woodward
Inspección histórica a bordo del buque escuela Esmeralda
La ministra Eliana Quezada rehizo los hechos por cinco horas y denegó petición de la Armada para que un oficial abogado estuviera presente y tomara nota de las diligencias.

Acompañada de seis ex prisioneros políticos, de la hermana del sacerdote desaparecido Miguel Woodward, de oficiales de la Armada retirados -pero activos en 1973- y de funcionarios de la Policía de Investigaciones, la ministra de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Eliana Quezada, inspeccionó ayer por más de cinco horas el buque escuela Esmeralda anclado en el molo de Valparaíso.

La inspección fijó procesalmente los hechos ocurridos a bordo de la nave en los días posteriores al golpe militar, que constituyeron delitos de lesa humanidad por los que la jueza instruye varias causas.

Esta es la primera vez que un miembro del Poder Judicial realiza una diligencia de este carácter a bordo de la Esmeralda, buque que sirvió de cárcel flotante al menos por 15 días a partir de la asonada militar del 11 de septiembre de 1973.

EX PRISIONEROS

Entre los oficiales (R) citados por la ministra a bordo del barco para reconstituir hechos estuvo el ex integrante del cuerpo de almirantes de la Marina, médico Kenneth Gleise Joo, y un oficial (R) de apellido Riesco que integró el equipo que se hizo cargo de maltratar a los detenidos.

Algunos de los ex prisioneros convocados por la jueza para que aportaran datos de lo vivido en aquel tiempo, fueron el médico y actual concejal de Valparaíso Alberto Neumann, y las ex detenidas María Eliana Comené y Rosa Huerta.

MALHERIDO

El médico Kenneth Gleise servía en 1973 a bordo del buque Latorre que permanecía anclado en el molo cerca de la Esmeralda con los prisioneros. Desde el buque escuela se pidió al Latorre un médico para atender a Woodward que estaba mal herido a causa de las torturas. Gleise concurrió y dijo que había que trasladar de urgencia al sacerdote al Hospital Naval de Playa Ancha pues estaba grave. Woodward llegó muerto al hospital y la inteligencia naval escondió su cadáver en una fosa en el cementerio de Playa Ancha, como está acreditado en el proceso. El cuerpo desapareció hasta hoy.

PROCESADOS

Testigos que participaron ayer en la inspección afirmaron a La Nación que la Armada pidió a la jueza que un abogado de la institución estuviera presente en las diligencias, pero la magistrada se opuso.

Patricia Woodward, hermana del desaparecido sacerdote anglo-chileno que militaba en el MAPU y que en la inspección participó ayer junto a su esposo Fred Bennett, dijo "hemos compartido un momento histórico. Para nosotros fue una gran satisfacción y agradecemos a la jueza. Esto refuerza su trabajo y ahora esperamos que pronto habrán procesados por este crimen".

Las Memorias Historicas

2007-12-12T20:04:00.000-08:00

Amigos:

Roberto Sapiains Rodriguez

Ex-prisionero de Guerra de Valparaiso.

Naciones Unidas emite un No a la Impunidad

2007-04-04T08:53:00.000-07:00

Naciones Unidas emite un No a la Impunidad

Culmina una campaña libertaria del Periodismo Independiente.

Haber abordado el Rescate de la Memoria en el blog Diálogos con un Sobreviviente, constituyó una forma de transmitir a las nuevas generaciones un testimonio realista de una época que ha estado cruzada por intereses, ideologías y presiones. La historia requiere de la verdad y ella se construye colectivamente, con las visiones de todos los que fueron actores, principales o secundarios, de los escenarios políticos y sociales de un período de convulsión.

En este orden de ideas, a mediados del año 2005, abrimos este blog para ir dejando nuestra voz y la de protagonistas del período más violento de la historia reciente, a partir del golpe de Estado hasta la década de los ochenta, cuando se vivieron los procesos de transición que culminaron con el traspaso del gobierno a fuerzas democráticas, en una realidad política que no ha alcanzado aún a transparentarse, aunque sus efectos y consecuencias sociales se hacen cada vez más visibles en la realidad de un sistema concentrador de la riqueza y de exclusión metódica de la disidencia al modelo neoliberal.

Colocar esta temática en el tapete, dando tribuna a quienes no pueden acceder a los medios oficiales, resultó una acción contestataria y libertaria. Roberto Sapiains fue el primer interlocutor de estos Diálogos y él, a su vez, abrió el blog Luchando por mis Derechos. El tema es que la persistencia y convicción sobre la realidad jurídica de los Ex Prisioneros de Guerra significó colocar sobre la mesa un aspecto crucial para que se haga verdad y justicia en Chile.

Vamos a conversar con Roberto sobre la cronología de acciones que él fue desplegando, a través de Internet, para tocar distintas instancias de la institucionalidad nacional e internacional, hasta lograr que sus argumentos fuesen oídos y recogidos por la Resolución 60/147 de Naciones Unidas.

Periodismo Independiente: ¿Por qué se creó el Círculo de Ex Prisioneros de Guerra?

Roberto Sapiains: La razón es simple, porque cuando se declaró el Estado de Guerra en Chile, el mando militar que se había rebelado en contra del gobierno constitucional del Presidente Allende, comenzó a actuar contra un enemigo interno que ellos mismos definieron, esto es, los ex miembros del gobierno del Presidente Allende y los dirigentes de la Unidad Popular. Para fundamentar su represión realizaron operaciones militares de tiempo de guerra, capturaron prisioneros, establecieron campos de concentración y establecieron los tribunales militares de tiempo de guerra. Esta fue su lógica de ocupación militar de la institucionalidad. Disolvieron el Parlamento, ocuparon la Justicia y negaron los derechos civiles.

Podemos discutir si nosotros, los militantes de la UP, estábamos de acuerdo o no con esa lógica, y la mayoría estamos en desacuerdo. Pero no se puede negar ni la realidad del golpe de estado ni la realidad de que se declaró un estado jurídico de guerra interna, porque no sea de nuestro agrado el que ello ocurriera. Así fueron las cosas y fuimos etiquetados como los enemigos y detenidos como prisioneros de guerra.

Quienes tuvimos Consejos de Guerra y fuimos condenados por la falsa acusación de haber cometido crímenes de guerra, podemos escoger perfectamente nuestra opción de declararnos ex prisioneros de guerra y reclamar las violaciones que respecto a ese estatus jurídico se cometieron en infracción al Convenio de Ginebra relativo al Trato de Prisioneros de Guerra.

Estamos de acuerdo sí, en que esta categoría no calza a todos los detenidos que fueron calificados en Comisión Valech, pues la gran mayoría fueron prisioneros de conciencia y se declaran legítimamente Prisioneros Políticos.

Periodismo Independiente:¿Cuál fue la estrategia que han seguido Uds. para ser oídos por la clase política, por las instituciones nacionales e internacionales?

Roberto Sapiains: Para contestarte debo referirme a lo que no hicieron los gobiernos de la Concertación hasta la fecha, respecto a Verdad y Justicia. Se trató por todos los medios de acallar a todos quienes estaban planteando la necesidad de Reparación de las víctimas de la represión, tanto Prisioneros Políticos como Prisioneros de Guerra. Ante esto, el año 1997 sacamos a la luz pública una declaración del Círculo de Ex Prisioneros de Guerra, que distribuimos entre la clase política.

Por supuesto que no hubo reacción alguna, incluso nos negaron el derecho a convertirnos en una organización con personalidad jurídica. En algún cajón del Ministerio del Interior quedó nuestra petición en tal sentido. Lo único que nos favoreció fue el arresto de Pinochet en Londres y la necesidad que tuvo el Presidente Frei de rescatarlo con su enviado especial, el Ministro Insulza. De allí se originó la Mesa de Diálogo que culmina con el reconocimiento público y oficial de los crímenes cometidos por los organismos de seguridad de la dictadura de Pinochet. Nosotros en nuestra declaración pública del año 1997 habíamos denunciado todos los crímenes que se reconocieron posteriormente en esa mesa de diálogo.

Pero, continuando con su política de encubrimiento, el Presidente Frei no instruyó querella alguna para hacer justicia y castigar a los responsables de aquellos crímenes. Fue el gobierno de Lagos, obligado por su promesa electoral, el que creó la Comisión sobre Prisión Política y Tortura. Nosotros presentamos todas nuestras denuncias ante esa Comisión, que en su informe final reconoce el Estado Jurídico de Guerra Interna y la infame actuación de los Consejos de Guerra. La tortura masiva, el asesinato de prisioneros, la desaparición de los cuerpos, la sepultación ilegal y la posterior exhumación para arrojar sus restos al mar, han quedado claramente constatados por el Informe Valech, como crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad.

Es aquí cuando el Presidente lagos debería haber accionado judicialmente en contra de quienes resultaren responsables por tales atropellos, pero, muy por el contrario, se decretó el silencio de los testimonios de ese informe por 50 años.

Frente a todo esto, mi lucha fue difundir una denuncia de incumplimiento de las normas del Convenio de Ginebra por parte del Estado de Chile, en todos sus poderes.

Periodismo Independiente: Recordemos para el lector que fue el momento en que desde tu blog Luchando por mis Derechos iniciaste una serie de cartas públicas, dirigidas al Presidente de la República, al Senado, a la Cámara de Diputados y al Poder Judicial, invocando el derecho de petición que fija el art.19 de la Constitución. Además, tus documentos comenzaron a ser leídos por todas las organizaciones de derechos humanos, en Chile y en el extranjero. Entiendo que también se hizo llegar esta información al Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza. Ahora, es sorprendente que todos los argumentos desplegados hayan sido recogidos por Naciones Unidas. ¿Cómo es que se llega a esta instancia internacional y se logra ser oído?

Roberto Sapiains: Al mismo tiempo de publicar las cartas en el blog preparé una solicitud de comisión investigadora de las infracciones graves al Convenio de Ginebra, que presenté ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el día 15 de diciembre de 2005. Yo sabía, como me lo ratificó el abogado de la Comisión que no se iba a acceder a nuestras peticiones, debido al acuerdo político imperante con la oposición. Pero esta presentación, con su acuse de recibo, nos permitió acudir a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a fines del año 2005.

Obviamente, nuestra comunicación influyó en algo para que la ONU adoptara en su sexagésima Sesión de la Asamblea General esta Resolución 60/147 del 21 de marzo de 2006.

Periodismo Independiente: Es un hecho político de innegable trascendencia histórica. Porque en esa Resolución se reconoce el derecho de los Prisioneros Políticos, de acuerdo a las convenciones de Derechos Humanos, y el derecho de los Prisioneros de Guerra, de acuerdo a la Convención de Ginebra relativa al Trato de Prisioneros de Guerra.

Esta campaña que has cumplido con tesón y convicción, abre puertas a la revelación histórica de aquellos hechos que fueron amnistiados en un acto que viola la esencia de las mencionadas convenciones internacionales. La imprescriptibilidad de esos crímenes permite una esperanza cierta de que se hará justicia y que el derecho internacional se aplique de una vez por todas en contra de los intentos de impunidad y amnesia política.

El hecho de que haya sido una campaña que se generó a partir de estos Diálogos con un Sobreviviente, tiene el valor agregado de lo que significa el Periodismo Independiente y la existencia de la plataforma de Internet, que permite alternativas directas de comunicación, que no pueden ser impedidas por los sistemas oficiales. Es una lección de la efectividad de las redes solidarias del civismo internacional, por la paz y por la dignidad humana y de ello nos congratulamos como medio alternativo y libertario.

Conversamos con Roberto Sapiains Rodriguez sobre la Resolución Nº 60/147 de Naciones Unidas

2007-04-03T11:06:00.000-07:00

Hace varios años que comenzamos este ejercicio por el Rescate de la Memoria y el análisis de los procesos por violaciones a los derechos humanos. Diálogos con un Sobreviviente tuvo como voz testimonial a Roberto Sapiains Rodríguez, ex-prisionero de guerra, cuya tesis fue ampliamente difundida a partir de su blog Luchando por mis Derechos. La visión principal fue sostener con lógica jurídica y hechos históricos irrefutables, que en Chile hubo un Estado Jurídico de Guerra y hubo Prisioneros de Guerra entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, fechas oficiales en que rigió el Estado de Guerra Interna, declarado por el DL Nº 5, dictado por la Junta Militar el 12 de septiembre de 1973.

Hoy ha culminado una larga brega por el reconocimiento internacional de esta situación. Naciones Unidas, a través de su Asamblea General, ha aprobado en la sesión sexagésima del 21 de marzo de 2006, la Resolución 60/147 que reconoce las violaciones graves a los Convenios de Ginebra en Chile y ha definido un procedimiento estatutario para que los órganos de Justicia y los organismos de gobierno de los Estados que han ratificado específicamente el Convenio de Ginebra relativo al Trato de Prisioneros de Guerra, apliquen dicha norma internacional a los procesos por violaciones graves a esas convenciones.

En el caso chileno, esta Resolución bloquea la Ley de Amnistía que se autoconcedió el régimen de facto y que se aplicó masivamente hasta el año 2005 por parte de la Corte Suprema.

En este contexto, es válido preguntar a Roberto Sapiains, lo que ha sucedido desde la Comisión Valech, sobre Prisión Política y Tortura, hasta lo que está sucediendo en el ámbito judicial actualmente.

Periodismo Independiente: Roberto, ¿còmo puede explicarse que el gobierno del Presidente Lagos haya fijado un silencio por cincuenta años a los resultados de la Comisión Valech, si ello es contrario a las normas internacionales sobre violaciones graves a los derechos humanos?

Roberto Sapiains: Para responderte, hay que poner en contexto los acuerdos políticos logrados entre la Concertación y la Alianza por Chile, respecto a la investigación de las violaciones de Derechos Humanos y de los crímenes de guerra cometidos por la dictadura de Pinochet. Recordemos que se comprometió con la derecha política que no se iba a investigar judicialmente nada de lo ocurrido antes del año 90, tanto en lo económico como en lo criminal. Cuando el ex Presidente Patricio Aylwin formó la Comisión Rettig y recibió sus resultados, al hablar al país por cadena nacional se le salieron las lágrimas de arrepentimiento por el terrorismo de Estado. Sin embargo, no hubo instrucción del Presidente para que el Consejo de Defensa del Estado presentara querella alguna por estos hechos criminales con resultado de muerte.

Así se cumplía el compromiso: se lamentaba verbalmente por los desaparecidos y ejecutados, pero no se accionaba en el plano judicial. Esta actitud pasa y se reafirma en el gobierno de Frei Ruiz Tagle, quien pone fin a la investigación por los pinocheques por razones de Estado. Ricardo Lagos, que había pregonado en su campaña la Verdad y la Justicia y había entregado la promesa de que se iban a investigar todos los crímenes, tanto los de lesa humanidad como los crímenes de guerra, ordenó la creación de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. El resultado fue el extenso Informe Valech, pero sobre la marcha se estableció la mordaza del silencio por cincuenta años y la imposibilidad de usar los testimonios entregados a la Comisión como antecedentes en un proceso judicial. Ese silencio sólo favorecía a los torturadores y estaba en línea con el compromiso político de no investigar ni los delitos económicos ni los crímenes de guerra cometidos durante la dictadura de Pinochet.

Periodismo Independiente: ¿Cómo reaccionaron los sectores afectados, es decir las víctimas y sus familias, frente a esto que se dio en llamar "reparaciones austeras y simbólicas" ?

Roberto: Lamentablemente no hubo un rechazo uniforme,sino que hubo divisiones marcadas por las militancias en partidos y grupos. Esto afecto la creación de una tesitura compacta y apoyada socialmente. Por ejemplo, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, que ya tenía interpuestas varias querellas criminales en contra de miembros de la dictadura, argumentando violaciones a los derechos humanos, se da cuenta finalmente que el argumento jurídico correcto era invocar la aplicación del Convenio de Ginebra relativo al Trato de Prisioneros de Guerra. Pero, importantes personeros de esa organización que adherían a la Concertación, se opusieron a ese argumento y se declararon satisfechos con la reparación austera y simbólica. Estas personas estaban de acuerdo en que se buscara mejorar los términos reparatorios a las víctimas, pero no estaban de acuerdo en denunciar e investigar hacia atrás, antes del noventa. Sin embargo, la misma Comisión Valech había reconocido en su informe final la existencia del Estado de Guerra Interno en Chile y había criticado duramente la actuación de los Consejos de Guerra. Otras organizaciones de ex Prisioneros Políticos se inclinaron por el argumento de ser presos de conciencia y no prisioneros de guerra, por lo tanto participaron de la estrategia de mejoramiento a las reparaciones.

Periodismo Independiente: Esta situación tiene una inflexión en este momento, a raìz de dictámenes de la Justicia que hacen suyos los argumentos jurídicos de la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra. ¿Consideras esto un avance hacia una verdad completa de lo ocurrido y a una Justicia que, aunque tardía, dejará un cimiento para una convivencia futura más sana en Chile?

Roberto: Sí, absolutamente, pero quiero dejar en claro que esta decisión que hoy día aplaudimos ha sido fruto de una larga lucha. Nosotros, en el Círculo de Ex-Prisioneros de Guerra de Valparaíso, estamos de acuerdo en que la gran mayoría de las personas detenidas lo fueron por persecución ideológica y no eran combatientes en contra de quienes pretendían derrocar al gobierno constitucional del Presidente Allende. Fueron víctimas de una represión indiscriminada y sangrienta que violó sus derechos humanos y que constituyen crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, es preciso aclarar que los Prisioneros de Guerra somos aquellos que fueron asì catalogados por las fuerzas armadas insurgentes y que, en tal sentido, fueron procesados por Tribunales Militares en tiempo de guerra y condenados a años de prisión por los Consejos de Guerra. Somos ese grupo de Ex-Prisioneros de Guerra los que sostenemos que cuando las fuerzas armadas rebeldes violaron gravemente el Convenio de Ginebra relativo al Trato de Prisioneros de Guerra, estaban cometiendo CRIMENES DE GUERRA sancionados en el Derecho Internacional Humanitario. Aquí cae la Caravana de la Muerte, los Fusilamientos indiscriminados, la aplicación de la Ley de Fuga y, sobre todo, la violación de los derechos procesales de los prisioneros de guerra, cuando debieron enfrentar a los Consejos de Guerra que se publicitaban en el régimen militar, denostando o calumniando a víctimas sin derecho al debido proceso.

Periodismo Independiente: Esta visión de los Ex-Prisioneros de Guerra abarcaría hechos criminales acaecidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978. A efectos de una mejor comprensión jurídica, si después de esa fecha concluyó el decretado Estado de guerra interna, ¿quiere esto decir que los crímenes posteriores sí podrían acogerse a prescripción. Cuáles serían las causas emblemáticas donde esta Resolución 60/147 de la ONU abriría espacios para una reapertura y juicio efectivo?

Roberto: Lamentablemente, cuando se aplica el Convenio de Ginebra, sólo puede ser considerado durante la vigencia del Estado Jurídico de Guerra Interna declarado por la Junta Militar. Esa misma dictadura emitió el DL 2191, mal conocido como Ley de Amnistía, y es este Decreto el que pone fin al Estado de Sitio vigente a partir del 11 de septiembre de 1973 y que el DL Nº 5 en su artículo 1º declaraba que debía considerarse como Estado o Tiempo de Guerra en Chile. En esta lógica, los crímenes cometidos por los organismos de seguridad de la Junta militar después de esa fecha, solamente constituyen crímenes de lesa humanidad. Sin embargo esta Resolución 60 que estamos comentando, obliga a los Estados a asegurar el respeto y la implementación tanto de la Ley Internacional sobre Derechos Humanos como el Derecho Humanitario Internacional, que rige los casos de crímenes de guerra.

Periodismo Independiente: Esta obligación, entonces, alcanza a todas las convenciones que establecen la protección de los derechos humanos y del derecho humanitario. Esta diferenciación que recoge la Resolución de la ONU viene a clarificar un tema de fondo, pues los Derechos Humanos se aplican en tiempo de paz y el Derecho Humanitario solamente en tiempo de guerra y respecto a los enemigos reconocidos como tales. Estas dos situaciones se dan en nuestra historia y siendo clásica la lucha por los derechos humanos en Chile, es importante reconocer ese estatus jurídico que se dio en la apertura del régimen militar, cuando todo el poder lo concentraba la Junta Militar y los enemigos eran los ex funcionarios del régimen constitucional derrocado.¿Como crees que impactará esta Resolución de la ONU?

Roberto: Si los abogados a cargo de las querellas criminales, como ya lo hizo Nelson Caucoto, solicitan a la Corte Suprema la aplicación del Convenio de Ginebra Relativo al Trato de Prisioneros de Guerra para los casos de crímenes ocurridos en el período referido, es altamente probable que se reabran todos los procesos y se derogue tácitamente la mal llamada ley de Amnistía.

United Nations A/RES/60/147

2007-04-01T19:33:00.000-07:00

United Nations A/RES/60/147
General Assembly Distr.: General
21 March 2006
Sixtieth session
Agenda item 71 (a)
05-49642
Resolution adopted by the General Assembly
[on the report of the Third Committee (A/60/509/Add.1)]
60/147. Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation
for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious
Violations of International Humanitarian Law

The General Assembly,

Guided by the Charter of the United Nations, the Universal Declaration of Human Rights, 1 the International Covenants on Human Rights, 2 other relevant
human rights instruments and the Vienna Declaration and Programme of Action,3

Affirming the importance of addressing the question of remedies and reparation for victims of gross violations of international human rights law and serious
violations of international humanitarian law in a systematic and thorough way at the national and international levels,

Recognizing that, in honouring the victims' right to benefit from remedies and reparation, the international community keeps faith with the plight of victims,
survivors and future human generations and reaffirms international law in the field,

Recalling the adoption of the Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human
Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law by the Commission on Human Rights in its resolution 2005/35 of 19 April 20054 and by
the Economic and Social Council in its resolution 2005/30 of 25 July 2005, in which the Council recommended to the General Assembly that it adopt the Basic Principles and Guidelines,

1. Adopts the Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and
Serious Violations of International Humanitarian Law annexed to the present resolution;

2. Recommends that States take the Basic Principles and Guidelines into account, promote respect thereof and bring them to the attention of members of the
executive bodies of government, in particular law enforcement officials and military and security forces, legislative bodies, the judiciary, victims and their
representatives, human rights defenders and lawyers, the media and the public in general;

3. Requests the Secretary-General to take steps to ensure the widest possible dissemination of the Basic Principles and Guidelines in all the official languages of the United Nations, including by transmitting them to Governments and intergovernmental and non-governmental organizations and by including the Basic Principles and Guidelines in the United Nations publication entitled Human Rights: A Compilation of International Instruments.

64th plenary meeting
16 December 2005

Annex

Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Gross Violations of International Human Rights Law and Serious Violations of International Humanitarian Law

Preamble

The General Assembly,

Recalling the provisions providing a right to a remedy for victims of violations of international human rights law found in numerous international instruments, in
particular article 8 of the Universal Declaration of Human Rights,1 article 2 of the International Covenant on Civil and Political Rights, 2 article 6 of the International
Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, 5 article 14 of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 6 and article 39 of the Convention on the Rights of the Child, 7 and of international humanitarian law as found in article 3 of the Hague Convention respecting the Laws and Customs of War on Land of 18 October 1907 (Convention IV), 8 article 91 of the Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I) of 8 June 1977, 9 and articles 68 and 75 of the Rome Statute of the International Criminal Court, 10

Recalling the provisions providing a right to a remedy for victims of violations of international human rights found in regional conventions, in particular article 7 of
the African Charter on Human and Peoples' Rights,11 article 25 of the American Convention on Human Rights, 12 and article 13 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 13

Recalling the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power emanating from the deliberations of the Seventh United Nations
Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders and General Assembly resolution 40/34 of 29 November 1985 by which the Assembly adopted the text recommended by the Congress,

Reaffirming the principles enunciated in the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, including that victims should be
treated with compassion and respect for their dignity, have their right to access to justice and redress mechanisms fully respected, and that the establishment,
strengthening and expansion of national funds for compensation to victims should be encouraged, together with the expeditious development of appropriate rights and remedies for victims,

Noting that the Rome Statute of the International Criminal Court requires the establishment of "principles relating to reparations to, or in respect of, victims,
including restitution, compensation and rehabilitation", requires the Assembly of States Parties to establish a trust fund for the benefit of victims of crimes within the
jurisdiction of the Court, and of the families of such victims, and mandates the Court "to protect the safety, physical and psychological well-being, dignity and
privacy of victims" and to permit the participation of victims at all "stages of the proceedings determined to be appropriate by the Court",

Affirming that the Basic Principles and Guidelines contained herein are directed at gross violations of international human rights law and serious violations
of international humanitarian law which, by their very grave nature, constitute an affront to human dignity,

Emphasizing that the Basic Principles and Guidelines contained herein do not entail new international or domestic legal obligations but identify mechanisms,
modalities, procedures and methods for the implementation of existing legal obligations under international human rights law and international humanitarian law
which are complementary though different as to their norms,

Recalling that international law contains the obligation to prosecute perpetrators of certain international crimes in accordance with international obligations of States and the requirements of national law or as provided for in the applicable statutes of international judicial organs, and that the duty to prosecute reinforces the international legal obligations to be carried out in accordance with national legal requirements and procedures and supports the concept of complementarity,

Noting that contemporary forms of victimization, while essentially directed against persons, may nevertheless also be directed against groups of persons who
are targeted collectively,

Recognizing that, in honouring the victims' right to benefit from remedies and reparation, the international community keeps faith with the plight of victims,
survivors and future human generations and reaffirms the international legal principles of accountability, justice and the rule of law,

Convinced that, in adopting a victim-oriented perspective, the international community affirms its human solidarity with victims of violations of international
law, including violations of international human rights law and international humanitarian law, as well as with humanity at large, in accordance with the
following Basic Principles and Guidelines,

Adopts the following Basic Principles and Guidelines:

I. Obligation to respect, ensure respect for and implement international human rights law and international humanitarian law

1. The obligation to respect, ensure respect for and implement international human rights law and international humanitarian law as provided for under the
respective bodies of law emanates from:
(a) Treaties to which a State is a party;
(b) Customary international law;
(c) The domestic law of each State.

2. If they have not already done so, States shall, as required under international law, ensure that their domestic law is consistent with their international legal
obligations by:

(a) Incorporating norms of international human rights law and international humanitarian law into their domestic law, or otherwise implementing them in their
domestic legal system;

(b) Adopting appropriate and effective legislative and administrative procedures and other appropriate measures that provide fair, effective and prompt access to justice;

(c) Making available adequate, effective, prompt and appropriate remedies, including reparation, as defined below;

(d) Ensuring that their domestic law provides at least the same level of protection for victims as that required by their international obligations.

II. Scope of the obligation

3. The obligation to respect, ensure respect for and implement international human rights law and international humanitarian law as provided for under the
respective bodies of law, includes, inter alia, the duty to:

(a) Take appropriate legislative and administrative and other appropriate measures to prevent violations;

(b) Investigate violations effectively, promptly, thoroughly and impartially and, where appropriate, take action against those allegedly responsible in accordance with domestic and international law;

(c) Provide those who claim to be victims of a human rights or humanitarian law violation with equal and effective access to justice, as described below,
irrespective of who may ultimately be the bearer of responsibility for the violation; and

(d) Provide effective remedies to victims, including reparation, as described below.

III. Gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law that constitute crimes under international law

4. In cases of gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law constituting crimes under international
law, States have the duty to investigate and, if there is sufficient evidence, the duty to submit to prosecution the person allegedly responsible for the violations and, if found guilty, the duty to punish her or him. Moreover, in these cases, States should, in accordance with international law, cooperate with one another and assist
international judicial organs competent in the investigation and prosecution of these violations.

5. To that end, where so provided in an applicable treaty or under other international law obligations, States shall incorporate or otherwise implement within
their domestic law appropriate provisions for universal jurisdiction. Moreover, where it is so provided for in an applicable treaty or other international legal
obligations, States should facilitate extradition or surrender offenders to other States and to appropriate international judicial bodies and provide judicial assistance and other forms of cooperation in the pursuit of international justice, including assistance to, and protection of, victims and witnesses, consistent with international
human rights legal standards and subject to international legal requirements such as those relating to the prohibition of torture and other forms of cruel, inhuman or
degrading treatment or punishment.

IV. Statutes of limitations

6. Where so provided for in an applicable treaty or contained in other international legal obligations, statutes of limitations shall not apply to gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law which constitute crimes under international law.

7. Domestic statutes of limitations for other types of violations that do not constitute crimes under international law, including those time limitations applicable
to civil claims and other procedures, should not be unduly restrictive.

V. Victims of gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law

8. For purposes of the present document, victims are persons who individually or collectively suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that constitute gross violations of international human rights law, or serious violations of international humanitarian law. Where appropriate, and in accordance with domestic law, the term "victim" also includes the immediate family or dependants of the direct victim and persons who have suffered harm in intervening to assist victims in distress or to prevent victimization.

9. A person shall be considered a victim regardless of whether the perpetrator of the violation is identified, apprehended, prosecuted, or convicted and regardless of the familial relationship between the perpetrator and the victim.

VI. Treatment of victims

10. Victims should be treated with humanity and respect for their dignity and human rights, and appropriate measures should be taken to ensure their safety,
physical and psychological well-being and privacy, as well as those of their families. The State should ensure that its domestic laws, to the extent possible ,
provide that a victim who has suffered violence or trauma should benefit from special consideration and care to avoid his or her re-traumatization in the course of
legal and administrative procedures designed to provide justice and reparation.

VII. Victims' right to remedies

11. Remedies for gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law include the victim's right to the
following as provided for under international law:

(a) Equal and effective access to justice;

(b) Adequate, effective and prompt reparation for harm suffered;

(c) Access to relevant information concerning violations and reparation mechanisms.

VIII. Access to justice

12. A victim of a gross violation of international human rights law or of a serious violation of international humanitarian law shall have equal access to an effective
judicial remedy as provided for under international law. Other remedies available to the victim include access to administrative and other bodies, as well as mechanisms, modalities and proceedings conducted in accordance with domestic law. Obligations arising under international law to secure the right to access justice and fair and impartial proceedings shall be reflected in domestic laws. To that end, States should:

(a) Disseminate, through public and private mechanisms, information about all available remedies for gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law;

(b) Take measures to minimize the inconvenience to victims and their representatives, protect against unlawful interference with their privacy as appropriate and ensure their safety from intimidation and retaliation, as well as that of their families and witnesses, before, during and after judicial, administrative, or other proceedings that affect the interests of victims;

(c) Provide proper assistance to victims seeking access to justice;

(d) Make available all appropriate legal, diplomatic and consular means to ensure that victims can exercise their rights to remedy for gross violations of
international human rights law or serious violations of international humanitarian law.

13. In addition to individual access to justice, States should endeavour to develop procedures to allow groups of victims to present claims for reparation and to receive reparation, as appropriate.

14. An adequate, effective and prompt remedy for gross violations of international human rights law or serious violations of international humanitarian law should
include all available and appropriate international processes in which a person may have legal standing and should be without prejudice to any other domestic remedies.

IX. Reparation for harm suffered

15. Adequate, effective and prompt reparation is intended to promote justice by redressing gross violations of international human rights law or serious violations of international humanitarian law. Reparation should be proportional to the gravity of the violations and the harm suffered. In accordance with its domestic laws and international legal obligations, a State shall provide reparation to victims for acts or omissions which can be attributed to the State and constitute gross violations of international human rights law or serious violations of international humanitarian law. In cases where a person, a legal person, or other entity is found liable for reparation to a victim, such party should provide reparation to the victim or compensate the State if the State has already provided reparation to the victim.

16. States should endeavour to establish national programmes for reparation and other assistance to victims in the event that the parties liable for the harm suffered
are unable or unwilling to meet their obligations.

17. States shall, with respect to claims by victims, enforce domestic judgements for reparation against individuals or entities liable for the harm suffered and
endeavour to enforce valid foreign legal judgements for reparation in accordance with domestic law and international legal obligations. To that end, States should
provide under their domestic laws effective mechanisms for the enforcement of reparation judgements.

18. In accordance with domestic law and international law, and taking account of individual circumstances, victims of gross violations of international human rights
law and serious violations of international humanitarian law should, as appropriate and proportional to the gravity of the violation and the circumstances of each case, be provided with full and effective reparation, as laid out in principles 19 to 23, which include the following forms: restitution, compensation, rehabilitation,
satisfaction and guarantees of non-repetition.

19. Restitution should, whenever possible, restore the victim to the original situation before the gross violations of international human rights law or serious
violations of international humanitarian law occurred. Restitution includes, as appropriate: restoration of liberty, enjoyment of human rights, identity, family life
and citizenship, return to one's place of residence, restoration of employment and return of property.

20. Compensation should be provided for any economically assessable damage, as appropriate and proportional to the gravity of the violation and the circumstances of each case, resulting from gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law, such as:

(a) Physical or mental harm;

(b) Lost opportunities, including employment, education and social benefits;

(c) Material damages and loss of earnings, including loss of earning potential;

(d) Moral damage;

(e) Costs required for legal or expert assistance, medicine and medical services, and psychological and social services.

21. Rehabilitation should include medical and psychological care as well as legal and social services.

22. Satisfaction should include, where applicable, any or all of the following:

(a) Effective measures aimed at the cessation of continuing violations;

(b) Verification of the facts and full and public disclosure of the truth to the extent that such disclosure does not cause further harm or threaten the safety and
interests of the victim, the victim's relatives, witnesses, or persons who have intervened to assist the victim or prevent the occurrence of further violations;

(c) The search for the whereabouts of the disappeared, for the identities of the children abducted, and for the bodies of those killed, and assistance in the recovery, identification and reburial of the bodies in accordance with the expressed or presumed wish of the victims, or the cultural practices of the families and
communities;

(d) An official declaration or a judicial decision restoring the dignity, the reputation and the rights of the victim and of persons closely connected with the victim;

(e) Public apology, including acknowledgement of the facts and acceptance of responsibility;

(f) Judicial and administrative sanctions against persons liable for the violations;

(g) Commemorations and tributes to the victims;

(h) Inclusion of an accurate account of the violations that occurred in international human rights law and international humanitarian law training and in educational material at all levels.

23. Guarantees of non-repetition should include, where applicable, any or all of the following measures, which will also contribute to prevention:
(a) Ensuring effective civilian control of military and security forces;

(b) Ensuring that all civilian and military proceedings abide by international standards of due process, fairness and impartiality;

(c) Strengthening the independence of the judiciary;

(d) Protecting persons in the legal, medical and health-care professions, the media and other related professions, and human rights defenders;

(e) Providing, on a priority and continued basis, human rights and international humanitarian law education to all sectors of society and training for
law enforcement officials as well as military and security forces;

(f) Promoting the observance of codes of conduct and ethical norms, in particular international standards, by public servants, including law enforcement,
correctional, media, medical, psychological, social service and military personnel, as well as by economic enterprises;

(g) Promoting mechanisms for preventing and monitoring social conflicts and their resolution;

(h) Reviewing and reforming laws contributing to or allowing gross violations of international human rights law and serious violations of international
humanitarian law.

X. Access to relevant information concerning violations and reparation mechanisms

24. States should develop means of informing the general public and, in particular, victims of gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law of the rights and remedies addressed by these Basic Principles and Guidelines and of all available legal, medical, psychological, social, administrative and all other services to which victims may have a right of access. Moreover, victims and their representatives should be entitled to seek and obtain information on the causes leading to their victimization and on the causes and conditions pertaining to the gross violations of international human rights law and serious violations of international humanitarian law and to learn the truth in regard to these violations.

XI. Non-discrimination

25. The application and interpretation of these Basic Principles and Guidelines must be consistent with international human rights law and international
humanitarian law and be without any discrimination of any kind or on any ground, without exception.

XII. Non-derogation

26. Nothing in these Basic Principles and Guidelines shall be construed as restricting or derogating from any rights or obligations arising under domestic and
international law. In particular, it is understood that the present Basic Principles and Guidelines are without prejudice to the right to a remedy and reparation for victims of all violations of international human rights law and international humanitarian law. It is further understood that these Basic Principles and Guidelines are without prejudice to special rules of international law.

XIII. Rights of others

27. Nothing in this document is to be construed as derogating from internationally or nationally protected rights of others, in particular the right of an accused person to benefit from applicable standards of due process.

Notes____________________

1 Resolution 217 A (III).

2 Resolution 2200 A (XXI), annex.

3 A/CONF.157/24 (Part I), chap. III.

4 See Official Records of the Economic and Social Council, 2005, Supplement No. 3 and corrigendum (E/2005/23 and Corr.1), chap. II, sect. A.

5 Resolution 2106 A (XX), annex.

6 United Nations, Treaty Series, vol. 1465, No. 24841.

7 Ibid., vol. 1577, No. 27531.

8 See Carnegie Endowment for International Peace, The Hague Conventions and Declarations of 1899 and 1907 (New York, Oxford University Press, 1915).

9 United Nations, Treaty Series, vol. 1125, No. 17512.

10 Official Records of the United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on the Establishment of an International Criminal Court, Rome, 15 June–17 July 1998, vol. I: Final documents (United Nations publication, Sales No. E.02.I.5), sect. A.

11 United Nations, Treaty Series, vol. 1520, No. 26363.

12 Ibid., vol. 1144, No. 17955.

13 Ibid., vol. 213, No. 2889.

IMPORTANTE RESOLUCIÓN 60/147 DE LA ONU

2007-04-01T19:18:00.000-07:00

Estimados señores (as):

Debe darse la mayor difusión al documento adjunto, Resolución 60/147 de la Asamblea General de Naciones Unidas, de 2006. En nuestro Chile, todavía es "letra muerta"

Allí está el fundamento de nuestras reivindicaciones.

Nuestra propuesta de reforma procesal civil para juicios de reparación de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos tiene amplio respaldo en esos Princios y directrices básicos de la ONU.

Fraternales saludos

Víctor Rosas Vergara

ONG "UNExPP de Chile"

Nota: Incluyo otro documento adjunto. Sobre importante sentencia de la Corte Suprema contra el DL de auto amnistía y rechazo a la cosa juzgada o prescripción en crímenes de de guerra o de lesa humanidad

DURO FALLO DE LA CORTE SUPREMA EN CONTRA DE LA AMNISTÍA

Jorge Escalante

La Nación, jueves 15 de marzo de 2007

El ex director del Cuerpo de Inteligencia del Ejército y condenado por el asesinato de Tucapel Jiménez, se encontraba procesado por el homicidio del reservista Manuel Rojas, pero la jueza María Estela Elgarrista lo sobreseyó por amnistía.

En uno de los más directos y críticos fallos a los métodos de la represión y haciendo prevalecer la legislación internacional que protege los derechos humanos, incluso “por sobre la Constitución”, la Sala Penal de la Corte Suprema, acogió una casación del abogado Nelson Caucoto, y revocó el sobreseimiento definitivo por amnistía con que en marzo de 2004 una jueza favoreció al brigadier (R) de Ejército Víctor Pinto Pérez, procesado por el homicidio del reservista de la Escuela de Infantería, Manuel Rojas Fuentes.

Este hecho se enmarca en el episodio de Cerro Chena, al sur de Santiago, una de las etapas de los crímenes de Paine cometidos por oficiales y suboficiales de esa escuela después del golpe militar de 1973.

Pinto Pérez, ex subdirector del Cuerpo de Inteligencia del Ejército, DINE, está además condenado a ocho años de presidio por el asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez.

Por unanimidad de sus cinco miembros, la Sala Penal dijo en su resolución que un “delito de lesa humanidad” cuya “característica principal es la forma cruel y bestial” con que estos crímenes se cometen, no puede ser amnistiado ni prescribe por el paso del tiempo, porque así lo establecen los tratados internacionales que protegen los derechos humanos y que están por sobre la ley chilena.

Explicando por qué en el caso del reservista prevalecen los Convenios de Ginebra respecto de prisioneros de guerra, los magistrados recordaron que el régimen militar decretó el 12 de septiembre de 1973 el “estado de guerra interno”.

Aludiendo a la argumentación de la jueza María Estela Elgarrista que sobreseyó a Pinto Pérez, los ministros expusieron que “No es dable que los mismos que se asilaron en las ventajas que les concedía la referida declaración de estado de guerra (...) pretendan desconocer su valor para ignorar las sanciones que imponen los tratados de Ginebra”.

Calificando la conducta de la dictadura en materia de represión, la sala sostuvo que “por graves que puedan ser ciertas acciones y por culpables los responsables de determinados ilícitos, no cabe admitir que el poder pueda ejercerse sin límite alguno, o que el Estado pueda valerse de cualquier procedimiento para alcanzar sus objetivos, sin sujeción al derecho o a la moral”.

Refiriéndose a la amnistía, los magistrados afirmaron que este beneficio se orienta en el fin de un conflicto interno de un país “a favorecer a los vencidos en manos de quienes controlan el poder del Estado, facilitando el reestablecimiento de la paz social”. Por el contrario, manifestaron que “la amnistía no puede ser utilizada en casos de delitos de guerra ejecutados por agentes oficiales u oficiosos del Estado, al amparo del ejercicio de un poder incontrolado”.

Por último, la sala sostuvo que toda la legislación internacional en materia de derechos fundamentales de las personas “goza de primacía constitucional en Chile”.

De esta manera, Víctor Pinto vuelve a ser sujeto penal activo en el proceso que ahora instruye la jueza Virginia Rivera, la misma que busca a los desaparecidos de Paine. LN

Fallo por muerte de reservista

Suprema ratifica criterio en derechos humanos no aplicar Ley de Amnistía

Por Héctor Cruzatt

Dictamen unánime del máximo tribunal, que ordenó reabrir la investigación por la muerte de Manuel Rojas Fuentes, fija el criterio en los casos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos de la dictadura militar, al acoger plenamente la Convención de Ginebra y desechar cualquier posibilidad de prescripción para estos hechos.

Una derogación tácita de la Ley de Amnistía de 1978 es la que está llevando a cabo la Corte Suprema en los casos comprobados de detenidos desaparecidos o ejecutados políticos durante la dictadura militar, al acoger plenamente la aplicación de los Convenios de Ginebra en nuestro país y establecer que este tipo de hechos son crímenes de lesa humanidad.

El fallo de la Sala Penal que de manera unánime anuló el sobreseimiento total aplicado en el caso del conscripto Manuel Rojas Fuentes es la última muestra de un nuevo criterio del máximo tribunal, que se expresó por primera vez en la condena a la cúpula de la DINA por el caso del mirista Miguel Ángel Sandoval Rodríguez, en noviembre de 2005; y que se amplió luego del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que pidió la anulación del decreto exculpatorio de 1978 en la investigación del profesor Luis Almonacid Arellano, en octubre de 2006.

En fuentes de tribunales trascendió que los integrantes Segunda Sala del máximo tribunal acordaron aplicar un criterio común en los casos de violaciones a los derechos humanos que llegan a su conocimiento, con la idea de crear jurisprudencia en el tema, razón por la cual es muy poco probable que se vuelva a aplicar la Ley de Amnistía de 1978 para exculpar a los involucrados en violaciones a los derechos humanos.

El criterio también desestimaría la aplicación de las figuras de la cosa juzgada y la prescripción, ya que se consideran que los Convenios de Ginebra están plenamente vigentes en el país, pese a que no se han incorporado formalmente a la legislación chilena, al formar parte del denominado “derechos de las gentes”, establecido por Naciones Unidas a nivel internacional y que no requiere el consentimiento formal de los Estados miembros de la organización internacional.

"La indicada consagración del derecho de gentes y su aceptación permite considerar que existía a la época del hecho criminoso de autos, un sistema de protección de derechos obligatorio para el Estado de Chile, independientemente del consentimiento expreso de las naciones vinculadas y que se conoce como reglas imperativas de derecho internacional o “ius cogens”. Tales patrones se imponen a los Estados y prohíben los crímenes de lesa humanidad, incluso durante el desarrollo de conflictos de carácter internacional o internos. Este derecho perentorio internacional implica el rechazo “in limine” por las naciones civilizadas de injustos que repugnan a la conciencia humana y que constituyen crímenes contra la humanidad”, asegura el fallo redactado por el ministro Jaime Rodríguez Espoz.

Amnistía inaplicable

Respecto de la aplicación de la Ley de Amnistía, el fallo es claro al asegurar que no se puede aplicar en el país, ya que la propia dictadura militar reconoció la vigencia de los Convenios de Ginebra al establecer en el país el Estado de Guerra, luego del golpe militar de 1973.

“En esta perspectiva, la llamada ley de amnistía puede ser claramente incardinada como un acto de autoexoneración de responsabilidad criminal por graves violaciones a los derechos humanos, pues se dictó con posterioridad a ellos, por quienes detentaban el poder durante y después de los hechos, garantizando de esta manera, la impunidad de sus responsables. Conculcando así el artículo 148 del IV Convenio de Ginebra. (...) Que, por ende, el Decreto Ley N° 2.191, de mil novecientos setenta y ocho, debe ser interpretado en un sentido conforme con los Convenios de Ginebra, por lo que es inexequible respecto a las contravenciones graves contra los derechos esenciales determinados en ellos y cometidos en nuestro país durante su vigencia”.

Con la aplicación de este criterio por el máximo tribunal prácticamente se haría innecesaria la dictación de una ley que derogue o anule la Ley de Amnistía de 1978, ya que los magistrados no están aplicando estas normas y juzgando los hechos de acuerdos a los preceptos del Derecho Internacional sobre graves violaciones a los derechos humanos.

El fallo del reservista Manuel Rojas Fuentes llama la atención que no estuvo presente el ministro Alberto Chaigneau del Campo y firme partidario de los Convenios de Ginebra e impulsor del criterio favorable a los derechos humanos en el máximo tribunal del país; y que además los ministros Nibaldo Segura Peña y Rubén Ballesteros Cárcamo que anteriormente se han manifestado a favor de la Ley de Amnistía modificaron su criterio.

NVITACIÓN: CON MEMORIA Y ALEGRÍA, ADELANTE POR LA VIDA

2007-03-25T15:28:00.000-07:00

De: Manuel Guerrero [mailto: mguerrero@uchile.cl]
Enviado el:* Miércoles, 14 de Marzo de 2007 15:34
Asunto:
INVITACIÓN: CON MEMORIA Y ALEGRÍA, ADELANTE POR LA VIDA

Hace 22 marzos, dos Manueles de poco más de treinta años de edad se encontraron a la entrada del Colegio Latinoamericano de
Integración, el "Latino", ubicado en Avenida Los Leones con el El Vergel, en la comuna de Providencia. La mañana de ese viernes de 1985 era ruidosa por las micros que se detenían ante el frontis de la escuela para dejar a los niños y niñas que Manuel Guerrero y José Manuel Parada recibían sonrientes mientran intercambiaban noticias sobre los esfuerzos por mejorar la educación que se hacían desde la Agrupación Gremial de Educadores de Chile y la
manera en que se podían proteger mejor los derechos de los oprimidos desde la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago. Muchas cosas sucedían aquellos días, meses y años, pero ese viernes lucía normal, todo indicaba que el comienzo del año escolar daba la bienvenida a tiempos mejores.

Sin embargo, no habían alcanzado a despedirse los Manueles cuando un silencio abismal se descargó sobre este pedazo de la ciudad, y como por arte de magia ya no pasaron más vehículos ni peatones. Por segundos se escucharon los pájaros como cuando la ciudad aún no despierta y por instantes el Latino quedó solo, desacoplado de la urbe, y los profesores tuvieron que bajar la voz al dirigirse a sus estudiantes, pues no había bulla exterior que vencer. Pero no fue magia lo ahí ocurrido, sino la fugaz aparición de la verdadera naturaleza del tiempo histórico dictatorial que, en Avenida Los Leones con El Vergel, mostró por segundos su verdadero rostro, el real fundamento de la "revolución silenciosa" que conduciría a Chile a la Modernidad a través de la generosa combinación del know-how de la Escuela de Chicago y
los manuales de "extracción de información" de la Escuela de las Américas.

Pues fueron Carabineros de Chile quienes interrumpieron el tránsito a plena luz del día para que sus funcionarios pasaran raudos a secuestrar a los Manueles sin ninguna orden de detención de Tribunales ni nada que se parezca al mínimo común múltiplo de un Estado de Derecho. Y fueron Carabineros los que sobrevolaron en helicóptero el Latino, que a ojos de los agentes estatales no era un establecimiento educacional, sino un teatro de operaciones militar, donde a la hora 08:50 una pareja de enemigos de
extrema peligrosidad para el orden público intercambiaban información fundamental para desbaratar la subversión, mientras dejaban pasar hacia el interior de la escuela de cuadros marxista, de nombre de fachada "Colegio Latinoamericano de Integración", a los futuros guerrilleros que iban ingresando de uno a uno en uniforme escolar con mochilas portadoras de material incendiario, para reunirse en salas con capacidad de 30 antisociales cada una, a cargo de un instructor que en ese momento pasaba lista. "Halcón llamando a Cóndor"; "Afirmativo, le copio"; "Observe cómo a Guerrero se le acerca un menor subversivo"; "Sí, afirmativo";
"Infórmeme qué le dice al oído, debe ser el próximo punto del Frente Manuel Rodríguez"; "Entendido, ahora lo oigo Ya mi teniente, lo pude oír perfectamente, lo registro e informo"; "No registre, comuníqueme de inmediato, que mis superiores requieren la información para procesarla"; "De acuerdo, teniente: no le dijo nada, el menor que camina como pingüino, que se parece
extremadamente a Guerrero, solo le dio un beso en la mejilla, debe
ser una clave"; "No se preocupe sargento, le consultaremos al Fanta, él decodifica y sabe de estas cosas"...

Sí, José Miguel Estay Reino, tú debes saber. Fue el último beso que le di a mi padre. Porque como si se tratara de una novela policial se lo llevaron junto a José Manuel, a pesar de la oposición del Tío Leo que ustedes balearon en la calle. Y los buscamos todo el día, toda la noche, toda la mañana. Y tú los condujiste a la "Firma" en la calle 18, donde trabajabas de agente en la Dirección de Comunicaciones de Carabineros de Chile.

En el mismo lugar donde en 1976 ya habías participado de las torturas a mi padre. Y tenías más profesores encadenados. Y luego de aplicarles tormentos que no te condujeron a nada los trasladaste en vehículos estatales a Quilicura, donde nuevamente Carabineros de Chile detuvo el tránsito de madrugada para que el degüello fuese en silencio y se pudiesen oír claritos los gritos apagados de tres seres despojados de cualquier atributo ciudadano, tres "nn" a quienes, a nombre de la cruzada de la civilización occidental en
contra del comunismo internacional, la Modernidad neoliberal dejó caer a la tierra húmeda tres "paquetes" para que se desangraran.

No es una historia bella, pero creo que debemos preservar la
memoria de estas vidas y hechos. Porque, ¿cómo olvidar lo ridículo y burdo que fue el destino de tantas personas sencillas, valiosas, algunas destacadísimas en sus ámbitos, en manos de un Estado ramplón y matonesco que nos tenía reducidos a hablar bajo, a mentir como clave para sobrevivir, a aceptar la destrucción de la unidad familiar a través de la prisión, la relegación, el exilio o la desaparición, por causa de pensar diferente? Pero, por sobre todo, ¿cómo olvidar el presente? Porque no es un ejercicio melancólico
señalar que éste está construido en buena parte sobre la barbarie
digerida rápidamente como si ya estuviese superada, mientras decenas de miles de personas que aplicaron profesionalmente tortura circulan libres, sin juicios ni castigos, sin prácticas de resocialización ni rehabilitación, "como si" aquí no hubiese pasado nada. No es que no se hayan hecho cosas, pero claramente lo hecho es insuficiente ante lo acontecido.

Y esta insistencia en recordar no tiene que ver con la presencia de
un odio acumulado, con un mal de archivo, con la compulsión excesiva a la repetición, con creer en el primado ontológico del testimonio de la comunidad de las víctimas y la cacha de la espada. Simplemente se trata de exigir y practicar nuestro derecho ciudadano a construir memoria social, a no dejar nunca de conmovernos con lo ocurrido, a repensarlo una y otra vez para redescubrirnos, y desde allí asentar nuestros compromisos e invitar a tal experiencia a nuestros hijos. Y todo ello sin necesidad de
cantar odas inconducentes al dolor e inventar héroes y mártires de bronce. Más bien al contrario.
Recordamos porque no queremos olvidar lo que fuimos y somos:
Personas que vamos a dejar a nuestros hijos al colegio para hablar sobre qué más hacemos para superar los problemas de la educación y la manera en que podemos defender y mejorar la vida de y con los oprimidos, aunque en eso se nos vaya la nuestra. Como los Manueles. Sonrientes sembrando ante el absurdo de la ilusión de poder de los helicópteros y los expertos decodificadores de la humanidad. Adelante por la vida porque simplemente vale la pena.

TE INVITO A HACERTE PARTE DE ESTE EJERCICIO DE MEMORIA VIVA, ASISTIENDO CON TUS HIJOS E HIJAS EL DÍA SÁBADO 31 DE MARZO, DE 16:00 A 20:00, EN
AVENIDA LOS LEONES CON EL VERGEL, A COMPARTIR UNA TARDE FAMILIAR, EN LA QUE JUNTO CON ESCUCHAR DIVERSOS GRUPOS MUSICALES, APRENDEREMOS A ARMAR Y DESARMAR BICICLETAS, JUGAREMOS AJEDREZ, COMPARTIREMOS CON CHINCHINEROS, EN FIN, DEMOSTRAREMOS QUE CON MEMORIA SEGUIMOS ALEGRES POR LA VIDA.

Un abrazo, los hijos e hijas de los Manueles estaremos ahí juntos a
nuestros hijos.

Manuel Guerrero Antequera.

PD: Si puedes, ayúdame a difundir esta invitación entre tus contactos. Gracias!

Triple A: una escalada de terror

2007-01-26T16:37:00.000-08:00

La historia de la Triple 'A' es una historia de secuestro, violación, muerte y desaparición. Su aparición pública, o mejor dicho el reconocimiento oficial sobre un atentando seguido de muerte, se da cuando es asesinado el diputado nacional Rodolfo Ortega Peña, codirector de la Revista Militancia, de extracción peronista.

Fue una escalada de terror, que como lo decimos en la segunda nota, luego de la retahíla de López Rega queda claro quienes serán las víctimas de su accionar. El funcionamiento fue certero, el movimiento obrero con sus exponentes combativos fueron los que llenaron las listas de los que serian eliminados: delegados de base, miembros de Comisiones Internas y Secretarios Generales, el ejemplo de Atilio López, asesinado el 16 de septiembre de 1974.

A principios de 1973 la disputa dentro del peronismo estaba entablada, José López Rega, ministro de Bienestar Social y José Ignacio Rucci, Secretario General de la CGT. Confederación General del Trabajo, acordaban formas de desalojar las influencias de los grupos juveniles, de la izquierda como se la denominaba: Tendencia Revolucionaria, sectores revolucionarios dentro de las estructuras del movimiento peronista en sus distintas versiones, pero esencialmente del avance de corrientes antiburocráticas dentro y fuera del peronismo que disputaban las conducciones sindicales en todos los niveles. Esta avanzada preocupaba, por ende y a pesar de las contradicciones y las preocupaciones por quien era más reconocido por Perón, convinieron la forma de liquidarla, plan acordado un año antes en Madrid.

En este entramado no se puede dejar de mencionar Ezeiza, los muertos provocados aquellas jornadas hoy siguen sin ser develados, si se puede saber sobre las torturas, los secuestros y el asesinato que se hizo entre la noche del 19 de junio y el fatídico 20 de junio. No fueron hechos circunstanciales, tenían el mismo hilo conductor: el terror. En definitiva la demostración, ostentación de armamento, las corridas, los tiros, la forma de represión que se ejerció sobre los aledaños del Aeropuerto Internacional de Ezeiza significaron un accionar terrorista sobre una inmensa masa de hombres, mujeres y familias, no vista antes por su magnitud.

La Triple 'A' comienza a funcionar en vida de Perón. No firma sus crímenes, eso recién lo hará después de la muerte del líder justicialista. Ezeiza significó el golpe de gracia al gobierno de Cámpora, luego de colocar a Raúl Lastiri de presidente provisional, el siguiente paso fue imponer la fórmula Perón-Perón asegurando la sucesión a manos de Isabel. Estos acuerdos estaban pactados en Madrid, se trataba de los herederos del viejo líder.

En el entramado de la represión ilegal y el funcionamiento clandestino de la Triple A hay que sumar y contabilizar a la policía de Villar y Margaride, o sea, las estructuras oficiales del aparato represivo del Estado.

Esta combinación siniestra se da ejemplarmente en la provincia mediterránea, el conocido Navarrazo que termina con la gobernación del doctor Obregón Cano y el dirigente del transporte y Secretario General de la CGT de la provincia de Córdoba, Atilio López.

En la ciudad de San Francisco, Córdoba, los obreros de la empresa Tampieri llevaron adelante un paro de protesta y la movilización por mejoras salariales. El 30 de julio e 1973 son reprimidos violentamente por la policía de Córdoba, allí pierde la vida el obrero Oscar Alberto Molina, por una ráfaga de ametralladora.

Sobre julio arrecian las bombas y atentados sobre unidades básicas, locales partidarios de lo que era la Tendencia Revolucionaria, El Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Peronismo de Base y todo aquello que fuera tildado de terrorista. En estos escenarios actuaban en forma conjunta las policías provinciales y Federal junto a la organización terrorista Triple A, ya que la forma clara de accionar era la zona liberada. Este escenario seguirá su curso durante esos años.

El Sindicato Ceramista de la localidad de Villa Adelina, en la provincia de Buenos Aires, es atacado el 21 de agosto de 1973, un grupo armado enviado desde el Ministerio de Trabajo lo asalta. En ese momento el ministro de Trabajo era el vandorista Ricardo Otero. Cuando los trabajadores no sólo intentaron resistir, sino que reclamaron y exigieron la devolución del mismo, fue asesinado Juan Carlos Bache, obrero del gremio.

El desplazamiento de los gobernadores y vice gobernadores, como el caso de Atilio López, se producen en su mayoría en vida de Perón, en enero de 1974 se debe alejar el gobernador de la provincia de Buenos Aires Oscar Bidegain. En febrero de ese año se produce el navarrazo.

En el caso de Jorge Cepernic, gobernador de Santa Cruz entre 1973 y 1976, es encarcelado luego del golpe durante cinco años y medio en el penal militar de Magdalena y sin proceso judicial. Cepernic fue detenido en Buenos Aires y relata años después que desde el ejército se le informó que se lo detenía por no haber parado el rodaje de la película La Patagonia Rebelde, algo que le habían pedido en su oportunidad.

En el caso de Alberto Martínez Baca gobernador elegido en las elecciones de 1973, oriundo de San Rafael, asumió en mayo de ese año y estuvo hasta junio de 1974, cuando la Legislatura provincial promovió su suspensión. En su lugar el vicegobernador Carlos Mendoza le da el mando a una intervención federal.

El caso del gobernador Ragone

Miguel Ragone, gobernador de Salta entre 1973 y noviembre de 1974 es el caso más paradigmático, ya que es un gobernador desaparecido. Ragone era médico había nacido en Tucumán en 1921 y estaba relacionado estrechamente con Ramón Carrillo, Ministro de Salud entre 1945-1954.

Ragone gobernó durante 17 meses y 22 días, depuró a la Policía provincial, no usó viáticos, custodia y auto oficial. Si bien fue considerado simpatizante de Montoneros no ocupó la conducción del Partido Auténtico. Fuertemente atacado por la derecha peronista y por las conducciones sindicales vandoristas. Se interviene la provincia y su gobierno en noviembre de 1974, Ragone vuelve a trabajar como médico en la Clínica Cruz Azul, hasta el 11 de marzo de 1976 que es secuestrado.

Según el relato de un arrepentido ante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el 16 de mayo del 2006, el comando que secuestró a Ragone se llamaba 'Guardia del Monte', allí, en la declaración testimonial dice que la zona se liberó.

Ragone sale de su casa del pasaje Gabriel Puló 146 en su auto y es abordado al cruzar el pasaje San Lorenzo, era el camino habitual hacia su consultorio. Fue introducido a golpes en un auto y no teniendo que pasar nadie a esa hora, era zona liberada, hubo dos testigos que presenciaron el secuestro, los cuales fueron baleados. La herida fue Margarita de Leal y murió Santiago Arredes, que atendía el almacén de la esquina, este era hermano del inspector general de Policía, Roberto Arredes. Lo que se sospecha es que reconoció a alguno de los captores.

Ya con el cuerpo de Ragone, según el declarante, fue introducido en una caja especialmente preparada con cemento para que se pudiera hundir rápidamente. Fue soltado a cien metros de la costa a la altura del dique Cabra Corral, a 65 kilómetros de la capital salteña, allí en una profundidad de unos 60 metros fue arrojado el ex gobernador. El informante sería Víctor Hugo Viltes.

Sigue la lista de víctimas de la Triple A

Ya a principios de 1974 era notorio el estrecho vínculo entre los paramilitares y las fuerzas de seguridad, tanto la policía federal, las provinciales como las Fuerzas Armadas. A partir de ese momento comenzó el procedimiento del arresto de los militantes y su ejecución sumaria.

Luego de encontrar el cadáver de Damiano el 24 de septiembre. Al día siguiente un comando asesina en la puerta de la casa a Enrique Grinberg, dirigente de Juventud Peronista. El 4 de octubre también en Córdoba es atacada a tiros a la asamblea de delegados de la Regional, allí muere el obrero de la construcción Juan Avila.

El plan de López Rega era claro, asesinar a quien se opusiera a sus intereses y designios. El 11 de octubre de 1973 un grupo de funcionarios de Buenos Aries ataca a tiros el barrio San Pablo, que se oponía a su erradicación, la cual había sido ordenada por el Ministerio de Bienestar Social. Allí es asesinado el dirigente villero Nemesio Luís Aquino.

Al día siguiente de la asunción de Juan Domingo Perón el 12 de octubre, el 13 de octubre de 1973 es asesinado en Rosario el dirigente de la Resistencia Peronista, Constantino Razzetti, era acusado de tener vinculación con la Juventud Peronista, fue en la puerta de su casa cuando llegaba de festejar la asunción de Perón.

Otro militante de la Juventud Trabajadora Peronista, Pablo Marcelo Fredes fue secuestrado y fusilado, era de la Unión Tranviario Automotor.

De esta forma fueron asesinados Ricardo Silca, Raúl Tettamanti, Héctor Antelo y Reinaldo Roldán, todos integrantes del P.R.T. (Partido Revolucionario de los Trabajadores). Fueron detenidos por personal uniformado y luego aparecieron muertos.

Por otro lado el accionar de los grupos de derecha llevó a que la J.P. (Juventud Peronista) denunciara ante Perón los hechos de violencia y este propuso la unificación de la tendencia con varios grupos derechistas en una sola juventud.

Al mismo tiempo la Triple 'A' comienza a perseguir al periodismo, tratando de amordazarlo a fin de que las denuncias de desapariciones y asesinatos no se hicieran públicas. Por ejemplo el periodista de la Agencia TELAM que publicó como muere en plena calle el dirigente fascista Alejandro Giovenco es cesanteado.

Alejandro Giovenco era dirigente de la C.N.U. (Concentración Nacional Universitaria), organización que luego prestará militancia a los grupos de tareas de la dictadura y que se encontraba férreamente conectada con la Triple A, a nivel nacional. Giovenco muere en plena avenida Corrientes cuando le estalla una bomba que trasladaba en su portafolio.

La historia de horror de la Triple A cuenta en su haber miles de hombres y mujeres, según los registros de los organismos de Derechos Humanos, hay 600 desaparecidos antes de la dictadura militar de 1976.

Las responsabilidades están claras, el Estado implementó e implementa formas represivas que siempre van dirigidas hacia los mismos, los trabajadores en todas sus vertientes, no importando las identidades políticas partidarias, el campo popular y sus organizaciones. Es un Estado de clase, no hay formas de arbitraje. Por eso, en los confines de la Patria, ante la muerte indiscriminada, ante las graves falencias climáticas, humanas, políticas o sociales se clama justicia, pero ella no llega nunca. 'No hay justicia para los pobres' es la súplica popular.

Se cumplen 10 años del asesinato de José Luís Cabezas, muchos dijeron que no se iban a olvidar… todos sus asesinos están en libertad salvo uno. El actor intelectual 'se ha suicidado' el clamor popular vuelve a ponerlo en duda…

No nos olvidemos de Cabezas…

No nos olvidemos de López…

No podemos seguir olvidando…

Fuentes:
Periódico Villa Crespo, Mi Barrio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 1999 y enero del 2000.
El Guardapalabras, memoria de un ferroviario, Juan Carlos Cena 1998, La Rosa Blindada
El Cordobazo una rebelión popular Juan Carlos Cena 1999, La Rosa Blindada
Historia de la Triple A Horacio Salvador Paino, 1984 Editorial Platense
La Triple A Ignacio González Janzen, 1986 Editorial Contrapunto
Material aportado por Haydée Dessal
Breve Historia de las Masacres Juan Carlos Cena 2005 Agencia Argenpress y reproducida en otros medios
Nomeolvides, Memoria de la Resistencia Peronista 1955-1972 Liliana Carulli, Liana Caraballo, Noemí Charlier, Mercedes Cafiero, Editorial Biblos, 2000.
Diarios La Nación, Clarín.
Fuentes propias.

La organización parapolicial Triple A : terrorismo de Estado

2007-01-26T16:32:00.000-08:00

La organización parapolicial Triple A se fue preparando, organizando y luego implementando en el marco del auge de las luchas, populares, sociales, políticas y culturales de las décadas del sesenta y setenta del siglo XX.

Su nacimiento y conformación tuvo las características de un grupo armado, consentido por el aparato del Estrado, con instrucción militar, reclutamiento de mercenarios y sicarios, adoctrinamiento, armamento, lugares de detención, torturas y desaparición, cuyo apoyo logístico principal era el entonces Ministerio de Bienestar Social frente a la Plaza de Mayo.

En ese edificio siniestro, por aquellos años, su ministro era José López Rega, que junto a hombres de su confianza diseñaron la organización que actuó clandestinamente durante un período y saliendo a la luz pública posteriormente.

Ezeiza parece haber sido un lugar donde fueron a parar los cazados (secuestrados) de la Triple A, cuyo destino fue siempre la muerte y la ulterior desaparición de sus cuerpos, salvo, muy pocos casos como afirma el miembro de la Triple A, Horacio Salvador Paino.

Héctor Cámpora fue elegido por el voto popular el 11 de marzo de 1973, asumió el 25 de mayo de ese mismo año. Luego es defenestrado como presidente de la Nación. Desde el primer momento de su mandato ocupa la cartera de Bienestar Social por sugerencia de Perón, López Rega. Ese año, el de su defenestración, ocupa en forma interina la presidencia de la Nación el yerno de López Rega, Raúl Lastiri.

En junio de ese año por las oficinas del Ministerio de Bienestar Social ya transitaban los que luego serían los creadores y responsables materiales de la puesta a punto de la organización parapolicial: Carlos Villone, secretario privado de López Rega, Chango Morales, jefe de la custodia, Jorge Conti, periodista de Canal 11 y Horacio Paino, entre otros.

Paino relata que a fines de julio de 1973, siendo categoría 23 en el Ministerio de Bienestar Social y ganando 500.000 pesos mensuales le encomendaron realizar la fiesta del niño en la Residencia Presidencial de Olivos, en ese festejo colaboró el Club Ferrocarril Oeste, luego de ese día fue citado por López Rega quien le encomendó a Paino, que había sido instructor en el Colegio Militar, que se hiciera cargo de reorganizar la seguridad del Ministerio a su cargo.

Se reclutaron 154 custodios, se creo un área restringida del despacho ministerial, se tapiaron escaleras y se dejó un solo acceso que era la entrada de la vigilancia con conserje y custodios.

Esta fue la antesala, según Paino, para que López Rega le pidiera el armado de una organización, luego de la retahíla de pormenores sobre la lucha con la izquierda, los infiltrados, la violencia y todo lo demás… Luego de unos días de trabajo y frente a López Rega proyectó la planificación de lo que luego sería la Triple A.

Según el organigrama entregado por Paino, que declaró ante la Comisión Investigadora del Congreso, de la cual formaba parte el entonces ministro del Interior, doctor Tróccoli, se puede observar la estructura de dicha organización: la jefatura estaba a cargo de López Rega, el asesor sería el mismo Paino, en el área Automotores estaba Rainieri, la Administración Roballos, Emergencias Sociales Médicos: Eladio Vázquez, Secretario Demetrio Vázquez, había dos Enlaces: Villone y Conti.

El Enlace de Villone estaba relacionado con los Grupos de Acción Psicológica: Canal 11, Prensa Escrita, Periodistas.

Por otro lado el Enlace de Villone estaba relacionado con los Grupos de Apoyo, donde figuraba Julio Yessi responsable nacional de la J.P.R.A. Juventud Peronista de la República Argentina.

El Enlace de Conti estaba conexo con los Grupos Ejecutivos estos eran ocho: del Grupo A al H.

Grupo A responsable Almirón

Grupo B responsable Rovira

Grupo C responsable Coquibus

Grupo D responsable López

Grupo E responsable Farweson

Grupo F responsable Pascucci

Grupo G responsable Tarquini

Grupo H responsable Escobar.

Las directivas eran claras: cada grupo estaba integrado por el jefe, cuatro miembros más y el hombre de apoyo, por lo que se deduce; además un aspecto relevante, en dicho trabajo, se sostiene que en caso de ordenarse la ejecución, 'cada miembro del grupo efectuará un disparo sobre la víctima en un órgano vital. TODOS serán responsables de la ejecución'.

Instrucciones precisas que estaban redactadas minuciosamente, dando una muestra de que la de la Triple A no era una organización improvisada.

Cabe una aclaración, esto lo afirma Horacio Paino en su libro Historia de la Triple A, Editorial Platense de Montevideo, República Oriental del Uruguay, 1984. En la revista Gente de mayo 1976, en una larga nota dice algo diferente: '12 de febrero de 1976. 'En la cárcel de Villa Devoto, un detenido de nombre Salvador Horacio Paino, de 50 años. Declaró ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados. Sus palabras abrieron de golpe el telón sobre el caso de la organización terrorista Triple A que hasta entonces, a pesar de ser un secreto a voces, era un enigma'.

'El organigrama de la Triple A está a disposición de ustedes en el juzgado del doctor Teófilo Lafuente, y también las carpetas con los cargos que cada uno ocupaba en la Triple A, que fueron escritos directamente de puño y letra por el ministro López Rega'. Pocos días después de estas declaraciones. Jorge Conti habló también ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, donde desmiente todo esto.

El asesinato sistemático de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) dejó un saldo de entre 1.500 a 5.000 muertos, miles de exiliados, y el terror y el campo arado para la llegada de la última dictadura.

Entre los numerosas víctimas se cuentan al abogado Rodolfo Ortega Peña, el intelectual Silvio Frondizi, el padre Carlos Mugica, el vicegobernador de Córdoba y dirigente de la C.G.T. cordobesa Atilio López, el periodista Jorge Money, el militante peronista y miembro de la Resistencia Peronista Julio Troxler. En San Nicolás fue asesinado el director del diario “El Norte”, José Domingo Colombo, en Quilmes asesinaron a Isaac Mosqueda, miembro del Consejo Local de la Juventud Peronista -J.P.-, bajo el puente del río Primero -provincia de Córdoba- el 24 de septiembre apareció el cadáver de José Damiano, dirigente de la Juventud Trabajadora Peronista -J.T.P.- que enfrentaba en su sindicato a la conducción burocrática; su cuerpo presentaba huellas de haber sido torturado. También en la lista de asesinados figura Enrique Grinberg, del Ateneo Evita de la Juventud Peronista -J.P.-.

Podemos registrar entre los que salvaron milagrosamente su vida de los escuadrones de la Triple A el diputado radical Hipólito Solari Irigoyen, quien sufrió dos atentados, perdiendo una de sus piernas, otro de los que se salvó dos veces fue Juan Manuel Abal Medina, según González Janzen, en el caso de Paino cuenta otra historia que relataremos más adelante, este era hermano del montonero Fernando. Otro que salvó su vida fue el cura miembro de Sacerdotes para el Tercer Mundo el padre Richardelli de la villa del Bajo Flores, quien se tiró al suelo y se dio por muerto cuando desde un coche lo balearon recibiendo tres impactos de bala. Este mismo relato lo obtuve cuando realizaba una investigación sobre el barrio, la villa y la forma que había actuado el Primer Cuerpo de Ejército. Relato que hicieron las mismas mujeres del lugar.

Entre las personalidades latinoamericanas y víctimas de los grupos parapoliciales armados desde el Ministerio de Bienestar Social por su ministro José López Rega se encuentran el general chileno Carlos Prats y el dirigente uruguayo y legislador Zelmar Michelini, ambos se exiliaron en la Argentina luego de los respectivos golpes de estado.

Aparentemente la Triple A desaparece con el golpe de estado del 24 de marzo de 1976, y todos sus cuadros civiles y militares se reciclan en lo que se denominaron los Grupos de Tareas, entramado del Sistema Nacional de Represión, sin embargo, de corroborar la información y testimonios brindados por el miembro organizador de la Triple A Horacio Paino, esta habría seguido accionando luego del golpe, los nombres de las víctimas fueron entregadas en la parte I de este trabajo.

Volviendo al accionar de la organización terrorista Triple A, y en esto vale la palabra terrorismo que significa: Se entiende como la práctica política del que recurre sistemáticamente a la violencia contra las personas o las cosas provocando el terror (diccionario político Norberto Bobbio).

Sucesión de actos de violencia utilizados como instrumento político. Dominación por el terror (diccionario de la lengua española).

Además del Ministerio que sirvió para el acondicionamiento de autos como el caso de los dos primeros Rambler, en los talleres de la calle Suárez, preparados con dispositivos que arrojaban aceite, clavos miguelitos, dos ametralladoras que tiraban hacia atrás, con orificios de salida para las armas, espejos retrovisores especiales, transmisores de radio, motorotas; además de todo esto y otras sofisticaciones más, se alquilaron oficinas en Chacabuco 145, en su primer piso, un departamento en Carlos Calvo y Sáenz Peña y se utilizaron los departamentos de 'Telma en Valentín Gómez y Bulnes y el de María Josefina en la calle Arenales', tal lo afirma Horacio Paino en Historia de la Triple A.

El armamento fue conseguido vía un conocido, que vivía cerca de Lastiri y con conexiones en Paraguay, y sabía como armar a un ejército.

Por otro lado, en el organigrama de la Organización a Nivel Nacional figura: en el medio el Ministerio de Bienestar Social y cinco jurisdicciones: Chaco: CNU Comando Nacional Universitario; Formosa CNU, Brigadier Lacabanne en Córdoba, U.O.M. (Unión Obrera Metalúrgica) y C.N.U.; Buenos Aires U.O.M. y Neuquén.

En el caso de la organización a nivel Provincial: Bahía Blanca: UOM, Mar del Plata: Vitale – Taller Los Alpes, Avellaneda: UOM, La Plata: Dr. Spinelli, San Martín: UOM.

La historia y lo decimos siempre, no es un hecho anecdótico, una cronología sin ilación, por el contrario está estructurada, conecta con otros aspectos esenciales y hace a un conjunto que refleja la realidad, o por lo menos, permite analizarlo. No es casual que Horacio Salvador Paino sostenga: 'Una vez detenida, la víctima dejaba de ser una persona. Era un objeto a disposición de sus captores'.

En el Sistema Nacional de Represión, trabajo que puede ser consultado en este mismo medio, más los distintos informes relevados de la Conadep como los que realizaron posteriormente los organismos de Derechos Humanos, certifica que una vez ingresado el detenido, se le quitaba toda identidad, se le colocaba un número y quedaba a disposición de sus captores. Nadie fuera de ellos, sabía sobre su destino…

Además de toda la acción llevada adelante por la Triple A, contó con una red de informantes y colaboradores, no casualmente, que se infiltraban entre quienes estaban en la mira de ser secuestrados. Sacar toda la información posible era el pedido de López Rega y hacia este objetivo se caminaba.

Más víctimas de la Triple A

Víctor Groia, Carlos Marque, Julio Orozco, David Wimsen de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.

Doctora en Medicina Cristina que fue ejecutada aparentemente en una quinta camino al Centenario, en la provincia de Buenos Aires, quien se ganó la admiración de sus propios captores por la valentía que demostró hasta el final, militante peronista.

La voladura del coche Citroen de la docente Raquel sin apellido, profesora de Filosofía y Letras.

Ricardo Altamirano de Ingeniería, enterrado aparentemente en el cementerio de San Martín.

Carlos Severino, Diego Martín Dalles, Antonio del Cura, Barros Oliva Cantero, Demetrio Silva Asunción, según la información quemados y arrojados en la caldera del Ministerio de Bienestar Social.

Gabriela Castro e Hilda Nerguicián, enero de 1974 pertenecían al ERP, también estarían en Ezeiza.

Adrián Bonifatti, Sergio Schuller y Mauricio Pedemonte también del Partido Revolucionario de los Trabajadores, enterrados aparentemente cerca de las piletas de Ezeiza.

Hay otro caso de artesanos que trabajaban en Plaza Francia, sindicados como Montoneros y que se conocen sus nombres de pila. Graciela, Marta, Luís, Walter, Pablo y Enrique que parecen haber sido enterrados en la estancia la Balandra, entre La Plata y Magdalena, sobre el camino que une ambas localidades. Es dable referenciar que todos pasaron por los mismos episodios de destrucción de los cuerpos. En la lista figuran entre otros, Virginia Zeppo y Adriano Tosco.

A esta altura el objetivo del Estado, sobre la creación de este órgano de represión llamado Triple A, cumplía con su cometido: era la de reprimir e instalar el terror. Los secuestros, la tortura seguida de muerte y la desaparición de sus cuerpos, el accionar metodológico que tuvo continuidad durante la última dictadura militar fue la represión en forma sistemática a todos los luchadores populares y sus organizaciones.

Los documentos de los secuestrados y asesinados se reciclaron y se utilizaron para otros menesteres, muchos desaparecidos figuran sin sus apellidos, o bien no están registrados, pero siempre es bueno apuntarlo: en algún lugar está la lista completa y están sus nombres, apellidos, sus realidades, sus vidas y sueños, aciertos y errores. El terror se empleó para destruir sus almas, la de sus familiares, amigos y compañeros.

Se instaló en la sociedad el terror que es más que miedo. Y de la mano del terror, además, se destruyó parte de nuestra cultura como pueblo, y en su reemplazo apareció el culto a lo individual, a lo superficial, la mediocridad se enseñoreó en la sociedad a todos los niveles, apareció un realismo banal, y con ello el egocentrismo, naciente de la concepción de hombre exitoso, la sociedad se anestesió, se hizo fláccida, prefirió mirar hacia otro lado.

Un caso relevante y que hay que destacar, fue el de Agustín el gringo Tosco, dirigente del sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba, perseguido por la Triple A, dirigidas por el comisario García Rey en Córdoba, el Comando Libertadores de América y por las fuerzas policiales del brigadier Lacabanne. Nunca pudo ser atrapado… por el contrario, si bien, por tener que pasar su vida en clandestinidad no pudo tratarse de una enfermedad curable le llegó una muerte injusta. Quienes velaron por la seguridad de Tosco, trabajadores de todos los gremios, lo cuidaron hasta el último instante de su entierro, el cajón con sus restos nunca fue entregado a la policía y sicarios, a pesar de la represión en el cementerio.

Nada valió, ni la represión, ni las huestes de la Triple A, ni la persecución sistemática, el Gringo pudo salvarse gracias al accionar del Movimiento Obrero organizado de Córdoba y otras fuerzas sociales. Párrafo aparte, es necesario mencionar que miembros de un sector de la Iglesia Católica de Córdoba, encabezada por los curas Nasser y Vaudagna, entre otros, cuidó al gringo Tosco, lo clandestinizó.

Es bueno comenzar a mirar hacia adelante pero no olvidando el pasado, y tener claridad sobre las responsabilidades históricas, esta descripción tenebrosa existió en nuestra tierra. Hoy, no nos podemos pavonear y recordar a la Triple A con fines electoralistas y banales, cuando siguen existiendo niños menores de 14 años que trabajan largas jornadas, sin escolaridad, sin juegos y sueños. Mientras la doctrina Blumberg busca condenar a los jóvenes pobres. Cuando la brecha entre ricos y pobres se agranda, y la mortalidad infantil no se detiene, esto es parte del genocidio silencioso del sistema, sin triple A.

Los están empujando a otra desaparición silenciosa, meterlos en la cárcel, reformatorios y lugares lúgubres de reclusión. Es otra forma de implementar el terror.

Mientras los grandes medios horrorizados se enloquecen por los jóvenes que veranean y se hunden en las redes del alcohol y la droga. El todo vale, todo se puede hacer porque me ampara la impunidad, ha carcomido a una sociedad que creyó que con los barrios cerrados, las rejas, las alarmas, la seguridad privada iba a aislarse del dolor de la pobreza, la indigencia, la desocupación y la in-justicia.

Es como el poema de Bertold Brecht: ahora me toca a mí, pero ya es tarde…

Todos estos niños pobres, adolescentes sin presente y futuro no interesan a esta sociedad que dejó que todo valiera, y todo siguiera.

Por eso Jorge Julio López sigue desaparecido… las fuerzas populares no han irrumpido aún…

Fuentes:
Periódico Villa Crespo, Mi Barrio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 1999 y enero del 2000.
El Guardapalabras, memoria de un ferroviario, Juan Carlos Cena 1998, La Rosa Blindada
El Cordobazo una rebelión popular Juan Carlos Cena 1999, La Rosa Blindada
Historia de la Triple A Horacio Salvador Paino, 1984 Editorial Platense
La Triple A Ignacio González Janzen, 1986 Editorial Contrapunto
Material aportado por Haydée Dessal
Breve Historia de las Masacres Juan Carlos Cena 2005 Agencia Argenpress y reproducida en otros medios
Nomeolvides, Memoria de la Resistencia Peronista 1955-1972 Liliana Carulli, Liana Caraballo, Noemí Charlier, Mercedes Cafiero, Editorial Biblos, 2000.
Fuentes propias

LA SINIESTRA HISTORIA DE LA TRIPLE A

2007-01-25T07:01:00.000-08:00

“-Señor general, si la matanza es tan grande
¿Quién quedará para nuestro servicio?
-Ea. Déjame -respondió Garay-, que es la
primera batalla, si en ella los humillamos
tendremos quien con rendimiento acuda a
nuestro servicio”
Investigación de Inés Vázquez
sobre la matanza de los indios Querandíes.

Apareció en el firmamento, como una estrella fulgurante, la reconocida y las tristes andazas de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), que según uno de sus fundadores y organizadores la sigla fue elegida por el ex cabo José López Rega, porque simboliza los tres continentes: Asia, Africa y América que tienen poderes mágicos provenientes de la antigua civilización Sumeria.

Esoterismos al margen, la realidad fue su creación y su accionar durante la etapa de 1973 a 1977 incluido, porque algunos casos de desapariciones, secuestros y otros son adjudicados a la misma organización parapolicial. Teniendo claro que esta, como otras, fueron recicladas en el aparato del Sistema Nacional de Represión.

Esta investigación no nace de este instante político, por el contrario, fue realizado una parte de ella entre septiembre de 1999 y enero del 2000 para un periódico zonal *.

No es oportunista este trabajo, es parte de una investigación más profusa que estará en la obra Clase Obrera: Represión y Enfrentamiento de Juan Carlos Cena, además, como todas las investigaciones no son realizadas por una persona, conforman la realidad de ser partícipes otros, por eso tienen siempre mejores resultados.

Luego de estas aclaraciones vale pensar en una introducción a la Historia de la Represión en Argentina

Introducción

Breve racconto de las organizaciones para policiales/militares en Argentina.

Nombrarlos para luego contextuarlos en cada período histórico correspondiente:

Los Cardenales: provincia del Chaco - La Forestal
La Liga Patriótica Argentina
Círculo Tradición Argentina
La Legión Cívica
La Unión de Agrupaciones Nacionalistas (UNA)
La Guardia Argentina
La Guardia Blanca
La Alianza de la Juventud Nacionalista que luego será la Alianza Libertadora Nacionalista (ALN)
Los Comandos Civiles y la Alianza Libertadora
Movimiento Nacional Tacuara
Guardia Restauradora
Libertadores de América

A estos nombres hay que sumar a aquellos hombres de la derecha argentina, como Leopoldo Lugones, que afirmaba: 'Ha sonado otra vez, para bien del mundo, la hora de la espada'.

Cada uno de estos grupos parapoliciales y paramilitares son parte de una realidad que le sirve al estado burgués, al sistema capitalista, y no como una consigna, sino como algo real y concreto, que se concentra en el poder político y económico del Estado. Por eso el tratamiento de este tema es un tratamiento político. El sistema cuando no puede o no tiene posibilidades de represión por intermedio de las fuerzas 'autorizadas y legales' utiliza claramente los 'para', son aparatos clandestinos de represión.

La última dictadura militar creó el Sistema Nacional de Represión. Toda una organización represiva sofisticada. Misma que se abasteció de lo oculto, lo clandestino y el espionaje a todo lo que significa luchar. Los subterfugios represivos se orientaron, en todas las instancias, a la represión al Pueblo y esencialmente al Movimiento Obrero y Movimiento Campesino organizados.

La Triple A fue una de esas organizaciones creadas, estructuradas desde el Estado como todas las antes mencionadas. Se solazó secuestrando, torturando y asesinando a delegados, representantes sindicales antiburocráticos, hombres y mujeres luchadores a quienes se les sesgaron las vidas.

En este tramo de la introducción decirlo con todas las letras, existen responsabilidades de Estado, la ex presidenta, Isabel Martínez de Perón, es total responsable de lo sucedido durante su gobierno, responsabilidad que surge a partir del lugar que ocupó, esta historia salpica al tres veces presidente argentino, la historia tendrá que decir su parte.

Desde el golpe de estado de 1955 se trató, por todos los medios que poseía el Estado, de destruir al movimiento obrero. Sucesivos gobiernos democráticos y militares lo intentaron. La identidad mayoritaria del movimiento obrero es peronista. Con políticas de cooptación, represivas, o a través de la corrupción y otras formas se intentó y se intentará quebrar a las organizaciones obreras. Los gobiernos peronistas que administraron el Estado en cada oportunidad, obraron de la misma manera.

La creación de la Triple A, obró con objetivos bien definidos, sino veamos la lista de los compañeros asesinados, muchos con la identidad peronista o luchadores populares de otras identidades. La defenestración de los gobernadores como Bidegain, Obregón Cano, Cepernic, Martínez Bacca, Ragone, entre otros, fue el inicio violento de una ofensiva que no paró. Ocurrió con Perón vivo.

El rodrigazo, durante el gobierno de Isabel Martínez, fue el paso, desde un gobierno peronista, a la consolidación de una política de transformación que se venía ensayando desde el golpe de 1955 y que muestra y enseña sus primeras formas concretas en el Onganiato.

Para la concreción de ese cambio era necesaria la doblegación del movimiento obrero y el pueblo.

La represión en Villa Constitución y el llamado cordón rojo del Paraná, la militarización de Tucumán y así de seguido con la represión sistemática en Córdoba, Rosario y otros centros esenciales, y los asesinatos en todo el territorio nacional van marcando el devenir siniestro de las políticas de Estado del gobierno de Isabel Martínez de Perón.

La Dictadura y su genocidio, más los posteriores diferentes gobiernos “democráticos” callaron. Sólo las fuerzas populares y sus organizaciones salieron a pelear pidiendo justicia. Es dable preguntarse ¿Ahora, por qué tanta premura en investigar a la Triple A? ¿Por qué se desempolva un expediente que tiene años durmiendo?

Se puede argüir que es por justicia, pero las necesidades son políticas y en este entramado se está juzgando o se intenta condenar al presidente muerto. Lo decimos más arriba, la historia debe desnudar la participación de Perón. Pero lo que debemos tratar de dejar fuera de este juego es la demonización de una identidad que durante años luchó, resistió, murió, fue secuestrada, torturada, desaparecida.

Lo que se intenta destruir es al movimiento peronista y su larga historia de luchas, aciertos y desaciertos. Vale afirmar algo más, para los distraídos: más del 70 por ciento de los detenidos desaparecidos pertenecen al movimiento obrero, más del 60 por ciento de ese porcentaje tenían la identidad peronista. Casi ninguna estructura burocrática del peronismo actual levantó a sus muertos y desaparecidos. La propia central sindical se ha olvidado de sus mártires. Tres décadas después ha realizado un relevamiento de los detenidos-desaparecidos, esto no invalida sus olvidos y desmemoria. Cuando la central obrera quiere hacer homenajes no escatima en intentos. No podemos hablar de las estructuras partidarias esas han pasado con bagaje, armas e ideas al campo del enemigo, y ahora le cantan al capitalismo su oda milagrosa…

La Triple A es el fiel reflejo de una etapa dolorosa en el país, aunque muchos que hoy dicen no saber nada o alientan esta investigación deben rendir cuentas de sus actos. Los muertos, muertos están y no volverán más. Son muchos los que han quedado en el camino de la lucha por un país y un mundo mejor. Ideales, sueños y utopías se fueron entre los gritos de dolor de esas antesalas de la última dictadura, en el tercer subsuelo del Ministerio de Bienestar Social.

Siempre se dijo que Perón había llevado de las narices a los peronistas y que las luchas por las mejores condiciones de vida durante los diez años de los gobiernos peronistas habían sido una concesión magnánima del líder. Desmerecer al pueblo ha sido una figura recurrente por derecha, centro e izquierda. Si esto fuera así Perón no hubiera tenido los cientos de paros y reclamos que existieron. El movimiento obrero organizado, con mayoritaria identidad peronista, se le opuso en el Congreso de la Productividad en 1954. Podemos reseñar una larga lista de paros, acciones y confrontaciones de los distintos gremios que pararon en la década peronista.

'La relación Perón-peronismo-obreros no es como dice Gino Germani, sólo de manipulación, sino de tensión, negociación y fuerza. Los conflictos mencionados ilustran y pintan como nadie esta relación', Juan Carlos Cena **.

La masa peronista sabe quienes fueron Perón y Evita, que simbolizan y cuales fueron los aciertos y errores, no son ganado de arriar, hay una larga tradición de luchas, comenzamos afirmando con mucho fuerza: la Resistencia Peronista fue 'la respuesta sustancial del movimiento obrero peronista al golpe de Estado de 1955', afirma Juan Carlos Cena ***.

Las mujeres de Villa Manuelita le hicieron frente a las huestes militares y civiles de la Revolución Libertadora durante días, enarbolando sus prendas y golpeándose sus pechos para defender lo que consideraban de ellos, el gobierno derrocado.

El peronismo sufrió la pérdida del cadáver de Evita que fue humillado y desaparecido por años. Felipe Vallese, el delegado obrero metalúrgico desaparecido, los asesinatos en los basurales de José León Suárez, las persecuciones y fusilamientos en destilerías y puertas de fábricas que fueron dejando el tendal de trabajadores resistentes.

La historia es dolorosa, inconmensurable y profusa en hechos que han quedado ocultos o bien se han olvidado por los olvidos obligados…

Siempre al movimiento obrero y al peronismo, como identidad, se la quiso destruir, al movimiento obrero desde antes de Perón y desde el peronismo, siempre las identidades políticas en el movimiento obrero, que no fueran burocráticas, fueron terroristas: el anarquismo, socialismo, comunismo, sindicalismo y peronismo.

Decir, como afirman los dirigentes cegetistas, que más del 60 por ciento de los votantes votaron en las últimas elecciones por candidatos peronistas implica pensar que todos siguieron los designios de aquel gobierno que nacionalizó todos los resortes básicos de la economía argentina y que echó y le tiró la galera al embajador norteamericano Spruille Braden, y no es así, este resulta un suceso irrepetible. Esa afirmación de los dirigentes es una falacia. Menem lo hizo y los entregó a todos; el actual gobierno continúa nefastamente su plan de privatizar y concesionar todo, sin signos de recuperar los bienes nacionales, como el petróleo, los medios de comunicación, la energía y el transporte. Menem se encargó de tener relaciones carnales y este presidente puso su mano sobre la pierna de Bush, como una señal de buenos amigos e hizo sonar la campanita en Wall Street.

Desde el mismo riñón de Olivos en un alarde de banalismo se defiende a este sistema político y social infame, nada acorde con la estrofa de la marcha peronista: 'Combatiendo al capital'…

La Triple A fue la realidad y práctica perversa de otra vuelta de tuerca para arrasar a aquellos que quieren cambiar, modificar las estructuras injustas. Todas las estructuras 'para' fueron esenciales para liquidar esas luchas y sueños.

Los Cardenales azolaron a los obreros de La Forestal.

La Liga Patriótica Argentina elaboró un plan perverso y macabro durante el mismo gobierno de Hipólito Yrigoyen.

El Círculo Tradición Argentina y la Legión Cívica se enseñorearon durante el gobierno de Uriburu. En el caso de la Legión Cívica desfiló por la Avenida de Mayo durante la década infame, con el brazo en alto y las camisas pardas.

En 1933 es designado Leopoldo Lugones jefe civil y Pelleson jefe militar de la Unión de Agrupaciones Nacionalistas (UNA), después constituyen la Guardia Argentina

La Alianza de la Juventud Nacionalista que luego será la Alianza Libertadora Nacionalista (ALN) la de Patricio Kelly. Los Comandos Civiles y la Alianza Libertadora durante el gobierno de facto de Lonardi-Aramburu- Rojas.

Movimiento Nacional Tacuara sobre la década del 60. Libertadores de América en la provincia de Córdoba y otros tantos grupos y grupitos que aparecieron en el cielo oscuro de nuestro territorio. Todos trabajaron para la consolidación del capitalismo en Argentina.

Estos, lo debemos decir, son los antecedentes de esta Triple A donde confluyeron aquellos que intentaron destruir al peronismo, que traicionaron a los resistentes peronistas como fue el general Iñiguez, que masacraron a peronistas, comunistas, socialistas, anarquistas y otros. Porque las víctimas para ellos son claras: la clase obrera, los trabajadores que se opusieron siempre por un problema de 'clase' a estos grupos parapoliciales y paramilitares, teniendo claro que los cazados son los trabajadores, sus representantes honestos, no importando su identidad partidaria.

La Triple A dejó un tendal de muertes, algunos sostienen 1.500, otros 2.000 y algunos llevan la cifra a cinco mil asesinatos en todo el territorio. Desde el mismo riñón de la Triple A se adjudican el asesinato de José Ignacio Rucci, la desaparición de Raúl Alfredo Bonafini en febrero de 1977, Carlos Gustavo Cortiña el 15 de abril de 1976, Héctor Chaves el 29 de marzo de 1976, Dante Guede el 9 de octubre de 1976, estos datos corroborarían que esta organización parapolicial siguió trabajando como tal luego del golpe de estado del 24 de marzo de 1976.

La Triple A existió en el horizonte del terror hace más de tres décadas y tuvo su funcionamiento hasta el golpe o posterior, hoy sale a la luz como algo nuevo o notorio, ellos, sus responsables, deben pagar. Pero cabe preguntarse que hacemos con Jorge Julio López desaparecido en este gobierno. Que hacemos con los muertos de estos últimos años, los registros que lleva la Correpi nos vuelven a hablar de torturas, de golpes y de violación sistemática de los derechos humanos. En la provincia de Jujuy existe un Sindicato de Niños y adolescentes que trabajan, los niños mueren por desnutrición, por hambre y hay entre siete y nueve millones y medio de niños y adolescentes entre 0-17 años que viven en la pobreza e indigencia, de acuerdo a las fuentes consultadas.

Hay que procesar, juzgar, condenar y que purguen en la cárcel los represores de la Triple A y sus responsables políticos e ideológicos. Pero hay que buscar justicia hacia tanto dolor que sigue su curso inexorable. Pero este pedido es como tirarle margaritas a los chanchos…

Los niños siguen trabajando.

Jorge Julio López sigue desaparecido.

La in-justicia y la pobreza siguen un curso inexorable…

Porque 'La historia de nuestro país, como así la de América Latina, está marcada por matanzas, limpiezas étnicas, represiones, torturas, esclavitud, racismo, desapariciones; violencia ejercida por las clases dominantes para imponer las prácticas culturales de opresión y explotación'. Breve Historia de las Masacres, Juan Carlos Cena.

Ahora, comencemos con la Triple A.

• *Periódico Villa Crespo, Mi Barrio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre 1999 y enero del 2000.
• **Juan Carlos Cena El Cordobazo una rebelión popular
• ***Juan Carlos Cena en el Guardapalabras, memoria de un Ferroviario 1998 - La Rosa Blindada

Fuentes:
El Guardapalabras, memoria de un ferroviario, Juan Carlos Cena 1998, La Rosa Blindada
El Cordobazo una rebelión popular Juan Carlos Cena 1999, La Rosa Blindada
Historia de la Triple A Horacio Salvador Paino, 1984 Editorial Platense
La Triple A Ignacio González Janzen, 1986 Editorial Contrapunto
Material aportado por Haydée Dessal
Breve Historia de las Masacres Juan Carlos Cena 2005 Agencia Argenpress y reproducida en otros medios
Nomeolvides, Memoria de la Resistencia Peronista 1955-1972 Liliana Carulli, Liana Caraballo, Noemí Charlier, Mercedes Cafiero, Editorial Biblos, 2000.
Fuentes propias

Conversamos con Héctor Cataldo, dirigente de la Agrupación de Ex-Presos Políticos

2007-01-12T13:21:00.000-08:00

- Actualmente eres miembro de la Asociación de Presos Políticos y del Movimiento Confianza. La tesis de Verdad, Justicia y Reparación es la bandera de lucha de los Presos Políticos. ¿Podrías explicar sus alcances? ¿Qué avances, retrocesos, logros y frustraciones podrías marcar en estos tres ámbitos de lucha?

Efectivamente soy miembro de la Agrupación de ex Presas y ex Presos Políticos de la V Región, conocida en el medio con el rótulo de AexPP V Región. También pertenezco a la recién formada Asociación de ex Presos Políticos y ex Prisioneros de Guerra de Valparaíso entre los años 1973 y 1975, cuyo objetivo principal es trabajar en el tema de la Memoria Histórica. El Movimiento Confianza que mencionas es una iniciativa de otra naturaleza, vinculada más a la participación ciudadana y a la contingencia política, que reunió a algunos ex simpatizantes de la UP en torno a una percepción valórica de dichos temas y como una manera de apoyar la opción levantada por diversos referentes en el Juntos Podemos.

No sólo los ex PP plantearon esta plataforma de Verdad, Justicia y Reparación. Ya antes lo habían hecho los familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Sin embargo estas últimas organizaciones pusieron el acento en Verdad y Justicia en la búsqueda de información sobre el paradero de sus seres queridos. En adición, casi como una cuestión de justicia o sentido común, el gobierno legisló a favor de los familiares algunos aspectos de la reparación.

Para los exPP fue distinto el escenario. Hubo que partir por hacerse reconocer como víctimas también de la represión dictatorial, la lucha se dio primero por conquistar el público reconocimiento de que la dictadura practicó una política de terrorismo de estado y que en ese marco es que se producen las desapariciones, ejecuciones, las torturas y la prisión política. Acuñamos el concepto de sobrevivientes a la tortura y generamos un escenario en el que el Estado debía sumir la responsabilidad por las violaciones a los DD HH, obligado por la ética y por la jurisprudencia internacional al respecto, un escenario en el que las víctimas estaban vivas y reclamando personal y urgentemente Reparación.

- Explícanos qué entienden Uds. por Reparación Integral.

La Declaración Universal de los DDHH, la Convención Contra La Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y otros acuerdos firmados por Chile, se transformaron en armas importantes para poner el acento en una reparación ética, social, judicial y material. La llamamos reparación integral.

Los primeros intentos de los exPP para obtener reparación fue demandar al Estado por daño moral y sicológico, lo que se hizo por primera vez en Valparaíso. La AexPP

V Región alcanzó a presentar tres demandas masivas, las que fueron objetadas por el Consejo de Defensa del Estado y rechazadas en la forma, sin entrar nunca al fondo del problema. El camino natural de esta vía fue una presentación, por denegación de justicia, ante la corte interamericana de DD HH, con asiento en Costa Rica.

Ya en el año 2001 vislumbramos que la “judicialización” de las demandas de los exPP era un esfuerzo más simbólico que práctico, que nos oponía al Estado democrático en lugar de procurar su apoyo y que la solución, por ser política, pasaba por una ley de reparación.

Este camino permitía abrir discusión en el Parlamento y con el Ejecutivo; poner a instituciones de gran peso moral como las Iglesias a favor nuestro; permitía concitar apoyo internacional tanto social como político. Por esta razón elaboramos, no sin dificultades internas debidas a los diferentes enfoques, un pre proyecto de ley de reparación, con el que conseguimos el apoyo en el Parlamento, primero de algunos senadores y diputados más sensibles al tema y después de los plenos de ambas Cámaras que aprobaron sendos acuerdos solicitando al ejecutivo legislar a favor de los exPP. Otra fue la actitud del gobierno. En septiembre del 2002 le hicimos llegar a Ricardo Lagos nuestra solicitud acompañada de la propuesta de Ley. Sin embargo hasta abril de 2003 nada había respondido.

- ¿ Cómo consideran la respuesta que dio el gobierno de Ricardo Lagos a sus demandas?

Recién el 22 de junio de ese año y debido a nuestra insistencia, nos respondió el secretario general de la presidencia Francisco Huenchumilla, en una carta llena de errores conceptuales y que denunciaba la ignorancia de dicho funcionario sobre el tema. Tanto fue así que básicamente nos comunicaba que todo lo referente a reparación por violaciones a los DD HH estaba hecho y que el gobierno rechazaba nuestra solicitud. Sin embargo, el 12 de agosto del mismo año, tras la insistencia nuestra, de la Comisión Etica contra la Tortura y de una Comisión internacional integrada por el obispo luterano Helmut Frenz, la trabajadora social belga Francoise Visée y el ex embajador noruego en Chile Frode Nilsen, Lagos da a conocer su propuesta “No hay mañana sin ayer” sin haberse reunido ni una sola vez con las organizaciones de ex PP, confirmando la concepción autocrática de gobierno que caracterizó su administración.

- ¿Fue positiva la Comisión Valech?

Como quiera que sea, después de la Comisión sobre prisión política y la ley 19992, conocida como ley Valech, se podría decir que terminó un ciclo en la lucha de los exPP por la reparación. El resultado fue efectivamente austero y simbólico, como lo anticipara Lagos, pero también fue incompleto. El universo de beneficiarios reconocidos por la Comisión alcanzó mas o menos al 10 % de lo estimado por diversas fuentes como la Vicaría de la Solidaridad o el Colegio Médico de Chile, no se concedió la Indemnización por tiempo de reclusión, el beneficio habitacional se redujo a 100 puntos extras en la postulación, no se anularon los juicios incoados por declaraciones obtenidas bajo tortura, aún no se restituyen los derechos civiles y políticos conculcados a los ex PP, no se consideró la situación de los menores detenidos o que nacieron bajo prisión, la pensión por tortura es incompatible con la de exonerado o cualquier otro beneficio vinculado a las violaciones a los DD HH, aún cuando se motivan en razones distintas. Todas las insuficiencias indicadas antes conforman la plataforma reivindicativa de los ex PP en el plano de la Reparación Integral.

- ¿Qué aspectos pendientes quedan por abordar?

En el tema de Verdad, en cambio, me parece que los exPP no hemos hecho todo lo que podríamos y lo que el compromiso social con las generaciones futuras nos conmina a realizar. Ha habido esfuerzos individuales por contar la historia de algunos centros de prisión y tortura a través de libros, películas y documentales, pero no hemos hecho el trabajo sistemático de vaciar los testimonios en un esfuerzo conjunto y recomponer los hechos desde la mayor cantidad de ángulos que la diversidad de afectados implican y para la mayor parte de los centros de detención y tortura que existieron. Un par de tibios intentos se realizaron, en Valparaíso por ejemplo incluso con apoyo de sicólogos del PRAIS, pero no pasaron de ser oportunidades para la catarsis personal, lo que de suyo no es malo pero que requiere de apoyo, análisis y metodologías más elaborados.

En cuanto a la Justicia, todos sabemos que los procesos incoados por individuos y organizaciones de DD HH se han enfrentado a un murallón de impunidad construido por los acusados, por las FF AA, por los pinochetistas, por las autoridades de los gobiernos post dictadura y por los propios jueces que han recurrido a dilaciones injustificadas y con mano rápida a la Amnistía cada vez que pueden.

Pese a todo los exPP han participado como testigos en los juicios por desapariciones y ejecuciones, se querellaron masivamente contra Pinochet, en la Fuerza Aérea se logró procesar y condenar a varios torturadores y actualmente la AexPP de la V Región, con el patrocinio del abogado de DD HH Hiram Villagra, tiene procesos vigentes por tortura en el Lebu, en la Academia de Guerra y en el cuartel Silva Palma, todos ellos contra los que resulten responsables en la Armada naturalmente.

- En el tema Justicia ¿cuál es la percepción de tu organización?

Para que en Chile se pueda hacer Justicia de forma efectiva sobre las violaciones a los DD HH es preciso que se logre la Anulación de la Ley de Amnistía – no su simple derogación – para eliminar cualquier efecto de esta antidemocrática regulación. Pero también es necesario cambiar el criterio de prescindencia, cuando no de decidida colaboración con la impunidad, que han mantenido los gobiernos hasta ahora, esto significa instruir al Consejo de Defensa del Estado (CDE), por ejemplo, para que se haga parte en favor de los querellantes.

Incluso sería una buena señal de voluntad política crear una oficina para el patrocinio de causas vinculadas con violaciones a los DD HH, financiada por el Estado, o la creación de un fondo para financiar las costas de los juicios y a los abogados que hoy patrocinan estas causas y las que en el futuro se inicien con el objetivo de identificar a los responsables y de aclarar las circunstancias de dichas violaciones.

Hasta aquí todo está bien teniendo a la vista el pasado y el presente, la plataforma de Verdad, Justicia y Reparación obedece a una visión de los DD HH desde el punto de vista de las violaciones de que fueron objeto. Corresponde a una etapa necesaria e ineludible. Hoy hace falta dar un paso más y poner la vista en el futuro, en cómo aprovechar la experiencia del pasado para prevenir la reiteración de tales desgracias. Se trata de abordar desde una perspectiva propositiva la idea del Nunca Más. Este no es, en términos de los conceptos, un tema nuevo pero si requiere de nuevas prioridades y, tal vez, de nuevas organizaciones sociales.

Porque no se garantiza el respeto a los DD HH sin el conocimiento de ellos, de su significado histórico y social, de su impacto en el desarrollo de las fuerzas productivas y de las relaciones económicas entre los individuos y de estos con el Estado. Y el conocimiento se puede transmitir por una especie de osmosis intelectual, pero es mucho más asertivo hacerlo a través del sistema educacional, con profesionales idóneos, con planes y programas en permanente evaluación de su efectividad y que abarquen todas las esferas de la educación- formación en Chile. Me refiero a que no puede excluir a las FF AA sino más bien tiene que poner el acento en ellas.

A propósito de FF AA, está pendiente también el asunto de la superintendencia de la Corte Suprema sobre la justicia militar, de cómo ésta se limita a las causas no comunes que involucren exclusivamente a militares. Nunca más podrán, los tribunales militares, procesar a civiles. Me imagino que esto puede cambiar en situación de conflicto militar, pero eso implicaría que la autoridad civil decretaría estado de emergencia y tendría que asumir los efectos de éste en todos los planos. No es posible que a un estudiante al que la policía le ha tirado agua pestilente, le ha lanzado gases lacrimógenos, le ha echado los perros, lo han agarrado a palos, le han tirado el pelo, se lo lleven preso porque le tira una patada o un combo a uno de ellos y encima lo procesen en la justicia militar. No hay justicia, igualdad ni sentido común en eso. ¿Quién puede garantizar que el abuso de poder, el uso de fuerza desproporcionada, la desobediencia a instrucciones expresas de la autoridad civil se ventilen y castiguen en los tribunales militares con la misma objetividad que en un tribunal civil?

- Por supuesto, la democracia se fortalece con la independencia real de los poderes públicos y en el marco judicial el hecho que jueces militares conozcan causas en que estén involucrados uniformados genera una relación cuestionable, donde el que juzga puede ser juez y parte…

Por otra parte, y a propósito de garantías para el ciudadano libre y con plenos derechos, también está pendiente la instauración en Chile del Defensor del Pueblo. Aquí nos ha faltado ñeque a las organizaciones populares para seguir impulsando el debate de ideas sobre el tema. Es de esperar que el estilo menos autocrático y más interesado en los problemas de la vida cotidiana de las mayorías que parece tener la actual presidenta, facilite el avance de un proyecto verdaderamente democrático y que en un tiempo razonable se transforme en ley.

Valparaíso, Diálogos con un Sobreviviente, 5 de enero de 2007.

Diálogos desde la Generación del Setenta

2006-12-30T13:38:00.000-08:00

Diálogos desde la Generación del Setenta

Estamos conversando con Héctor Cataldo Ávila, ex condiscípulo del Colegio Experimental Rubén Castro, ex Prisionero Político. Para mostrar una época, las utopías que se enarbolaban, caminos que se construían con pasión y también con una cuota muy fuerte de intolerancia.

Héctor, fuiste formado en un colegio católico, el Rubén Castro, donde tuvimos profesores jesuitas ¿Cómo se dio esa evolución política, que te llevó a ser militante del Mapu Gazmuri en los setenta?

Héctor: Tuvimos profesores jesuitas, pero fueron los menos. En general eran jóvenes egresados o en fase final de sus carreras en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que gozaban con el carácter “experimental” de nuestro Colegio. De hecho éramos dependientes de la UCV. Recuerdo un test para medir el coeficiente intelectual, CI, que tuvieron que rediseñar porque nos salimos de los rangos. También recuerdo las clases de matemáticas que incursionaron en temas de cálculo diferencial, o el enfoque de Historia de la Cultura, etc.

En todo caso creo que cuando la ola social llevaba a los chilenos hacia las ideas colectivas, de solidaridad, de justicia social, de gran discusión sobre la dialéctica Hombre – Sociedad, de preocupación creciente por la política contingente, el Colegio nos guiaba y empujaba en la dirección casi contraria. El acento científico matemático por sobre las áreas humanista y artística, la negación de la filosofía materialista (pre y post marxista y de Marx ni hablar) el humanismo cristiano reducido a la apertura de la Iglesia a la ciencia, la Doctrina Social de la Iglesia desvinculada de una propuesta política, nada de Teología de la Liberación, confirman esa apreciación. Con esto no quiero desconocer los aportes del Colegio que siempre hemos reconocido como la valoración de la integridad, la autoexigencia, la responsabilidad, el respeto a los demás, la búsqueda de la verdad, etc.

Hernán: Es cierto que se nos truncó la formación humanista al colocarse el acento en el pensamiento lógico y matemático. También es cierto que la mesa rengueaba por faltarle esa parte importante del reconocimiento de las propuestas sociales que venían del FRAP, Frente de Acción Popular, y la clásica alianza PC-PS. Pero lo que aprecio es que te dejó una capacidad de comprensión de tu entorno que nos hizo fuertes en la etapa universitaria, tanto como para meternos en la reforma con mucha más solvencia que los dirigentes que venían del liceo fiscal. Pero recuerda, además, que de política se hablaba en la casa, que allí estaba la esencia democrática republicana, que siempre había parientes opinando diferente, complementando lo que te entregaba el colegio.

Héctor: De todas formas en muchos aspectos llegamos a la Universidad como verdaderos ignorantes. Al menos yo me sentía así. A través de la Acción Universitaria Católica (AUC) descubrí que el trabajo social de la Iglesia tenía mucho que ver con injusticia social, con pobreza, con carencias, con sueldos insuficientes, con jefes de familia cesantes. Descubrí que la diferencia entre ricos y pobres esconde una diferencia social que tiene su explicación en la economía; unos nos metemos a trabajar para alguien y otros se meten(a la economía) para hacer trabajar. Yo estaba y estaría al salir de la Universidad entre los primeros. Entonces busqué una explicación para estas diferencias y me encontré con las clases sociales, con la lucha de clases, con el materialismo que explicaba las cosas desde sus causas y no por dogmas o determinismos mágicos (y no me refiero al materialismo que ingenua o malintencionadamente se asocia al consumo excesivo), con propuestas de solución como el socialismo. Por ahí fui entendiendo la frase Cristiana de que “a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César”. La buena fe no es suficiente, el consuelo del más allá no sirve en este mundo (más me parecía una “chiva”) y empecé a coincidir con propuestas como la de Aldo Francia; “Ya no basta con rezar”, aunque debo confesar que nunca fui muy bueno para eso.

Hernán: Para mí el paso por AUC significó entrar de lleno al ideario humanista cristiano, muy lógico por venir de un colegio católico; pero fue una etapa muy breve, ya que al poco rato estaba en los rebeldes que impugnaban las acciones conservadoras o tibias de la derecha del PDC. Yo entré a la UCH y allí conocí las propuestas marxistas. Tú has recordado la película “Ya no basta con rezar” que fue un hito. Pero también recuerdo que los católicos progresistas de entonces queríamos llevar adelante una revolución social y queríamos arrebatarle las vanguardias del cambio social a los marxistas.

En la Universidad se dio, a nivel de FECH, esa competencia y, a poco andar, todos estábamos en las pre candidaturas de 1969, algunos escindiéndose como MAPU y otros saliendo del PDC más tarde para formar la Izquierda Cristiana. Creo que los católicos fueron débiles al adoptar el marxismo como herramienta de análisis, siendo que el evangelio marcaba una visión del mundo que determinaba un compromiso en la tierra con los más débiles. Los teólogos de la liberación fueron posteriormente marginados y eso fue una lástima por el aporte valórico que implicaba un compromiso activo por los más pobres.

A la distancia, se aprecia que detrás de todo estaban los hilos de la conspiración imperialista, en el contexto de la guerra fría, financiando al PDC para evitar que triunfara la izquierda marxista.

Héctor: Después, al salir de la USM y empezar a trabajar en la Compañía de Gas de Valparaíso, me di cuenta que las teorías tenían una dramática expresión en la realidad y pude retroalimentar las ideas que había ido forjando en mi mente. La clase obrera estaba ahí, en la fábrica. El origen de las diferencias sociales estaba ahí a simple vista, para quien quisiera verlo. El maestro tal o cual, incluso tu papá, después de treinta o más años de duro trabajo, ganaba menos que lo que entré ganando yo. Y eso que mi sueldo era bajo, cuestión por la que fui criticado por mis compañeros de universidad. Las utilidades de un servicio tan público como el uso de combustible por parte de la población, no podía ir a manos de unos pocos inversionistas.

Tuve que decidir cuestiones vitales. O me dedicaba a trabajar y hacer carrera profesional. Vivir para trabajar se podría resumir. O me hacía cargo de las convicciones que estaba asumiendo: la realidad material es anterior a la conciencia y no al revés, al César hay que darle donde le duela, la política debe ser de buena clase y no oportunista, Maquiavelo estaba equivocado (éticamente hablando), los partidos son los instrumentos para hacer política contingente, mi origen cristiano y de capas medias emergentes me situaban más cerca del naciente MAPU que de los partidos tradicionales de izquierda.

Hernán: Gracias por recordar a mi padre. Él era socialista, maestro calderero trazador y trabajó en la Compañía de Gas, pero antes lo hizo en Astilleros Las Habas. Era excelente en su trabajo, tanto que construyó la primera lancha torpedera que se hizo en ese astillero. Para poder engrosar su salario debía hacer turnos de noche, trabajar a trato. Fue dirigente sindical y deportivo en la Compañía de Gas y su gran proyecto era que nosotros nos educáramos. De seguro lo mismo que para tus padres, que eran comerciantes y como los recuerdo, tan integrados a la comunidad de padres y apoderados. Por eso, siendo criado con mucho sacrificio en un hogar obrero, con la vertiente católica que ponía mi madre, resultó esta suerte de cristiano por el socialismo, que fue la bandera que me identificó en ese tiempo, tanto que creía mi deber aportar las lecciones del evangelio a la acción política, sin ser sectario, junto a los comunistas y socialistas.

Héctor: Es una evolución muy similar. De ahí a meterme al proceso de cambios que impulsaba la UP medió un solo paso. Lo hice con todo lo que tenía, sin hacer reparos ni quejarme por las apenas 4 ó 5 horas que dormía diariamente en la semana. Me convencían cada vez más la lectura de los clásicos del materialismo dialéctico y la constatación del fenómeno social real. Una idea que se me quedó grabada a fuego fue la naturaleza social de la producción. Son las necesidades del conjunto de la Sociedad las que explican y justifican que se produzcan los bienes y servicios, por tanto debe hacerse en función de los intereses de esa sociedad y no para beneficio o ganancia del capital y de los capitalistas en consecuencia. Algo estaba mal y muy mal en el orden económico imperante. De más está decirte que el estado de cosas actual ratifica esa convicción básica, no en vano Chile es el escenario del experimento más ultra neo liberal del mundo y al mismo tiempo uno de los países con más mala distribución de la riqueza y de mayor endeudamiento de los trabajadores.

Finalmente, ya en pleno proceso de cambios, con una Área de propiedad social (en la que yo trabajaba) creciente y con el boicot nacional e internacional desatado, me pareció mejor fórmula un paso atrás para ampliar la alianza de gobierno y conservar las conquistas alcanzadas que la aventura de aislar aún más al gobierno radicalizando las luchas y dando excusas para la contra revolución fascista y el eventual golpe de estado o guerra civil. Eso me llevó al MAPU Obrero y Campesino (o de Gazmuri como lo identificas tú), al apoyo a Salvador Allende, a dar la batalla de la producción, a hacer trabajos voluntarios para superar el boicot a la distribución y a asumir roles directivos en una empresa a la que no llegué por cuoteo ni por encargo político.

No podría dejar de mencionar, si me permites, que después del golpe seguí militando en el MAPU OC hasta mediados de 1985. A esa fecha el partido se había transformado de activo representante de sectores no tradicionales de la izquierda chilena, en una trinchera testimonial con muy poca capacidad para movilizar en las poblaciones y en los centros laborales. Por esta razón, y sin desconocer el aporte de instrumentos como la revista APSI o el rol conductor de los dirigentes en el exterior, decidí solicitar el ingreso al Partido Comunista de Chile, del cual nunca me sentí distante desde la época de la defensa del Gobierno Popular, que sostenía la política más honesta y conducente contra la dictadura desde mucho antes que los actuales gobernantes del país. Los cadenazos, las planchatones, los mítines relámpago, los rayados, fueron las formas en que se realizaba la política de rebelión popular y que poco a poco se transformó en las jornadas de protesta nacional. Desgraciadamente la salida “política” a la dictadura se hizo cediendo, una vez más, a la presión desembozada de los representantes del Imperio, marginando al PC y a toda la izquierda que jamás habría aceptado la conservación de los modelos económico, previsional, laboral ni la constitución pinochetista.

Hernán: Me queda muy clara tu posición. En mi caso, yo me salí del MAPU al momento de la división. Sentí que era una pugna inoportuna por cuotas de poder y que era un partido de cuadros que no tenía una base social efectiva. Además, coincidiendo con tu apreciación respecto a la buena conducta y disciplina que tuvo el PC respecto al gobierno de Allende, yo tenía a esa altura una visión muy crítica del estilo comunista que conocí en Europa oriental, en 1971. Es decir, ya venía de vuelta respecto a haber constatado la presión totalitaria que ejercía el comunismo soviético sobre los países satélites, a lo que se sumaba el hecho que el PC local había avalado la invasión de Praga de 1968. Por esa experiencia directa y personal en Polonia, Checoslovaquia, Hungría y Alemania Democrática, mi distancia del PC era un asunto de fondo. Yo no compré la dictadura del proletariado y percibí esos socialismos como una realidad tan imperialista como la que sufríamos de este lado con Estados Unidos. Por lo que me quedé del 72 hasta el golpe como un independiente de izquierda.

Miremos hacia atrás en un recuento de síntesis. ¿Te sientes parte de la generación perdida de los setenta o es sólo una divagación poética?

Héctor: Si te refieres a que no pudimos llevar a puerto el proyecto político - social que impulsábamos y que iluminó nuestros sueños y a que buena parte de nuestra juventud la vivimos en condiciones que no deseábamos, como la noche fascista en Chile o el exilio fuera de él, claro, algo hay de eso.

Haciendo la salvedad de que al hablar de generación nos referimos a un sujeto demasiado heterogéneo, porque como concepto es transversal a toda la sociedad, creo que si hay una generación chilena que va a ser recordada y valorada en el futuro, es precisamente la de los setenta. O al menos esa parte que se atrevió a llevar los cambios sociales más allá del límite que le habían trazado las clases dominantes y los contubernios de los poderes de facto.

Esa generación se atrevió a proponer un proyecto político de construcción socialista por un camino pacífico y, lo que es más importante, se la jugó por llevarlo a cabo.

Después sobrevivió a uno de los terrorismos de estado más virulentos de que se tenga conciencia, inició una lucha antidictatorial en condiciones tremendamente precarias y hoy está llamada a hacer un aporte fundamental en la construcción de una democracia más participativa, más humana, más solidaria, más justa, que tenga la vista puesta en el futuro, como suele argumentar la Concertación, pero recogiendo la experiencia del pasado para cometer menos errores y para reivindicar la justicia social, relegada por demasiados años al olvido y la mendicidad.

Hernán: ¿Podríamos resumir lo que viviste durante el golpe? Vivías en la Compañía de Gas ¿verdad? ¿Fue de allí de donde te sacaron los marinos? ¿En qué lugares de tortura y prisión estuviste?

Héctor: El recuento de los acontecimientos dice muy poco de la profundidad del daño causado y de los dramas humanos, familiares y existenciales que vivieron los afectados. Pero sí, trabajaba y vivía en la Compañía de Gas que había sido nacionalizada e integrada a ENADI, la Empresa Nacional de Distribución de combustibles. Tenía a mi cargo la Planta de Cracking catalítico que producía la mayor parte del gas de cañería. Vivía allí porque estaba de turno permanente por así decirlo. Además integraba el Consejo de Administración Zonal de la empresa, en representación del sector técnico profesional.

Para mí el golpe empezó como a las cinco de la mañana, cuando la marinería voló la puerta principal y ocupó la fábrica. Estuve tres o cuatro horas retenido en mi casa habitación y luego fui desalojado por el interventor naval, por lo que me refugié en casa de mis padres junto a mi familia. En el futuro mis padres jugarían un rol fundamental para la sobrevivencia y formación de mis hijos.

Hernán: ¿Dónde te detuvieron?

Héctor: Mi primera detención se produce el 12 de septiembre, en las oficinas administrativas de la empresa cuando intentaba recoger mis efectos personales (estaba reemplazando al Administrador Zonal) y redefinir mi situación laboral dados mi rol y contrato técnicos. Sin embargo nada había que conversar, la nueva administración tenía información detallada de la estructura y de las funciones claves para mantener la operatividad de la empresa. Contó para ello con plena colaboración de los sectores opositores en la planta administrativa y, seguramente, un buen trabajo de inteligencia previo.

Me llevaron a la motonave Maipo, de la Sudamericana de vapores, por eso se que desde los primeros momentos el golpe contó, no sólo con la adhesión de los empresarios sino con el aporte coordinado de infraestructura para la represión. Sin embargo, con un poco de astucia, a los dos días logré que se me pusiera en libertad para auto sumergirme en la clandestinidad.

Hernán: Mencionas clandestinidad, pero entiendo que no hubo una actitud de ocultarse, ya que tú seguiste circulando, hasta que de nuevo te detuvieron.

Héctor: Claro, después de un mes de realizar contactos y tras largas conversaciones llegué a la conclusión que la resistencia era una tarea del largo plazo y no de ese momento. Me quedaban dos opciones: asilarme o intentar una reinserción social y económica en el país. Descarté la primera porque, sinceramente, lo consideré una cobardía, una inconsistencia de principios. Esa era mi postura y con esto no pretendía ni lo hago hoy, denostar a quienes si lo hicieron. Sabemos que muchos sobrevivieron sólo porque se asilaron, pero sabemos también que miles de frescos se aprovecharon de la situación para disfrazar de exilio político el económico. Decidí, por tanto, enfrentar el arresto y el proceso respectivo. Muchas personas han calificado esta decisión de irresponsable y creen tener toda la razón. Yo sólo puedo decir dos cosas: que en ese período aprendí que calificar o etiquetar a los demás no define a nadie y que, efectivamente había un riesgo enorme de desaparecer o ser ejecutado, pero no mayor que el que viví desde el momento mismo del golpe. Codearse con la muerte pasó ser el estado natural de muchos sobrevivientes que no rendimos nuestros sueños, nuestros ideales y principios, que mantuvimos al tope las banderas de la democracia, de los derechos de los trabajadores, y que quisimos ser la base de la resistencia antifascista en el país, en momentos en los que juntar plata en Europa también era importante. Esas son decisiones personales.

El 15 de octubre, en un operativo impresionante, efectivos de la Infantería de Marina me detuvo en la casa de mis padres y me llevó a la Academia de Guerra. Estuve bajo tortura una semana, la peor de mi vida sin duda alguna, para ser derivado a la bodega Nº 2 del Lebu (otro barco de la Sudamericana). Después de un mes aproximadamente y tras el primer interrogatorio de la Fiscalía Naval, fui incomunicado en un camarote del mismo barco. Este puede haber sido el período que más me afectaría en el futuro, pues debía mantenerme entero y coherente frente a la presión de la Fiscalía, quería sostener – y lo hice - mi actitud de total desconfirmación hacia mis carceleros, debía mantener lucidez para no preocupar más a mi familia en las esporádicas comunicaciones escritas que conseguía la Cruz Roja y procuraba solidarizar con los presos que iban rotando en los camarotes contiguos. La sobrevivencia sicológica tuvo costos indudables y seguramente mi caso es uno de los menos dramáticos.

Para la navidad de 1973 fui trasladado a la cárcel de Valparaíso, más porque el Lebu había sido vendido que por avances del proceso. De hecho fui el último de los prisioneros en el barco.

La cárcel sería mi lugar de residencia hasta septiembre de 1975.

Hernán: En esos meses finales de 1973, ir a la cárcel a visitar parientes o compañeros se hizo una rutina que iba fortaleciendo la templanza. No se asumía aún lo cruel que sería la continuación del proceso. Los que no estaban presos creían que podían disimular su historial fabricando artesanías. Fíjate que esa Navidad la Plaza O’Higgins estuvo llena de compañeros que instalaban sus quioscos para vender juguetes en cartón piedra, bordados, etc. Como los milicos detenían por la pinta, me acuerdo que ayudé a cambiarle el look a varios compañeros de la jota, que por su pinta artesa eran candidatos fijos para los pacos. Costaba darles un aire de burócratas, pero las corbatas, la gomina y los lentes hacían milagros.

Recuerdo que fui a sacar un permiso para instalar un puesto de sandías en ese verano y me encontré en la fila con Isaías Aguayo. El miedo no se instalaba aún en su real dimensión y ese día reímos de las circunstancias que estábamos viviendo. Mientras tanto, en la bahía, en el molo, dos buques tenebrosos servían de cárceles flotantes, centros de tortura con apoyo norteamericano, donde la idea era demoler al enemigo.

Episodios que quizá duelen aún de sólo mencionarlos, pero es un ejercicio necesario para que se vaya rehaciendo la memoria de ese período.

Gracias, Héctor, seguiremos conversando…

30 de diciembre de 2006

Video de Homenaja a Víctor Jara

2006-12-25T15:41:00.000-08:00

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"Una plataforma común: Verdad, Justicia, Reparación y Educación"

2006-12-25T07:11:00.000-08:00

Conversando con Héctor Cataldo Ávila: Prisioneros de Guerra o Presos Políticos

Se incorpora a estos "Diálogos con un Sobreviviente" un gran amigo de infancia, Héctor Cataldo Ávila. Estudiamos juntos en el colegio experimental "Rubén Castro" de Valparaíso, entre 1961 y 1966. Hemos llevado en paralelo historias que ahora quieren volcarse testimonialmente, en el ejercicio de la memoria.

Héctor Cataldo es un hombre inteligente, racional, con una trayectoria consecuente con sus ideales. Íntegro y vehemente. Compañeros de ruta, dos vidas en paralelo, con visiones ideológicas que pueden disentir, pero con principios comunes entronizados en el humanismo, en el respeto mutuo, la tolerancia y un común compromiso con la Verdad.

Tal como lo hemos venido haciendo con Roberto Sapiains Rodríguez, sentamos ahora a la mesa virtual del debate a Héctor Cataldo, para remontarnos a esa época en que nos incorporamos a la vida universitaria, sumándonos con pasión y liderazgo a la construcción de un mundo más justo. Han pasado 40 años de entonces, pero aún quedan ganas de cambiarlo todo y eso es lo importante.

Me interesa desplegar estas conversaciones porque serán útiles para las generaciones actuales y futuras. Lo hacemos en las postrimerías del año 2006, cuando ya el ex-dictador ha muerto, quedando pendiente una enorme deuda con la Verdad, la Justicia y la Reparación.

Héctor: Me gusta el enfoque; histórico pero personal. Debo confesarte que me siento
más cómodo con preguntas que tienen respuestas claras, precisas y demarcadas
(como los test objetivos o de selección múltiple). Sin embargo voy a hacer un
esfuerzo por separar lo que fue, de lo que pensé o creí y de la imaginación
que se cuela a caballo del tiempo, del olvido selectivo y del alzheimer. Pero
como es testimonio me voy a tomar el tiempo, por razones obvias, tú marcas por donde comenzamos...

Hernán: Dejemos por ahora un título inicial. Me gustaría, para enlazar con los temas que revisamos anteriormente con Sapiains, clarificar un concepto. Tú perteneces a la Asociación de Ex Presos Políticos y Roberto a la de Ex-Prisioneros de Guerra... ¿Qué tal si partimos por este tema?

Héctor: En los primeros meses después del golpe, los propios militares nos denominaban prisioneros de guerra. Recuerdo que en la Academia de Guerra Naval y en el Lebu éramos eso: prisioneros de guerra. Esto fue entre el 15 de octubre y el 20 o 25 de noviembre para mi. Después estuve incomunicado hasta fines de diciembre del 73, de tal modo que no se bien cómo ocurrió pero al llegar a la cárcel de Valparaíso ya la denominación (auto denominación me parece) era de Presos Políticos. Estábamos en la tercera galería, la de los presos políticos… así era la cosa.

Para los militares y sus tribunales eran tiempos de guerra, sin duda alguna. Era el estado de derecho por el que se regían. Y era el que violaban en el ejemplo de la Caravana de la Muerte. Pero también porque los juicios no eran realmente tales. No se permitió defensa. Se usaron como pruebas confesiones obtenidas bajo tortura, todo lo cual nos lleva a demandar anulación de dichos juicios y restitución de los derechos civiles perdidos.

Hernán: El 12 de diciembre de 1973 decretaron el Estado de Guerra interno. Ese estatus permitió que la Cruz Roja interviniera en gestión humanitaria, permitiendo que se les hiciera llegar ayuda a los detenidos, comunicándose con ellos en tarjetas que eran censuradas, pero que, al menos, permitían saber que estaban vivos.

Héctor: Aunque las ejecuciones, desapariciones y torturas se hicieron, en cualquier caso, al margen de toda juridicidad y esto, en mi opinión, se explica porque no hubo Guerra, esas fueron acciones represivas, expresión del terrorismo de estado que impuso Pinochet. No hubo caídos en combate. No se puede mencionar tal o cual batalla ni tal o cual combate. No existen generales vencidos que se pudieran haber rendido, ni clases ni tropas entrenadas, enroladas o convocadas para la defensa del gobierno de la UP. Así no más es (o fue).

Yo saludo con orgullo y admiración la resistencia en la Moneda, la inmolación del compañero Presidente y las acciones del 11 en Santiago y en Valparaíso y Concepción en los 3 o 4 días que siguieron al golpe. Pero sinceramente creo que todo eso no configura un escenario de guerra.

Lo que configura es un escenario de sedición, de traición, de violación de las obligaciones constitucionales que tenían no sólo los militares involucrados, sino también los civiles que los apoyaron, es decir, los empresarios como los de la Sudamericana de vapores, los grupos paramilitares como Patria y Libertad (no entiendo cómo el Ambrosio Rodríguez estaba defendiendo a Pinochet y no estaba procesado junto a él), pero sobre todo los políticos con representación en el Parlamento como los Jarpa, los Frei Montalva, los Aylwin. Qué irónico fue que este último y el hijo del anterior hayan terminado siendo Presidentes de la democracia conquistada por el movimiento antifascista nacional.

Pero volviendo al escenario del golpe, lo que ocurrió en mi opinión, fue una interrupción violenta y sediciosa de un proceso democrático y eso no es un evento militar sino un evento político.

Hernán: El gobierno constitucional tenía en su institucionalidad a las fuerzas armadas. Pero dentro de la coalición y más a la izquierda de ella, se contaba con cuadros - no podría determinar un número - que tenían formación militar, muchos habían recibido entrenamiento en Cuba. Había grupos extremistas que pregonaban la vía armada y eso, aunque en los hechos se haya desvirtuado, generó en la propaganda golpista una justificación para ese "estado de guerra interna". Recuerdo que hubo rudimentarias organizaciones de trabajadores o pobladores para resistir en caso de golpe. Por ello, en su discurso final el Presidente Allende dio orden de no sacar al pueblo a la calle, no quería una masacre. Pero la concepción de los golpistas era de aniquilamiento del enemigo...

Héctor: La condición de guerra implica reconocer legitimidad al concepto de enemigo interno, que a instancias del pentágono acuñó la dictadura, pero hasta donde yo se ninguna democracia, por tanto ningún demócrata, sostiene una idea de esa naturaleza. Si no hay un enemigo real al que el ejército deba enfrentar, no hay guerra posible. Hay otra cosa pero guerra no.

Hernán: Las violaciones a los convenios de Ginebra han sido hoy la clave para que se elimine la ley de amnistía que se creó la dictadura en 1978 y para que no prescriban delitos de lesa humanidad...

Héctor: Otro cuento es que existan precedentes jurídicos internacionales que permitan procesar más eficazmente a los criminales de guerra que a los sediciosos que violan los derechos humanos. Incluso puede ser más fácil el camino de la reparación. Pero eso no cambia la naturaleza del fenómeno.

Hernán: Pero, en definitiva, la tesis jurídica de "Estado de guerra interna" ha sido incorporada por la justicia y eso ha sido favorable para los procesos en marcha. Por lo que veo ya no caben grandes diferencias conceptuales entre Presos Políticos y Prisioneros de Guerra.

Héctor: No obstante ésta bien distinta manera de analizar las cosas, en términos de reivindicaciones y objetivos, no debe haber grandes diferencias entre ambos grupos. En eso coincido contigo, aunque aparte de Roberto yo sólo he escuchado a los Chacabucanos autocalificarse como ex prisioneros de guerra y a uno que otro socialista, como el viejo Carramiñana. Pero no se si por las mismas razones.

Hernán: Eugenio Carramiñana junto a Roberto fundaron la Asociación de ex-prisioneros de guerra, por allá por 1996 más o menos...

Héctor: Veamos entonces; la búsqueda de Verdad y la verdad misma, no pueden tener más de una expresión. La Verdad es un tema común en cuanto objeto de estudio y en términos de metodología de investigación, o sea que da lo mismo ser ex PP o ex PG.

Por otra parte la Justicia, en cuanto a incoar procesos contra los autores y coautores materiales e intelectuales de las violaciones a los DDHH, ante los tribunales de justicia ordinaria nacionales e internacionales, representa también un tema y un objetivo común. En realidad no tiene importancia si un detenido desaparecido o un ejecutado político fue prisionero de guerra o ex preso político, para los efectos de que sus familiares, amigos y compañeros de partido persigan las responsabilidades legales que correspondan.

Donde aparecen diferencias es en el marco jurídico en el que se pretende realizar los procesos. Los ex prisioneros de guerra van a procesar a criminales de guerra y recurrirán a los precedentes establecidos por los juicios de Nuremberg, con todo el peso jurídico, político y de opinión que ello implica. Esto puede servir - sobre todo las causas que se ventilen a nivel internacional - para apoyar la situación de los prisioneros de las aventuras militares del Imperio estadounidense que están en Guantánamo, en Irak, en Afganistán y en todos aquellos lugares que, en el futuro, alcancen a ser víctimas de esta forma violenta, sangrienta, antidemocrática y prepotente de imponer la dominación y el modo de producción capitalista.

Los ex presos políticos, por su parte, procesarán a criminales responsables de delitos de lesa humanidad. Los perseguirán por violaciones a los DDHH. Para ello recurren a las convenciones, acuerdos y declaraciones que internacionalmente se han hecho sobre el tema y a la obligación que tienen los estados firmantes de procesar, sancionar y reparar.

Con esto apoyarán todas las luchas que en el mundo se libran contra la dominación, contra la discriminación, por la democracia y por el respeto a los DDHH. Serán un precedente contra los excesos represivos en general, contra la tortura (en tiempos de guerra o no), contra la discriminación étnica, contra la represión a la movilización social. Son, los juicios por DDHH, un gancho para reabrir e impulsar la lucha por el Defensor Público. Son un precedente para sostener que los DDHH son defendibles, son sancionables y deben ser respetados.

Hernán: y en materia de Reparación, qué diferencias podría haber...

Héctor: En cuanto a la Reparación, es un hecho probado que el país entero está conteste en que debe hacerse y, salvo los Laguistas incondicionales, todo el mundo asume que los conceptos de “austera y simbólica” son un desatino que ofende en la dignidad a quienes pretende favorecer y hace incurrir al Estado chileno en una flagrante denegación de justicia y en una violación de las Convenciones sobre DDHH que Chile ha firmado.

Las diversas organizaciones de exPP han logrado avanzar en una plataforma común, o bastante común, de reivindicaciones que debería coincidir con los intereses y planteamientos de quienes se sienten ex prisioneros de guerra. Parece ser entonces que en el tema de la reparación debería haber también coincidencia.

Al respecto tengo una observación o crítica y por tanto una discusión pendiente, con mis pares exPP y que tiene relación con la extensión de las demandas. El anteproyecto de ley de reparación original contemplaba 6 ó 7 puntos reivindicativos que tenían el acento puesto en lo moral por sobre lo material, como resultado del equilibrio de fuerzas al interior de las orgánicas. Con el tiempo, debido a la reiteración de las ideas de fundamentación y a la aparición de nuevos sobrevivientes a la tortura en esas organizaciones y la revelación de los dramas económicos atribuibles directamente a la represión de que fueron víctimas, fue creciendo en importancia y contenido la parte pecuniaria. Esto permitió objetivar un poco más el tema de las demandas, como decía un amigo, puso un cable a tierra. Sin embargo también dio pábulo para hacer crecer desmesuradamente las demandas llagando, en el último documento unitario a 16 puntos. Esto se traduce, con el seguro beneplácito de algunos sectores, en una plataforma inmanejable, imposible de satisfacer para el estado y de vigencia permanente para las organizaciones de ex PP. El segundo punto es el mas preocupante porque los objetivos de una organización de exPP deben apuntar a resolver los apremios en los que viven las víctimas como resultado de la tortura y prisión política y no a prolongarlos. Deben obligar al estado a cumplir con su obligación de reparar Justa y Oportunamente. No puede la plataforma transformarse en la excusa para no reparar y, sobre todo en la principal dificultad para tratar comunicacionalmente la problemática de los exPP. Es por eso que mi propuesta va en el sentido de privilegiar las demandas que favorecen a todos los afectados por sobre las particulares (ampliar el universo de reconocidos, aumentar la pensión, obtener indemnización por cada día de detención, becas de estudio para hijos y nietos, mejor programa de salud), facilitando así su divulgación, la obtención de apoyo político y de solidaridad internacional.

Hernán: Para que nunca más...la gran aspiración de una sociedad que erradique para siempre el golpismo, profundizando la democracia formal, bien, esto es un punto de futuro sobre el cual debe haber un consenso.

Héctor: Efectivamente, esto corresponde al tema de la Educación en DDHH que es un objetivo declarado por todas las organizaciones de exPP y sobre el cuál no se como se plantean los ex prisioneros de guerra. El asunto es que la problemática de los DDHH ni empieza ni menos termina con las violaciones a ellos y sus consecuencias. Por el contrario aparece como mucho más importante y urgente preparar a la sociedad civil y a los cuerpos militares en el conocimiento, respeto y práctica de ellos. Esta es una cuestión ética transversal de la que ningún sector se puede sustraer y forma parte de la columna vertebral de la conciencia democrática de la nación, que se mantiene en desarrollo pero que está muy lejos de fraguar en un proyecto propio con factibilidad histórica.