EXPECTATIVAS PENDIENTES: TODA LA VERDAD

EXPECTATIVAS PENDIENTES: TODA LA VERDAD

Es vergonzoso que hayan transcurrido 32 años desde el golpe militar y recién ahora se haya comenzado a reconocer la verdad. El dictador está prontuariado y procesado. Los crímenes de guerra son imprescriptibles y ese estado de guerra interna recién ahora aflora como una verdad objetiva. Porque así quedó asentado en el Informe de la Comisión Valech y este estado de guerra lo dictó el 12 de septiembre de 1973 la Junta Militar, permaneciendo vigente hasta 1978, cuando comenzó a regir la denominada Ley de Amnistía.

Mi interlocutor inicial en este Rescate de la Memoria, Roberto Sapiains Rodríguez, ha sido un sobreviviente de ese período, que sigue luchando por sus derechos, con una serie de cartas abiertas a los poderes del Estado e incluso a la Presidente electa, Michelle Bachelet.

Quizás, cuando la Junta Militar dictó el DL5/73, pensaba en legalizar una asignación de riesgo para las tropas que ejercían el control del país. Posteriormente, conociendo de las acciones de terrorismo de Estado ejercidas, buscaron asegurar la impunidad con la Ley de Amnistía, que prendió exculpar y asegurar impunidad a los militares que durante ese negro período habían actuado en contra de los “enemigos”.

La historia está raída por años de miedo y soberbia. Pero ahora, cuando héroes y heroínas de ese tiempo fragmentado, van dejándonos, cada pequeña historia y testimonio va abriendo surcos en el alma de Chile para que circule prístina la verdad. Seguramente, compatriotas que han permanecido fuera de Chile, mantienen aún viva y acallada su propia experiencia. Queremos que ella no se vaya con ellos, queremos que en un enorme mosaico pueda el país recomponer los años duros de los campos de concentración, de las celdas de castigo, de las torturas, de las presiones, de los seguimientos a las familias de los detenidos. Al recrear esos episodios, no buscamos exacerbar ningún ánimo revanchista, sino, todo lo contrario, encaminarnos hacia la reconciliación a través de la verdad. No la verdad sesgada, no la verdad acomodada a conveniencias, no lo políticamente correcto, sino toda la verdad y nada más que la verdad.

Si la Justicia cumple su papel, nadie quiere mea culpas ni autoflagelaciones. Basta con que ahora actúe libre, sin presiones, de cara a los hechos y a la ley, con respeto a las convenciones internacionales que se han convertido en ley interna. La convicción jurídica de que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, debiera animar a los jueces a actuar drásticamente en contra de los responsables del terror, sus cómplices y encubridores.

Este es el sentir de un importante sector de Chile y debiera ser acogido por el nuevo gobierno. Las reparaciones no pueden ser una mascarada. Deben ser justas y dignificantes para los afectados y sus descendientes. La mezquindad para con las víctimas ha sido denigrante, pensiones viles, ofrecimiento para que estudien en la universidad personas que superan en promedio los sesenta años, personas que sufrieron en el período militar el peso de un Estado que actuó con alevosía y que hoy sufren las secuelas de las torturas, en una salud quebrantada física y sicológicamente.

Este rescate de la memoria no es una catarsis más de las miles que existen en la red. A través de estos diálogos queremos ayudar a descubrir la verdad, con sus grandezas y bajezas, a diestra y siniestra, sin ser funcional ni proselitista. Podemos disentir, cruzar ideas, argumentar y replicar, pero no se acepta la imposición unilateral de verdades oficiales, porque en este mosaico hay ribetes de heroísmo y vilezas, porque somos seres humanos y no por haber estado en lugares opuestos de la contienda, no se va a reconocer los gestos de humanidad que existieron, de una y otra parte, en los momentos más duros.

Se abre en el 2006 otra etapa en la historia de Chile. La electa Presidente, Michelle Bachelet, conoció junto a su madre los rigores de la crueldad metódica, que buscaba quebrar a las personas para obtener la delación. En medio de la tortura, salvo los que murieron en ella, nadie puede decir que no soltó ningún nombre para poner fin al tormento. Muchos mintieron y le cargaron la mano a un compañero muerto o a uno que sabían ya en lugar seguro. Los pormenores de esos hechos son escalofriantes, pero, la verdad, aunque duela es el único camino. Es de esperar que el nuevo gobierno elimine ese secreto por 50 años que se impuso a los testimonios que respaldan el Informe Valech y que se revisen las reparaciones para actuar con generosidad con los compatriotas que llevan en su vida personal el peso doloroso de la apatía oficial y la marginación.

Hernán Narbona Véliz

El paso por Villa Grimaldi de Michelle Bachelet y su madre .

19 enero 2006
El paso por Villa Grimaldi de Michelle Bachelet y su madre .
por Roberto Castillo Sandoval

El siguiente es el extracto correspondiente al testimonio de Ángela Jeria, recogido en Chile: La memoria prohibida, Vol. II, pp 130-133. Alejandra Henríquez, escaneó con OCR y corrigió estas páginas, posteadas en el grupo de discusión Chile-Humanidades (Chile-H). Los
tres volúmenes de La memoria prohibida contienen documentación esencial acerca de las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura de Pinochet entre 1973 y 1989. Los datos completos del libro se encuentran al final de este posteo.

Existen numerosos testimonios que describen a Villa Grimaldi y lo que allí ocurría. Uno de ellos es el que Ángela Jeria, esposa del general de la FACh Alberto Bachelet, muerto en 1974 en la cárcel pública de Santiago, dio a los autores. La señora Jeria y su hija Michelle Bachelet fueron arrestadas el 10 de enero de 1975 y permanecieron en esas instalaciones hasta el día 16, para ser, entonces, trasladadas al campo de prisioneros de Cuatro Álamos, y, desde allí, expulsadas al
exilio.

"Me detuvieron en mi casa dos personas que no se identificaron y que me dijeron que querían hacerme algunas preguntas. Mi hija estaba ahí, así es que le pidieron a ella que también fuera... Después de la muerte de mi marido, yo me dediqué a sacar de Chile información de lo que estaba sucediendo con los oficiales y soldados que estaban presos en la cárcel. Ello podía salvar la vida de mucha gente, así es que yo colaboré en eso incluso con una muchacha designada por el MIR. A esa muchacha la detuvieron y ella entregó mi nombre. Entonces me arrestaron a mí como colaboradora del MIR...

"El primer día me tuvieron unas once horas con la vista cubierta con mi propio pañuelo, que como era de seda no me impedía ver del todo, y amarrada a una silla. Me careaban con gente del MIR que venían recién saliendo de la tortura eléctrica y si yo no contestaba las preguntas, me daban golpes en los riñones con sus armas... Pasado ese lapso, me llevaron a golpes, siempre con la vista cubierta, a otro lugar, mientras me iban diciendo cosas como 'Sal de ahí que hay un arroyo, muévete para acá que hay un obstáculo...'. A mi marido le habían hecho lo mismo y nada era verdad, así es que les dije que no iba a agacharme, ni a saltar, ni nada.

Entonces el tipo me dio un empujón y rodé por el suelo, pero no había conseguido lo que quería... Llegamos al lugar donde iban a interrogarme y me sentaron de nuevo en una silla... Fue un interrogatorio muy largo, en el que me preguntaban por personas que, según ellos, integraban el grupo de 'ayudistas' del MIR ... y entre esas personas, nombraron a Cecilia Castro Salvadores y su compañero, Juan Carlos Rodríguez Araya, quienes, posteriormente, en julio de 1975, aparecieron en las listas de los 119 muertos en Argentina... Al final, mi interrogador me hizo levantarme y empezó a caminar conmigo para que yo le hablara del Partido Socialista y le entregara a la gente del PS que yo conocía. Era un paseo de ida y vuelta hasta un farol... De pronto, se detuvo y empezó a manosearme: 'Estás buena, abuela', me decía. Yo seguía con las manos amarradas. Fue algo muy desagradable: 'No se degrade, capitán', le dije, y eso lo hizo reaccionar. Luego me llevó a una sala donde algunos de ellos miraban televisión. Allí estaba aquella niña del MIR que colaboraba con la Dina: la 'Flaca Alejandra'... Ellos trataron de demostrarme que esas chicas que colaboraban recibían buen trato. Pero yo me desentendí.
Entonces el tipo se encolerizó, tomó un revólver, salió al patio y se puso a disparar al aire como un loco 'Esos son los ratones que hay que dispararles porque se vienen encima y se van a ir a meter a la pieza donde la vamos a ir a dejar a usted si no habla... '. Esa pieza era un cajón,
una especie de contenedor del largo y ancho de una litera, más un pequeño espacio donde uno podía pararse sólo de lado, sin ventilación, sin luz, con una puerta que se abría y cerraba por fuera y en que a uno la obligaban a estar siempre con la vista cubierta. Cuando entré allí me dije que debía dormir. La frazada olía a sangre, a vómito, a orina. Pero me metí debajo de ella y dormí, porque pensé que al día siguiente la cosa iba a ser espantosa.

"Pero no ocurrió nada: solamente me dejaron allí durante tres días, sin siquiera sacarme al baño, escuchando lo que ocurría, los quejidos de los hombres torturados que encerraban en otros cajones que estaban construyendo... Cuando me sacaron, me condujeron a una bodega donde
torturaban: allí repartían la comida; había un water, aunque sin agua, así que el lugar era muy fétido... A través de las rendijas de las paredes de tabla de la bodega pude ver las cosas más horribles... Un día vi una masturbación masiva, de unos veinte hombres, jóvenes y viejos. Los llevaban engrillados por los pies, sucios hasta el punto de que no se sabía de qué color era ropa. Quedaron de espaldas a mí y los amenazaban con las metralletas '¿Quieren pasar al water?', les dijeron. 'Bien, pero primero los vamos a entretener'. Los obligaron a ponerse en fila, de a tres o cuatro, y a que cada uno metiera el dedo en el ano del preso que tenía delante, mientras el de adelante masturbaba al que tenía a su espalda. Los hicieron bajarse los pantalones y los obligaron. '¡Más rápido!', les gritaban, y se reían... Después los dejaron pasar al water y, de ahí, a recoger el plato de comida y un pan... La segunda vez que me sacaron a la bodega apareció el coronel Contreras Sepúlveda. Yo no lo reconocí, porque me impresionó su mala facha: un hombre gordo, bajo, moreno, pelo liso y facciones achinadas. El y los hombres que lo rodeaban
no se dieron cuenta que yo estaba en esa bodega y que podía escucharlos.

Los tipos le daban cuenta de mí y de mi hija; le decían que nosotras éramos unos gatos. Entonces Contreras preguntó: 'Y esto que ellas firmaron, ¿hubo apremios?'. 'No, fue así no más', le respondían ellos...Tiempo después, observando una foto en relación con el Caso Letelier, me di cuenta de que aquel hombre había sido Contreras... Eso era Villa Grimaldi. Yo lo supe porque cuando me sacaron a la bodega pude ver un recibo tirado en el suelo donde se detallaba el salario de uno de los obreros que en esos días estaban construyendo los cajones y allí aparecía el nombre y la dirección: Arrieta número 8.200...".
Ángela Jeria y su hija fueron deportadas el 1 de febrero de 1975 a Australia.

Chile: La Memoria Prohibida. Las Violaciones a los Derechos Humanos 1973-1983. Ed. Juan Andrés Piña, con Eugenio Ahumada, Rodrigo Atria, Javier Luis Egaña, Augusto Góngora, Carmen Quesney, Gustavo Saball,
Gustavo Villalobos. Santiago de Chile: Pehuén Editores, 1989.

Eugenio Ahumada, uno de los autores del trabajo, hace el siguiente alcance: "Co partícipe de los primeros borradores también fue José Manuel Parada, hasta su asesinato, en marzo de 1985. No se incluyó su nombre como coautor porque no alcanzó a ver el producto completo, pero en el texto se cuenta esta historia".

EL ADIOS A LA DOCTORA KATIA

KATIA: LA DOCTORA EN DOLORES

Hacía meses que la noticia se sabía. La Katia, la de Tres Álamos, la del CODEPU, la que hizo terapia con el hijo de esta y la hija del otro. Sí, esa. Se moría lentamente de un invasivo cáncer. El miércoles 18 de enero, sonaron todos los tambores. En Santiago en la Clínica Indisa, alrededor de las cinco, antes del amanecer moría la Reszczynski, apellido judío polaco endemoniado, que ahora sí tendríamos que aprender a escribir.

La red charkikan, toco redobles. Aunque, podría ser que la noticia aún no llegue a todos, avisándoles que esta doctora término su largo turno.

La casa de la Hormiguita, “Michoacán”, con los fantasmas de Neruda y sus engaños, acogía con el pasar de las horas a muchos ex. De los campos de concentración, las cárceles y la clandestinidad. Las mujeres de Tres Álamos acudían golpeadas al aquelarre, porque volvían a perder a una de las más significativas referencias de entre las suyas. Se hacían presentes los derechos humanos y el MIR, sus culturas y sensibilidades. Canosos, más viejos y viejas, enfermizos, allí estábamos encontrándonos de nuevo, en medio de ese parrón que quizás que historias ya conocía.

La ofrenda del CODEPU, presidía junto a muchas otras las guardias que se rotaban para esta vez a ver, si nosotros la cuidábamos a ella, devolviéndole un poco todas esas claridades y energías insufladas. Esa era “la tarea” y con disciplina, este mundo disperso, se volvía a reunir desde esas redes invisibles que parece solo teje la memoria y el dolor.

Cuentan que la Katia se despidió por carta de sus pacientes, y dejo precisas instrucciones a sus hermanas que la acompañaron este último año. A ellas, su única familia, el cáncer les había devuelto un tiempo privilegiado con esa hermana que iba y venía enmisionada en la vida. Dijo “Michoacán” y allí estaba. Dijo crematorio y ya llegaría. Sus cenizas, en algún momento se fundirán con la Villa Grimaldi.

La mejor de su curso en medicina, la que trabajo haciendo aseos en Europa, la que vio el bombardeo de La Moneda desde una altura del Hospital “José Joaquín Aguirre” junto a otras colegas, incluida la presidenta electa. La que entro al Comité Pro Paz y fue secuestrada por la DINA. La doctora de los pacientes en Talca y Rengo, la que hizo clínica, siempre clínica. Atendiendo como fuera su favor, pero siempre de turno. Esa, ya no estaría.

En el velorio se escucha a Mercedes Sosa en una modesta radio junto al cajón con los restos de la Katia. Guardias de honor se sucederán y lo más sorprendente es que junto a su generación del MIR y los derechos humanos, también se harán presentes jóvenes consternados. Son “sus sobrinos”, sus pacientes arrancados de la depresión, los fracasos académicos y las drogas. También los sin-sentido que muchos atribuyen a este tiempo. Están consternados de quedarse sin la doctora, que a muchos acompaño a reencantarse en la vida.

Ahora, ¿Qué sala, qué consultorio, que centro de salud ...que del PRAIS llevara su nombre? Reconociendo con posterioridad esa tarea silenciosa que muchas veces fue ignorada. Así, “la reparación” de la doctora Reszczynski, resultaba más efectiva que muchas tibias políticas públicas reparadoras.

Cuentan que la Katia en Tres Álamos ya estaba de turno. Con trenzas y siendo parte del Consejo de Ancianas iba y venía sin desmayo. Escuchando y callando, apuntando con la frase justa y el gesto exacto. Olvidándose de sí misma, mientras repartía fuerzas a las primerizas y aprendía resiliencias.

Europa, Cuba y Centroamérica la vieron pasar. Allá va la Katia enérgica y armada de su ronca voz y sus juguetones ojos. Allá va la Katia echándose sacos de dolor a la espalda. Por su generación sobreviviente tan poco reconocida, que busca mejor subsistir, además de nuevos sentidos. La tortura parece carcomer con efecto retardado, mientras compadres y comadres, ahora pueden expresar los dolores de antes. Pero esto no termina, vienen los hijos, los amigos de los amigos. Y la Katia aún no sale del turno.

Por dignidad se encerró, amurallando su deterioro remarcó su colega Paz Rojas. Porque quiso que nos quedáramos con la doctora-machi, la de trenzas o el pelito corto, la que si tenía cabellos. Porque, por algo había ayudado a salir a tantos del dolor y ahora le tocaba a ella.

Y en el crematorio fueron los testimonios. La Gladis Díaz al frente. La Soledad y la Rosita. Parece que muchas están presentes. La Marisa y la Margarita, además de la Cristina, Cecilia, Amanda y muchas más. Todas, entonando el himno a la alegría. Escucha hermana cantan y aplauden estas mujeres que todavía se intercambian blusas fabricadas a mano o guardan los soporopos famosos. Las mujeres de Tres Álamos, de la calle Llico donde todavía no hay una placa ni museo, que ahora también recuerde a esta Katia.

Llegan también otras mujeres. Son de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, vienen a despedir a la doctora amiga de tantos “casos”. Mientras, el cáncer opera como tortura retardada. Es la muerte con silenciador que parece ya rondar.

Cuando se escriba de leyendas, en esa otra historia que ya asoma en las tesis de estudiantes busquillas, ciertamente estarán estas mujeres que transformaron en escuela los campos de concentración y se trenzaron unas con otras para aguantar el terror de la tortura, la desaparición y la muerte.

¿Cuántos jóvenes no “trabajaron” con la doctora sus penas de retorno, de orfandad, de no-pertenencia, al desconocer este país que a veces se pone amnésico? ¿Cuantos lolos y lolas acudieron a la doctora luego de feroces crisis originadas en las drogas y el alcohol, que los dejaban en el abismo de sus vidas? ¿Cuánto dolor golpeo la consulta de Almirante Grau o las otras? Ahora, díganles a todos, que la “Tía doctora” ya salió de turno, ahora sí que sí, definitivamente.

¿Y cual fue su secreto de bruja roja? Lagrimas y silencios, y de nuevo las palabras y todo como desahogo para salir más livianos al mundo y adjudicar a la milagrosa doctora, la hechicería de esa sanación. Mientras escribimos estas líneas, resuena de fondo el candombe del Negro José…despidiéndola para siempre, luego de hacerla presente, ahora y siempre en las gargantas.

La mejor alumna de medicina que simultáneamente y para callado estudiaba filosofía. La que concurrió a foros internacionales a denunciar la tortura que estudio, además de experimentarla.
Ayer en el cuaderno de condolencias, entre muchas notas decía: “A veces sin darse cuenta uno deja restos imborrables en las vidas de otros. Mi hermana se llama(ba) Katia también por ti y ahora mi hija se llama Katia también...”decía el texto firmado por Tamara…la mayor de mis hijas.

Canta Paco Ibáñez “Palabras para Julia”.. pero tu siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti como ahora pienso..

Hasta siempre
Santiago 18 y 19 de enero 2006.

Ignacio Vidaurrázaga M.

Katia Reszczynski.

Con dolor les comunicamos a todas nuestras amigas y amigos, compañeros y compañeras, el fallecimiento de nuestra querida Katia Reszczynski.

Katia, nuestra querida médico, revolucionaria, resistente y defensora de los derechos humanos, se ha ido, pero su ejemplo de vida continuará entre nosotros, interpelando nuestro compromiso con la justicia y la paz.

La tristeza que nos embarga la fundimos con la alegría de haberla conocido y tener su imagen de mujer inteligente e infatigable, comprometida y solidaria, valiente y justa.

Sabemos que en este instante “una mujer está cantando en el valle. La sombra que llega la borra; pero su canción la yergue sobre el campo…El campo puro como un agua con luz, limpia el llano, lava la atmósfera del día innoble en el que los hombres se odiaron. ¡De la garganta de la mujer, que sigue cantando, se exhala y sube el día, ennoblecido, hacia las estrellas!” (G. Mistral).

De todos los trabajadores de CODEPU, para ti Katia, ¡Un Fraternal Abrazo!.
CODEPU
18 de enero de 2006

ABRAZO Y TRISTE DESPEDIDA A LA QUE ME SUMO, AUN TREMENDAMENTE IMPACTADO.
Pedro Alejandro Matta.


Sus restos están siendo velados en Patricio Lynch Norte 164, La Reina (Av. Larraín altura 6300).

Roberto Sapìains escribe carta abierta a Presidente electa de Chile

LEALA EN BLOG LUCHANDO POR MIS DERECHOS

Testimonio de Luis Vega (MIS PRISIONES: Experiencia personal en La Esmeralda, Isla Dawson, Melinka, Ritoque, Tres Alamos y Policía Internacional; LA

Testimonio de Luis Vega (MIS PRISIONES: Experiencia personal en La Esmeralda, Isla Dawson, Melinka, Ritoque, Tres Alamos y Policía Internacional; LA CAIDA DE ALLENDE: anatomía de un golpe de ESTADO, fue enviado por su hija Raquel).

....Los que por razones "estratégicas" habían ordenado separar al llamado grupo de los "jerarcas", ordenaron unirlo nuevamente, ahora en el campo de concentración de Ritoque. No recuerdo con precisión, pero nuestro grupo fue trasladado allí a principios de Julio. Era el mismo lugar -un balneario en Quintero- frente al cual, el 10.9.73, la escuadra amonitada había fondeado. En este campo, estuvimos cuidados por la FACH, ejército y carabineros sin intervención ninguna de la armada, excepto que el comandante de la base de la IZNV era el superior jerárquico del comandante de la base y el campo. El temor que tuve en Puchuncaví que algún día llegara el subteniente que enfrenté el 6.9.1973 se esfumó. En ese tiempo, el comandante de la IZNV era Ernesto Eberhard, cuñado del general Pinochet. Antes de salir, nos examinaron los médicos navales y extendieron certificados; nos pesaron y vino un tal comandante Baeza, si mal no recuerdo, con una fuerte guardia y un camión celular de acero que nos conduciría a Ritoque. Allí hizo entrega documentada del grupo de aviación y le expresó al oficial encargado de nuestra recepción: "Entrego este grupo de prisioneros en perfectas condiciones físicas, según consta en los certificados médicos. Han sido bien tratados, esperamos que aquí continúe ese buen trato". El oficial de la FACH que nos recibió respondió: "Así los recibimos y así los mantendremos. Es nuestro criterio que así sea". El nuevo campo era otra colonia veraniega de la UP. Recuerdo que mis hijas habían venido en años anteriores a prepararlo. Ahora estaba rodeado de alambradas de púas, protegido por numerosas atalayas con ametralladoras punto 50. Durante algunos días estuvimos solos los nueve, hasta que empezaron a llegar nuestros compañeros que habían estado en Las Melosas, en la Academia de Guerra de la FACH y en el Regimiento Buin. No regresan al Dr. Girón ni a Adolfo Silva; ya no tendré con quienes jugar al "punta y banca". Clodomiro Almeyda, Alfredo Joignant, Miguel Lawner y otros lo han pasado francamente mal. Éramos, me parece, treinta y ocho. Hugo Miranda asumió como delegado. Como éramos pocos, los prisioneros - con la aceptación de la autoridad militar de vigilancia - elegíamos a nuestros delegados, jefe de barraca o brigadier. En otros campamentos existía un "Consejo de Ancianos". Si el delegado cometía un error desde el punto de vista de los carceleros, era removido. Él se entiende con los oficiales y suboficiales, ordena las formaciones, distribuye los turnos para el rancho y el aseo, da cuenta de la dotación en la mañana, antes del mediodía, a la formación de las 18 horas, antes de cenar y antes de acostarse; y debe actuar con criterio para recibir y dar órdenes. Hay asuntos que tienen carácter político o social, que deben ser discutidos por todos, y aun cuando no esté de acuerdo - lo que nunca ocurrió - debe respetar la decisión de la mayoría. En el Ala 2, había un comandante de base, un comandante de campo, un comandante del servicio de inteligencia y uno de la guardia de vigilancia que con toda ella se cambiaba cada 15 días. Los relevos causaban algunos problemas por ser diferentes los regímenes militar, de aviación y de carabineros, y nosotros en la isla habíamos estado en un régimen fundamentalmente naval. Posteriormente, trajeron a 250 prisioneros más, y nosotros quedamos designados como "A", quedando reducidos a un patio por el cual pasaba una especie de acequia de aguas servidas, pútridas, que en el verano llamábamos "Pichi Beach". Nuestra superficie quedó en unos 80x20 metros, lo que nos hacía dar vueltas alrededor de los camarotes como esclavos en la noria. La Cruz Roja Internacional nos donó un refrigerador para guardar la comida, producto de la solidaridad nacional y de los esfuerzos de nuestras mujeres, madres, hijas, hermanas, novias, familiares y amigos. También obtuvimos dos calentadores de agua, uno de los cuales pusimos a disposición de nuestros "vecinos".

En la primera visita que el almirante Eberhard hizo para conocer el campo y a nosotros, inesperada y estridentemente preguntó a la información: "Sr. Vega, ¿dónde está el dinero de la CORDVAC?". Le respondí: "En el Banco O'Higgins, en la cuenta de la Sociedad Industrial y Maquinaria Médica".

Hay "movimientos" de prisioneros: E. Kirberg, Alejandro Jiliberto, Felipe Ramírez, Julio Stuardo y Camilo Salvo son trasladados a la Penitenciaría de Santiago. José Cademártori va y viene. Llega Jorge Montes, jamás olvidaré sus piernas: había estado setenta días de plantón. También llega el Dr. Alejandro Romero, del MIR. Hugo Miranda es "removido" como delegado, cargo que asignan a Carlitos Morales; expulsado Carlitos, elegimos a Lucho Matte y cuando éste es liberado el 21.11.1974, los compañeros me eligen a mí.

Nos informan que vendrá el coronel Espinoza en los primeros días de diciembre, y discutimos y decidimos presentar petitorio por escrito haciéndonos eco de los derechos que la dictadura militar majaderamente informaba que nos correspondían. Primero: Determinar que nuestra condición era de "retenidos por estado de sitio". Segundo: No existían cargos criminales en contra nuestra. Tercero: Recibir libros, previa censura. Fernando Flores había obtenido que la Orden de los Jesuitas nos los facilitaran; se pedía autorización para escribir ensayos sociales, filosóficos, históricos, literarios, dibujar, pintar, grabar, todo bajo la propiedad intelectual reconocida. Cuarto: Que se estableciera entre FACH, ejército y carabineros un reglamento único de régimen interior en el campamento. Suspender por parte de hombres los allanamientos personales a nuestras madres, cónyuges, hermanas, hijas cuando nos visitaban; y que no se les hiciera esperar horas al viento y a la lluvia en la base. Ese día, recuerdo, ocurrió algo divertido y extraño. Le entregué los documentos al coronel J. Espinoza y le expliqué de qué se trataba. De entrada se opuso: "Es un pliego de peticiones, es algo político". Le argüí que no, porque nosotros no éramos trabajadores de la autoridad militar sino "retenidos" y que, en consecuencia, teníamos una serie de derechos sociales, y que de eso se trataba. Empezó a leer el documento y a expresar su conformidad con algunos puntos; en otros, prometió estudiarlos y resolver. De pronto, el viento le vuela los documentos. Él se queda parado. Ninguno de nosotros se mueve; primero, porque no podemos movernos en formación, y segundo, porque no nos interesa. Y todo su estado mayor se queda estático, y es él quien debe correr, sujetando su gorra, a recuperar los papeles. Este hecho, curiosamente, nos ayudó.

Analizamos la conducta de los oficiales, y decidimos que cuando hubiera cambio de guardia, el delegado "calificaría" al oficial que entrega la guardia. La primera vez que pusimos en práctica este sistema, habíamos tenido un excelente oficial de aviación. Al llegar el oficial del ejército, y hacer la presentación el que se retiraba, expresé que a nombre de la barraca A despedía al oficial y que estimábamos que su comportamiento había sido correctamente militar y que nos había garantizado todos los derechos obtenidos, que le deseábamos éxito en una carrera profesional al servicio de los intereses de la patria y del pueblo. El oficial agradeció y el entrante quedó desconcertado. Pero cuando cumplió su período y estábamos formados, miraba para ver nuestra reacción. Fue buen oficial y repetimos la operación. Cuando el oficial era un mal elemento, nada decíamos y sólo saludábamos al que llegaba. Y, ¿cuál era la experiencia de esto?. Los oficiales sentían - lo comprendimos - necesidad de este reconocimiento, de esta "calificación". Y era común que ellos expresaran que eran hombres de armas, profesionales, y que no les agradaba el papel de carceleros. Es un asunto interesante para estudiar.

Desde el día que nuevamente nos reunimos, la universidad del campo se reabrió, fue una realidad, y pudimos, con el esfuerzo común, intercambiar conocimientos de las diversas disciplinas con un espíritu universitario libre y seriedad académica. Entre nosotros, por razones de edad y profesionalidad, no se produjo la creación artística. Pero pudimos escuchar y presenciar los coros, las canciones y representaciones teatrales, obra de los compañeros jóvenes de Punta Arenas y de Ritoque. Todo, todo producto de los prisioneros, de la solidaridad humana y del amor a la vida, el deseo de crear, de sobrevivir y de expresar artísticamente.

El 20.12.74 me informaron que sería llevado a Valparaíso al día siguiente, a casa de mi madre. Se trataba de algo inusitado y no supimos qué pensar con los compañeros; al día siguiente, en un vehículo de la FACH, escoltado por otro y seguido por un tercero, llegamos a la casa de mi madre. Los soldados se bajaron desplegando un "operativo" y apuntando hacia la casa. Mi madre, mi hermana, mi hermano, todos frente a mí, y mi mujer me dice: "Ayer me avisaron de Israel que murió Dieguito". No entiendo. Diego es mi hijo menor. 19 años. En septiembre se había casado. Miguelito Lawner hizo una hermosa tarjeta que todos firmamos y le enviamos. Y cosa extraña, pensé en Santiago, en el SIM, allá en la isla, que me trajo la carta de mi hijo. Y que nunca, nunca sabría qué me escribió Diego, porque él la censuró suponiendo que me iría a causar pena. Todos, todos los dolores: la pérdida de mi situación profesional y social, la familia distribuida por todo el mundo, perder la tierra; todo fue nada frente a ese dolor. Regresamos al campo. Debo decir que los soldados que me acompañaron a casa informaron de lo ocurrido al oficial y que tanto el trato de él como de la guardia fue humano. Él me dijo: "Haga de cuenta que está solo, si quiere llorar, hágalo, le hará bien. Y no vea en nosotros sino hombres que también somos padres e hijos, y que lo entendemos". Le agradecí, pero no lloré. Había aprendido que el llorar es un derecho de hombres libres. Y para los que han perdido la libertad sólo queda el gemir de bestia acorralada. Cerca de la reja me esperan Sergio Vuskovic y Hernán Soto. Les dije lo ocurrido. Todos me manifestaron su solidaridad. Lucho Corvalán fue inmensamente humano. Me dio consuelos de hermano mayor. Y cuando ya en Mishmar Haemek supe de la muerte de su hijo Alberto, le escribí a Tres Alamos. No sé si llegaría mi carta a sus manos. Me dijo: "Ésta es nuestra vida, lo siento, sé cuánto te duele, pero eres fuerte y sabrás reponerte, todos estamos contigo". En la formación de la noche, el oficial y los suboficiales me dieron el pésame, pero no me excusé de cumplir. Y todos los compañeros del campamento de Ritoque, los de "al lado", cantaron en memoria de mi hijo "El Himno de la Alegría".

El decreto de expulsión fue retenido a petición del almirante Merino, pese a las peticiones del gobierno de Israel. Benjamín Teplisky me representó en la velada en memoria de mi hijo en el kibutz Megido.

Llegó el verano y nosotros, en la barraca A, inauguramos nuestro balneario "Pichi Beach". Con Alfredo Joignant, segundo en el mando, Hernán Soto y Maximiliano Marholz, del "Estado Mayor", despejamos de arbustos el costado de la empalizada sur. Los servicios higiénicos construidos para unas 100 personas no resistieron el uso de 400 y se rebalsaron las cámaras; exigimos la traída del "matón", o sea, el camión que saca los excrementos. Como el comandante de la base dijo que no tenía presupuestado para pagar el costo del "matón", le repliqué: "Si quieren tener campos de concentración deben tener dinero para cuidar su infraestructura material". Marholz, amante de los baños de sol, inicia la temporada con varios de nosotros. Clodomiro Almeyda se adhiere, pero expresa que el sol le produce quemaduras. Preparo un "aceite" con parafina, Coca-cola, loción de afeitar y otros ingredientes, al que Hernán Soto titula el "Fierabrás", se lo colocamos a Clodomiro, pero se le producen serias ampollas y quemaduras.

En un día de abril de 1975 en que Sergio Vuskovic y Joignant "trabajaban la onda", escuchan una llamada de Radio Moscú a Quintero para informar que a Luis Corvalán lo han designado Premio Lenin de la Paz. Lo felicitamos. Él afirma que ese título es para él y para todos los combatientes de la libertad y resistentes chilenos. Han pretendido iniciar en la fiscalía de Valparaíso un juicio en contra de Luis Corvalán y otros, que se ventilará ante el consejo de guerra de la comandancia militar de la zona en estado de emergencia de Valparaíso. Es un proceso absurdo, que había anunciado Pinochet, y que viene a reemplazar al famoso Plan Zeta, que murió de muerte natural el 14 de septiembre de 1973 cuando, en una carrera de declaraciones, los cuatro generales reconocieron haber sido ellos quienes complotaron desde las sombras. Luis Corvalán se niega a contestar las preguntas del comandante Lautaro Sasso, lo mismo Daniel Vergara. Y los fiscales que vienen a interrogarnos de Valparaíso me conversan de otras cosas. Era tan absurdo este proceso, que también murió rápidamente de muerte natural. Pero sirvió para inculpar a Sergio Vuskovic, a Leopoldo Zúljevic - que ya estaba en Rumania - y a mí de haber sido "instructores de la Escuela de Guerrilleros de El Popular". Y demoran los decretos de expulsión. Fuí defendido sin costo alguno y en forma eficientísima y exitosa por el abogado Guarello, de ideas contrarias a las mías, pero que sabía que ambos éramos, por sobre todas las cosas, hombres de derecho. Nos visitaron varios ministros, incluso Miguel Schweitzer, el de Justicia, que nos miró desde fuera de las alambradas porque el cincuenta por ciento de nosotros éramos colegas suyos.

Es conveniente señalar algunos hechos para el estudio respecto de las relaciones inter-institutos armados. Un preso del otro lado era un infiltrado del SIM, pero no para informar sobre los presos, sino que para informar sobre los aviadores y carabineros y, tal vez, sobre los propios militares. El hecho fue que lo tuvieron más de seis meses. Al principio iba otro del SIM a verlo en las visitas ordinarias, pero después se olvidaron y no encontró nada mejor que enviar por el “conducto regular” una carta diciendo que ya había cumplido su misión, y que lo relevaran; y entregó la carta al brigadier, y éste al oficial y éste, a su vez, al servicio de inteligencia de la FACH.

Otro hecho extraño ocurrió el 8.3.75, el día Internacional de la Mujer. Un prisionero simpatiquísimo, que estaba preso como miembro de la VOP y de un grupo que creo se llamaba “Los Gasparines”, trató de huir por un forado de la Cárcel de Rancagua. Lo trasladaron a Ritoque. El 8.3, cantó una hermosa canción suya dedicada a las compañeras en un acto que permitieron que hiciéramos con la participación de todos, incluso nuestras mujeres. Recuerdo que el estribillo era, “adiós, mi capitán, que me voy volando...” Al día siguiente, el ejército entregó la guardia al “Jé-jé” Ávila, un excelente oficial de la FACH que se preocupaba de cuestiones religiosas, y que era muy humano. Todos los brigadieres informamos conforme a los antecedentes entregados por el ejército. Tres miembros de una barraca se hallaban en el hospital. El martes llegaron dos y se les inquirió por el tercero. Ellos dijeron: “Sólo somos dos”. Se formó a todo el personal, se contaron, cantamos los números. Y faltaba uno. Era el de los “Gasparines”. La aviación sostuvo que la responsabilidad era del ejército y viceversa. Se pidió el concurso de la policía técnica de investigaciones. Vinieron con perros amaestrados. Los vimos. Olieron la ropa, salieron al patio central, llegaron hasta la puerta que comunicaba con nuestra barraca y el comedor. Entraron por las dos puertas que daban al comedor, salieron al patio de guardia y llegaron hasta el portón, y ahí se pusieron a gemir y rasguñar las puertas. Les abrieron, corrieron como 200 metros y empezaron a gemir otra vez y a dar vueltas. Ahí perdieron las huellas. Pues bien, todas esas puertas estaban con candados y con guardias, y en la puerta del campo había cuatro guardias...

El 23.3.75, por indicación del Ministro del Interior y de SENDET, mi mujer viajó a Israel, donde ya estaban todas mis hijas, que se habían reunido con mis hijos. Si ella “no molestaba más”, en tres meses me expulsarían de Chile. No se dio curso al segundo decreto por oposición del almirante Merino. Había transcurrido ya mucho tiempo, y la armada había obtenido los documentos, o copias de ellos, que estaban en los escritorios de Orlando Letelier y de Daniel Vergara. Ellos no servían para el “Plan Zeta”, sino que, por el contrario, probaban el conocimiento que teníamos sobre las actividades complotadoras de algunos altos oficiales de la armada. En el juicio contra Emilio Contardo y Roberto Sapiains –que no era otra cosa que un atraso en el balance- no fui parte. Y esto pudo probarse en noviembre de 1974, cuando mi abogado consiguió que la Corte Suprema autorizara que volviera a primera instancia para obtener del fiscal naval el certificado correspondiente. Los juicios por supuestas detenciones arbitrarias no prosperaron porque eran inexactos, e incluso numerosos abogados declararon que yo siempre había cumplido con la ley. De pronto la armada empieza a solicitar mi presencia. Esta situación la habíamos expuesto al coronel Espinoza, quien había ordenado al comandante del Ala 2 que ninguno de nosotros podía ser sacado de allí sin una orden escrita suya o del general Pinochet. Antes de irse de viaje, mi mujer me informó que unos marinos habían ido a citarme a casa de mi madre para que declare en un “sumario de la Contraloría”. Ella les dijo: “Está preso en Ritoque. ¿Cómo no saben esto?”. Presto declaración ante el comandante de la Fuente Vergara, de la base, quien actúa en calidad de ministro de fe; no se me permite viajar a Valparaíso. Posteriormente, ocurrió el hecho contra el teniente Mercado. Y también intervine y declaré ante el comandante de la Fuente, en el mismo campamento. No tuve que concurrir a la fiscalía naval. Las radios de Valparaíso inician una campaña en mi contra, dirigida por Gustavo Lorca, un periodista de Patria y Libertad.

Un día, en el mes de junio, mi madre me llevó una copia del decreto de expulsión en mi contra firmado por Augusto Pinochet con fecha 6.6.75. No informé a nadie. Pero el coronel Espinoza acudió presto, envista que el comandante de la IZN –como superior jerárquico del comandante de la base- había ordenado mi traslado a la Academia de Guerra Naval, debidamente custodiado, para realizar ciertas diligencias. Se rechazó la petición de la armada, y se reiteró la orden que sólo podía salir con guardia del ejército, aviación o carabineros, no con personal de la armada. En “La Esmeralda”, un detenido de la DIA (Dirección de Investigaciones Aduaneras) me informó una noche, cuando, herido cayó encima de mi “coye”, que Luis Sanguinetti, jefe de la DIA, con quien había trabajado en algunos asuntos, había sido “suicidado”. En el tiempo que permanecí en Puchuncaví y Ritoque, me informé que Juan Bustos, jefe de Investigaciones, había sido bárbaramente torturado en la Academia de Guerra Naval y en una casa secreta del A DOS, cerca de la antena de la radio donde confluyen los cerros de Valparaíso y Viña del Mar. Con los dedos quebrados, quemado y con el ojo derecho reventado, murió sin hablar.

El coronel Espinoza cumplió conmigo. Con una guardia especial, me autorizó a ir a Valparaíso, a casa de mi madre que estaba enferma, para despedirme, el 26.6.1975. Fue la última vez que vi Valparaíso, la ciudad en que nací. Era una ciudad destruida, pero tuve la impresión que renacería y se oirían otra vez las canciones de la juventud que reconstruiría todo lo destruido por la dictadura militar.

Criminales y Cómplices

Militares: Almirante Toribio Merino; Almirante Ernesto Eberhard (IZNV); Coronel J Espinoza;

Civiles: Miguel Schweitzer, (Ministro de Justicia); Gustavo Lorca (periodista, miembro de Patria y Libertad)

Más que un tema de campaña, la presión de los militares retirados sobre el candidato de la Alianza, es un tema preocupante para las víctimas...

Por lo mismo, es necesario que se clarifique de cara a la opinión pública la pretensión de punto final que ronda en ese estamento, el cual, a decir de la prensa representa 700 mil votos. Pero este es un tema que va más allá de la coyuntura.
Roberto Sapiains, que se reintegra, luego de su convalescencia, a estos diálogos políticos, ha presentado el tema a través de la siguiente carta abierta.

CARTA ABIERTA A LOS HONORABLES SENADORES DON JORGE MARTÍNEZ BUSH Y DON FERNANDO CORDERO RUSQUE.

Me permito dirigirme a ustedes Honorables Senadores don Jorge Martínez Bush y don Fernando Cordero Rusque, haciendo uso del derecho consagrado en el artículo 19, de la Constitución Política del Estado, que establece:

“La Constitución asegura a todas las personas:

14º. El derecho de presentar peticiones a la autoridad, sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes.

SOLICITO RESPETUOSAMENTE, a los Honorables Senadores don Jorge Martínez Bush y don Fernando Cordero Rusque, que definan públicamente su posición RESPECTO A ESAS ACTUACIONES DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO DE CHILE, considerando los siguientes antecedentes:

1.- Que el 11 de septiembre de 1973, los Mandos Institucionales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile se “alzaron a mano armada contra el Gobierno del Presidente Salvador Allende en respuesta a un Documento de la Cámara de Diputados que declaraba la inconstitucionalidad de ese Gobierno”.

2.- Que obviamente ese Alzamiento a Mano Armada constituyó una “rebelión militarizada capaz de provocar el estado de Guerra interno". Así lo prueba la Ofensiva Armada contra el Palacio de la Moneda por Aire y Tierra, cuyo testimonio se ha exhibido varias veces por las pantallas de Televisión en Chile.

3.- Que así lo entendió también la Junta Militar de Gobierno declarando el Estado de Sitio y el Toque de Queda en todo el territorio nacional, situación que se extendió entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978. Este período de tiempo está claramente acotado en el Decreto Ley Nº 2.191, de fecha 18 de abril de 1978, que en su artículo 1 concede “aministía a todas las personas que en calidad de autores, cómplices o encubridores hayan incurrido en hechos delictuosos, durante la vigencia de la situación en Estado de Sitio, comprendida entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, siempre que no se encuentren actualmente sometidas a procesos o condenas”.

4.- Que en ese Decreto Ley Nº 2.191, NO SE DICE ABSOLÚTAMENTE NADA sobre el artículo 1º del Decreto Ley Nº 5, dictado por la Junta Militar el 12 de septiembre de 1973, que estableció lo siguiente:

“Declárase, interpretando el artículo 418º del Código de Justicia Militar, que el estado de sitio decretado por conmoción interna, en las circunstancias que vive el país, debe entenderse “estado o tiempo de guerra” para los efectos de la aplicación de la penalidad de ese tiempo que establece el Código de Justicia Militar y demás leyes penales y, en general, para todos los demás efectos de dicha legislación.”

Por su parte, el artículo 418º del Código de Justicia Militar, establece:

“Para los efectos de este Código, se entiende que hay estado de guerra, o que es tiempo de guerra, no sólo cuando ha sido declarada oficialmente la guerra o el estado de sitio, en conformidad a las leyes respectivas, sino también cuando de hecho existiere la guerra o se hubiere decretado la movilización para la misma, aunque no se haya hecho su declaración oficial”.

5.- Que, por lo tanto, podemos afirmar que el decreto Ley Nº 2.191 está terminando con el Estado o Tiempo de Guerra en Chile, SIN DECIRLO EXPRESAMENTE. Es más, en ninguna parte de su texto figura la pequeña palabra “guerra”, que fue tan importante en TODOS LOS EXCESOS Y ERRORES OCURRIDOS entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, período declarado como “Estado Jurídico de Guerra Interna” por el Decreto ley Nº 5, dictado por la Junta Militar el 12 de septiembre de 1973. .

Si lo sabremos nosotros, los Ex-prisioneros de guerra, que fuimos torturados para extraernos declaraciones extrajudiciales autoinculpatorias; que fuimos procesados ante los Tribunales Militares de Tiempo de Guerra acusados de haber cometido Crímenes de Guerra totalmente inexistentes en la Legislación Internacional; que fuimos juzgados en Consejos de Guerra que actuaron en UNA TOTAL ILEGALIDAD y que nos condenaron como Criminales de Guerra a cumplir varios años de prisión en recintos penales prohibidos en el Convenio de Ginebra Relativo al Trato de Prisioneros de Guerra. Esta Ley Internacional que estaba VIGENTE en Chile desde el año 1951, DEBIÓ HABERSE APLICADO a ese Estado Jurídico de Tiempo de Guerra como lo ha comprobado, sin lugar a duda razonable, el “Informe Valech”.

6.- Que reconozco la existencia de un elemento EMOCIONAL respecto a “las actuaciones que constituyeron EXCESOS Y ERRORES”, como lo han reconocido los últimos Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y de Orden. Es totalmente comprensible para mí, especialmente en el caso de la Armada de Chile, que muchos oficiales navales actuaran muy sensibilizados por el Caso del Motín de la Escuadra descubierto por el Servicio de Inteligencia Naval (SIN), a partir del mes de mayo de 1973.

Esa CONSPIRACIÓN PARA EL AMOTINAMIENTO entre suboficiales y clases de la Armada contemplaba, tanto la “toma de buques claves de la Escuadra” como el “bombardeo de instalaciones navales de tierra”, incluyendo a la Población Vergara ubicada en el área de Las Salinas de Viña del Mar, sector residencial de las familias de los oficiales navales. Por lo tanto, y lo reitero, es COMPRENSIBLE para mí el fuerte elemento EMOCIONAL involucrado en las actuaciones que constituyeron EXCESOS Y ERRORES.

7.- Que debo también reconocer, tanto por respeto a la VERDAD HISTÓRICA como al Principio Jurídico Testimonial de LA VERDAD, TODA LA VERDAD Y NADA MÁS QUE LA VERDAD, ambos valores fundamentales en mi vida cristiana, que HUBO SECTORES POLÍTICOS DE EXTREMA IZQUIERDA INVOLUCRADOS EN ESA CONSPIRACIÓN EN LA ARMADA DE CHILE.

Así lo han reconocido públicamente los propios ex-uniformados y los políticos de esa época, quienes han explicado la forma en que el MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), el MAPU (Movimiento de Acción Popular Unitaria, sector dirigido por el señor Garretón), y el Sector Altamirano del Partido Socialista, se INVOLUCRARON con el personal que iba a actuar en la Toma de la Escuadra ANTES de que se produjera OTRO INTENTO DE GOLPE DE ESTADO contra el Gobierno del Presidente Allende, quien estaba ajeno e ignoraba totalmente esta situación de INFILTRACIÓN EN LA ARMADA.

Además, el señor Carlos Altamirano, Secretario General del Partido Socialista, “pronunció un combativo discurso” en una reunión realizada en el Estadio Chile días antes del 11 de septiembre de 1973, en el cual reconoció “que se había reunido con los marinos de la Escuadra y que se volvería a reunir si fuera necesario”. Y en una frase clave señaló: “si los oficiales de la Armada realizan una Intentona Golpista yo incendiaré Chile de Arica a Magallanes”. No es de extrañar entonces que muchos de los Altos Oficiales Navales interpretaran esta frase como una verdadera “declaración de guerra” y actuaran con un FUERTE CONTENIDO EMOCIONAL a partir del 11 de septiembre de 1973, como lo ha reconocido en entrevista televisada el actual Senador de la República y Almirante (R) don Jorge Patricio Arancibia Reyes.

8.- Que, sin embargo, con la misma franqueza y honestidad histórica debo decirles a ustedes que NADA, ABSOLÚTAMENTE NADA, puede justificar los Crímenes de Guerra de Lesa Humanidad cometidos por los Servicios de Inteligencia de la Junta Militar, especialmente por la DINA, al servicio directo del Dictador Pinochet. Y, sobre todo, NADA, ABSOLÚTAMENTE NADA, puede hacer siquiera COMPRENSIBLE el que se haya planificado y ejecutado una POLÍTICA OFICIAL DE OCULTAMIENTO DE DICHOS CRÍMENES DE GUERRA, que incluyó actuaciones tan bajas y deleznables como la “Operación Retiro de Televisores”. En esta Operación se exhumaron los cadáveres de prisioneros de guerra torturados y asesinados, que habían “desaparecido” en distintas inhumaciones ilegales a partir de septiembre de 1973, para eliminar sus últimos vestigios, quemando esos restos y/o lanzándolos al mar o a los ríos. Operación que se sospecha se continuó realizando incluso después del año 1990, por lo cual NO estaría cubierta por el “acuerdo secreto de las cúpulas de la clase política de NO investigar las situaciones anteriores a 1990”.

9.- Que estoy consciente de que ustedes tienen una doble calidad, ya que siendo Senadores Designados son, a la vez, dirigentes del MUNA, Movimiento de Unidad Nacional, conformado por los Oficiales de las Fuerzas Armadas en Retiro. Muchos de ellos aspiran a que se les aplique la AMNISTÍA concedida en el artículo 1 del Decreto Ley Nº 2.191; pero, en ese Decreto Ley Nº 2.191 NO SE DICE, que los autores, cómplices o encubridores que han incurrido en hechos delictuosos, son las personas que habían cometido u ordenado cometer los Crímenes de Guerra de Lesa Humanidad durante el “Estado Jurídico de Guerra Interna en Chile, que constituyen Infracciones Graves al Convenio de Ginebra Relativo al Trato de Prisioneros de Guerra”, torturando, mutilando, asesinando, haciendo desaparecer los cuerpos mutilados y realizando toda clase de tratos crueles, inhumanos y degradantes con los prisioneros de guerra capturados e interrogados por los Servicios de Inteligencia de la Dictadura Pinochetista entre el 11.09.73 y el 10.03.78.

En efecto, las únicas personas que habían incurrido en hechos delictuosos durante la vigencia de la situación en Estado de Sitio (Estado Jurídico de Guerra Interna en Chile), comprendida entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, y que cumplían con la condición “siempre que no se encuentren actualmente sometidas a proceso o condenas”, eran los miembros de los Servicios de Inteligencia de la Dictadura Pinochetista que cometieron los Crímenes de Guerra de Lesa Humanidad y los Oficiales Superiores que les dieron las órdenes para cometerlos.

En consecuencia, esta Amnistía del Decreto Ley Nº 2.191 constituye sólo una AUTOEXONERACIÓN de las Responsabilidades Criminales de Tiempo de Guerra en que incurrió la propia Junta Militar de Gobierno en Chile, que infraccionó y que aun está infraccionando gravemente el artículo 131 del Convenio de Ginebra Relativo al Trato de Prisioneros de Guerra.

10.- Que basta ya de seguir cometiendo el delito de ENCUBRIMIENTO DE LAS INFRACCIONES GRAVES AL CONVENIO DE GINEBRA y, aun más, de intentar involucrar a todos los actores civiles de la política nacional en Chile. No es una actitud DIGNA y que corresponda al HONOR MILITAR el seguir implorando protección vía el ENCUBRIMIENTO y, menos aun, el intentar NEGOCIAR VOTOS A CAMBIO DE PROMESAS ELECTORALES PARA APLICAR UNA PRESUNTA AMNISTÍA, QUE NO ES OTRA COSA MÁS QUE UNA AUTOEXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADES CRIMINALES QUE ESTÁ EXPRESAMENTE PROHIBIDA EN LA LEY INTERNACIONAL.

Así lo han entendido los ministros Enrique Cury y Jaime Rodríguez Espoz, que en el voto de minoría del fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema del 5 de agosto de 2005, sostuvieron: "no es admisible que los mismos que se asilaron en las ventajas que les concedía la referida declaración de estado de guerra (...) pretendan ahora desconocer su valor para ignorar las sanciones que al quebrantamiento de las leyes de tal estado y las limitaciones que a la autoexoneración respecto de ellas imponen los Convenios Internacionales”.

11.- Que como Ex-prisionero de guerra entiendo perfectamente el REPROCHE MORAL que significan las palabras de los ministros Enrique Cury y Jaime Rodríguez Espoz. Efectivamente, NO ES ADMISIBLE que ustedes, miembros directivos e integrantes del MUNA, que abusaron de las ventajas que les daba el Estado de Guerra Interna en Chile y que cometieron EXCESOS Y ERRORES que constituyeron Crímenes de Guerra de Lesa Humanidad e Infracciones Graves al Convenio de Ginebra Relativo al Trato de Prisioneros de Guerra, pretendan AHORA DESCONOCER LA VIGENCIA DE ESTA LEY INTERNACIONAL PARA IGNORAR SUS SANCIONES Y LAS LIMITACIONES QUE ELLA IMPONE A LA AUTOEXONERACIÓN DE RESPONSABILIDADES.

Con la misma franqueza y honestidad histórica con que he insistido permanentemente en reconocer los EXCESOS Y ERRORES de la Extrema Izquierda Chilena, en el período previo al 11 de septiembre de 1973, debo decirles que siento VERGUENZA AJENA por los integrantes del MUNA.

Roberto Sapiains Rodríguez

Ex-prisionero de guerra de Valparaíso

RUT 4.827.910 - 4

VALPARAÍSO, 13 de Enero de 2006.-

Miguel Woodward, fiel a Jesucristo

Le invitamos a revisar un artículo de homenaje a uno de los mártires del golpe de estado de 1973.

Roberto Sapiains se recupera satisfactoriamente de su operación.

A las 17 horas de Chile, Roberto Sapiains fue trasladado a la sala de recuperación después de haber sido intervenido en una angioplastía, con positivos resultados. Conversamos con él y nos hizo saber que se sentía bien, confortado por la red de oración que muchas personas hicieron por su salud.
Nos alegra inscribir este episodio y hacemos votos para que pronto podamos seguir conversando con él en este blog.

Señora Mónica Madariaga debe asumir responsabilidades por su actuación en el régimen militar.

CARTA ABIERTA AL PROGRAMA MEDIANOCHE DE TELEVISION NACIONAL DE CHILE

En el Programa Medianoche emitido el día Jueves 29 de diciembre, la periodista Montserrat Alvarez entrevistó a la abogado Mónica Madariaga, Ministro de Justicia durante un período clave de la Dictadura de Pinochet. Sin embargo, la entrevista versó básicamente sobre la actual posición política de la señora Madariaga, quien adscribió a la candidatura presidencial de Sebastián Piñera entregando sus razones y argumentos en pantalla.

Pero, la señora Madariaga entregó la información adicional de que ella había sido la Presidente de las Mujeres Liberales, en oposición al Movimiento de Mujeres Conservadoras, y, al final de la entrevista, agradeció a la conductora por “NO haberse referido a las actuaciones de la Dictadura de Pinochet”, deslizando la afirmación de que “eso ya quedó en el pasado”.

Quisiera opinar sobre estas dos situaciones, recordando a la periodista de Medianoche que su DEBER profesional es referirse a todas las actuaciones públicas de un entrevistado y NO permitir que se deslicen opiniones al pasar que pretenden ser JUICIOS HISTÓRICOS, sin la correspondiente aclaración de que el Programa NO se hace responsable de esos mismos JUICIOS.

Respecto a la pertenencia de la señora Madariaga al Movimiento de Mujeres Liberales y a su eventual Presidencia de ese Movimiento, considero que la información entregada fue incompleta. Por lo tanto, la entrevistadora debía haber solicitado una aclaración formulando la pregunta clave de si la señora Madariaga perteneció, o aun pertenece, al Movimiento Femenino de la Masonería de Chile. De ser así, esa respuesta hubiera aclarado su participación en el Movimiento de Mujeres Liberales. De otra forma, esta participación de la señora Madariaga puede mal interpretarse en los términos del “actual significado que tiene la expresión Mujeres Liberales”, significado al cual considero que la señora Madariaga NO se estaba refiriendo.

Respecto a que “las actuaciones de la Dictadura de Pinochet ya quedaron en el pasado”, disiento completamente con esta afirmación y manifiesto mi reparo a la periodista conductora del Programa Medianoche al NO realizar comentario u observación alguna sobre este Juicio, deslizado al final de la entrevista. Nada más lejos de la realidad considerando los actuales procesos que enfrenta tanto el General (R) Augusto Pinochet como la Plana Ejecutiva de la DINA.

Pero, es mi parecer que la señora Madariaga se quiso referir a “su propia participación en ese período” y a su anhelo de “dejar atrás las actuaciones cuestionables” en las cuales se vio involucrada cuando ejerció el cargo de Ministro de Justicia en la Dictadura de Pinochet.

Ya conocemos su famoso argumento de “haber sido engañada por los Informes de los Servicios de Inteligencia”, argumento que hoy día están usando como defensa, los civiles involucrados en actuaciones cuestionables al desempeñar CARGOS DE RESPONSABILIDAD durante la Dictadura de Pinochet”, como es el caso del señor Francisco Javier Cuadra. Además, conocemos su explicación sobre “la forma en que la mantuvieron en una BURBUJA respecto a los Crímenes de Guerra de Lesa Humanidad cometidos por la Dictadura de Pinochet, durante el período declarado jurídicamente como Estado de Guerra Interna en Chile por el Decreto Ley Nª 5, dictado por la Junta Militar el 12 de septiembre de 1973”.

Es precisamente sobre este “Estado Jurídico de Guerra Interna en Chile”, que abarcó desde el mismo día 11 de septiembre de 1973 al 10 de marzo de 1978, que quiero entregar antecedentes adicionales que deberían considerarse al momento de entrevistar a personeros civiles que ejercieron CARGOS DE RESPONSABILIDAD en el gobierno de la Junta Militar, como es el caso de la abogado Mónica Madariaga. Este tema está en el tapete público debido a que el General (R) Manuel Contreras Sepúlveda, ex-Director Ejecutivo de la DINA, ha solicitado que se cite a declarar en sus procesos “a varios personeros civiles que ejercieron cargos de rango ministerial en los distintos gabinetes nominados por el Dictador Augusto Pinochet”.

Si bien es cierto que la defensa del General (R) Contreras NO se ha referido con nombre y apellido a la señora Madariaga, para que sea citada a declarar en esos procesos, la RESPONSABILIDAD que ella tuvo como MINISTRO DE JUSTICIA en la REDACCIÓN del Decreto Ley Nº 2.191, de fecha 18 de abril de 1978, es fundamental para aclarar lo ocurrido durante el Estado Jurídico de Guerra Interna en Chile.

Es mi deber como cientista político, el destacar para los señores periodistas ejerciendo funciones en LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, como Televisión, Radio y Prensa Escrita, la IMPORTANCIA de este Decreto Ley. Para este efecto me permito reproducir y analizar íntegramente ese texto:

Núm. 2.191.

Santiago, 18 de abril de 1978.

VISTOS: lo dispuesto en los decretos leyes Nos. 1 y 128 de 1973 y 527 de 1974, y

CONSIDERANDO:

1.- La tranquilidad general, la paz y el orden de que disfruta actualmente todo el país, en términos tales, que la conmoción interna ha sido superada, haciendo posible poner fin al Estado de Sitio y al toque de queda en todo el territorio nacional.

2.- El imperativo ético que ordena llevar a cabo todos los esfuerzos conducentes a fortalecer los vínculos que unen a la nación chilena, dejando atrás odiosidades hoy carentes de sentido y fomentando todas las iniciativas que consoliden la reunificación de los chilenos.

3.- La necesidad de una férrea unidad nacional que respalde el avance hacia la nueva institucionalidad que debe regir los destinos de Chile.

La Junta de Gobierno ha acordado dictar el siguiente decreto ley:

Artículo 1.- Concédese amnistía a todas las personas que en calidad de autores, cómplices o encubridores hayan incurrido en hechos delictuosos, durante la vigencia de la situación en Estado de Sitio, comprendida entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, siempre que no se encuentren actualmente sometidas a procesos o condenas.

Artículo 2.- Amnistíase, asimismo, a las personas que a la fecha de vigencia del presente decreto ley se encuentren condenadas por tribunales militares, con posterioridad al 11 de septiembre de 1973.

Artículo 3.- No quedarán comprendidas en la amnistía a que se refiere el artículo 1 las personas respecto de las cuales hubiere acción penal vigente en su contra por los delitos de parricidio, infanticidio, robo con fuerza en las cosas, o con violencia o intimidación en las personas, elaboración o tráfico de estupefacientes, sustracción de menores de edad, corrupción de menores, incendios y otros estragos; violación, estupro, incesto, manejo en estado de ebriedad, malversación de caudales o efectos públicos, fraudes o exacciones ilegales, estafas y otros engaños, abusos deshonestos, delitos contemplados en el Decreto Ley Nº 280, de 1974, y sus posteriores modificaciones; cohecho, fraude y contrabando aduanero y delitos previstos en el Código Tributario.

Artículo 4.- Tampoco serán favorecidas con la aplicación del artículo 1, las personas que aparecieren responsables, sea en calidad de autores, cómplices o encubridores, de los hechos que se investigan en proceso rol Nº 192-78 del Juzgado Militar de Santiago, Fiscalía Ad Hoc.

Artículo 5.- Las personas favorecidas por el presente decreto ley, que se encuentren fuera del territorio de la república, deberán someterse a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Ley Nº 81, de 1973, para reingresar al país.

Regístrese en la Contraloría General de la República, publíquese en el Diario Oficial e insértese en la Recopilación Oficial de dicha Contraloría.

AUGUSTO PINOCHET UGARTE, general de Ejército, Presidente de la República, JOSE T MERINO CASTRO, almirante, Comandante en Jefe de la Armada, GUSTAVO LEIGH GUZMAN, general del Aire, Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, CESAR MENDOZA DURAN, general, Director General de Carabineros, Sergio Fernández, Ministro del Interior, Mónica Madariaga Gutiérrez, Ministro de Justicia.

Lo que transcribo a Ud., para su conocimiento.

Saluda a Ud., Enrique Montero Marx, Subsecretario del Interior.

Al analizar el texto de este Decreto Ley Nº 2.191, debemos tratar de descubrir aquello que NO SE DICE, ya que la autora ha utilizado la técnica de DECIR VERDADES A MEDIAS, que es una forma muy HÁBIL de MENTIR:

- NO SE DICE, que este Decreto Ley Nº 2.191 PONE FIN AL ESTADO O TIEMPO DE GUERRA EN CHILE.

- NO SE DICE, que el imperativo ético de la Junta Militar para unir a la nación chilena contempla “dejar fuera” a todos los chilenos exiliados.

- NO SE DICE, que la necesidad de un férrea unidad nacional es para institucionalizar una “democracia protegida” cuyos garantes serán unas Fuerzas Armadas y de Orden totalmente politizadas.

- NO SE DICE, que “los autores, cómplices o encubridores que hayan incurrido en hechos delictuosos”, son las personas que han cometido Crímenes de Guerra de Lesa Humanidad durante el “Estado Jurídico de Guerra Interna en Chile”: torturando, mutilando, asesinando, haciendo desaparecer los cuerpos mutilados y realizando toda clase de tratos crueles, inhumanos y degradantes con los prisioneros de guerra capturados por los Servicios de Inteligencia de la Dictadura Pinochetista.

Veamos los “detalles del texto” en el Decreto Ley Nº 2.191 en análisis:

1) Respecto a “que este Decreto Ley Nº 2.191 pone fin al ESTADO O TIEMPO DE GUERRA EN CHILE”, en el Considerando 1 se dice: “la conmoción interna ha sido superada, haciendo posible poner fin al Estado de Sitio y al toque de queda en todo el territorio nacional”.

Se refiere al mismo “Estado de Sitio” implantado en Chile a contar del día 11 de septiembre de 1973, esto es, cuatro años y medio a la fecha 10 de marzo de 1978. La referencia exacta está dada en su artículo 1: “la situación en Estado de Sitio, comprendida entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978”. Pero, NO SE DICE que el artículo 1 del Decreto Ley Nº 5, dictado por la Junta Militar el 12 de septiembre de 1973, estableció lo siguiente: “Declárase, interpretando el artículo 418 del Código de Justicia Militar, que el estado de sitio decretado por conmoción interna, en las circunstancias que vive el país, debe entenderse “estado o tiempo de guerra” para los efectos de la aplicación de la penalidad de ese tiempo que establece el Código de Justicia Militar y demás leyes penales y, en general, para todos los demás efectos de dicha legislación.”

Por su parte, el artículo 418 del Código de Justicia Militar, establece: “Para los efectos de este Código, se entiende que hay estado de guerra, o que es tiempo de guerra, no sólo cuando ha sido declarada oficialmente la guerra o el estado de sitio, en conformidad a las leyes respectivas, sino también cuando de hecho existiere la guerra o se hubiere decretado la movilización para la misma, aunque no se haya hecho su declaración oficial”.

Por lo tanto, este Decreto Ley Nº 2.191 está terminando con el Estado o Tiempo de Guerra en Chile, sin decirlo expresamente. Es más, en ninguna parte de su texto figura la pequeña palabra “guerra”, que fue tan importante en TODO LO OCURRIDO entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978.

Si lo sabremos nosotros, los Ex-prisioneros de guerra, que fuimos torturados para extraernos declaraciones extrajudiciales autoinculpatorias, que fuimos procesados ante los Tribunales Militares de Tiempo de Guerra acusados de haber cometido Crímenes de Guerra totalmente inexistentes en la legislación internacional, que fuimos juzgados en Consejos de Guerra que actuaron en UNA TOTAL ILEGALIDAD y que nos condenaron como Criminales de Guerra a cumplir varios años de prisión en recintos penales prohibidos en el Convenio de Ginebra Relativo al Trato de Prisioneros de Guerra. Ley Internacional VIGENTE en Chile desde el año 1951 y que DEBIA HABERSE APLICADO a ese Estado Jurídico de Tiempo de Guerra, como lo ha comprobado sin lugar a duda razonable, el Informe Valech.

Sin embargo, en el texto que estamos analizando NO SE DICE NADA sobre el Estado o Tiempo de Guerra declarado jurídicamente en Chile por el Decreto Ley Nº 5, dictado por la Junta Militar el 12 de septiembre de 1973.

¡Cuatro años y medio de Estado Jurídico de Guerra en Chile y el texto del Decreto Ley Nº 2.191, de fecha 18 de abril de 1978, que pone fin a esa Situación de Excepción de Guerra Interna ni siquiera lo menciona!

2) Respecto a “que el imperativo ético de la Junta Militar para unir a la nación chilena contempla ‘dejar fuera’ a todos los chilenos exiliados”, basta analizar el texto del artículo 5 del Decreto Ley Nº 2.191, que en su parte final dice: “deberán someterse a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto Ley Nº 81, de 1973, para reingresar al país”. Así, todos los chilenos exiliados a esa fecha, que en su gran mayoría habían sido calificados como “el Enemigo Interno” por la Autoridad Militar de Facto y acusados de ser parte de los Aparatos Armados del Marxismo Revolucionario que pretendía llevar a cabo el siniestro Plan Zeta para instalar la Dictadura de la Unidad Popular, deberían quedar sujetos a la VOLUNTAD DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, establecida en el Decreto Ley Nº 81, si querían regresar a su propio país.

3) Respecto a “que la necesidad de un férrea unidad nacional es para institucionalizar una ‘democracia protegida’ cuyos garantes serán unas Fuerzas Armadas totalmente politizadas”, la veracidad de esta afirmación ha quedado probada en los distintos análisis del Ordenamiento Institucional que se impuso en Chile, por medio de la Constitución Política del Estado de 1980.

4) Respecto a “que los autores, cómplices o encubridores que hayan incurrido en hechos delictuosos son las personas que han cometido Crímenes de Guerra de Lesa Humanidad durante el Estado Jurídico de Guerra Interna en Chile, torturando, mutilando, asesinando, haciendo desaparecer los cuerpos ya mutilados y realizando toda clase de tratos crueles, inhumanos y degradantes con los prisioneros de guerra capturados por los Servicios de Inteligencia de la Dictadura Pinochetista”, esta situación ha quedado totalmente ‘a firme’ en virtud de:

- El Informe Rettig.

- Los antecedentes aportados por las Fuerzas Armadas y de Orden en la Mesa de Diálogo.

- Las propias declaraciones de ex-miembros de la DINA, CNI y otros Organismos de Inteligencia de la Junta Militar ante los Tribunales Ordinarios que investigan las causas por Secuestro Permanente.

- El Informe Valech, cuyos antecedentes, inexplicablemente, han sido “declarados secretos por al menos 50 años, por el propio Presidente de la República don Ricardo Lagos Escobar”, en una actuación que infracciona gravemente los artículos 3, 129, 130, 131 y 132 del Convenio de Ginebra Relativo al Trato de Prisioneros de Guerra, y viola expresamente el inciso 3º, de su artículo 129, que ordena: “Cada Parte Contratante tomará las oportunas medidas para que cesen, aparte de las infracciones graves definidas en el artículo siguiente, los actos contrarios a las disposiciones del presente Convenio”.

Entonces, ¿para qué toda esa fraseología del Decreto Ley Nº 2.191, sobre “la tranquilidad general, la paz y el orden de que disfruta actualmente todo el país”, del “imperativo ético”, de “fortalecer los vínculos que unen a la nación chilena”, de “dejar atrás odiosidades hoy carentes de sentido”, de “fomentar todas las iniciativas que consoliden la reunificación de los chilenos” y de “la necesidad de una férrea unidad nacional”?

La respuesta es SIMPLE Y DIRECTA: Todo ese blá, blá, blá, se hizo con el objetivo directo de OCULTAR LOS CRÍMENES DE GUERRA DE LESA HUMANIDAD COMETIDOS POR LA DICTADURA DE PINOCHET.

Efectivamente, las únicas personas que habían incurrido en hechos delictuosos durante la vigencia de la situación en Estado de Sitio (Estado Jurídico de Guerra en Chile), comprendida entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, y que cumplían con la condición “siempre que no se encuentren actualmente sometidas a proceso o condenas”, eran los miembros de los Servicios de Inteligencia de la Dictadura Pinochetista que cometieron los Crímenes de Guerra de Lesa Humanidad.

Es decir, esta Amnistía del Decreto Ley Nº 2.191 constituye sólo una AUTOEXONERACIÓN de las Responsabilidades Criminales de Tiempo de Guerra en que había incurrido la propia Junta Militar de Gobierno en Chile, y su autora ha infraccionado gravemente el artículo 131 del Convenio de Ginebra Relativo al Trato de Prisioneros de Guerra.

Tanto es así, que el artículo 2 del Decreto Ley Nº 2.191 sostiene: “Amnistíase, asimismo, a las personas que a la fecha de vigencia del presente decreto ley se encuentren condenadas por tribunales militares, con posterioridad al 11 de septiembre de 1973”. Pero, NO SE DICE que todas las personas que nos encontrábamos condenadas por tribunales militares con posterioridad al 11 de septiembre de 1973, éramos los Prisioneros de Guerra sometidos a proceso ante los Tribunales Militares de Tiempo de Guerra acusados de cometer Crímenes de Guerra y CONDENADOS COMO CRIMINALES DE GUERRA EN LOS INFAMES CONSEJOS DE GUERRA, que infraccionaron gravemente la normativa procesal del Convenio de Ginebra, como lo ha dejado ‘A FIRME’ el Informe Valech en sus páginas 166 a 171.

La confirmación final de que en este Decreto ley Nº 2.191 estamos hablando de los Criminales de Guerra que actuaron en la DINA, la CNI, el SIFACH, el SIN, la DICOMCAR, el Comando Conjunto y otros grupos organizados para cometer crímenes de guerra, la encontramos en el artículo 4 de este decreto ley que sostiene: “Tampoco serán favorecidas con la aplicación del artículo 1, las personas que aparecieren responsables, sea en calidad de autores, cómplices o encubridores, de los hechos que se investigan en proceso rol Nº 192-78 del Juzgado Militar de Santiago, Fiscalía Ad Hoc.

En este caso particular NO SE DICE que ese proceso se refiere, ni más ni menos, que al asesinato de don Orlando Letelier del Solar y de la ciudadana norteamericana Ronnie Moffit, Crimen de Guerra de Carácter Internacional cometido por la DINA en el corazón mismo de la ciudad Capital de los Estados Unidos de Norteamérica, Washington DC.

Finalmente, cumplo con el Deber Ético de informar a la periodista conductora del Programa Medianoche, que he presentado ante la Comisión de Derechos Humanos de la Honorable Cámara de Diputados, con fecha 15 de diciembre de 2005, una Solicitud de Comisión Investigadora sobre las Infracciones Graves al Convenio de Ginebra Relativo al Trato de Prisioneros de Guerra. En ese documento he DENUNCIADO los Crímenes de Guerra de Lesa Humanidad cometidos por la Dictadura Pinochetista y la actuación de los Ministros de Estado de esa Dictadura, señora Mónica Madariaga y señor Sergio Fernández, Ministro de Justicia y Ministro del Interior respectivamente, al siguiente tenor:

8) Por la “interferencia” de las Autoridades Administrativas en la situación procesal del prisionero de guerra, lo que me impidió ejercer mi legítimo derecho a recurrir a la actuación de instancias superiores de carácter internacional consagradas en el Convenio de Ginebra.

Los Hechos.-

En el mes de enero de 1974, encontrándome en Celda Colectiva con otros compañeros y sin derecho a “luz natural”, recibimos la visita del Comité Internacional de la Cruz Roja. Venían a “ofrecer sus servicios a las Partes en conflicto” de acuerdo al inciso 2, del artículo 3º del Convenio de Ginebra Relativo al Trato de Prisioneros de Guerra, que establece: “Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, podrá ofrecer sus servicios a las partes en conflicto”.

Una de esas “partes en conflicto” éramos los miembros de la Unidad Popular de Valparaíso, identificados como el “Enemigo Interno” por el Jefe Militar de la Zona en Estado de Sitio. Siendo yo el Dirigente Provincial de la UP de más alto rango en prisión en la provincia de Valparaíso, así reconocido por las Autoridades Militares de Facto, debía decidir si aceptaba o no esos servicios. Después de recibir las explicaciones de los Delegados del Comité sobre su función específica en el período de tiempo de guerra que vivía nuestro país, ACEPTÉ formalmente los “servicios del Comité Internacional de la Cruz Roja en mi calidad de Jefe Superior de una de las Partes en Conflicto en Valparaíso”.

Para hacer comprensible esta situación debo dar a conocer, tanto la estructura de la Autoridad Militar de Facto como el conjunto de normas legales que incrementó el PODER de esa AUTORIDAD para ACTUAR PENALMENTE EN ESTADO DE GUERRA, a contar del 11 de septiembre de 1973:

El día 11 de septiembre de 1973 se produjo el “alzamiento a mano armada contra el Gobierno Legalmente Constituido” de parte de los Mandos Institucionales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile, quienes acusaban al Presidente Allende de haber violado la Constitución y las leyes basados en una decisión ilegítima de un grupo de Diputados. Este alzamiento incluyó una Ofensiva Militar contra el Palacio de La Moneda, sede del Gobierno Constitucional de Chile, para lograr la RENUNCIA A SU CARGO del Presidente de la República Dr. Salvador Allende, Jefe de Estado y Generalísimo de las Fuerzas de Aire, Mar y Tierra, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, de acuerdo a la Constitución de 1925 vigente a esa fecha en Chile.

Recordemos que en esa Ofensiva Militar no sólo se disparó con armas de guerra de diversos calibres, cañones de tanques y otras armas terrestres, sino que también se procedió a BOMBARDEAR el Palacio de La Moneda CON AVIONES DE COMBATE DE LA FUERZA AÉREA cuando el Presidente Allende se niega, tanto a la Rendición Incondicional como a entregar la RENUNCIA a su alta investidura como Jefe de Estado en Chile. La Ofensiva Militar culmina con el AVANCE de las tropas de infantería al interior del Palacio de La Moneda y el descubrimiento del cuerpo del Presidente Allende, muerto en acto de suicidio por mano propia.

Por lo tanto, ya NO existía el Presidente de la República de Chile y debería haberse producido la aplicación de las normas constitucionales vigentes sobre subrogación del Jefe de Estado. Sin embargo, fue una Junta Militar conformada por los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y el General Director de Carabineros de Chile, la que asumió el Mando Supremo de la Nación. Esa Junta de Gobierno disolvió el Congreso Nacional “hasta nueva orden” y asumió así la totalidad del Poder Legislativo, que sumado al Poder Ejecutivo le daba la capacidad de modificar la Constitución Política del Estado de Chile.

Además, se declaró el Estado de Sitio en todo el país y se dictó el Decreto Ley Nº 4, que en su artículo 1º nombró a los Jefes Militares de las respectivas Zonas de Emergencia y en su artículo 2º señaló textualmente: “Todas las fuerzas de Ejército, Armada, Fuerza Aérea, Carabineros de Chile e Investigaciones que se encuentren o lleguen al territorio jurisdiccional de estas Zonas de Emergencia, se pondrán bajo la autoridad del Jefe respectivo”.

En la práctica todo el territorio nacional quedó ocupado por Fuerzas Militares y todas ellas dependiendo del Jefe de Zona respectivo como AUTORIDAD DE FACTO. Luego se dictó el Decreto Ley Nº 5, que en su artículo 1º dispuso: “Declárase, interpretando el artículo 418 del Código de Justicia Militar, que el estado de sitio decretado por conmoción interna, en las circunstancias que vive el país, debe entenderse “estado o tiempo de guerra” para los efectos de la aplicación de la penalidad de ese tiempo que establece el Código de Justicia Militar y demás leyes penales y, en general, para todos los demás efectos de dicha legislación.”

El artículo 418 del Código de Justicia Militar, establece: “Para los efectos de este Código, se entiende que hay estado de guerra, o que es tiempo de guerra, no sólo cuando ha sido declarada oficialmente la guerra o el estado de sitio, en conformidad a las leyes respectivas, sino también cuando de hecho existiere la guerra o se hubiere decretado la movilización para la misma, aunque no se haya hecho su declaración oficial”.

En conclusión, la Junta Militar de Gobierno declaró el Estado de Guerra en Chile sin haber reconocido con precisión a una Organización Armada, a nivel nacional, que pudiera ser identificada como el “Enemigo Interno”. Por lo tanto, correspondió a cada Jefe de Zona Militar identificar a las personas que constituian, o eran parte de, ese “enemigo interno”. En la Zona Militar de Valparaíso se identificó como “Enemigo Interno” al Comité Provincial de la Unidad Popular y a sus Dirigentes Provinciales como Oficiales Superiores Enemigos, ordenándose la detención inmediata de todos ellos. La Autoridad Militar de Facto me reconoció ante el Comité Internacional de la Cruz Roja como el Prisionero Enemigo de más alto rango y debía ser yo el que aceptara los servicios que ofrecían los Delegados de ese Comité Internacional.

Entendiendo que al aceptar esa oferta, como Jefe de una de las Partes en Conflicto, todas las personas que se encontraban detenidas acusadas de ser parte de la Unidad Popular de Valparaíso quedarían bajo la protección de ese Organismo Internacional, procedí a aceptar oficialmente los servicios del Comité Internacional de la Cruz Roja.

Luego solicité hablar a solas con los Delegados sin la presencia de los Altos Oficiales de la Armada, que insistían en quedarse. Hubo una breve discusión entre los Delegados del Comité Internacional y los Oficiales de la Armada de Chile, finalmente estos últimos aceptaron retirarse. Esto era importante para mí ya que había un joven recién torturado que los guardias del Cuartel estaban ocultando de los Delegados y que nosotros lo habíamos quitado a tres guardias que intentaron esconderlo detrás de la puerta de acceso al recinto que ocupábamos los prisioneros de guerra.

Una vez a solas con los Delegados expliqué la situación y pedí protección para el joven, debían llevárselo con ellos ya que las represalias serían muy fuertes. Quiero destacar la actuación de esos Delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja, no sólo porque escucharon los casos de todos los prisioneros de guerra que estábamos en el recinto, (y de otros detenidos que NO aceptaron la calificación de prisioneros de guerra) sino porque asumieron la “evacuación del joven” como una tarea prioritaria, pelearon el caso con los Oficiales de la Armada y se llevaron al joven prisionero bajo su protección. A ese estudiante lo habían “interrogado” usando golpes de tablas de madera, tanto en la espalda como en los glúteos, estaba despellejado y con heridas de carne abierta. Hasta el día de hoy ignoro el nombre de ese joven estudiante torturado.

Después de haber planteado todas las quejas y observaciones por el incumplimiento del Convenio de Ginebra, los Delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja me reconocieron como el prisionero de guerra de más alta graduación y por tanto el Hombre de Confianza para ellos. También lograron que pudiéramos salir al patio una hora al día y que pudiéramos fumar un cigarrillo diario, quedando yo encargado de repartirlos y de encenderlos, porque los fósforos nos estaban prohibidos.

Constantemente denuncié las infracciones al Convenio de Ginebra Relativo al Trato de Prisioneros de Guerra ante el Comité Internacional de la Cruz Roja, desde ese mismo mes de enero de 1974 hasta el mes de diciembre de 1977, fecha en que el Delegado Regional del Comité me notificó que debían hacer abandono de su gestión en Chile debido a la decisión de la Junta Militar de poner fin al Estado de Guerra Interno para el mes de marzo de 1978.

En una conversación privada con el Delegado le informé sobre el estado de las causas criminales seguidas en mi contra ante el Tercer Juzgado del Crimen de Valparaíso. Extrañamente se había activado la “Justicia Ordinaria” y la causa rol 91.425 por el presunto delito de malversación de caudales públicos, iniciada el 18 de diciembre de 1973, se había acumulado a la causa rol 91.239 por el presunto delito de contrabando, iniciada el 28 de septiembre de 1973. En estas dos causas así acumuladas, se había dictado sentencia condenatoria de primera instancia el 7 de septiembre de 1977 y en ese momento, diciembre de 1977, las causas estaban siendo apeladas por la defensa del inculpado ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso.

El Delegado Regional me informó, a su vez, que mi situación personal se había complicado: la Junta Militar se negaba a reconocerme como prisionero de guerra y estaba entregando una versión que me calificaba de “delincuente común”. Se sostenía que si bien era cierto que yo había sido condenado por Tribunales Militares, había logrado mi libertad el año 1976 y había cometido los delitos comunes con posterioridad a esa fecha.

Hice ver que los presuntos delitos por los cuales estaba siendo procesado ante los Tribunales Ordinarios eran del año 1973. El Delegado me reconoce en privado que ellos estaban conscientes de que todo era una gran mentira, pero que lo único que podían hacer por mí era incluir mi nombre para la visita del Grupo Ad Hoc de DD.HH de las Naciones Unidas, que vendría a Chile en el mes de julio de 1978, aconsejándome preparar un escrito detallado sobre mi situación y presentarlo a ese Grupo Ad Hoc de DD.HH.

Preparar el escrito era fácil, pero superar el “registro al cuerpo” de los gendarmes sería lo difícil: NO había autorización para presentar ningún documento escrito ante el Grupo Ad Hoc. Los años de prisión ya me habían enseñado “a darse maña” como los “choros en cana” y me coloqué el escrito hecho un pequeño bulto en mi entrepierna, sujetándolo con tela adhesiva. Así, cuando el gendarme me revisó bastó una sola broma en voz alta para hacerlo quedar en ridículo y desistir de seguir palpando esa zona de mi cuerpo.

En el mes de julio me presenté ante el Grupo Ad Hoc y tuve un desagradable “diálogo” con el Sr. Félix Ermacora, representante austriaco, quien insistía en repetir la versión que le habían entregado los Ministros del Interior y de Justicia de la Junta Militar, Sergio Fernández y Mónica Madariaga respectivamente, sobre los delitos comunes.

Saqué mi escrito del “lugar secreto”, lo estiré y solicité formalmente que se realizaran las diligencias pedidas allí. Es decir, que fueran al Tercer Juzgado del Crimen de Valparaíso y constataran la fecha en que se habían iniciado las causas por delitos comunes. Debo dejar constancia que ese Grupo Ad Hoc constató la VERDAD sobre las fechas de inicio de las causas en los Tribunales Ordinarios y logró que se dictara el Decreto Supremo Nº 1279, que conmutó las sentencias de prisión por extrañamiento y me expulsó del país con destino a Londres, Inglaterra, bajo la protección del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados. Esto ocurrió el 23 de octubre de 1978.

Sin embargo, insisto en denunciar a los Ministros de Estado ya mencionados por el “ocultamiento de la verdad” sobre los procesos en la justicia ordinaria, lo que constituyó una “interferencia en mi derecho a ser juzgado legítima e imparcialmente según las prescripciones del Convenio de Ginebra Relativo al Trato de Prisioneros de Guerra”, interferencia que es calificada como “infracción grave” por el artículo 130 de ese Convenio de Ginebra.

Por los antecedentes expuestos vengo en denunciar ante sus Honorables Señorías, tanto a los Fiscales de las Fuerzas Armadas y a sus órganos de investigación, es decir, los Comandos de Infantería de Marina y la DINA respectivamente, como a los Jueces y Magistrados del Poder Judicial, y a los ministros civiles de la Junta Militar de Gobierno, Sergio Fernández y Mónica Madariaga, quienes violaron gravemente el artículo 3º, Nº 1), letra d), que prohibe, en cualquier tiempo y lugar, “las condenas dictadas sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados”, violación que es calificada en el artículo 130, por “el hecho de privar a un prisionero de guerra de su derecho a ser juzgado legítima e imparcialmente según las prescripciones del presente Convenio”, como Infracción Grave al Convenio de Ginebra. (Fin del texto citado)

Además, quisiera decir, como persona que participa de los ideales del Humanismo Cristiano, que mi objetivo es LA VERDAD, TODA LA VERDAD Y NADA MÁS QUE LA VERDAD. No busco venganza ni revancha, y si la señora Mónica Madariaga se allana a DECIR TODA LA VERDAD yo sería el primero en solicitar que NO SE APLIQUE SANCIÓN ALGUNA a sus actuaciones, como Ministro de Justicia de la Dictadura Pinochetista, en las materias que he señalado en mi presentación ante la Cámara de Diputados.

Estoy consciente de que estamos hablando de situaciones que ocurrieron hace DECENIOS, pero, la responsabilidad histórica de que todas estas situaciones se hubieran aclarado y hubiera habido VERDAD Y JUSTICIA A TIEMPO para una VERDADERA RECONCILIACIÓN, no está en nuestro lado de la cancha:

- No fuimos nosotros, los Ex-prisioneros de guerra, los que participamos de la Política de Ocultamiento de los Crímenes de la Dictadura Pinochetista.

- No fuimos nosotros los que cometimos el delito de ENCUBRIMIENTO DE LOS CRÍMENES DE GUERRA DE LESA HUMANIDAD.

- No fuimos nosotros los que nos mantuvimos CALLADOS ante todo lo que estaba ocurriendo en Chile durante el Estado Jurídico de Guerra Interna, que abarcó cuatro años y medio, desde el mismo 11 de septiembre de 1973 hasta el 10 de marzo de 1978.

Por el contrario, como lo he demostrado al citar la acusación presentada el 15 de diciembre de 2005 ante la Comisión de Derechos Humanos de la Honorable Cámara de Diputados, nosotros, los Ex-prisioneros de guerra, SIEMPRE NOS MANTUVIMOS DENUNCIANDO los Crímenes de Guerra de Lesa Humanidad cometidos por los Servicios de Inteligencia de la Junta Militar de Gobierno:

- Primero, ante el Comité Internacional de la Cruz Roja, cuyos Informes a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas permitieron a la Asamblea General de ese Organismo Internacional, condenar año tras año las Infracciones Graves al Convenio de Ginebra Relativo al Trato de Prisioneros de Guerra cometidas por la Dictadura Pinochetista en Chile.

- Segundo, como lo he demostrado en la reunión final mantenida con el Delegado Regional del Comité Internacional de la Cruz Roja, cuando la Junta Militar puso fin a la MISIÓN HUMANITARIA DE ESTE ORGANISMO.

- Finalmente, cuando se puso fin al Estado Jurídico de Guerra Interna por el Decreto Ley Nº 2.191, del 18 de abril de 1978, las DENUNCIAS DE INFRACCIONES GRAVES AL CONVENIO DE GINEBRA fueron presentadas personalmente por mí, ante el GRUPO DE TRABAJO AD HOC DE DD.HH DE LA ONU, que visitó Chile en el mes de Julio de 1978.

Respecto a la ACTUACIÓN DE LA PRENSA Y DE LOS PERIODISTAS EN CHILE, me permito adjuntarle copia de un mail enviado por el suscrito al Programa Tolerancia Cero del canal Chilevisión. Dirigido especialmente al periodista don ALEJANDRO GUILLIER, que a la fecha es el Presidente del Colegio de Periodistas de Chile, en ese mail me refiero a la Deuda del Periodismo Investigativo con el Pueblo de Chile y la VERDAD HISTÓRICA.

Respecto a la ACTUACIÓN de los políticos de la Concertación, especialmente aquellos que participaron en el ACUERDO SECRETO que ha impedido investigar sobre los Crímenes de la Dictadura Pinochetista cometidos antes del año 1990, es la PROPIA HISTORIA la que se encargará de emitir su JUICIO, SIEMPRE QUE NO SE CONTINÚE CON LA ACTUACIÓN DE LA PRENSA Y DE LOS PERIODISTAS QUE NO SE ATREVEN A DECIR LA VERDAD.

Saluda atentamente a ustedes.

Roberto Sapiains Rodríguez

Ex-prisionero de guerra de Valparaíso.

RUT 4.827.910 – 4

VALPARAÍSO, 1 DE ENERO DE 2006.-